La reforma de la
Ley de Extranjería española ha puesto en evidencia los múltiples fallos en la
aplicación del derecho humanitario y la política migratoria en las fronteras de la Unión Europea
situadas en España. Las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, antiguas
plazas fuertes medievales de Europa en la región del Magreb, forman hoy parte de
las fronteras exteriores de la Unión Europea en el norte de África, y son un auténtico
quebradero de cabeza para las autoridades españolas. Se estima que hay 30.000 inmigrantes
subsaharianos de tránsito en Marruecos que continuamente intentan saltar la
valla de resguardo que separa estas ciudades del territorio de Marruecos, donde viven
hacinados en las zonas adyacentes y estrechamente vigilados por las fuerzas
de seguridad de ese país. A ello se suman las entregas sumarias o “devoluciones
en caliente” de los inmigrantes interceptados, una práctica de la Guardia Civil
española que viola las garantías de derechos previstas por la Constitución y
los tratados internacionales de derechos humanos. En 2014 murieron ahogados en
Ceuta 15 inmigrantes que intentaban llegar a nado a la playa de El Tarajal, presuntamente
por la mala actuación de los cuerpos de seguridad, lo cual le ha merecido un expediente
judicial al gobierno de Mariano Rajoy y a la Guardia Civil, encargada del
resguardo de fronteras en España; si se agotan las instancias judiciales en
España, es posible que estas denuncias lleguen a los tribunales europeos de
Derechos Humanos o de Justicia, o bien a la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU.
Pero las
dificultades derivadas de la inmigración y la llegada masiva de refugiados hacia
Europa desde zonas en conflicto en Oriente Próximo, también afectan de manera crítica
a Italia y a Grecia. Según cifras presentadas por el Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), en lo que va de este año han llegado a Europa 31.500
personas cruzando el Mediterráneo a bordo de embarcaciones ilegales. No se sabe
con certeza el número de personas fallecidas, pero entre los rescates ocurridos
en 2013 y el que acaba de producirse el pasado 14 de abril en las costas de la
isla italiana de Lampedusa, solo contando las embarcaciones de las que se tiene
conocimiento, se calcula que 900 personas han sido sepultadas por el mar en su
intento de emigrar desde países del África subsahariana, o de huir de los
conflictos armados en Libia y Siria. La Operación Mare Nostrum de búsqueda y
rescate de las personas a bordo de este tipo de embarcaciones finalizó en
diciembre de 2014, y hasta la fecha la Unión Europea no ha puesto en marcha un nuevo
programa que mejore las capacidades de salvamento en los países afectados y facilite las vías legales para las personas que buscan protección en Europa. El
alto comisionado de ACNUR, António Guterres, señaló que “es cada vez mayor el
número de ciudadanos sirios que arriesgan sus vidas para llegar a los
territorios europeos”; por esta razón es necesario ampliar y mejorar las capacidades
de búsqueda y socorro, así como incrementar las oportunidades de reubicación para
las personas que solicitan la protección de la UE. El alto comisionado recalcó
que las acciones de derecho humanitario requieren unas políticas de visado más
flexibles y programas de reunificación familiar mejorados.
En España, entre tanto, el gobierno de Rajoy se ha
apresurado en aplicar la reforma de la Ley de Extranjería de 2009 mediante la
tramitación de su polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye recortes a
la libertad de manifestación y la discutible figura legal del “rechazo en
frontera” que ampara la devolución a Marruecos de los inmigrantes interceptados
en Ceuta y Melilla. Se trata, al parecer, de hacer legal una práctica con el fin de proteger con carácter retroactivo las actuaciones de sus oficiales de seguridad, como en el caso de los
policías imputados por las muertes de los inmigrantes en El Tarajal.
Un informe firmado por 16 juristas españoles considera dicha figura “radicalmente ilegal” por ser contraria al Estado de Derecho. “La entrega de ciudadanos extranjeros a las fuerzas marroquís sólo sería posible a través de un procedimiento que respete los derechos de audiencia al interesado, asistencia letrada y de intérprete”, sentencia el informe. El informe se hizo público el mismo día en que se iniciaba en Barcelona la Cumbre de ministros de exteriores de la Unión Europea y de países vecinos del Mediterráneo. Aunque esta tuvo carácter informal, fue una ocasión de revisar los términos de la denominada Política Europea de Vecindad. Por iniciativa e insistencia de España y Francia, los países de la UE han mantenido desde 1995 la idea de una Unión por el Mediterráneo, que tiene su sede en la capital catalana. Propuesta antes de la crisis financiera que hoy afecta a la eurozona, su finalidad era promover acuerdos multilaterales con los países vecinos de la UE en la cuenca del Mediterráneo desarrollando programas de cooperación en sectores en los que Europa se considera fuerte, como son los de infraestructura y transportes, educación superior o sociedad civil. La iniciativa ha estado lastrada por las obstáculos y conflictos en las relaciones entre países del Mediterráneo sur (Argelia y Marruecos por su negativa a reconocer la independencia del antiguo Sahara español o Israel y su colonización de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania); pero también por la incapacidad de los ministros de exteriores de la UE de acordar cuestiones prioritarias en seguridad e inmigración durante las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores. Según la presidenta del Consejo, la alta representante de la UE Federica Mogherini, en los 10 años de existencia del Consejo, Europa no ha sido capaz de poner los movimientos migratorios en su agenda de prioridades en política exterior. Es urgente hoy que las competencias de la Unión Europea en acción humanitaria, seguridad y defensa la lleven a escuchar los argumentos de la ONU. Actualmente el Mediterráneo es considerado como la ruta marítima de inmigración y refugio más peligrosa del mundo. El insuficiente cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de ayuda humanitaria y protección civil debe concentrarse en dotar a sus fronteras exteriores de un sólido programa de búsqueda y rescate de náufragos, un plan que incluya posibles compensaciones a las compañías navieras por sus acciones de rescate en alta mar y un programa piloto de reubicación de refugiados sirios que llegan a las costas de Italia y Grecia, según recuerda el comunicado de la agencia para los refugiados.
Un informe firmado por 16 juristas españoles considera dicha figura “radicalmente ilegal” por ser contraria al Estado de Derecho. “La entrega de ciudadanos extranjeros a las fuerzas marroquís sólo sería posible a través de un procedimiento que respete los derechos de audiencia al interesado, asistencia letrada y de intérprete”, sentencia el informe. El informe se hizo público el mismo día en que se iniciaba en Barcelona la Cumbre de ministros de exteriores de la Unión Europea y de países vecinos del Mediterráneo. Aunque esta tuvo carácter informal, fue una ocasión de revisar los términos de la denominada Política Europea de Vecindad. Por iniciativa e insistencia de España y Francia, los países de la UE han mantenido desde 1995 la idea de una Unión por el Mediterráneo, que tiene su sede en la capital catalana. Propuesta antes de la crisis financiera que hoy afecta a la eurozona, su finalidad era promover acuerdos multilaterales con los países vecinos de la UE en la cuenca del Mediterráneo desarrollando programas de cooperación en sectores en los que Europa se considera fuerte, como son los de infraestructura y transportes, educación superior o sociedad civil. La iniciativa ha estado lastrada por las obstáculos y conflictos en las relaciones entre países del Mediterráneo sur (Argelia y Marruecos por su negativa a reconocer la independencia del antiguo Sahara español o Israel y su colonización de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania); pero también por la incapacidad de los ministros de exteriores de la UE de acordar cuestiones prioritarias en seguridad e inmigración durante las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores. Según la presidenta del Consejo, la alta representante de la UE Federica Mogherini, en los 10 años de existencia del Consejo, Europa no ha sido capaz de poner los movimientos migratorios en su agenda de prioridades en política exterior. Es urgente hoy que las competencias de la Unión Europea en acción humanitaria, seguridad y defensa la lleven a escuchar los argumentos de la ONU. Actualmente el Mediterráneo es considerado como la ruta marítima de inmigración y refugio más peligrosa del mundo. El insuficiente cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de ayuda humanitaria y protección civil debe concentrarse en dotar a sus fronteras exteriores de un sólido programa de búsqueda y rescate de náufragos, un plan que incluya posibles compensaciones a las compañías navieras por sus acciones de rescate en alta mar y un programa piloto de reubicación de refugiados sirios que llegan a las costas de Italia y Grecia, según recuerda el comunicado de la agencia para los refugiados.
