En apoyo a la Gran Marcha Nacional
Por el adelanto de elecciones y la reforma política en el Perú
5 de setiembre a las 5 pm, en las plazas de todo el país #¡QueSeVayanTodos! #PoderConstituyente
A casi doce meses de la celebración del referéndum de consulta que dio inicio a un proceso de reforma política y judicial en el Perú, los intentos del presidente Martín Vizcarra por convocar a elecciones anticipadas en 2020 están siendo sistemáticamente bloqueados en el Congreso. Una mayoría opositora, algunos de cuyos miembros son investigados en casos de corrupción o por vulneración de la Constitución y fraudes de ley, están impidiendo o retrasando la adopción por parte del Poder Ejecutivo de enmiendas legales y las recomendaciones expuestas por comisiones de expertos juristas en el Parlamento y avaladas por el Tribunal Constitucional para hacer posible unas elecciones anticipadas en el 2020.
El Perú tiene a cuatro de sus expresidentes y otras prominentes figuras políticas y judiciales siendo investigadas por diversos delitos de corrupción o prevaricación en casos revelados por reportajes periodísticos como #LavaJato y #LavaJuez y muchos otros hallazgos del periodismo basados en datos públicos dados a conocer por OjoPúblico y Convoca.pe. Tres de estas figuras están en prisión preventiva y para otras dos, el vocal de la Corte Suprema César Hinostroza y el ex presidente Alejandro Toledo, los jueces han solicitado su extradición para responder por graves acusaciones de corrupción cometidas en el ejercicio de su función. A todo esto se añade que el ex presidente Alan García haya preferido suicidarse antes de verse obligado a declarar ante el juez que lo investigaba por las comisiones ilegales pagadas en la contratación de obra pública durante su mandato.
Tras la renuncia del presidente Pedro Kuczynski en marzo de 2018 y su posterior detención, por presunta implicación en negocios con Odebrecht, los dos poderes del Estado mantienen un pulso que está obstaculizando la acción del Gobierno conformado cuando Vizcarra asumió la presidencia.
Para una efectiva y eficaz lucha contra la corrupción, el país requiere una reforma política y no el bloqueo o el secuestro de sus instituciones democráticas; sin embargo, el Gobierno actual sigue sufriendo los embates de la mayoría de oposición en el Congreso, mientras ve seriamente recortadas sus capacidades para atender eficazmente las prioridades de gobierno. Esto ocurre así, mientras que la líder del partido de oposición Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se encuentra detenida por la presunta financiación ilegal de su partido, vinculada al narcotráfico y a Odebrecht. A ello se suman los intentos de sabotaje del trabajo de los jueces y fiscales anticorrupción por parte del propio Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, supuestamente implicado en la red clientelar que ha operado por décadas en la Justicia peruana.
Así es como la política corrupta sigue poniendo obstáculos a los cambios normativos que se requieren para que las instituciones del país puedan adoptar la agenda anticorrupción que hoy reclama la ciudadanía. Las leyes a tal efecto, que debían ser debatidas y aprobadas por el Poder Legislativo, han sido postergadas en las comisiones parlamentarias o diluídas y desvirtuadas para que con su voto quede garantizada la inmunidad para las tropelías de una irresponsable mayoría de Fuerza Popular y Apra, hermanadas en el Congreso.
Ocurrió con el fraude de ley cometido en la aprobación de la Ley 'antitránsfugas', que les ha permitido disciplinar a aquellos diputados que no voten obedeciendo en la Cámara a la 'ley del silencio' típica de las mafias; o con la reciente Ley orgánica de elecciones que ha sido promulgada con graves omisiones como la de eliminar el derecho al sufragio para los peruanos que viven en el extranjero, sin que hasta la fecha haya propósito de enmendar la norma.
El país entero asiste al desprestigio de sus instituciones tras décadas de una corrupción política practicada por sistema. Numerosos empresarios que integran el llamado 'Club de la construcción' también han resultado implicados en estos casos y se han visto obligados a acogerse a la delación premiada para evitar la cárcel y el derrumbe de sus emporios financieros y de instituciones empresariales como la CONFIEP, también involucrada en el escándalo Odebrecht.
Nos encontramos en una situación de bloqueo en la que es desatendido el clamor de una ciudadanía que exige que sus representantes recojan las demandas de un saneamiento de la República peruana, a dos años de conmemorarse el bicentenario de su fundación. Bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, el país se muestra expectante e impaciente. Somos mayoría quienes deseamos ver cumplido el mandato de desactivar este ciclo de corrupción política que mina a la nación en su conjunto y cualquier proyecto de país a pesar de nuestro enorme potencial. No podemos aceptar que nuestros representantes políticos sigan asociados al poder criminal para valerse y ofrecer las prerrogativas y beneficios derivados de sus cargos al mejor postor; en estos momentos, poner trabas al progreso social, económico y cultural del país en el marco del Estado de derecho, es faltar al juramento y compromiso que hicieron como representantes de todos lo peruanos.
Es por eso que la calle y sus gentes reclaman: ¡Que se vayan todos! Y están en todo su derecho.
