Una comunidad de código abierto para las democracias del siglo 21

Las tecnologías cívicas van más allá de la experienia del usuario como simple consumidor

¿Es posible fundar una comunidad a partir de la creación colectiva de un código digital para la participación ciudadana? La plataforma Decidim es un ejemplo vital y dinámico de que "sí se puede". Este proyecto de democracia participativa de código libre para ciudades y organizaciones nació en España al calor de los gobiernos del cambio surgidos en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia tras las elecciones locales de 2015.

Conviene aclarar que una 'comunidad' no hace aquí referencia a ninguna identidad grupal en particular, sino a la modalidad de trabajo que es propia de la comunidad científica. Su método requiere compartir los hallazgos de los experimentos, debatir sus resultados y mejorar desarrollos posteriores con el fin de adquirir un mayor conocimiento de aquello que se estudia; todo ello con el fin de encontrar posibles aplicaciones destinadas a solucionar una problemática determinada, preferentemente desde la perspectiva del bien común y de las disciplinas múltiples.

Un orden neoliberal está socavando los cimientos de las instituciones democráticas basadas en los derechos humanos que habíamos acordado en el siglo pasado.

En el caso que nos ocupa, se busca mejorar, y cambiar si es preciso, las herramientas o mecanismos democráticos de gobierno, control y decisión, que van desde los procesos y presupuestos participativos y las iniciativas ciudadanas hasta la posibilidad el darnos nuevas leyes de forma abierta, segura y democrática mediante el uso de la tecnología digital. 

Transcurridas casi dos décadas del siglo 21, la democracia representativa está perdiendo la capacidad de cumplir su cometido en un tiempo en el que se impone un orden neoliberal que socava los cimientos de las instituciones democráticas basadas en los derechos humanos acordadas en el siglo pasado. Así, vemos que surgen, desde la voluntad popular, propuestas que pugnan por la creación de mecanismos de democracia directa en las cuales se cuenta con la participación de la ciudadanía, en un marco deliberativo que permita llegar a la toma de decisiones conjuntas, facilitada esta vez por las llamadas tecnologías cívicas.

Entendemos por tecnologías cívicas al conjunto de herramientas o procedimientos (validados) y protocolos propios de las tecnologías digitales aplicadas a la información y la comunicación, que posibilitan la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía con el fin último de mejorar la gobernanza y procurar el bienestar al interior de sus comunidades.

Tras la adopción de la plataforma Decidim Barcelona por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017, activistas sociales y profesionales entre los que se incluye a personas que provienen de las ciencias sociales o políticas y la ingeniería para el desarrollo de software, han debatido el futuro de Decidim, utilizando el propio mecanismo de participación digital creado por ellas y proponiendo la "gobernanza democrática" de una comunidad abierta con la finalidad de seguir innovando en las instituciones de gobierno. Para ello se creó la plataforma Metadecidim y se abrió el proceso decidim.GOV, gracias al cual quedó definida la misión y visión de la comunidad así como sus valores como organización. 

En su asamblea fundacional de febrero de 2019, Decidim quedó conformada como una asociación que cuenta con una "estructura democrática de participación ciudadana". Decidim ha sido registrada como entidad jurídica en Barcelona bajo el título de "Asociación de software libre Decidim", según anunció su coordinador, Guillem Marpons, a finales de octubre. La entidad tiene por objetivo asegurar la diversidad de sus vías de financiación (hasta la fecha ha sido financiada con el encargo recibido del Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar su plataforma ciudadana haciendo uso del software libre), velar por la calidad del código en el que se basa su software (especialmente en las actuaciones de reingeniería o refactoring), y promover un diseño y desarrollo democráticos en la creación de todos sus módulos.

Decidim ha adoptado un Contrato Social que recoge los principios del uso del software libre y de contenido abierto: transparencia, trazabilidad e integridad

En el convenio recién firmado con el Ayuntamiento de Barcelona y el consorcio LOCALRET (entidad impulsora de la sociedad de la información en el ámbito municipal de Cataluña), se reconoce a la asociación Decidim como la "legítima responsable de la gestión del patrimonio ciudadano y digital, resultado del proyecto Decidim". 

El Contrato social recientemente aprobado por su asamblea contiene un conjunto de principios a los que sus integrantes se adhieren al utilizar, desarrollar o participar del código de Decidim:

• Uso del software libre y de contenido abierto con licencia de Affero GPLv3 o versiones posteriores, asegurando y maximizando la transparencia, la trazabilidad y la integridad.

• Esto va unido al compromiso de la propia plataforma digital de garantizar la igualdad de oportunidades, el uso de indicadores de calidad y la confidencialidad de los datos.

Por su parte, Virgile Deville de Open Source Politics presentó los resultados del Decidim Day celebrado en Francia el pasado mes de setiembre, y al que asistieron 150 participantes de cuatro países para conocer de cerca el desarrollo del software libre Decidim y sus aplicaciones como tecnologías cívicas para la democracia participativa así como el marco conceptual de la Tecnopolítica.

Con 100 administraciones locales o regionales y otras entidades actualmente utilizando Decidim en Europa y América Latina, los próximos pasos de la asociación se dirigen a la creación de un comité de garantías democráticas que elabore un Código ético y un Reglamento interno para finales de 2020.

Perú: Gran Marcha Nacional '¡Que se Vayan Todos'!

En apoyo a la Gran Marcha Nacional

Por el adelanto de elecciones y la reforma política en el Perú

5 de setiembre a las 5 pm, en las plazas de todo el país

#¡QueSeVayanTodos! #PoderConstituyente

A casi doce meses de la celebración del referéndum de consulta que dio inicio a un proceso de reforma política y judicial en el Perú, los intentos del presidente Martín Vizcarra por convocar a elecciones anticipadas en 2020 están siendo sistemáticamente bloqueados en el Congreso. Una mayoría opositora, algunos de cuyos miembros son investigados en casos de corrupción o por vulneración de la Constitución y fraudes de ley, están impidiendo o retrasando la adopción por parte del Poder Ejecutivo de enmiendas legales y las recomendaciones expuestas por comisiones de expertos juristas en el Parlamento y avaladas por el Tribunal Constitucional para hacer posible unas elecciones anticipadas en el 2020.

El Perú tiene a cuatro de sus expresidentes y otras prominentes figuras políticas y judiciales siendo investigadas por diversos delitos de corrupción o prevaricación en casos revelados por reportajes periodísticos como #LavaJato y #LavaJuez y muchos otros hallazgos del periodismo basados en datos públicos dados a conocer por OjoPúblico y Convoca.pe. Tres de estas figuras están en prisión preventiva y para otras dos, el vocal de la Corte Suprema César Hinostroza y el ex presidente Alejandro Toledo, los jueces han solicitado su extradición para responder por graves acusaciones de corrupción cometidas en el ejercicio de su función. A todo esto se añade que el ex presidente Alan García haya preferido suicidarse antes de verse obligado a declarar ante el juez que lo investigaba por las comisiones ilegales pagadas en la contratación de obra pública durante su mandato.

Tras la renuncia del presidente Pedro Kuczynski en marzo de 2018 y su posterior detención, por presunta implicación en negocios con Odebrecht, los dos poderes del Estado mantienen un pulso que está obstaculizando la acción del Gobierno conformado cuando Vizcarra asumió la presidencia.

Para una efectiva y eficaz lucha contra la corrupción, el país requiere una reforma política y no el bloqueo o el secuestro de sus instituciones democráticas; sin embargo, el Gobierno actual sigue sufriendo los embates de la mayoría de oposición en el Congreso, mientras ve seriamente recortadas sus capacidades para atender eficazmente las prioridades de gobierno. Esto ocurre así, mientras que la líder del partido de oposición Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se encuentra detenida por la presunta financiación ilegal de su partido, vinculada al narcotráfico y a Odebrecht. A ello se suman los intentos de sabotaje del trabajo de los jueces y fiscales anticorrupción por parte del propio Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, supuestamente implicado en la red clientelar que ha operado por décadas en la Justicia peruana.

Así es como la política corrupta sigue poniendo obstáculos a los cambios normativos que se requieren para que las instituciones del país puedan adoptar la agenda anticorrupción que hoy reclama la ciudadanía. Las leyes a tal efecto, que debían ser debatidas y aprobadas por el Poder Legislativo, han sido postergadas en las comisiones parlamentarias o diluídas y desvirtuadas para que con su voto quede garantizada la inmunidad para las tropelías de una irresponsable mayoría de Fuerza Popular y Apra, hermanadas en el Congreso.

Ocurrió con el fraude de ley cometido en la aprobación de la Ley 'antitránsfugas', que les ha permitido disciplinar a aquellos diputados que no voten obedeciendo en la Cámara a la 'ley del silencio' típica de las mafias; o con la reciente Ley orgánica de elecciones que ha sido promulgada con graves omisiones como la de eliminar el derecho al sufragio para los peruanos que viven en el extranjero, sin que hasta la fecha haya propósito de enmendar la norma.

El país entero asiste al desprestigio de sus instituciones tras décadas de una corrupción política practicada por sistema. Numerosos empresarios que integran el llamado 'Club de la construcción' también han resultado implicados en estos casos y se han visto obligados a acogerse a la delación premiada para evitar la cárcel y el derrumbe de sus emporios financieros y de instituciones empresariales como la CONFIEP, también involucrada en el escándalo Odebrecht.

Nos encontramos en una situación de bloqueo en la que es desatendido el clamor de una ciudadanía que exige que sus representantes recojan las demandas de un saneamiento de la República peruana, a dos años de conmemorarse el bicentenario de su fundación. Bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, el país se muestra expectante e impaciente. Somos mayoría quienes deseamos ver cumplido el mandato de desactivar este ciclo de corrupción política que mina a la nación en su conjunto y cualquier proyecto de país a pesar de nuestro enorme potencial. No podemos aceptar que nuestros representantes políticos sigan asociados al poder criminal para valerse y ofrecer las prerrogativas y beneficios derivados de sus cargos al mejor postor; en estos momentos, poner trabas al progreso social, económico y cultural del país en el marco del Estado de derecho, es faltar al juramento y compromiso que hicieron como representantes de todos lo peruanos.

Es por eso que la calle y sus gentes reclaman: ¡Que se vayan todos! Y están en todo su derecho.

Ciudades y soberanía digital

Foro EUROCITIES

Del 23 al 25 de enero tuvo lugar en Barcelona el Foro de la Sociedad del Conocimiento*, que reunió a personas expertas en tecnología digital y responsables de la administración pública para debatir en torno al tema “Dinero Público - Código Público”. 
 

Atendiendo al crecimiento demográfico y la incesante urbanización, el siglo veintiuno es considerado como el siglo de las ciudades. En su conjunto, estas representan apenas el 2% de la superficie terrestre, pero albergan a más de la mitad de la población del planeta (3.600 millones de personas) y consumen el 75% de los recursos producidos por la economía mundialⁱ.

En el marco global de la sociedad del conocimiento y de la sostenibilidad planetaria, ¿cómo se están replanteando su papel los gobiernos municipales y las administraciones públicas? ¿Y de qué manera están contribuyendo o reclamando los ciudadanos su participación en un ecosistema y una economía política en rápida transformación? De ello se ocupan instituciones como la red EUROCITIES, cuyos miembros forman parte de los gobiernos de las 140 ciudades de Europa que la integran, y son responsables del bienestar de 130 millones de habitantes.

A partir de este marco institucional, se han puesto en marcha proyectos como DECODE, que tiene por objetivo asegurar el control de los datos digitales por parte de la ciudadanía. DECODE responde a problemas derivados de los riesgos que presenta Internet para la identidad digital, el monopolio de los datos en manos de un puñado de empresas tecnológicas o un ecosistema digital fragmentado; problemas que impiden al usuario final tener control sobre sus datos en Internet o decidir cómo crear soluciones y servicios beneficiosos para la comunidad a partir de los datos públicos.

Los proyectos piloto de DECODE, previstos entre 2018 y 2019, están siendo simultáneamente desarrollados en las ciudades de Ámsterdam y Barcelona. [el acrónimo DECODE significa Ecosistemas de datos digitales de titularidad ciudadana y descentralizada]

Por otro lado, están las actividades de fundaciones y comunidades académicas, profesionales y ciudadanas que promueven el software libre y el uso del código abierto tal como este ha sido tradicionalmente empleado en los proyectos científicos desde finales del siglo pasado. En el encuentro de Barcelona participaron Fundación del Software Libre de Europa (FSFE) y la Fundación por el Código Público (FFPC), dos instituciones vinculadas a centros de investigación académica y de I+D.

El panel internacional de expertos abrió el debate apuntando a la inversión en código abierto (OS, open source) emprendida por el Gobierno municipal de Barcelona, según lo previsto en su Plan de transformación digital. El objetivo del Plan es conseguir lo que genéricamente se denomina (como la) soberanía digital de la ciudad, algo que persiguen en su conjunto los 80.000 ayuntamientos que hoy se cuentan en los países de la Unión Europea, según refirió Esteve Almirall, director del Máster en Business Analytics de ESADE. 

En nuestro siglo, las ciudades buscan cooperar antes que competir; y también compartir el conocimiento e integrarse en una Europa de las regiones más allá de los estados nacionales, con el fin de estar mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos políticos, económicos y sociales de la globalización.

Infraestructura como código

Como responsable del desarrollo de programas digitales en el Instituto Municipal de Informática de Barcelona, Xavier Roca presentó el concepto de Infraestructura como código (IaC), un tipo de abstracción de la tecnología informática gracias a la cual los paquetes tecnológicos son proporcionados y gestionados por profesionales mediante software en lugar de instalar sistemas de hardware. La IaC puede emplearse en el suministro de sistemas de nube y también para virtualizar diferentes entornos del software (es decir, sin necesidad de instalarlos en los discos duros de nuestras computadoras).

Esto ha permitido, por ejemplo, la adopción de Linux (sistema operativo de código abierto) en las estaciones de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual ha comportado un importante cambio de cultura. Con ello se ha conseguido romper los llamados ‘vendor lock-ins’ (monopolios comerciales) y también ahorrar en licencias de software. Asimismo, se ha hecho público el código abierto del software creado y se ha participado en proyectos como DECODE y FLOSSBCN; esta última es una plataforma abierta para debatir, compartir experiencias y fomentar eventos en torno al software libre.

Como prioridades, Roca apuntó a la necesidad de exigir interfaces y protocolos de comunicación en código abierto que permitan una mejor gobernanza de estas comunidades. Esto les ayudaría a estar mejor preparadas para incorporarse en uno de los objetivos de proyecto DECODE: facilitar las bases y criterios para que las PyMES puedan participar en las ofertas para la contratación pública de los servicios digitales a nivel municipal.

Campañas por el software libre y el código abierto

Alexander Sander, responsable de políticas públicas de la FSFE, explicó las razones de Public Money – Public Code, una campaña que reclama leyes para que el software financiado públicamente –desarrollado para el sector público– sea también de acceso público mediante una licencia de Software Libre o de código abierto. Gracias a ello habría un mayor ahorro en tecnología (incluyendo la recaudación fiscal) y existiría más colaboración entre las administraciones y la ciudadanía; todo ello contribuiría a generar servicios públicos innovadores y ágiles en la infraestrucutura digital.

La fundación también ha lanzado la Campaña para defender la posibilidad de compartir código. Este cuestión es mencionada en el artículo 13 de la Directiva para la reforma de los derechos de autor de la Unión Europea. A la campaña también se han adherido gigantes de las techs digitales como Google, aunque es difícil saber si lo hacen por las mismas razones y propósitos que la comunidad del software libre; lo cierto es que el control y bloqueo de los contenidos protegidos por el artículo 13 afectaría a los repositorios de código abierto como GitHub y WikiData y, por ende, el trabajo de desarrolladores y empresas que dependen del ecosistema del software libre y el código abierto.

Boris van Hoytema, director de la FFPC, señaló la necesidad de tener más personas programadoras en código abierto y de avanzar en la creación de un ecosistema a nivel de los gobiernos. Por esta razón, la Fundación se ha abocado a la tarea de ofrecer herramientas prácticas en diversos aspectos como los de la fiabilidad, el aseguramiento de la calidad y la seguridad, así como en los ensayos, la gobernanza del modelo financiero, la organización y el apoyo comunitario. La Fundación busca, asimismo, convertirse en el referente histórico que permita a las instituciones públicas mantener el control de su infraestructura digital.

Eduardo Romero presentó un resumen del plan del Ayuntamiento de Zaragoza y su hoja de ruta en tres fases para migrar su plataforma ofimática corporativa hacia el software libre:

1. Adopción del código abierto en las Apps
2. Uso del Libre Office como software de ofimática
3. Código abierto en todo el sistema operativo

El administrador describió las ventajas de los llamados ‘formatos abiertos’, que permiten conservar y recuperar los archivos a lo largo de muchos años, una cuestión indispensable cuando se trata con el histórico de documentos de las administraciones públicas. La administración local constituye un entorno en el que es preciso considerar los condicionantes provocados por el temor, la incertidumbre y la duda; en la administración, nunca se sanciona a un funcionario por su inacción, pero sí cuando este actúa y toma las decisiones equivocadas.

Algunas ideas surgidas durante el panel

Si los últimos proyectos en los ámbitos de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático han sido desarrollados con código abierto, ¿por qué no ocurre lo mismo con los proyectos digitales de las administraciones públicas? Esto podría estar relacionado con la estructura jerárquica que caracteriza a las administraciones, a diferencia de la horizontalidad que es propia de la cultura de los equipos científicos. Además, los funcionarios suelen ser reacios a situarse fuera de territorio conocido y adoptar algo distinto a lo que ya ha sido previamente ensayado y usado. Por otro lado, el bajo índice de adopción del código abierto podría deberse al alto coste en recursos humanos que implicaría la formación de todo un cuerpo de funcionarios, sin garantías de que estos no se vean abrumados por las novedades relacionadas con la plataforma ofimática y la interfaz de atención al ciudadano(burocracia lenta vs. tecnología rápida).

¿Es posible plantear un modelo federativo para las plataformas digitales de las administraciones públicas municipales? Quizá en Europa estemos más preparados a dar ese salto que nos lleve de los Centros de datos al uso a las nuevas plataformas digitales en la nube en que se pudiera crear “un ecosistema de los procesos de poder para que estos funcionen en beneficio de todos” (Boris van Hoyten).

En un contexto político-administrativo en el que los niveles de gobierno no suelen coincidir, quizá haya que prestar atención a los proyectos que proponen Digital Europe (la principal asociación comercial europea que representa a las industrias transformadoras en el ámbito digital), el proyecto FLOSSBCN, la plataforma de participación ciudadana Barcelona Decidim y la comunidad Metadecidim; quizás sus propuestas nos estén dando las claves para la creación de un mercado que adopte las soluciones de software libre y el código abierto en la gobernanza democrática de nuestras ciudades; un mercado abierto que relacione sus iniciativas más allá de las fronteras nacionales y los territorios, de un modo distinto al de los grandes monopolios corporativos.

*El encuentro también acogió la presentación de la recientemente creada Coalición por los derechos digitales.

i Lamas, A. (2015), Blog de ciudades sostenibles, Banco Interamericano de Desarrollo