La ONU aprueba una resolución sobre el derecho a la orientación sexual y la identidad de género
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobada el 17 de junio en Ginebra, constituye un reconocimiento a los esfuerzos de miles de activistas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT). Su lucha por ver sus diferencias reconocidas y protegidas en la legislación internacional en derechos humanos se remonta a la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1993, que estableció un mandato para codificar todos sus instrumentos en materia de derechos fundamentales y abrió la puerta a considerar la situación de los grupos sociales más vulnerables. No podemos olvidar que la Declaración de Viena coincidió con la primera vez que una organización GLBT de derechos humanos, la ILGA, fue admitida en el Consejo Económico y Social de la ONU. Lo que parecía una inclusión que respondía al espíritu de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la persona humana, fue furiosamente contestado ese mismo año por una denuncia de Estados Unidos sobre el supuesto respaldo a organizaciones pedófilas en el seno de la ILGA, lo que provocó su suspensión en el consejo. Este rechazo fue adoptado como bandera por el Vaticano y por muchos estados confesionales del ámbito musulmán, que en todo este tiempo no han dejado de mostrar una genuina postura homofóbica e intolerante hacia los derechos humanos universales. Pero lo cierto es que, justamente, los países que votan contra las resoluciones de derechos GLBT en la ONU, tienen una triste trayectoria de violaciones de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, léase China, la Federación Rusa o algunos países bálticos o de los balcanes en Europa. Y cómo no, estos siempre se han desentendido de la protección de los derechos de las personas GLBT; la discriminación se hace patente, por ejemplo, en la mala implementación de programas específicos de prevención de infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida. Los investigadores demostraron en la Conferencia Mundial de Sida de 2008, que los países con mayor homofobia social a institucional desatienden el derecho a la salud de las GLBT. Y ello es la principal causa por la que se registran epidemias de Sida concentradas en la población homosexual en los países del Sur, muy especialmente en los países de América Latina.
Esta alta prevalencia contribuye a reforzar el estigma que marca a las personas GLBT y de este modo se cierra el círculo de la exclusión.
Es cuando menos irónico que, transcurridos diecisiete años de los debates sobre la orientación sexual en la ONU, sea la misma Iglesia Católica que agitó el fantasma de la pedofilia la que ahora tiene que hacer frente ante los tribunales civiles a numerosas denuncias por casos de abusos sexuales en sus propias filas. Lo que nos demuestra que en materia de sexualidad y libertades y coexistencia civilizada, ninguna organización encerrada en dogmas que fomenten el odio y la intolerancia puede decidir sobre los derechos humanos en el siglo XXI.
También debemos recordar que la Declaración de Viena dio paso al reconocimiento de los derechos de las personas GLBT en las nuevas constituciones nacionales de algunos estados: Suráfrica en 1996 y Ecuador en 1998 encabezaron esta tendencia. El apoyo político y moral de una figura como Nelson Mandela en la Suráfrica post Apartheid, permitió aspirar a un reconocimiento de la diversidad sexual en el país africano, aunque este proceso se vio después truncado por su clase política. Con su decidida apuesta por esta Resolución, Suráfrica podrá retomar un liderazgo que reclaman sus ciudadanos en la lucha contra el Sida y por los derechos GLBT a nivel nacional y frente a los demás países del continente africano.
