03 agosto 2016

Leyes de asilo y refugio en la Unión Europea: las personas antes que los Estados

Guardias costeros italianos asistiendo en el arribo de refugiados por mar. Foto: Sandra Balsells, barcelona.cat

Con la creciente tendencia a delegar el control y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea en la agencia Frontex y al despliegue de fuerzas militares de la OTAN ¿cómo se ven afectados los tratados europeos  de derechos humanos y sus leyes sobre asilo y refugio?  El acuerdo de asociación propuesto por la Unión Europea a Turquía ¿es una solución para subsanar los hasta hoy infructuosos esfuerzos de reasentamiento de refugiados por parte de la UE?  
Estas fueron algunas de las preguntas que buscaban respuesta en el marco de la Conferencia Internacional Cities of Welcome, Cities of Transit, organizada por la Universidad de Naciones Unidas y el Instituto para la Globalización, la Cultura y la Movilidad (UNU-GCM), el pasado 14 y 15 de julio en Barcelona. Fueron dos jornadas intensas con expertos profesionales, investigadores, activistas y artistas donde se dieron a conocer los programas municipales de asilo y refugio que cuentan con alguna modalidad de participación ciudadana en varias ciudades europeas.

Susanne Asche, del gobierno municipal de la ciudad alemana de Karlsruhe, presentó el trabajo del área de diversidad cultural y su participación en la creación de la Coalición europea de ciudades contra el racismo (ECCAR). Por su parte, Ignasi Calbó, director del Plan de Barcelona Ciudad Refugio, y Ramón Sanahuja, director de los servicios de atención y acogida al inmigrante de la capital catalana hicieron una presentación de los avances de la ciudad en su política de asilo y refugio, aun cuando las competencias en esta materia siguen estando en manos del gobierno central (lo cual explica que, hasta la fecha, las estadísticas oficiales de asilo y refugiados no sean facilitadas por el Ministerio del Interior cuando estas son solicitadas por los equipos del gobierno municipal).



Otras organizaciones que han conformado redes de ciudades estuvieron presentes. Así, la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (UCLG) y la red Eurocities informaron de sus esfuerzos por promover unos planes donde impere la cultura del acogimiento, con iniciativas en las ciudades limítrofes con la UE que han visto duplicar su población en países como Turquía; mediante la cooperación de ciudad a ciudad que ha sido posible a través de programas de la agencia UN-Habitat; o la promoción de una cultura de gobernanza a múltiples niveles que preste atención a la educación y al lenguaje empleado. En cuanto a los retos para la cooperación internacional en los programas de asilo y refugio, Thomas Jézéquel, de Eurocities, señaló que “la innovación está en manos de los actores locales” y, al mismo tiempo, “son las ciudades las que se presentan como actores en la escena internacional”.

Respecto al clima de división generado a partir del ascenso político de la extrema derecha en el mundo, los expertos reclamaron la necesidad de liderazgos políticos que aboguen con firmeza por una mayoría a favor de las políticas de asilo no discriminatorias. En este sentido, Eurocities ha producido informes detallados sobre las actuaciones en las ciudades que han practicado con éxito la acogida y apoyado emprendimientos vinculados a las aplicaciones digitales para la información y la comunicación sobre el derecho de asilo y refugio. Aunque es esencial que los proyectos impulsados desde la sociedad civil tengan entre sus socios a las organizaciones de base ─señalan─ su participación no exime a las autoridades y a los servicios municipales de su responsabilidad como financiadores, asegurando así una formulación de políticas de abajo arriba.


Acuerdo UE-Turquía

Las ONG y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) han expresado sus dudas sobre la legalidad del acuerdo UE-Turquía y su compatibilidad con las leyes internacionales y europeas sobre los refugiados y los derechos humanos. En la sesión del segundo día, diversos expertos expusieron sus críticas y sus reservas al respecto, pero también ofrecieron posibles salidas para superar los obstáculos que impiden cumplir con la misión humanitaria de la UE en sus propios territorios.

¿Existe una base común para formular una legislación europea de acogida a los refugiados que garantice el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos? Para Valsamis Mitsilegas, profesor de derecho penal de la Queen Mary University de Londres y director del Criminal Justice Centre, la solidaridad de los Estados debe encaminarse ahora a construir un paradigma de solidaridad centrado en los derechos de los propios refugiados. En la legislación relativa a la gestión de flujos migratorios, Mitsilegas ha identificado los retos para la implementación de un Sistema Europeo de Asilo común a todos los países de la Unión Europea. Para ello señala la paradoja que se observa en el llamado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE: mientras que en la mayoría de países miembros de la Unión las fronteras internas han sido abolidas, las leyes y la justicia siguen siendo de aplicación nacional, conforme a los procedimientos y leyes nacionales. En consecuencia, no existe hasta la fecha un estatus o procedimiento único para tramitar el asilo en cualquiera de los países de la UE.



En la UE, las leyes sobre asilo y refugio contemplan la solidaridad en función de las necesidades de los Estados y de las cuestiones relativas a su seguridad. Esto tiene un efecto sobre las respuestas jurídicas que se implementan y sobre los derechos de los propios refugiados.

En primer lugar, la solidaridad centrada en el Estado (mediante el llamado “sistema de Dublín”), que asigna las responsabilidades de cada Estado, es problemática en lo relativo a los derechos humanos; existen unas obligaciones que recaen en el país donde se registra la entrada de los migrantes. Un documento de políticas (Green Paper) de la Unión Europea publicado en 2007 revela que el sistema de Dublín podría de hecho comportar cargas adicionales para los Estados miembros que cuentan con capacidades limitadas de admisión y recepción de refugiados y que se ven sometidos a una mayor presión migratoria por su posición geográfica. Este es el caso de Grecia o Italia, dos países inmersos en una prolongada etapa de austeridad fiscal por la crisis del euro, obligados a gestionar unos flujos migratorios sin garantías de cumplimiento del derecho humanitario, y atender a los refugiados que actualmente llegan desde el Mediterráneo oriental, donde han perdido la vida miles de personas en el intento de alcanzar las costas la UE. Todo ello debería conducirnos a superar la contradicción que el enfoque actual presenta. Mitsilegas opina que debería plantearse una solidaridad centrada en cada individuo refugiado, no en el principio de la frontera compartida, puesto que la decisión de conceder asilo compete a cada Estado. Para ello existen algunas soluciones:



1. El estatus nacional de refugiado (que actualmente no es reconocido a nivel europeo) debería ser un principio contemplado en todas las decisiones relativas al asilo y refugio, y dicha condición debería ser reconocida en el ámbito de la UE, máxime cuando esta figura jurídica ya se encuentra muy armonizada en las diversas leyes, sistemas y directivas de la UE.


2. Se trataría de avanzar en el camino a un sistema paneuropeo de asilo y refugio que sea uniforme y que cuente con un proceso centralizado de concesión de asilo en el que además todos los refugiados y solicitantes de asilo deberían poder acceder al sistema jurídico de la UE.


3. El principio de reconocimiento mutuo. A pesar de que en los países de la UE existe una mayor armonización de esta figura en el ámbito del derecho de asilo que en el del derecho penal, este principio no ha sido empleado de manera extendida en el ámbito del asilo, y solo ha tenido una aplicación negativa. Sin embargo, resulta evidente que en la presente crisis su aplicación positiva tendría unos beneficios incuestionables para la gestión de los flujos migratorios en Europa y para terminar con la incertidumbre legal respecto al estatus y los derechos de las personas refugiadas en los territorios de la Unión Europea.