A un año del 15-M, ingresos de urgencia en la Eurozona

Foto: ADSE Barcelona

Y no se cumplieron los pronósticos de desastre y violencia callejera que las autoridades anunciaban por el aniversario del 15-M en España; quienes así lo hicieron quizá confundieron el clamor de la calle con el estrépito del hormigón institucional al caer una de las torres del entramado financiero español, la recién fusionada Bankia, y con ella las promesas de una “inversión con futuro” como rezaban los carteles de su campaña publicitaria colocados en los vagones de metro hace apenas tres meses.

Mientras miembros del gobierno de Mariano Rajoy y representantes de los partidos políticos se dedicaban a apagar el último incendio ocasionado por el castigo de los mercados financieros, las exigencias de Bruselas para seguir con los recortes en la economía española y los destrozos ocasionados por el establishment político y el poder financiero en Europa, los ciudadanos de a pie tomaron la calle en un ambiente indignado y sin embargo festivo, para recordar a su clase política que “el pueblo es la solución”.

En Barcelona, familias enteras, integradas por dos o tres hijos pequeños, padres, madres y abuelos activistas pertrechados de sombreros, pancartas, pines de campaña, cantimploras, cochecitos y banquetas  se dirigían ordenadamente al llamado de “asamblea permanente” en la Plaza Cataluña. Muchos de ellos llegaban desde las distintas asambleas constituidas en los barrios y ciudades  del extrarradio de la región metropolitana. Las múltiples asambleas convocadas eran dinamizadas por jóvenes en su mayoría, ya curtidos en estas lides de la democracia deliberativa, con manuales de pensamiento asambleario como éste, surgido de los movimientos argentinos tras el tristemente célebre corralito bancario de 2001 en su país.

Un día antes, un representante de la asociación de comerciantes de la zona Eixample-Paseo de Gràcia, donde se asientan las exclusivas joyerías, tiendas de diseño y prêt à porter de la ciudad, se mostraba preocupado por el efecto negativo de la convocatoria en las tradicionales ventas de “después de la película de la tarde” de los sábados. Los hábitos están cambiando, y Barcelona es una ciudad cívica, desacomplejada y pacífica, austera en los tiempos que corren, qué remedio, sin perder ese toque povera chic  y un poco hippie de sus habitantes.

La plaza Cataluña, era el escenario de manifestaciones  cívicas que reclamaban la instalación del “Agora ya” y donde diversas mesas solicitaban la adhesión a iniciativas legislativas populares como la de la Plataforma de afectados por la hipoteca, o quienes reclaman una Auditoría de la deuda que ha sumido al país en la peor crisis económica de su etapa democrática.

La plaza del Sol en Madrid fue una fiesta hasta las 5 de la madrugada del día 13 en que fue desalojada por la policía sin episodios de violencia a destacar.  Mientras los indignados de Madrid anunciaron que volverán para instalar sus asambleas, los de Barcelona decidieron quedarse en su plaza hasta el día 15, con el acuerdo tácito de las autoridades locales, sin registrarse (hasta el momento de escribir esto, domingo 14 de mayo) ningún incidente violento como los que ocurrieron durante la Huelga General del 29 de marzo y que pareció justificar el blindaje policial de la ciudad para la cumbre de ministros de economía y directores del Banco Central Europeo celebrada el 3 de mayo.

Infórmese, opine, proteste, proponga

Las asambleas han funcionado una vez más para dar voz a los ciudadanos con o sin micrófono; las consignas, como siempre originales: “se trata de cambiar el sistema, no de negociar por las migajas”, dicen los d e la asamblea por los derechos sociales del barrio del Eixample-dreta; así, los protagonistas del 15-M no son ni líderes políticos ni personalidades de la vida pública sino todos y cada uno de los ciudadanos, sin que haya espacio para cúpulas de poder.

Aparte de los políticos ofendidos por las críticas que reciben, el único famoso que se refirió al tema este fin de semana fue Bruce Springsteen, que inicia su gira de conciertos por España y tuvo un comentario sobre la “auténtica depresión”que ahora le tocado vivir a los españoles. El rockero manifestó su solidaridad con los movimientos Occupy Wall Street en EE. UU. y 15-M en España.

Entretanto, ya al bordear la medianoche del sábado 13 de mayo, el programa Informe Semanal  de Televisión Española emitió un reportaje sobre el 15-M en su primer aniversario, así como otros sobre el triunfo del socialista François Hollande en las elecciones presidenciales francesas y sus posibles repercusiones en la política europea, y sobre el Festival de Cinema del Sahara, 
un certamen cultural que ya celebra su novena edición con el apoyo y la solidaridad de realizadores y artistas internacionales, algunos de ellos con premios Goya y algunos Oscar de Hollywood. Revelador, el reportaje sobre el terrible destino de nuestros vecinos del pueblo saharaui, que no puede ejercer su libre determinación por vivir atrapado en las disputas y apetencias territoriales de Marruecos y Argelia, y la hipocresía de la comunidad internacional. Para el líder saharaui Mohamed Abdelaziz, fue en este apartado territorio en medio del desierto del Sáhara donde se escuchó el primer grito de libertad de la Primavera Árabe, que hace poco más de un año consiguió derrocar a los tiranos de Túnez y Egipto y sigue extendiéndose imparable por otros países de la región.

Viendo la calidad de la cobertura periodística del Informe Semanal, un programa que se ha mantenido por más de 25 años en la programación de la televisión pública en España, se siente una ligera brisa de esperanza gracias al buen ejercicio de la profesión periodística y la información pública. Porque en Europa todos quieren estar informados, no engañados ni manipulados; aunque las verdades sean incómodas, el saberlas es lo que posibilita actuar y buscar un cambio en el estado de las cosas. En los tiempos que corren, los responsables políticos están demostrando, en cambio, que son los maestros de la mentira y el eufemismo para implementar unas políticas que van contra las personas y la cohesión social;  no cabe duda de que vivimos una época de crisis y transición del sistema político y de la economía también. Se habla de un cambio de paradigma porque el capitalismo de acumulación ha dejado de tener sentido y ya  no se sostiene sino devorándose a sí mismo y a sus súbditos. Y mientras tanto, la ciudadanía de este continente se mantiene alerta, en lucha por preservar los logros sociales duramente alcanzados en democracia; y no parece que vayan a aceptar bovinamente el mantra thatcherista de “no hay otra alternativa” que repiten sus gobernantes, sean del signo político que sean. 

Libertades y esclavitudes del libre comercio

Alternativas para el libre comercio entre la Unión Europea y América Latina

De izq. a der.: Joan Botella, Gaby Küppers, Raül Romeva y Núria Tuset 

Un coloquio sobre alternativas a los tratados de libre comercio entre la UE y América Latina, organizado por Iniciativa per Catalunya (ICV) /Els Verds se celebró en Barcelona el pasado 1 de marzo, con el fin de dar a conocer los mecanismos y reglamentos que rigen dichos acuerdos comerciales. El acto contó con la asistencia de un nutrido público y en él participaron Joan Botella,  catedrático de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB, Núria Tuset, presidenta de Dones amb Iniciativa de ICV y, como invitados desde Bruselas, Gaby Küppers, asesora alemana en comercio y relaciones internacionales del grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, y el eurodiputado catalán por ICV Raül Romeva, quien es también presidente de Los Verdes/ALE en la Eurocámara.

Los expertos opinan que los mecanismos de regulación con que hoy cuenta el comercio internacional constituyen una potente herramienta al servicio de la globalización; sin embargo, se muestran preocupados por las consecuencias indeseables del régimen regulatorio por el cual se está optando en unos acuerdos de carácter bilateral que no compensan las condiciones de asimetría en que negocian las partes.

Aun cuando, desde una perspectiva histórica, las llamadas “Guerras comerciales” del capitalismo parecen cosa de siglos pasados, tampoco es posible afirmar que exista en un horizonte inmediato una lógica de facilitación de los procesos de intercambio comercial en condiciones de igualdad entre las partes. Para Joan Botella, un ejemplo de esto es el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio de la OMC, y posteriormente, la adopción del acuerdo para actividades de muy distinta naturaleza bajo el denominador común de “comercio de servicios”; dicha regulación ha tenido efectos muy negativos sobre el empleo y la protección social en el ámbito de la Unión Europea.

Las decisiones políticas tomadas en el ámbito del comercio tienen un carácter no enmendable y sientan unos precedentes de muy distinto signo, con repercusiones económicas, sociales y medioambientales de largo alcance. Por eso, Joan Botella enfatizó que las decisiones de los políticos deben ser tomadas en el marco de trabajo de las instituciones, lo que debe incluir a los agentes sociales y a la sociedad civil. Sin embargo, los poderosos lobbys empresariales representados por equipos de abogados en Bruselas ejercen una mayor y decisiva influencia sobre quienes toman las decisiones técnicas y políticas en las negociaciones de la Comunidad Europea sobre los acuerdos y tratados comerciales.

Núria Tuset ofreció un análisis de los tratados de libre comercio (TLC) con perspectiva de género; ello permite evitar la confusión existente entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico. En el desarrollo económico se incorpora siempre el enfoque de derechos humanos, de donde proviene la nueva conceptualización de “Economía del cuidado”, que introduce un tercer vector en la clásica dicotomía Estado-mercado. Mediante la economía del cuidado se incorpora la unidad doméstica en las consideraciones y formulaciones políticas relativas al comercio.  Los estudios realizados por la Red Internacional de Género y Comercio propugnan un cambio progresista en este sentido, y constatan que la apertura económica y la liberalización comercial de las últimas décadas han reforzado la inequidad en la distribución del ingreso en las economías y sociedades de América Latina.

La cocina de los acuerdos de libre comercio

Los acuerdos de libre comercio son armonizados en Bruselas por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, el organismo ejecutivo que perfila los Tratados de la UE; en realidad el peso político del Parlamento Europeo se limita únicamente a la aprobación o no aprobación de los reglamentos de los tratados a ser firmados entre los países tras pronunciarse el Consejo de ministros de la UE.

Los aspectos típicos de todo acuerdo de asociación o tratado de libre comercio con la UE incluyen: la cláusula standstill para el mantenimiento o desmantelamiento de normas y regulaciones comerciales; las compras públicas en régimen de mercado abierto; los aspectos de la Propiedad Intelectual (que para los ecologistas suele traducirse en defensa de la biodiversidad, mientras que para las corporaciones transnacionales significa la defensa y ejercicio de sus derechos de patentes comerciales). Los alcances de la propiedad intelectual van desde el blindaje o perpetuación de las patentes de productos originales frente a la producción o importación de medicamentos genéricos, hasta la exportación de semillas genéticamente manipuladas (OMG) para conseguir bajos costes de producción en la agroindustria y mayores beneficios en perjuicio de la producción o el consumo local.

Otro aspecto fundamental es el de servicios públicos en torno al agua, la energía y la gestión de infraestructuras portuarias y servicios bancarios. Los TLC que se están firmando son de carácter bilateral, lo que está socavando el sistema de comercio multilateral que desde hace décadas propugna la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ser más justo con los países menos desarrollados y respetuoso con el medioambiente. Una prueba de ello es el estancamiento que registra desde el año 2002 la Doha Development Agenda de la OMC. Para Gaby Küpper, el actual statu quo “beneficia especialmente a las transnacionales, a los empresarios y a sus accionistas”. Así, el Acuerdo de Asociación UE-Centro América ponía el énfasis en una supuesta cooperación para el desarrollo, pero también en el diálogo político con toda la región con el fin de incidir en cuestiones de derechos humanos y democracia.   Sin embargo, la UE nunca ha aplicado la llamadas “cláusulas democráticas” en la negociación de los tratados. Según señalan expertos de Intermón-Oxfam, los TLC con Centro América, México o Chile ponen en evidencia que la UE juega con “una estrategia multiforme para la promoción de sus intereses comerciales, con el objetivo de competir con el poder económico y político de EEUU en la región”. [Fuente: CIFCA (2006)]

En el caso de los TLC con países de la región andina, los gobiernos de Uribe en Colombia y de Alan García en Perú estuvieron prestos a dar todas las garantías de la conversión de sus economías desreguladas para garantizar el modelo de economía de mercado con base extractivista que caracteriza a ambos países. Ante la negativa de los gobiernos de Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia a firmar los tratados, la UE ha renunciado a la política regional en la negociación de acuerdos, como ya ocurrió en Centro América cuando se produjo la crisis política con el golpe militar en Honduras, resuelta con un cambio de actores políticos que Europa aceptó de buen grado a pesar del flagrante atropello a la legalidad democrática en la región.

¿Qué hacer como ciudadanos?

Desde el Tratado de Lisboa, los TLC con la UE deben ser aprobados por el Parlamento Europeo. Para los tratados con Perú y Colombia, el 10 de septiembre se pedirá el voto de aprobación por mayoría en la Eurocámara. Con su voto de no aprobación, Los Verdes/ALE señalan que harán manifiesta su oposición a la agenda neoliberal de la UE, con una Comisión Europea que se muestra indiferente ante las “consecuencias catastróficas para los derechos humanos, el medioambiente y el desarrollo sostenible” en los países en desarrollo. Para Los Verdes, estos TLC contribuirán a empeorar la conflictividad social en Perú y Colombia, con enormes proyectos mineros y agroindustriales que llevan al despojo de las comunidades campesinas e indígenas y que pasan por alto el principio de la integración regional que debe recoger cualquier acuerdo comercial con la UE.

Como ciudadanos, podemos exigir a nuestros representantes políticos que la Comisión Europea realice todas las consultas que prescriben los procedimientos de negociación a lo largo de todo el proceso, y que se vele por el cumplimiento de las cláusulas democráticas de los tratados, realizando para ello consultas con los actores sociales de cada país. Hoy sabemos que es muy habitual que éstos no sean consultados ni sean incluidos en el proceso de negociación por sus autoridades políticas. Igualmente, se debe insistir en que se realicen y difundan los estudios de impacto que tendrían los TLC a nivel social, laboral y ambiental para las partes firmantes, y en última instancia, para su ciudadanía.

 ¿Qué efectos puede tener la inversión extranjera directa en América Latina en un contexto de desregulación?

1. La transnacional eléctrica Unión Fenosa en Centro América, investigada por el Tribunal de los Pueblos en 2007, es solo un ejemplo de los muchos casos que existen en la región, donde las corporaciones transnacionales se han aprovechado de los vacíos dejados por la desregulación para conformar estructuras anticompetitivas con una clara tendencia hacia la integración de monopolios u oligopolios privados, violando la soberanía de los  países al no respetar los marcos normativos e institucionales.
2.  El Caso Doe Run en La Oroya, Perú, ejemplifica los abusos de la inversión extranjera directa por parte de transnacionales a las que se beneficia con un marco de privilegios legales. 
3. La UE y las transnacionales en América Latina, documento de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid (2010). Lima (2008) y Viena (2006), especialmente el capítulo Las políticas económicas de la UE: "España apoya la internacionalización de sus empresas españolas con fondos públicos a través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) que en parte se contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo, cuando en realidad son generadores de deuda externa en los países receptores. En el caso de Proactiva-Interagua en Ecuador y Unión Fenosa en Nicaragua, España utilizó dicho instrumento para financiar la construcción de infraestructuras, luego transferidas de una u otra forma al operador privado español".

Cartel de la convocatoria a la Marcha en defensa del agua, febrero 2012, Cajamarca , Perú

  

Una Europa diferente

Lecturas sobre la crisis en Europa

En la semana transcurrida, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma del sistema financiero español y la asignación de 52.000 millones de euros para el saneamiento de los activos de la banca. El ministro de economía Luis de Guindos ha señalado que este dinero no procede de recursos públicos sino de los nuevos porcentajes en las provisiones de riesgo que se exigirá a los bancos. Esta cifra que deberán acreditar los bancos para su funcionamiento resulta modesta comparada con la nueva oleada de 35.000 millones en recortes en las cuentas públicas que se exigirá en breve a las ya de por sí sofocadas administraciones españolas y a todos los trabajadores de este país.

Los apretones de la economía imprimen un ritmo de vértigo a la política en Europa. A juzgar por algunas caras de políticos españoles en sus comparecencias de los últimos días, estos siguen muy bien la liturgia del auto de fe reformista a ritmo de Valium y desparpajo ante los medios. El anuncio de la reforma financiera ocurría una semana después de que se hicieran públicos los planes de reforma laboral, la enésima de la democracia española, cuyos propios propulsores admiten que no generará empleo de forma inmediata “pero evitará su destrucción” (aun cuando los expertos predicen que el número de personas desempleadas superará el umbral de los seis millones). La reforma laboral permitirá despidos más baratos, lo cual ha puesto a los sindicatos en pie de guerra por haberse hecho sin su consentimiento informado, mientras se anuncian vendavales privatizadores que se ciernen sobre los bienes y servicios públicos en todo el país.

En resumen, ni crecimiento ni empleo; esta semana también se supo que las economías pequeñas de Holanda y Bélgica han entrado en recesión, así como la de la brava e imbatible economía italiana, que apenas cinco años atrás había defenestrado a Reino Unido en crecimiento en Europa. Y eso a pesar de que se trata de la Italia hoy gobernada por el primer ministro Mario Monti tras el estrepitoso desalojo de Silvio Berlusconi del palacio del Quirinale por exigencias, digamos técnicas, de la Comisión Europea para rescatar la deuda italiana a finales del verano pasado.

II

Con una perspectiva histórica, Ignacio Sotelo escribe en el diario El País del 18 de febrero sobre el espejismo del Estado de bienestar en España y el desprestigio del modelo socialdemócrata. Sotelo afirma que la conversión de los socialistas españoles al liberalismo se justificó “en la creencia de que el capitalismo puro y duro es el único que crea riqueza, y habría que cocinar el pastel antes de repartirlo”. No por nada muchos españoles perciben que tanto da un político del PP como uno del PSOE, ¡sobre todo si estos son ministros de economía! En el panorama de la economía globalizada, resulta interesante ver cómo se irá formando el consenso mayoritario que clame por unas medidas de gobernanza económica en plena época de llamados al crecimiento y al mismo tiempo a la austeridad más absoluta en las cuentas públicas con la partitura neoliberal de ajustes estructurales bailada al ritmo del FMI. 

Para Sotelo la batalla se tiene que dar en el terreno ideológico, desmontando precisamente los dogmas del crecimiento ilimitado y la supuesta creación de empleo que ello conlleva. Para el caso de España, el sociólogo que es Sotelo remacha con el argumento de que “nadie se ha movido de la ortodoxia capitalista del Estado social bismarckiano” inventada por los conservadores para prevenir las veleidades revolucionarias de la clase trabajadora en el siglo XIX". El atraso en bienestar y en recursos que soportan los ciudadanos españoles para hacer frente a una crisis de esta magnitud permite entender el concepto de  Europa de dos velocidades que se hace patente en su artículo, lo que a mi entender podría ser complementado con un repaso a la revolución cívica de los indignados del 15-M; con su activismo global-local creativo y transformador, éstos han dejado en evidencia las viejas formas de hacer política y la poca capacidad de movilización social de los sindicatos españoles hoy en día.

III

¿Una Europa diferente? Es lo que proponen economistas investigadores del London School of Economics, reunidos esta semana en la capital británica. El seminario busca hacer frente al desafío planteado por los tecnócratas económicos que actualmente gobiernan los países de la zona Euro y busca “Caminos alternativos hacia una Europa democrática y progresista”, según señala su convocatoria publicada en la web del Transnational Institute. 

La Europa que fue rechazada por muchos ciudadanos en los referéndums nacionales sobre la Constitución europea de la pasada década parece haber triunfado a pesar de todo. Y es esa Europa neoliberal y tecnócrata la que ha empujado a generaciones de europeos al abismo ante el que ahora se encuentran a causa de esta nueva crisis sistémica del capitalismo.

“Por su forma de abordarla, la Unión Europea ha fracasado en su manejo de las causas de la crisis e incluso la ha empeorado. Por ejemplo, su insistencia en obligar a los inversores privados a una quita de los bonos de la deuda provocó una venta en estampida. Con los préstamos a tres años por 489.000 millones de euros que el Banco Central Europeo otorgó en diciembre a los bancos a un interés del 1 por ciento, se les está otorgando un gigantesco subsidio sin que exista ninguna garantía de que estos vayan a utilizar dichos fondos  para comprar bonos de deuda pública. La tasa de interés prohibitiva que Italia y otros países deberán pagar para volver a financiar su deuda pública en 2012 a causa de las liquidaciones privadas de títulos acerca peligrosamente a estos países a un nuevo episodio de pánico en el mercado de deuda".

IV

Los fundamentos para una alternativa se presentan en un artículo del seminario del LSE, que resume las propuestas de los profesores Mary Kaldor y Trevor Evans:

“El Banco Central Europeo debería, como medida inmediata, anunciar que gastará lo que haga falta para estabilizar los precios de los bonos de deuda pública. La UE debería entonces introducir medidas conducentes a un redimensionamiento del mercado financiero; la actual maraña de instituciones orientadas por el objetivo de acumular ganancias a través de miles de instrumentos financieros (securities) –que suelen ser de carácter opaco y complejo– debería dar paso a la promoción de unos bancos comerciales cooperativos o del sector público que proporcionen financiamiento para proyectos de inversión de carácter social y medioambiental.

Cualquier deuda pública insostenible como la de Grecia, debería ser sometida a una auditoría como la que por primera vez realizó Ecuador con su deuda, lo que permitiría distinguir entre la deuda legítima y la que debe darse por perdida. La imposición de un impuesto a la riqueza para las grandes fortunas también contribuirá a reducir el monto de la deuda, pues éstas poseen buena parte de los 40 billones de euros en riqueza financiera contabilizada en 2011 en la Eurozona. Además, las políticas neoliberales de las últimas décadas les han reportado unos beneficios astronómicos. Con el fin de evitar la especulación financiera contra los estados más débiles, los gobiernos de la zona Euro deben emitir de manera conjunta unos Eurobonos que puedan ser intercambiados por los bonos de la deuda pública restante.

La política monetaria común debe ser complementada con una política fiscal coordinada para la zona del Euro que, en vez de poner el énfasis, como hace actualmente, en la disciplina fiscal, deberá buscar estabilizar la economía y promover el pleno empleo en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo considera “trabajo digno”. El escuálido presupuesto de 1 por ciento del PIB con que hoy cuenta la UE debería elevarse hasta al menos el 5 por ciento para conseguir un impacto macroeconómico y dar apoyo a las regiones más débiles de la Unión. Con este fin, debería revertirse la disminución a largo plazo de las imposiciones fiscales para los ingresos más altos, y cifrar en un 75 por ciento la fiscalidad de los ingresos anuales por encima de los 250.000 euros. Además, los países que tengan un excedente comercial, como Alemania, deben introducir políticas de expansión que permitan reforzar la demanda en la zona euro y aliviar la presión en los países con déficit.

Se requiere un ambicioso programa de inversiones públicas, especialmente en los países de la periferia, para establecer unas capacidades productivas que, en lugar de basarse en unos salarios bajos, lo hagan apoyándose en la tecnología moderna y en el trabajo cualificado. Además de la capacidad de emitir bonos con que ya cuenta, el Banco Europeo de Inversiones debe dar financiamiento a esta clase de programas.

Con una política de salarios coordinada para toda la Eurozona, se podrá revertir la actual tendencia descendente de los salarios en el ingreso nacional y los salarios en los países con menores ingresos empezarán a converger con los sueldos en los países de mayores ingresos. La jornada laboral normal debe ser reducida a 30 horas tanto para hacer frente al desempleo como para contribuir a construir una sociedad que no esté dominada por el trabajo asalariado.

Para abordar la crisis del euro de manera progresiva se requiere hacer frente a un desafío sin precedentes: mientras que la crisis de la deuda que afecta a los países de la periferia de la zona euro reclama un crecimiento económico, vemos que, por otra parte, la sostenibilidad del medioambiente requiere de una reducción importante del consumo de recursos no renovables y de las emisiones de gases de efecto invernadero".

¡He ahí el quid de la ecuación!

50 años de Amnistía Internacional

En mayo de 1961, el diario londinense The Observer publicó en su edición dominical un artículo firmado por Peter Benenson, que hacía un llamado a la amnistía política para las personas encarceladas por sus ideas “en ambos lados de la Cortina de hierro”. El artículo dio origen a la organización Amnesty International (AI), que fue registrada inicialmente en Luxemburgo y hoy es el referente mundial en la defensa de los derechos humanos. En su defensa de los presos de conciencia de 1961, AI apelaba a la libertad de conciencia y expresión, el derecho a un juicio justo y la ampliación del derecho de asilo y refugio, en una época de nacionalismos emergentes y en pleno auge del mundo bipolar surgido tras la II Guerra Mundial. Eran tiempos en que se enfrentaba ideológica y militarmente el llamado mundo libre de las democracias occidentales con el proyecto de los países comunistas de alcanzar una sociedad sin clases.  A lo largo de estas décadas, la organización fundada por Benenson no se salvó de ser acusada una y otra vez por sus detractores de estar financiada por la CIA o la KGB, extremos por supuesto nunca probados.

El diario barcelonés La Vanguardia publicó en su suplemento cultural nº 494 del pasado mes de diciembre la edición facsimilar del histórico documento. Lo tomo como una ocasión para hacer una reflexión sobre el movimiento internacional de derechos humanos, ya bien entrados en el siglo XXI. A pesar de su diversidad y amplitud (más de tres millones de miembros en 150 países y con una envidiable autonomía económica frente a gobiernos o ideologías políticas), vemos que en el nuevo escenario de las tecnologías de la información y la comunicación se ofrecen oportunidades y amenazas para las libertades fundamentales.  Lo hemos visto en países como Arabia Saudí, donde su gobierno exige, bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo y el crimen, el control de las comunicaciones de mensajería móvil a través de los proveedores. Algo que solo se comprende en el contexto de las revoluciones ciudadanas que afectan a países de la región como Egipto, Túnez o Siria y que exigen el fin de las autocracias corruptas en Oriente Medio. Lo mismo ocurre en China, donde toda protesta o manifestación por la democracia es sofocada por las autoridades mediante el apagón de internet y la detención de sus convocantes. El último episodio que se ha hecho eco en los medios occidentales es el del artista plástico y arquitecto del estadio olímpico de Pekín, Ai Wei wei, figura prominente en la denuncia de la represión gubernamental y crítico del régimen del PCCh; las autoridades le impusieron en 2011 una detención bajo estrecha vigilancia, multándole por millones de dólares por falsas acusaciones de evasión fiscal. Sin embargo, mediante una campaña de apoyo al artista por internet, sus 87,000 seguidores en Twitter han conseguido reunir los millones de yuanes que le exigía el gobierno.

En sus 50 años de actividad en defensa de los derechos humanos, AI ha jugado un papel clave, con más de 50,000 casos de presos de conciencia dados a conocer por sus campañas. Como casos emblemáticos, podemos citar su trabajo por la libertad de Nelson Mandela, el científico ruso Alexander Sajarov, o la líder de la oposición al régimen militar birmano, Aung San Suu Kyi. Su lucha por la abolición de la pena de muerte ha logrado que hoy sea un castigo en extinción. También ha colaborado para que fueran juzgados políticos o caudillos considerados intocables como Augusto Pinochet o Alberto Fujimori. No contenta con esto, fue implacable con la OTAN, a la que acusó de crímenes de guerra tras los bombardeos de Yugoslavia en 1999, y abogó por la creación del Tribunal Penal Internacional. AI ha insistido para que la ONU apruebe leyes contra la tortura, la discriminación de la mujer o de las personas pertenecientes a minorías sexuales (GLBT), la desaparición forzada y el comercio de armas.


Foto de campaña glbt con la cantante transexual Dana International, por Erwin Olaf  

El movimiento internacional de derechos humanos ha contribuido a instituir por fin en nuestro siglo un sistema de derecho penal internacional, que es fundamental en el enjuiciamiento y sanción a los crímenes de guerra, la exterminación de pueblos, o la persecución de colectivos minoritarios en conflictos armados o por parte de las autoridades en tiempos de paz. Y aunque existe también un reclamo por reconocer una excepción cultural en la interpretación de los derechos humanos, no se cuestiona su valor intrínseco o su universalidad, sino la versión de los mismos que ofrece Occidente desde su tradición democrática liberal. Sin embargo, en el plano de los derechos individuales, y como quiera que sean estos interpretados en las diversas acepciones de modernidad, esta divergencia choca frontalmente ante la exigencia de respeto a las diferencias en sociedades o sistemas políticos marcados por el fundamentalismo islámico o el influyente catolicismo ultraconservador. Encontramos un ejemplo lacerante de tal desencaje en las condenas a muerte de los tribunales islámicos contra las mujeres acusadas de adulterio o los hombres que mantienen relaciones homosexuales; o la impunidad de los crímenes de odio con móvil homofóbico que persiste en países como México, Brasil y otros países donde personas influyentes alientan la violencia contra lesbianas, gay, bisexuales o transexuales desde los medios de comunicación. En las dos últimas décadas Amnistía ha considerado también presos de conciencia a las personas encarceladas por motivo de su orientación o identidad sexual.