El trabajo con la diversidad: género y sexualidad en América Latina
Latinoamérica constituye un ámbito geográfico vastísimo que sin embargo es perfectamente abarcable por el imaginario europeo. Se asigna a los países de la región un denominador común de modernidad que ha tenido sin embargo muy distinta evolución política y jurídica en el continente americano. No podemos dejar de mencionar que antes de la llegada de la tradición cultural de la modernidad europea, se produjo el arraigo de instituciones patriarcales y patrimonialistas, lo que marcó la organización política, económica y social en los territorios conquistados. Con la llegada del Tribunal del Santo Oficio (inquisición española) quedó establecida la criminalización de toda práctica sexual que se considerase fuera del patrón heteronormativo. En su estudio sobre la inquisición española en Brasil, el profesor Luiz Mott da cuenta de un total de 44 procesos por sodomía entre 1591 y 1620. Similares persecuciones, castigos y ejecuciones fueron la nota dominante también en México y Perú hasta bien entrado el siglo XIX. Esta herencia colonial sin duda ha moldeado las mentalidades y las instituciones actuales de Latinoamérica, una región que ahora absorbe la segunda ola modernizadora que trae la mundialización marcando un cambio claro en los valores que rigen a sus sociedades.
Pero las instituciones públicas no parecen responder con rapidez ni asumir la demanda social de clases y comunidades emergentes. Tras la crisis económica de la deuda externa en los años 80 y el fracaso de los proyectos de seguridad nacional inspirados por la agenda de los EE UU que aún es la marca de nuestros conflictos regionales, los gobiernos de Latinoamérica están reconociendo la necesidad de adoptar y aplicar el enfoque de derechos humanos, con mayor o menor éxito y transparencia en cada caso nacional. Y ello tiene evidentes consecuencias sobre las múltiples formas de discriminación de las que son objeto las minorías sexuales.
Detengámonos en el caso de mi país, Perú, que he seguido en más detalle. Tras la crisis de las instituciones políticas que provocó la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori en 2001 y el regreso de la democracia un año después, el país se volcó en un proceso de reconstrucción que comportó la designación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que esclareciera los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. En dicho informe la Comisión estableció que como consecuencia del conflicto armado murieron cerca de 70.000 personas en el país. Tras conocerse el informe se abrió un período de debate al interior de la sociedad peruana en el que se reconocía la necesidad de contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos que recogiese las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad a fin de integrar a los derechos humanos en las políticas nacionales y, según lo expresaron diversas organizaciones de la sociedad civil, “Para que no se repita” el período de violencia política que se había vivido en el país.
Convocados los actores de la sociedad civil organizada para elaborar un plan consensuado, las organizaciones de gays, lesbianas y personas transgénero tuvieron que batallar duramente para no quedar excluidas del plan, como intentaron hacerlo los grupos conservadores religiosos con el respaldo de algunos políticos y de la Conferencia Episcopal de la iglesia católica.
“El Plan Nacional no es divino… es nuestro”. Los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales también son derechos humanos. Éste fue el lema que podía leerse en los carteles de protesta por el intento de eliminar la mención a la no discriminación por orientación sexual en el texto del Plan Nacional de DD HH aprobado en diciembre de 2005. Durante ese período, también el derecho a la salud de las mujeres peruanas se vio seriamente recortado por la demanda judicial interpuesta por grupos conservadores católicos para impedir la implementación en la sanidad pública de la anticoncepción oral de emergencia.
La tradición patriarcal es evidente en las estructuras del Estado peruano y ello se hace patente y adopta formas que van desde el paternalismo de Estado hasta la brutalidad policial ejercida sobre poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas transgénero que ejercen la prostitución. Un informe de sistematización presentado en 2006 por el Instituto Runa de desarrollo y estudios de género da cuenta de 69 casos de violaciones de derechos de personas transgénero en Perú. La vulneración de derechos fue practicada por miembros de los servicios municipales (68,2 %) y distritales (32 %) de Lima y de la Policía Nacional (7,2 %) con una media de 2,5 operativos de seguridad diarios dirigidos hacia las personas transexuales que ejercen prostitución en los últimos 3 años . A pesar de que la Policía Nacional cuenta con unas normativas de derechos humanos desde el año 2005, no ocurre lo mismo con el personal de serenazgo (fuerzas municipales de seguridad ciudadana) que trabaja en coordinación con la policía para garantizar la seguridad pública y al que se atribuyen actuaciones abusivas. El servicio de serenazgo municipal no cuenta con un marco de funciones que reglamente su intervención en los casos de prostitución clandestina. Ello ha dado lugar a repetidos operativos con vulneración de derechos que quedan impunes porque las denuncias judiciales suelen quedar archivadas y sobre las que la oficina del alcalde de Lima metropolitana, Luis Castañeda, expresa desconocimiento. Sin embargo, estos operativos de seguridad reportan al alcalde altos niveles de aprobación ciudadana que le permiten perfilarse como un firme candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2010.
La represión ideológica también adquiere formas perversas en Perú empleando sentimientos homofóbicos, por ejemplo. En 2003 fue el caso de la Primer Ministra de gobierno Beatriz Merino. Días después de haber anunciado su plan de reforma tributaria para combatir la evasión fiscal que debía permitir la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de reforma social, la ministra fue acusada por un rival político de otorgar favores a amistades cercanas en su ministerio y al mismo tiempo éste difundió rumores sobre su supuesto lesbianismo, cosa que Merino negó; debilitada por estas injurias que no se materializaron en ninguna acusación formal, Merino presentó su renuncia y precipitó un cambio de gabinete del gobierno. Junto a las presuntas acusaciones de corrupción, el desvelamiento de su presunta orientación sexual, o como ella lo llamó, los “ataques que cuestionan mi integridad moral”, parecen haber motivado su renuncia. ¿Cómo se puede entender sino, que el Presidente Alejandro Toledo, que en las encuestas contaba entonces con sólo un 11 % de credibilidad haya prescindido en su gobierno de una mujer reconocida como profesional y política con un 53 % de aceptación ciudadana? Las acusaciones por homosexualidad no son una novedad, pero éstas han sido utilizadas sistemáticamente para silenciar a activistas homosexuales, hacerles permanecer en el armario y no permitir un desarrollo político del movimiento LGBT como parte integrante de los movimientos que impulsan cambios sociales. Con este panorama, la moral patriarcal mira con desprecio cualquier intento de las personas transgénero de hacerse visibles, de dar a conocer su situación y dotarse de una voz política. No obstante, en las elecciones presidenciales de 2006 se presentaron dos personas LGBT e incluso dieron a conocer sus programas en las aulas de una de las universidades más prestigiosas del país: Belissa Andía, por el Movimiento nueva Izquierda y Susel Paredes del Partido Socialista. Y aunque ninguna de las dos agrupaciones logró acceder al Congreso, por primera vez el colectivo de personas LGBT ha sido tratado con respeto en tanto que sujetos de derecho tanto para votar como para presentarse a unas elecciones.
Belissa Andía es actualmente la secretaria transgénero de la International Lesbian and Gay Association; En el año 2005, junto con otras activistas transexuales de la región, participó en un seminario del programa de estudios para activistas Trans e Intersex de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission, donde quedaron establecidos unos objetivos para la agenda política Trans e Intersex:
1. Promover y defender los derechos de la comunidad transgénero, travesti, transexual e intersex;
2. Dar a conocer la diversidad sexual dentro de la comunidad TTTI;
3. Dar visibilidad a las personas TTTI;
4. Concienciar y sensibilizar a otros sectores;
5. Reorganizar las terminologías y conceptos;
6. Trabajar en alianzas específicas con hombres trans, travestis, e intersex y construir otras alianzas;
7. Promover el respeto a los derechos humanos universales ya estipulados
8. Ampliar los derechos formulados en términos de Hombre y Mujer a la identidad de género.
En marzo de este año se presentaron en Ginebra en una asamblea del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios de Yogyakarta, que materializan la aplicación de la legislación internacional en derechos humanos en el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género. Este importante documento constituye un avance sin precedentes porque afirma la obligación que tienen los Estados en la implementación, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBT. Es el resultado del trabajo realizado desde 2003 por los activistas de la ILGA y el apoyo de gobiernos amigos como el de Brasil (que en 2003 presentó la llamada “resolución brasileña por la orientación sexual” en la Comisión de derechos humanos de la ONU) y el de Noruega, con una Declaración que obtuvo la aprobación de un documento de condena a las violaciones del derecho a la orientación sexual o a la identidad de género en 2006. También merecen ser destacados los informes sobre los defensores de derechos humanos presentados por Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU, muchos de los cuales relatan los ataques a activistas LGBT en muchos países del mundo. Por último, recién en 2007 se admitió a tres organizaciones LGBT europeas (entre ellas LSVD e ILGA-Europa) y una canadiense en otro importante organismo de la ONU: el Consejo económico y social (ECOSOC), en el que ahora cuentan con estatus consultivo.
La aprobación los Principios de Yogyakarta obedece a cambios y reformas importantes en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Además las organizaciones LGBT están ahora en condiciones de presentar declaraciones ante el ECOSOC, intervenir en el plenario y organizar debates paralelos sobre temas de interés, además de dialogar durante las sesiones del Consejo, preguntar en los procesos de investigación especiales e impulsar declaraciones individuales o conjuntas de los Estados miembros.
En el marco subregional de los países del sur de Latinoamerica o MERCOSUR también se ha dado un gran paso en el avance de los derechos sexuales y de género; el pasado 7 de agosto en la reunión de autoridades sobre derechos humanos de los países miembros de MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y países asociados (Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú), se emitió una declaración que reconoce y promueve el fin de a discriminación hacia las minorías sexuales y de género.
Es importante hacer referencia a cambios importantes en las constituciones políticas de algunas países de Latinoamérica, como es el caso de la Constitución de Ecuador de 1998 que recoge el derecho a no ser discriminados por orientación sexual aunque no existan sin embargo leyes o normas que preserven o defiendan este derecho. Venezuela es otro país que ha incorporado la no discriminación por orientación sexual en su reforma constitucional aunque todavía está debatiéndose la modificación que se refiere al matrimonio y las uniones de hecho.
[Conferencia en la Lateinamerika-tage 06 de Hamburgo, 16 de noviembre de 2007]
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