Muerte en el Mediterráneo

La reforma de la Ley de Extranjería española ha puesto en evidencia los múltiples fallos en la aplicación del derecho humanitario y la política migratoria en las fronteras de la Unión Europea situadas en España. Las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, antiguas plazas fuertes medievales de Europa en la región del Magreb, forman hoy parte de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el norte de África, y son un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades españolas. Se estima que hay 30.000 inmigrantes subsaharianos de tránsito en Marruecos que continuamente intentan saltar la valla de resguardo que separa estas ciudades del territorio de Marruecos, donde viven hacinados en las zonas adyacentes y estrechamente vigilados por las fuerzas de seguridad de ese país. A ello se suman las entregas sumarias o “devoluciones en caliente” de los inmigrantes interceptados, una práctica de la Guardia Civil española que viola las garantías de derechos previstas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En 2014 murieron ahogados en Ceuta 15 inmigrantes que intentaban llegar a nado a la playa de El Tarajal, presuntamente por la mala actuación de los cuerpos de seguridad, lo cual le ha merecido un expediente judicial al gobierno de Mariano Rajoy y a la Guardia Civil, encargada del resguardo de fronteras en España; si se agotan las instancias judiciales en España, es posible que estas denuncias lleguen a los tribunales europeos de Derechos Humanos o de Justicia, o bien a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Pero las dificultades derivadas de la inmigración y la llegada masiva de refugiados hacia Europa desde zonas en conflicto en Oriente Próximo, también afectan de manera crítica a Italia y a Grecia. Según cifras presentadas por el Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), en lo que va de este año han llegado a Europa 31.500 personas cruzando el Mediterráneo a bordo de embarcaciones ilegales. No se sabe con certeza el número de personas fallecidas, pero entre los rescates ocurridos en 2013 y el que acaba de producirse el pasado 14 de abril en las costas de la isla italiana de Lampedusa, solo contando las embarcaciones de las que se tiene conocimiento, se calcula que 900 personas han sido sepultadas por el mar en su intento de emigrar desde países del África subsahariana, o de huir de los conflictos armados en Libia y Siria. La Operación Mare Nostrum de búsqueda y rescate de las personas a bordo de este tipo de embarcaciones finalizó en diciembre de 2014, y hasta la fecha la Unión Europea no ha puesto en marcha un nuevo programa que mejore las capacidades de salvamento en los países afectados y facilite las vías legales para las personas que buscan protección en Europa. El alto comisionado de ACNUR, António Guterres, señaló que “es cada vez mayor el número de ciudadanos sirios que arriesgan sus vidas para llegar a los territorios europeos”; por esta razón es necesario ampliar y mejorar las capacidades de búsqueda y socorro, así como incrementar las oportunidades de reubicación para las personas que solicitan la protección de la UE. El alto comisionado recalcó que las acciones de derecho humanitario requieren unas políticas de visado más flexibles y programas de reunificación familiar mejorados.

En España, entre tanto, el gobierno de Rajoy se ha apresurado en aplicar la reforma de la Ley de Extranjería de 2009 mediante la tramitación de su polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye recortes a la libertad de manifestación y la discutible figura legal del “rechazo en frontera” que ampara la devolución a Marruecos de los inmigrantes interceptados en Ceuta y Melilla. Se trata, al parecer, de hacer legal una práctica con el fin de proteger con carácter retroactivo las actuaciones de sus oficiales de seguridad, como en el caso de los policías imputados por las muertes de los inmigrantes en El Tarajal. 

Un informe firmado por 16 juristas españoles considera dicha figura “radicalmente ilegal” por ser contraria al Estado de Derecho. “La entrega de ciudadanos extranjeros a las fuerzas marroquís sólo sería posible a través de un procedimiento que respete los derechos de audiencia al interesado, asistencia letrada y de intérprete”, sentencia el informe. El informe se hizo público el mismo día en que se iniciaba en Barcelona la Cumbre de ministros de exteriores de la Unión Europea y de países vecinos del Mediterráneo. Aunque esta tuvo carácter informal, fue una ocasión de revisar los términos de la denominada Política Europea de Vecindad. Por iniciativa e insistencia de España y Francia, los países de la UE han mantenido desde 1995 la idea de una Unión por el Mediterráneo, que tiene su sede en la capital catalana. Propuesta antes de la crisis financiera que hoy afecta a la eurozona, su finalidad era promover acuerdos multilaterales con los países vecinos de la UE en la cuenca del Mediterráneo desarrollando programas de cooperación en sectores en los que Europa se considera fuerte, como son los de infraestructura y transportes, educación superior o sociedad civil. La iniciativa ha estado lastrada por las obstáculos y conflictos en las relaciones entre países del Mediterráneo sur (Argelia y Marruecos por su negativa a reconocer la independencia del antiguo Sahara español o Israel y su colonización de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania); pero también por la incapacidad de los ministros de exteriores de la UE de acordar cuestiones prioritarias en seguridad e inmigración durante las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores. Según la presidenta del Consejo, la alta representante de la UE Federica Mogherini, en los 10 años de existencia del Consejo, Europa no ha sido capaz de poner los movimientos migratorios en su agenda de prioridades en política exterior. Es urgente hoy que las competencias de la Unión Europea en acción humanitaria, seguridad y defensa la lleven a escuchar los argumentos de la ONU. Actualmente el Mediterráneo es considerado como la ruta marítima de inmigración y refugio más peligrosa del mundo. El insuficiente cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de ayuda humanitaria y protección civil debe concentrarse en dotar a sus fronteras exteriores de un sólido programa de búsqueda y rescate de náufragos, un plan que incluya posibles compensaciones a las compañías navieras por sus acciones de rescate en alta mar y un programa piloto de reubicación de refugiados sirios que llegan a las costas de Italia y Grecia, según recuerda el comunicado de la agencia para los refugiados.