En la semana transcurrida, el gobierno de Mariano Rajoy
aprobó la reforma del sistema financiero español y la asignación de 52.000 millones
de euros para el saneamiento de los activos de la banca. El ministro de
economía Luis de Guindos ha señalado que este dinero no procede de recursos
públicos sino de los nuevos porcentajes en las provisiones de riesgo que se
exigirá a los bancos. Esta cifra que deberán acreditar los bancos para su
funcionamiento resulta modesta comparada con la nueva oleada de 35.000 millones
en recortes en las cuentas públicas que se exigirá en breve a las ya de por sí
sofocadas administraciones españolas y a todos los trabajadores de este país.
Los apretones de la economía imprimen un ritmo de vértigo
a la política en Europa. A juzgar por algunas caras de políticos españoles en
sus comparecencias de los últimos días, estos siguen muy bien la liturgia del auto
de fe reformista a ritmo de Valium y desparpajo ante los medios. El anuncio de
la reforma financiera ocurría una semana después de que se hicieran públicos
los planes de reforma laboral, la enésima de la democracia española, cuyos propios
propulsores admiten que no generará empleo de forma inmediata “pero
evitará su destrucción” (aun cuando los expertos predicen que el número de
personas desempleadas superará el umbral de los seis millones). La reforma
laboral permitirá despidos más baratos, lo cual ha puesto a los sindicatos en
pie de guerra por haberse hecho sin su consentimiento informado, mientras se
anuncian vendavales privatizadores que se ciernen sobre los bienes y servicios
públicos en todo el país.
En resumen, ni crecimiento ni empleo; esta semana también
se supo que las economías pequeñas de Holanda y Bélgica han entrado en recesión,
así como la de la brava e imbatible economía italiana, que apenas cinco años atrás
había defenestrado a Reino Unido en crecimiento en Europa. Y eso a pesar de que
se trata de la Italia hoy gobernada por el primer ministro Mario Monti tras el estrepitoso
desalojo de Silvio Berlusconi del palacio del Quirinale por exigencias, digamos
técnicas, de la Comisión Europea para rescatar la deuda italiana a finales del
verano pasado.
II
Con una perspectiva
histórica, Ignacio Sotelo escribe en el diario El País del 18 de febrero sobre
el espejismo del Estado de bienestar en España y el desprestigio del modelo socialdemócrata.
Sotelo afirma que la conversión de los socialistas españoles al liberalismo se
justificó “en la creencia de que el capitalismo puro y duro es el único que
crea riqueza, y habría que cocinar el pastel antes de repartirlo”. No por nada muchos españoles perciben que tanto da un político del PP como uno del PSOE, ¡sobre
todo si estos son ministros de economía! En el panorama de la economía
globalizada, resulta interesante ver cómo se irá formando el consenso
mayoritario que clame por unas medidas de gobernanza económica en plena época
de llamados al crecimiento y al mismo tiempo a la austeridad más absoluta en
las cuentas públicas con la partitura neoliberal de ajustes estructurales bailada
al ritmo del FMI.
Para Sotelo la batalla se tiene que dar en el terreno
ideológico, desmontando precisamente los dogmas del crecimiento ilimitado y la
supuesta creación de empleo que ello conlleva. Para el caso de España, el
sociólogo que es Sotelo remacha con el argumento de que “nadie se ha movido de
la ortodoxia capitalista del Estado social bismarckiano” inventada por los
conservadores para prevenir las veleidades revolucionarias de la clase
trabajadora en el siglo XIX". El atraso en bienestar y en recursos que soportan los ciudadanos españoles para hacer frente a una crisis de esta magnitud permite entender el concepto de Europa de dos velocidades que se hace patente en su
artículo, lo que a mi entender podría ser complementado con un repaso a la
revolución cívica de los indignados del 15-M; con su activismo global-local
creativo y transformador, éstos han dejado en evidencia las viejas formas de
hacer política y la poca capacidad de movilización social de los sindicatos
españoles hoy en día.
III
¿Una Europa diferente? Es lo que proponen economistas investigadores del London School of Economics, reunidos
esta semana en la capital británica. El seminario busca hacer frente al desafío
planteado por los tecnócratas económicos que actualmente gobiernan los países
de la zona Euro y busca “Caminos alternativos hacia una Europa democrática y
progresista”, según señala su convocatoria publicada en la web del Transnational Institute.
La Europa que fue rechazada por muchos ciudadanos en los referéndums
nacionales sobre la Constitución europea de la pasada década parece haber triunfado a pesar de
todo. Y es esa Europa neoliberal y tecnócrata la que ha empujado a generaciones de europeos al abismo ante el que ahora se encuentran a causa de esta nueva crisis sistémica del capitalismo.“Por su forma de abordarla, la Unión Europea ha fracasado en su manejo de las causas de la crisis e incluso la ha empeorado. Por ejemplo, su insistencia en obligar a los inversores privados a una quita de los bonos de la deuda provocó una venta en estampida. Con los préstamos a tres años por 489.000 millones de euros que el Banco Central Europeo otorgó en diciembre a los bancos a un interés del 1 por ciento, se les está otorgando un gigantesco subsidio sin que exista ninguna garantía de que estos vayan a utilizar dichos fondos para comprar bonos de deuda pública. La tasa de interés prohibitiva que Italia y otros países deberán pagar para volver a financiar su deuda pública en 2012 a causa de las liquidaciones privadas de títulos acerca peligrosamente a estos países a un nuevo episodio de pánico en el mercado de deuda".
IV
Los
fundamentos para una alternativa se presentan en un artículo del seminario del LSE, que resume las propuestas de los profesores Mary Kaldor y Trevor Evans:
“El Banco Central Europeo debería, como medida inmediata, anunciar que gastará lo que haga falta para estabilizar los precios de los bonos de deuda pública. La UE debería entonces introducir medidas conducentes a un redimensionamiento del mercado financiero; la actual maraña de instituciones orientadas por el objetivo de acumular ganancias a través de miles de instrumentos financieros (securities) –que suelen ser de carácter opaco y complejo– debería dar paso a la promoción de unos bancos comerciales cooperativos o del sector público que proporcionen financiamiento para proyectos de inversión de carácter social y medioambiental.
Cualquier deuda pública insostenible como la de Grecia, debería ser sometida a una auditoría como la que por primera vez realizó Ecuador con su deuda, lo que permitiría distinguir entre la deuda legítima y la que debe darse por perdida. La imposición de un impuesto a la riqueza para las grandes fortunas también contribuirá a reducir el monto de la deuda, pues éstas poseen buena parte de los 40 billones de euros en riqueza financiera contabilizada en 2011 en la Eurozona. Además, las políticas neoliberales de las últimas décadas les han reportado unos beneficios astronómicos. Con el fin de evitar la especulación financiera contra los estados más débiles, los gobiernos de la zona Euro deben emitir de manera conjunta unos Eurobonos que puedan ser intercambiados por los bonos de la deuda pública restante.
La política monetaria común debe ser complementada con una política fiscal coordinada para la zona del Euro que, en vez de poner el énfasis, como hace actualmente, en la disciplina fiscal, deberá buscar estabilizar la economía y promover el pleno empleo en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo considera “trabajo digno”. El escuálido presupuesto de 1 por ciento del PIB con que hoy cuenta la UE debería elevarse hasta al menos el 5 por ciento para conseguir un impacto macroeconómico y dar apoyo a las regiones más débiles de la Unión. Con este fin, debería revertirse la disminución a largo plazo de las imposiciones fiscales para los ingresos más altos, y cifrar en un 75 por ciento la fiscalidad de los ingresos anuales por encima de los 250.000 euros. Además, los países que tengan un excedente comercial, como Alemania, deben introducir políticas de expansión que permitan reforzar la demanda en la zona euro y aliviar la presión en los países con déficit.
Se requiere un ambicioso programa de inversiones públicas, especialmente en los países de la periferia, para establecer unas capacidades productivas que, en lugar de basarse en unos salarios bajos, lo hagan apoyándose en la tecnología moderna y en el trabajo cualificado. Además de la capacidad de emitir bonos con que ya cuenta, el Banco Europeo de Inversiones debe dar financiamiento a esta clase de programas.
Con una política de salarios coordinada para toda la Eurozona, se podrá revertir la actual tendencia descendente de los salarios en el ingreso nacional y los salarios en los países con menores ingresos empezarán a converger con los sueldos en los países de mayores ingresos. La jornada laboral normal debe ser reducida a 30 horas tanto para hacer frente al desempleo como para contribuir a construir una sociedad que no esté dominada por el trabajo asalariado.
Para abordar la crisis del euro de manera progresiva se requiere hacer frente a un desafío sin precedentes: mientras que la crisis de la deuda que afecta a los países de la periferia de la zona euro reclama un crecimiento económico, vemos que, por otra parte, la sostenibilidad del medioambiente requiere de una reducción importante del consumo de recursos no renovables y de las emisiones de gases de efecto invernadero".
¡He ahí el quid de la ecuación!
