14 febrero 2009

Juicio a Fujimori

Visto para sentencia el juicio al ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes de Estado cometidos durante su gobierno en la década de 1990

Fragmentos del alegato final de Ronald Gamarra, abogado de las familias de las víctimas en el juicio que se sigue al ex mandatario y sus subordinados en la Sala Penal especial de la Corte Superior de Justicia de Lima


«Los familiares de las víctimas [de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos] han vivido su propio drama indisolublemente ligado al asesinato de sus seres queridos. Por un lado, ellos han debido soportar durante mucho tiempo el estigma injusto y falso de “terroristas”, lanzado arteramente sobre sus seres queridos como supuesta justificación al proceder inadmisible del destacamento Colina.

‘Qué incomprensión la que recibimos más de una vez, qué indignación la que sentimos ante el estigma que se levantaba contra nuestros desaparecidos y nosotros mismos. Qué soledad la de entonces, y qué duro se hacía continuar. Era como empujar una pesada piedra en la pendiente empinada de un cerro, como remar río arriba’.

Gisela Ortiz, hermana del joven Luis Enrique Ortiz Perea, asesinado en La Cantuta


«Desde el punto de vista político, este juicio al ex presidente Alberto Fujimori entraña una afirmación vigorosa de los valores democráticos y ciudadanos, y especialmente una reafirmación rotunda del principio democrático de la igualdad de todos –gobernantes y gobernados, débiles y poderosos, sin ninguna excepción– ante la ley democráticamente aprobada, común a todos.



Esto es importante en extremo, tal vez decisivo, en un país como el nuestro, donde la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es, todavía, una meta por alcanzar, y donde los privilegios, las excepciones y las exoneraciones frente a las obligaciones legales son pan de cada día. Juzgar a un ex presidente debe servir, entonces, para que nos quede muy claro a todos cuál es el lugar y la fuerza que tiene en la democracia el principio según el cual nadie está por encima de la ley, y menos si delinque.

Desde el punto de vista moral, el juicio al ex presidente Alberto Fujimori supone la afirmación de la lucha contra la impunidad en un país como el Perú, donde tantos crímenes claman por justicia que llega tarde o no llega nunca. Este juicio es, entonces, una oportunidad única, extraordinaria, para empezar a enderezar la deuda histórica que el Estado tiene frente a la sociedad en relación con la justicia.

Por otro lado, es evidente que este juicio, en algún momento y de alguna forma, hoy o tal vez mañana, ha de tener un efecto catártico sobre la ciudadanía. Porque en un país tradicional y tan profundamente patriarcal, como es el nuestro, no se juzga impunemente a un jefe de estado, no se le procesa y eventualmente se le sentencia sin que eso tenga una consecuencia insoslayable sobre la conciencia ciudadana. Abrigamos la esperanza de que esta circunstancia histórica y esta catarsis puedan ser la oportunidad, tan largamente esperada, de maduración, crecimiento y enriquecimiento moral de la sociedad y la democracia peruana.

Desde el punto de vista didáctico, este juicio al ex presidente Alberto Fujimori nos ofrece a los peruanos una oportunidad de aprendizaje colectivo sin precedentes en nuestra historia. Como en una gigantesca aula, y gracias al progreso de los medios de comunicación, los peruanos han podido asistir, colectivamente y en simultáneo, durante las audiencias de este proceso, a múltiples lecciones de una educación cívica real y ya no retórica.

Por un lado, se ha podido apreciar a través de este juicio cómo es que funciona el ideal democrático de un juicio por responsabilidades penales. Así, es de esperar que los ciudadanos puedan aprender a exigir la aplicación de una justicia penal democrática a todo nivel de la administración de justicia.

Por otro lado, se han podido conocer a fondo los detalles vergonzosos y delincuenciales de un régimen autoritario, y hemos podido comprobar que, tras la pobreza, el atraso y la injusticia que padece el Perú, está, como indignante razón de fondo, la manera en que los gobernantes se conducen al ejercer el poder que usurparon o que ingenuamente les confió la nación, cruzando a discreción la barrera del delito y el crimen».

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