Mientras se mantiene inactivo el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) desde 2009 por el incumplimiento de los compromisos de adecuación medioambiental y por deudas, sus habitantes ahora se enfrentan a la perspectiva del desempleo, mientras las autoridades peruanas y la empresa Doe Run entablan un contencioso que puede costar al Estado peruano 800 millones de dólares por incumplimiento de los acuerdos de comercio con EE. UU. Un ejemplo de la herencia dejada en la década de privatizaciones del gobierno de Fujimori, quien en 1997 "aseguró" la inversión extranjera haciendo pagar este alto precio a las comunidades afectadas. La Oroya se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas del planeta, con unos niveles alarmantes de plomo en sangre entre sus habitantes.
La empresa filial peruana miembro del Grupo Renco ha iniciado ahora una batalla legal para reclamar lo que le prometieron en esas privatizaciones, en un típico ejemplo de cómo el gran capital tiene sus caminos bien pavimentados hacia la impunidad y el negocio al estilo Inside Job.
Congresistas lobbistas de EE.UU. intervienen a favor de Doe Run
En su batalla legal con el Gobierno peruano por la fundición de metales de Doe Run Perú que permanece inactiva en La Oroya (Junín) desde el año 2010, el Grupo Renco y su multimillonario propietario, Ira Rennert, han reunido a un poderoso grupo de presión para actuar y asesorarse en la disputa que tiene la empresa minera con el Gobierno peruano. Entre ellos se incluye a ocho ex funcionarios de gobierno norteamericanos que actualmente trabajan en cinco firmas de abogados y de lobby con sede en Washington.
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