Otro Perú se despierta

Plaza San Martín de Lima, 9-10 de noviembre de 2020

El colectivo Latin America is Moving organizó el pasado 3 de diciembre el encuentro on-line «Perú se despertó», para conocer la perspectiva de activistas de diversos sectores de las luchas sociales e informar sobre la crisis de gobierno generada en noviembre pasado.

Dos jóvenes perdieron la vida durante la represión policial
 

#FueraMerino #NoAlGolpeDeEstado #PeruDespertó #NiVizcarraNiMerino #AsambleaConstituyente #RefundarElPeru. Los hashtag difundidos durante las movilizaciones tuvieron una función política. Reclamaban una renovación integral de la política peruana.

Después de tres renuncias presidenciales en el marco de una crisis política que se prolonga por más de cuatro años, la protesta de los peruanos en las calles es hoy día criminalizada por el poder político y reprimida con violencia por la policía, con la excusa de la cuarentena sanitaria y argumentando el engañoso «principio de ley y orden» para justificar la impunidad en el uso de la fuerza.

Latin America is Moving, una iniciativa de académicos e investigadores de ciencias sociales que trabajan en red desde los programas de sus universidades (Goldsmiths University London, Universidad de La Plata y CLACSO), organizó el evento para dar a conocer las nuevas formas de organización y lucha que hoy se desarrollan en las sociedades de Latinoamérica.

Akemii Noriega, dirigente del movimiento Nuevo Perú en Alemania y ex presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima, destacó la importancia del activismo en red que, en el caso de los últimas protestas de Perú, ha conseguido expandirse y coordinar en tiempo real las manifestaciones convocadas en todas las regiones del país mediante el uso de las tecnologías cívicas y las redes sociales.

 

   En el evento también participó Isabel Cortez, trabajadora de limpieza de la ciudad de Lima que ha destacado por su trabajo en el sindicato SITOBUR. Explicando su activismo contra la precariedad laboral de los trabajadores municipales de limpieza, Isabel señaló que el fallo de la Corte Suprema de Lima, que en 2018 declaró ilegal el concurso público para el servicio de limpieza, es una victoria de las trabajadoras y su lucha por sus derechos laborales. Con la decisión de la corte se consiguió restituir a los trabajadores su derecho a estar en la planilla del consistorio limeño, poniendo fin a la externalización del servicio de limpieza de la ciudad a través de empresas de trabajo temporal (services). Actualmente la dirigente participa en conversaciones con la presidencia del Congreso con el objetivo de presentar propuestas legislativas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos laborales de su colectivo.

Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.

Las protestas del 9 de noviembre constityen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a su actuación.

José Saldaña Cuba, investigador en derecho en la Universidad Católica del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es asesor de la presidencia del actual Congreso peruano. Su veredicto sobre el Poder Legislativo en el Perú es abrumador: «El Congreso es actualmente un nido de corrupción desbordada, que sigue la misma tendencia que se reproduce en muchos países del mundo; desde el poder legislativo se observa un sistema de impunidad que funciona perfectamente».

En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.

El abuso de poder y la ambición han corrompido el sistema de partidos, con operadores que aprueban leyes de manera fraudulenta, y obstruyen la actuación de la Justicia o los organismos de vigilancia de los procesos electorales (ONPE).

  ¿Pero qué es lo que ahora ha llevado al Perú a despertar? ¿Por que salen hoy a las calles jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios, madres de familia, jubilados y pequeños empresarios empobrecidos para expresar su hartazgo con la clase política? Lo que les ha llevado a decirle ¡BASTA! al poder político es el abuso de poder y la ambición. Sus políticos (hoy peligrosamente considerados como una casta sin matices), y no pocos funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado, han dejado que un país que se esforzaba por ver cumplido el «milagro andino» de su economía se convierta en un país a la deriva, una paradoja desoladora. De ello resulta el abandono absoluto de sus habitantes por la administración del Estado, impotente para hacer frente a la triple crisis sanitaria, climática y económica. En el año 2020, el Perú ha registrado 191 conflictos de carácter socioambiental y laboral, según informa la Defensoría del pueblo; se trata de conflictos latentes o activos en el país, sin ningún horizonte de resolución dialogada a la vista.

Por otra parte, los partidos políticos muestran falta de madurez e incumplen con requisitos básicos como las elecciones primarias abiertas dentro de sus formaciones; y cuando son elegidos al Congreso, no canalizan las prioridades sociales ni legislan sobre las políticas para el bienestar y el progreso del país. En realidad, los partidos políticos peruanos llevan dos décadas vendiéndose como marcas o «vientres de alquiler», dando preferencia a los intereses particulares de los lobby y tomando el control de las estructuras del Estado para su propio beneficio y el de sus allegados. De este modo solo representan una pantomima hueca de la democracia. ¿Es posible reconstruir una sociedad justa y democrática con semejantes desigualdades y debilidades a la hora de repartir la riqueza, o aspirar siquiera a dar alivio a su población durante las emergencias climáticas, o distribuir y aplicar la vacuna contra la Covid19 con equidad? 

Para José Saldaña, las protestas iniciadas el 9 de noviembre a lo largo y ancho del país constituyen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a la conformación de un gobierno golpista a cargo del presidente Rafael Merino. El gabinete del ministro Ántero Flores Aráoz perdió de inmediato toda legitimidad al ser considerado como una agrupación de viejos dinosaurios de la política que no respetan la separación de poderes en democracia ni admiten su propia responsabilidad en los sucesos de noviembre. Como resultado de todo esto, ha recaído en dos partidos políticos pequeños y de reciente formación (Partido Morado y Frente Amplio) la responsabilidad de velar por una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2021, el año del Bicentenario de la nación.

 Ciudadanas y ciudadanos del Perú esperan vigilantes en la plaza del Congreso y en las plazas de todo el país, con el reclamo de una nueva constitución.

Mientras tanto, Saldaña advierte que el Perú sigue registrando bajísimos índices de respeto al derecho a la protesta que debe ser garantizado por un Estado de derecho. En los últimos 15 años se han producido 180 muertes durante las protestas sociales y ningún fallo o sentencia de la Justicia ha determinado las responsabilidades por esas muertes. Sin embargo, «la movilización social permanente tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con el momento constituyente», señala.

Ha tenido que ocurrir el despertar de la juventud activista peruana, y de una ciudadanía globalmente conectada que ya es conocida como la «generación del Bicentenario» dentro y fuera del país; son estas personas quienes han convocado mediante una organización horizontal, viral y espontánea que utiliza las redes y las tecnologías cívicas, a ocupar las calles y no cesar en el reclamo de su derecho a expresarse y su deber en la defensa de derechos fundamentales para todos los peruanos.

Retrato de la activista trans Gahela Cari

Asambleas ciudadanas y participación digital

 

 ¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen, en muchos países, unos déficits alarmantes de representación democrática. Lo mismo ocurre con las formaciones políticas, que en democracias prostituídas son conformados por individuos que solo representan y gestionan intereses particulares y muchas veces fuera de la ley. Todo ello conduce al hartazgo y la desconfianza de los ciudadanos, muchos de los cuales estarían dispuestos a echar por la borda el Estado de derecho.

 

Cuando pensamos en la política, estamos acostumbrados a visualizar sus actores agrupados en torno a partidos políticos y como personas elegidas para ocupar las cámaras del Poder Legislativo en representación de su pueblo; también solemos identificar como políticos a quienes nos gobiernan desde el Poder Ejecutivo o en los diversos niveles de la administración del Estado. Sin embargo, para los ciudadanos del siglo XXI, la política ya no se limita a cumplir con el deber cívico de participar en los comicios cada cierto tiempo, lo que equivale a una consulta sobre quién debe estar al frente del Gobierno y los órganos del Estado nacional. Hasta el siglo pasado, podíamos esperar, a lo sumo, que se nos pidiera nuestra opinión en las encuestas o en las consultas elaboradas por los institutos nacionales de estadística; sus resultados suelen publicarse en sesudos informes que contienen las tendencias de opinión e ilustran las prioridades de los grupos sociales, clasificados según la demografía o el nivel socioeconómico de las entrevistadas. Nada más lejano del ideal de la democracia deliberativa, a no ser que consideremos las desaforadas discusiones parlamentarias como un ejemplo de ésta.

Hoy vivimos en tiempos en que los estados nacionales y sus democracias representativas se han visto debilitados —vaciados de contenido, incluso— por la aplanadora de la segunda globalización económica, y supeditados al inmenso poder de las corporaciones, que ha dado paso, a finales del siglo veinte, a la llamada sociedad tecnológica, considerada como nuestra cuarta revolución industrial. En este contexto, surgen preguntas y discusiones acerca de cómo deberían ser nuestras instituciones democráticas, dado el descontento que los ciudadanos sienten al verse excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre las prioridades que atañen a su vida diaria y sus comunidades, y muy especialmente, en tiempos de crisis climática.

¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen,  en muchos países del mundo, unos déficits alarmantes de representación democrática, cosa que con toda probabilidad, puede ser terreno abonado para la emergencia de gobiernos autoritarios y corruptos que actúan bajo el velo de instituciones supuestamente democráticas (por ejemplo, Bolsonaro, Trump, Maduro, Orban, Putin, Modi o el PCCh) pero debiltadas, y por ello, necesitadas de reformas; muchos de los caudillos «democráticamente elegidos» que hoy operan lo hacen favoreciendo cleptocracias ávidas que no se detienen ante ningún peso o contrapeso ni a las advertencias de los órganos de control democrático, sino que más bien son capaces de cooptarlos para sus propios designios, sembrando el odio y la división en la sociedad.

 

 Enter Civic Tech

Tras casi cuatro décadas de desarrollo de la sociedad en red, y con el cambio de paradigma operado por la  economía política de internet, hoy somos también testigos de la emergencia de las denominadas tecnologías cívicas. Estas comprenden el conjunto de herramientas o procedimientos validados y protocolos propios de las tecnologías digitales que posibilitan la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía con el fin último de mejorar la gobernanza y procurar el bienestar al interior de sus comunidades. Las tecnologías cívicas incluyen el software de aplicaciones cívicas (entre las que se cuentan las redes sociales), las plataformas digitales de las administraciones públicas y las instituciones, así como cualquier otro software destinado a tales fines.

Por otro lado, el movimiento de las Civic Tech busca revitalizar y transformar nuestras instituciones sociales básicas, recuperando la plaza pública (tanto virtual como presencialmente), y procurando el acceso a las tecnologías digitales para poder ejercer una democracia deliberativa y participativa, bajo el ideal de incluir a toda la ciudadanía sin distinciones.

 

¿Cómo participamos?

En política, los mecanismos de participación ciudadana pueden agruparse en tres: 1. La democracia directa (referendos e iniciativas al voto); 2. los mecanismos de participación propiamente dichos (consejos vecinales, presupuestos participativos) y 3. las asambleas sorteadas (Welp, 2020). La participación y sus mecanismos deben alimentar la opinión pública, y posteriormente, ello debe ser articulado en un sistema de participación que sea real y no instrumentalizada por el poder político encarnado en el gobernante de turno.

En un reciente trabajo, la politóloga Yanina Welpⁱ propone «una hoja de ruta para el análisis de los mecanismos de participación ciudadana, su relación con la formación de la opinión pública y su combinación con otras instituciones de la democracia representativa, en particular el gobierno, el poder legislativo y los partidos políticos. El objetivo es desarrollar una noción de ecologías de la participación que, en lugar de poner en competencia distintas instituciones participativas, explore cómo podrían articularse y qué condiciones deberían cumplir para contribuir fortalecer la democracia».

Un ejemplo de participación digital

Para conocer los avances en las diferentes modalidades de asambleas ciudadanas que se han convocado recientemente en Europa, el Decidim Fest invitó a Eloïse Gabadou de Open Source Politics, quien explicó el proceso de la AHYPERLINK "https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/"samblea ciudadana por el clima que tuvo lugar en Francia en 2019-2020. El componente de participación digital de esta asamblea fue diseñado por OHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"pen HYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"SHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"ource PHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"olitics en el entorno de la plataforma HYPERLINK "https://decidim.org/es/"DHYPERLINK "https://decidim.org/es/"ecidim y haciendo uso de Iramuteq, una herramienta de lingüística computacional que permite analizar textos y cuestionarios. 

Las Civic Tech pueden ampliar los mecanismos de participación ciudadana y validar los protocolos de toma decisiones, empleando criterios de inclusión y transparencia.

El contexto en que se convocó esta Asamblea por el clima en 2019, tras la aparición del movimiento social de los chalecos amarillos, es uno de creciente preocupación ciudadana por la emergencia climática, y de protesta por el impuesto a las emisiones de carbono, que formó parte de las medidas de transición ecológica adoptadas por Francia en 2018, lo cual generó el rechazo de amplios sectores sociales. Como respuesta del gobierno a esta situación se celebró el Grand Débat nacional, el primer ejercicio de democracia participativa a nivel nacional liderado por el Estado francés, y que fue criticado por su falta de transparencia en el algoritmo empleado y en la gobernanza del proceso. Al mismo tiempo, el presidente Macron se vio obligado a demostrar que daba respuesta a la emergencia climática, tal como lo había adelantado en su programa de gobierno como candidato presidencial en las elecciones de 2017. De esta manera, la Asamblea ciudadana por el clima se presentaba como una respuesta del gobierno, acorde con la promesa presidencial de abordar la acción climática.

 

La pregunta que se planteó en 2019 a la Asamblea ciudadana por el clima fue:

¿Cómo podría Francia reducir, para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% (con respecto a las emisiones de la década de 1990)?

Para responder a ello, se seleccionó de manera aleatoria a 150 personas con ciudadanía francesa, según unos criterios de género, edad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, territorio y zona geográfica. Se encargó a estas personas que definieran un conjunto de medidas que no  serían sometidas a ningún tipo de depuración; posteriormente serían sometidas a un referéndum o al voto en el Parlamento, o serían directamente aplicables en calidad de reglamentos.

La organización de la asamblea, celebrada en siete sesiones presenciales a lo largo de nueve meses y en torno a seis temas, tuvo un presupuesto de 5,4 millones de euros. El resultado final fue un documento de 400 páginas que incluye 149 medidas sobre el clima propuestas por la ciudadanía.

Durante las sesiones presenciales se organizó la deliberación y la entrega de información a la ciudadanía. Se puso a disposición de la Asamblea a expertos de los ámbitos de la economía y el derecho con el fin de facilitar durante el proceso de redacción de unas medidas que no tuvieran que ser depuradas una vez que éstas fueran presentadas, y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos. 

 Se facilitó la redacción de medidas que no tuvieran que ser depuradas y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos.

 

La capa de participación digital

La participación digital posibilitó una inclusión ciudadana más amplia durante el proceso. Asimismo, las ONG compartieron sus informes y ofrecieron datos que sirvieron para enriquecer la información relativa a cada uno de los seis temas. Por último, además del trabajo de los 150 miembros de la Asamblea, se publicaron una serie de informes intermedios en forma de síntesis, que incluían las contribuciones ciudadanas on-line y las de las ONG.

Se optó por desactivar los comentarios on-line de la herramienta digital y limitar a una sola contribución por participante en cada tema. Además, se aseguró la verificación de las ONG y los grupos participantes. La participación de estos tuvo un peso igual al de cada participante individual. Así primaba el criterio de la calidad de las contribuciones que recibieron los miembros, por delante de lo que habitualmente ocurre en la participación on-line, que suele dar más importancia a la cantidad de propuestas. De este modo, las sesiones presenciales de la Asamblea reflejaron un trabajo de gran calidad.

Es importante señalar que, a lo largo de todo el proceso de la asamblea, se dio prioridad a la participación presencial y no se enfocó exclusivamente en la participación digital. La secuenciación fue de gran importancia a la hora de diseñar el proceso de la asamblea, en donde se combinó el elemento participativo con la deliberación presencial de los 150 representantes. Para ello se consideró la herramienta digital como un medio enfocado hacia un fin en lugar de ser ella misma un fin. 

 El debate en la asamblea abordó cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas

 

Como punto esencial, la transparencia fue considerada como un principio y una norma básica en el proceso digital. La transparencia debía ser el criterio rector de las reglas (razones por las que se adoptan la plataforma digital, los métodos de selección aleatoria, los pasos del proceso y los resultados esperados). Asimismo, las herramientas empleadas con los dos programas de software libre y de código abierto (Decidim e Iramuteq) debían ser transparentes si se quería producir finalmente una Convención como resultado de la asamblea. Todo ello era una condición necesaria para estructurar el debate on-line y para analizar las contribuciones.

Gabadou señala que no corresponde al equipo desarrollador de las herramientas evaluar los resultados de la Asamblea ciudadana. Por esta razón, prefirió centrarse en analizar los aspectos de su diseño y las decisiones que condujeron a su adopción. Sin embargo, recordó que durante el debate de la asamblea se abordaron cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas en algunas cuestiones; este fue el caso  de la restricción de vuelos comerciales de menos 2 horas, que pasó a asignarse para los vuelos de menos de 4 horas; o la aceptación de solo 146 (o incluso menos) medidas de las 149 que fueron finalmente presentadas por la asamblea.

Durante todo el proceso de la asamblea, los expertos encargados de la participación digital constataron la necesidad de hallar un nuevo equilibrio entre el poder ciudadano, por una parte, y el poder del Gobierno, por otra. Finalizada la Asamblea, sus 150 miembros se han constituido en una ONG y hoy cuentan con una plataforma especialmente diseñada para ellos con el fin de hacer seguimiento de las acciones de Gobierno en la materia. También se puso en circulación una petición de firmas para que se garantizara la implementación de las medidas resultantes de la asamblea (o de la Convención, como se denomina en francés), la cual es hoy reconocida como un buen ejemplo de deliberación a nivel nacional. Al mismo tiempo, se inició un debate sobre la posibilidad de reproducir con éxito la misma dinámica a nivel local, y sobre cuáles serían los requisitos para ello.

En conclusión, cabe destacar el alto grado de sistematización de la información alcanzado por esta asamblea, así como la calidad de las propuestas producidas y debatidas a lo largo de nueve meses; además, su apuesta por la transparencia y el uso del código abierto en el diseño, así como el procesamiento de los datos y la inteligencia colectiva resultante, abre caminos para la innovación democrática. 

Como experimento de participación digital y democracia deliberativa, con uno resultados que sus instituciones políticas no podrán ignorar, la Asamblea ciudadana por el clima será sin duda un referente e inspiración para futuras iniciativas dirigidas a revitalizar nuestras democracias y hacerlas más participativas.

i Welp, Yanina: (2020), «De expresar la bronca a promover el cambio», Serie ʻLa democracia importaʼ, Asuntos del Sur

DECIDIM Fest

 

Democracia y tecnología en tiempos de emergencia

Del 18 al 20 de noviembre de 2020

Un encuentro on-line producido desde la ciudad de Barcelona por la plataforma digital de participación ciudadana decidim

• 11 exposiciones temáticas

• 3 diálogos

• 5 Paneles con presentaciones

  Y un espacio digital para conocer a personas expertas en tecnologías cívicas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil

¿Qué es decidim?

Decidim es una plataforma de participación ciudadana de código libre y abierto para ciudades y organizaciones. Pero Decidim es también más que una plataforma digital: es un proyecto y una infraestructura abierta que incluye código, documentación, diseño, formación, un marco legal, interfaces colaborativas, una comunidad de usuarios y facilitadores y una visión global.

Preguntas frequentes decidim

Decidim web

5w intro:

Del 18 al 20 de noviembre tendrá lugar el Decidim Festival, un encuentro online de la plataforma digital decidim (que hoy cuenta con organizaciones y ciudades participantes en el mundo dedicadas a la innovación democrática mediante las tecnologías cívicas, las redes digitales y el empoderamiento ciudadano.

Desde su implantación por diversos gobiernos locales y regionales (la ciudad de Barcelona, los gobiernos municipales de Ciudad de México y Helsinki o la regiones del Loira y Nueva Aquitania en Francia y Quebec en Canadá, entre otras), esta herramienta de participación ciudadana que funciona como una plataforma de software libre y de código abierto, ha sido adoptada por diversas organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos ciudadanos. A través de asambleas, consultas, iniciativas y procesos realizados on-line entre sus integrantes, buscan introducir la tecnopolítica en el ADN de las democracias del siglo XXI, las cuales requieren hoy cambios urgentes que pasan por tener una infraestructura digital democratizada.

A lo largo de tres días, el programa de Decidim Fest ofrecerá la transmisión digital en directo de 20 diálogos, paneles y talleres con un elenco internacional de personas expertas, instituciones y activistas en temas como la democracia participativa, la justicia de datos, el internet feminista o los derechos humanos en tiempos de pandemia. Además, el encuentro facilitará un espacio digital para hacer contactos o networking a lo largo de los tres días que dura el evento.

¡Únete y participa en el Decidim Fest!

Inscripciones

 

Sesión del Decidim Fest 2019 sobre la economía política de los datos: Antonio Calleja (investigador IN3/UOC), Liliana Arroyo (ESADE), Mara Balestrini (Ideas for Change)

 

Sobre arte, activismo y espacio público

Un resumen comentado de las ideas y reflexiones ofrecidas por Avram Finkelstein del Colectivo Gran Fury y miembro de ACT UP Nueva York

El espacio público ha sido el lugar idóneo para desarrollar las estrategias de comunicación que impulsan las más diversas causas sociales y políticas en democracia. Por supuesto, cuanto más obstáculos a los derechos fundamentales, mayor ha sido el riesgo de ver censurado el mensaje de una campaña, ya sea en los medios o en la calle; ello obliga a aplicar más ingenio en las tácticas empleadas. Evadir la represión es conseguir colocar el mensaje en la esfera pública con el fin de lograr los cambios sociales, económicos o políticos que se reclaman.

Han transcurrido tres meses desde que la pandemia del SARS-CoV-2 pusiera al planeta entero en emergencia sanitaria. A pesar de las restricciones a la movilidad de las personas, diversos movimientos continúan expresando su malestar frente a las diversas emergencias que parecen agravarse en tiempos de pandemia: Extinction Rebellion y su llamado a responder a la emergencia climática y ecológica; Black Lives Matter que exige poner fin al racismo institucional o la convocatoria #Niunamenos de lucha contra el feminicidio.

Los brotes simultáneos de la Covid-19 en el mundo han revelado la fragilidad de los sistemas de salud pública y su capacidad de hacer frente a un reto sanitario de dimensiones globales. No hay país que no haya enfrentado problemas en su infraestructura hospitalaria o en la creación de equipos de detección, preparación y respuesta a la pandemia desde la salud pública. A ello se añade la urgente necesidad de crear capacidades para seguir adelante con la investigación en pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas del coronavirus.

A inicios de mayo, se concretó un esfuerzo internacional en el marco del sistema de Naciones Unidas que permitirá obtener el acceso mancomunado a las tecnologías para hacer frente a la Covid-19. La iniciativa es imprescindible y del todo coherente con los acuerdos por conseguir a nivel mundial los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.

Activistas convocados por el Center for Artistic Activism (C4AA) y la Alianza de Universidades por los Medicamentos Esenciales (UAEM) han creado la campaña Liberar la vacuna para la Covid-19. La iniciativa cuenta con más de 300 activistas a nivel mundial con un objetivo ambicioso: conseguir que todas las tecnologías de diagnóstico, tratamientos y vacunas para el coronavirus que sean financiadas con dinero público tengan un precio asequible para los sistemas de salud y estén disponibles y suministradas sin coste alguno en el mundo entero.

Los organizadores de la campaña entrevistaron a Avram Finkelstein para conversar sobre colectivos de activistas y campañas públicas. Finkelstein fue uno de los fundadores de ACT UP, creada en Nueva York en 1987 como una organización de base comunitaria (ACT UP en español significa 'actúa', pero es a la vez el acrónimo de ʻAids coalition to unleash powerʼ - coalición del Sida para liberar el poder). El colectivo artístico Gran Fury también fue parte del activismo de esa época, como creadores de los carteles y las campañas más impactantes en las dos primeras décadas de lucha por la información y prevención del VIH/Sida, los tratamientos y los derechos del paciente en EE.UU.

A inicios de la década de 1980 aparecieron los primeros casos del entonces desconocido virus del SIDA en EE.UU. A medida que se fue haciendo conocida la alta letalidad y mutabilidad del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y sus formas de transmisión, las comunidades LGTBI — las más diezmadas por el virus — se organizaron en diversas ciudades del mundo con el fin de frenar la pandemia.

Desde entonces 35 millones de personas han muerto por causa del Sida desde 1981. Aunque hoy en día existen tratamientos inhibidores del VIH, todavía son muchos los países que luchan por el acceso a los medicamentos y tratamientos en sus sistemas de salud. Hasta la fecha no se ha conseguido crear ni fabricar una vacuna que prevenga la infección por VIH aunque hoy se puede conseguir una carga viral indetectable en las personas seropositivas.

Finkelstein compartió sus reflexiones sobre lo que él denomina la «producción cultural colectiva» en el activismo artístico. Para ello se centró en los carteles que formaron parte de campañas más extensas los años 80 y 90, encaminadas a lograr políticas públicas específicas en el ámbito de la salud: 'SILENCE = DEATH' (silencio = muerte), 'Enjoy AZT' (disfrute AZT) y 'Women don't get AIDS - They just die from it' (las mujeres no contraen el Sida, solo se mueren de él) .

Participaron en la conversación Steve Lambert, Rebecca y Merith Basey, impulsores de Free the Vaccine Covid-19.

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Para entender la forma en que un colectivo puede crear mensajes directos que inciten a la acción o despierten la conciencia), es preciso detenerse en el «cerebro colectivo» del grupo y en sus procesos colaborativos.

La escucha es tanto o más importante que la elaboración del mensaje propiamente dicho. Escuchar quiere decir entender cómo es el lenguaje corriente o llano; y ser capaz de reproducirlo en los mensajes que se busca difundir. La escucha atenta a lo que el colectivo diga en su proceso participativo nos permite entrever el mensaje. Y este puede surgir como un chispazo de ingenio, o bien como una frase de apariencia anodina pero significativa, rechazada o aplaudida por el grupo.

Por otro lado, los espacios públicos son el equivalente físico al diálogo civil: no solo se trata de emitir mensajes sino también de escuchar lo que dice la calle. En el espacio público se presupone la existencia de un público que escucha, y por eso se espera que éste responda a los mensajes lanzados, aunque ello no sea tan evidente de primera mano.

Para Finkesltein, «la escucha es también la clave de la producción cultural. Para que exista la colectividad, tiene que producirse primero un acto de equilibrismo en la cuerda floja que comporta saber cuándo hay que escuchar y cuándo posicionarse. Para entender cómo debemos construir un mensaje, se necesita tener el oído afinado».

Codificar las imágenes

Existen mensajes que pueden ser complicados de trasladar por el tipo de palabras que se emplean. En esos casos, la imagen codificada puede facilitar la comprensión del mensaje. Para describir este proceso, Finkelstein toma el ejemplo del cartel de campaña 'Enjoy AZT' (disfruta AZT) creado en 1988. Fue ideado para asemejar un anuncio que «ocupaba» la marca comercial de la Coca - Cola. La idea era explicar las complejas formas de acaparar riqueza que tiene la industria farmacéutica. Al mismo tiempo, el cartel reflexionaba sobre la eficacia del medicamento (se sabía que funcionaba solo en un 50 % de los pacientes, que era muy tóxico y tenía serios efectos secundarios).

Analizado en retrospectiva, Finkelstein considera que 'Enjoy AZT' no era un anuncio lo suficientemente fuerte para el espacio público: «Ocupábamos la marca de la bebida, pero en ese tiempo las compañías farmacéuticas no podían anunciarse en espacios comerciales. Por tanto, la historia del mensaje era doblemente compleja... porque los anuncios de medicamentos eran una novedad en el discurso público».

El cartel también incluía un texto en letra pequeña, en forma de réplica a la imagen: IS THIS HEALTH CARE OR WEALTH CARE? (cuyo mensaje en español se traduciría como: ¿cuidar la salud o cuidar la riqueza?). Al estar escrito en lenguaje llano, el público lector podía acceder a datos específicos de por qué el AZT debía importarles, y de cómo este podía afectar sus vidas.

Para ello se evitó el uso de cualquier clase de argot empleado en los ámbitos la política, la academia o la organización de campañas. «Es muy importante que el texto de cualquier campaña vaya siempre escrito en lenguaje llano», señala.

Rememorando las circunstancias de las revueltas ocurridas en 1988 en el East Village de Nueva York, Finkelstein opina que su colectivo no detectó el largo aliento que podían tener las campañas. Pero otras patrullas de activistas se dedicaron a coleccionar una serie de carteles colocados en calles y edificios para llamar la atención sobre los múltiples problemas que se vivían localmente. Además de las personas con VIH, estaba la situación de los usuarios de drogas inyectables, de las personas sin techo, los desplazados y el imparable avance de los proyectos de gentrificación inmobiliaria en Manhattan. Muchos de los integrantes de ACT UP vivían en ese mismo barrio.

Toda una generación de fotógrafos se dedicó a documentar los grafitis que la gente añadía a los carteles. Los activistas escucharon esos comentarios para afinar sus mensajes, mucho antes de la invención del muro de Facebook y otras redes sociales. Y en toda esa efervescencia que contenía denuncias y llamados a la acción, la clave parecía residir en elaborar mensajes universales en un lenguaje llano; llamar la atención sobre algo que formaba parte de un problema social más amplio.

El logo 'SILENCE = DEATH', que ilustra el histórico cartel de sensibilización sobre la pandemia del Sida, es un ejemplo de cómo, varias décadas después, la gente sigue utilizando el signo de igualdad (=) como una forma abreviada de lenguaje en el espacio público. «No sé si se nos ocurrió a nosotros primero, pero sí puedo decir que la idea de crear equivalencias morales de una manera visualmente compacta fue nuestra. Entonces decíamos, medio en broma, que habíamos creado la versión años ochenta de las 'caritas felices' (el smile o happy face del arte Pop americano de los sesenta). SILENCE = DEATH tiene un icono (el triángulo rosa que identificaba a los homosexuales en la Alemania nazi) y un mensaje. También contiene una réplica y un llamado a la acción».

El pie del cartel contiene cosas muy específicas, y además, prepara el terreno para el siguiente cartel, en una serie de tres, que era una invitación a la revuelta durante las elecciones al Congreso en 1988. Y fue por esa razón que nuestro trabajo se hizo de manera anónima. Pero al poco tiempo apareció ACT UP y empezamos a trabajar en coalición. En nuestras conversaciones combinábamos los temas del racismo, el sexismo y la homofobia. Y también se insinuaba el tema del genocidio».

Cada trabajo debe se considerado como una frase que da inicio a una conversación social más amplia. Es lo que permite que haya espacio para moverse y que tenga una mayor duración.

La narración en el contexto del capitalismo

En cualquier sociedad democrática, la esfera pública ha sido tradicionalmente el espacio para el relato. El uso de los espacios sociales y la dinámica que se crea en ellos ha sido objeto de estudio para los historiadores. Y en la fase tardía del capitalismo en que hoy nos encontramos, el relato se usa para vender productos, reputaciones y políticos.

Aquí cabe apuntar que en la era de la posverdad instaurada en nuestra sociedad de la información digital, se encuentra el poder que maneja los medios de producción de verdad en base a los denominados «hechos alternativos». Este puede preparar el terreno abonado con mentiras para influir con su propaganda en la opinión pública y hacerla maleable a sus intereses. Hoy son aún más vigentes que nunca las preguntas con las que Hannah Arendt abría sus reflexiones sobre verdad y política en 1967:

¿Qué clase de realidad puede atribuirse a la verdad, si esta es impotente en el ámbito público, el cual, más que ninguna otra esfera de la vida humana, garantiza la realidad de la existencia a los hombres que nacen y mueren?[...] ¿acaso la verdad impotente no es tan despreciable como el poder que no presta atención a la verdad?

El cartel de 'Women don't get AIDS'

Foto: Timothy P. Karr

«Este cartel fue producido en 1991. Es un buen ejemplo de lo importante que es tener una frase inicial para captar el tiempo suficiente la atención del público — algo que no siempre se consigue. Además, el texto está en lenguaje llano y es muy fácil de entender, lo cual hace que el lector reflexione: ʻ¡Oh, Dios mío! Esto no lo sabíaʼ. No se pretende hacer un análisis científico de los datos que justifican la necesidad de producir el cartel. El texto solo explica de una manera sencilla que existe un sesgo de género, tanto en la investigación científica como en el desarrollo de los medicamentos... y todo esto mientras alguien lee el cartel que está pegado en el paradero de su autobús. Ese es el objetivo. ¿Pero cómo se hace? ¿Cuál es el ʻganchoʼ?

«A continuación viene un texto expositivo que describe la complejidad del problema en dos o tres frases. Lo suficientemente claro y conciso para entender cómo les afecta esta cuestión.

«El cartel formó parte de una campaña desarrollada en múltiples facetas durante 4 años. Hay que pensar que todas las acciones previstas están relacionadas con esto. No fue solo el cartel lo que consiguió el objetivo de hacer que se cambiara la definición médica del VIH/Sida. Quienes consiguieron el cambio fueron las miles de personas que trabajaron durante años en la campaña. Y el cartel era un elemento explicativo más que hacía pública una realidad.

Al elaborar una imagen, lo que debe hacerse primero es definir el público receptor; lo segundo es definir la historia que les vamos a contar.

«El comité de mujeres de ACT UP en Nueva York había documentado una serie de realidades sobre el impacto del VIH en la población femenina. Pero el Centro de Control de Enfermedades (CDC, en inglés) no estaba incluyendo en su definición del Sida las manifestaciones de supresión de las defensas que afectaban comúnmente a las mujeres. Y así transcurrieron 12 años desde que se iniciara la pandemia. Tampoco se incluía a las mujeres en los ensayos clínicos ni se les hacía seguimiento en el sistema sanitario. Se pensaba que las mujeres no se infectaban con el virus.

«El comité de mujeres publicó un manual sobre mujeres y Sida, Women and Aids, y después una Agenda para la investigación y los tratamientos del VIH/Sida. Estos informes hicieron una crítica contundente de los principios de vigilancia epidemiológica que por entonces se manejaban en el CDC».

El colectivo como fuerza impulsora del cambio social

«La acción colectiva fue la que obligó al CDC a extender la definición del Sida. Con ello las mujeres y los usuarios de drogas intravenosas fueron incluidos como poblaciones afectadas. ACT UP entabló una demanda colectiva contra el Seguro Social en representación de las mujeres que no habían obtenido una indemnización al no ser reconocidas como enfermas de Sida. La demanda fue suscrita por el Colegio de médicos de EE.UU. (AMA, en inglés) y se hizo presión con una carta de adhesión que fue publicada en un anuncio a página completa en el New York Times.

«También es colectivo el pensamiento que impulsa las campañas. Las propuestas de campaña no se presentan como una maqueta o bosquejo que debe ser aprobado o rechazado por alguien. Hay un proceso de elaboración grupal que incluye un momento en el que se hace una lluvia de ideas — pero sin obsesionarse con ninguna idea en particularʼ, puntualiza Finkelstein. Se trata de mantenerse receptivos a lo que dicen los demás, de escuchar atentamente.

«Nos han educado a pensar en el espacio público como una instancia declarativa, cuando en realidad deberíamos pensar en cómo ese espacio nos interpela».

En tal sentido, el trabajo en equipo, las colaboraciones entre colectivos distintos, son importantes, pero también requieren un análisis crítico. Por ejemplo, el colectivo Gran Fury había sido una comisión de trabajo abierta dentro de ACT UP. En el primer proyecto había 50 personas trabajando que entraban y salían en cualquier momento. A la larga, el trabajo como comisión se hizo inviable por la dificultad para tomar decisiones. Sin embargo, Finkelstein reflexiona con satisfacción sobre el alto poder de comunicación que consiguió su grupo, y la efectividad de las dinámicas aplicadas en las reuniones de trabajo.

«Por ejemplo, la lluvia de ideas y el enfoque en la escucha al poner las ideas sobre la mesa. El trabajo empieza cuando se tiene todo dicho y cada participante se deja empapar por las ideas, algunos toman notas y empieza la labor de edición. El colectivo debe trabajar como un organismo en el que cada integrante tiene su función. Sin embargo, el desorden es también parte de cualquier trabajo creativo, o incluso de las tareas del activismo. Y no hay que asustarse ante la perspectiva del fracaso».

Un elemento de cohesión para el trabajo del activismo creativo es que los miembros del colectivo se consideren como parte de una familia en la que todos están involucrados en la construcción de un texto. También es posible poner en práctica el «cross-editing» en que, agrupadas en parejas, las personas se revisan mutuamente el texto o la frase que se les ha ocurrido. Luego se vuelve al grupo y se comparte. También sirven los grupos de tareas concretas, que después deben comunicar lo realizado a todo el grupo para tomar una decisión como colectivo.

La democracia interna del colectivo

Se puede seguir el consenso general cuando hay desacuerdo entre los miembros. Es un consenso más informal. Pero también se debe pensar en las estrategias de votación. Y estas deben ser acordadas en el momento en que el grupo inicia su actividad.

Los votos o sondeos por mayoría, si son a mano alzada, pueden ser problemáticos para las relaciones comunitarias; algunas personas podrían resistirse a revelar su opinión personal. Sin embargo, la mano alzada funciona para personas con menos compromiso en el grupo. Este es el caso de quienes solo participan en algún aspecto concreto del proyecto. Hay que tener en cuenta que los niveles de participación pueden ser variables aunque exista un compromiso general con el proyecto.

El voto por mayoría presenta algunos problemas cuando hay diferencias de poder; cuando una minoría es excluida por un grupo mayoritario. Y por supuesto, siempre es mejor que el número de participantes en el colectivo sea impar.

Algunas alternativas para evitar los diferenciales de poder son: el voto múltiple o por preferencia, que permite proceder por reducción de opciones en los supuestos que se discuten. Esta votación ayuda a adoptar una decisión de una manera más rápida cuando se producen tensiones acerca de un contenido concreto.

Por último, se puede recurrir a las votaciones por vueltas, en la que las opciones que alcanzan la puntuación más alta vuelven a votarse.

Steve Lambert propuso una modalidad adicional, recogida en una experiencia propuesta por Mabel De Gries en otro colectivo de activismo artístico de San Francisco: el derecho a reclamar una «voto apasionado». Cada persona tiene la posibilidad de proponer una votación adicional que puede incluso anular un Sí o un No previamente votado. No es obligatorio proponerlo, sino como recurso cuando alguien piensa que el grupo está adoptando un camino errado. Solo debe usarse en un grupo cohesionado donde exista confianza mutua.

Entrevista a Claudia Vaca González

Entrevista a Claudia Vaca González, directora del Centro de Pensamiento sobre Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 

 

Foto: David Morales

El reciente llamado del presidente Alvarado Quesada de Costa Rica, a crear una reserva de patentes a nivel mundial frente a la pandemia de Covid-19 motivó que pidamos las opiniones de actores de América Latina en temas de salud y medicamentos. 
Preguntamos a Claudia Vaca sobre su participación en DIME, un proyecto que ofrece a los tomadores de decisiones en salud una información validada, comparada e independiente sobre precios, cobertura, competencia, uso racional y evaluación de las tecnologías sanitarias (ETES) y los medicamentos.

 

¿Qué es el proyecto DIME? 

Muchas gracias por habernos contactado. Eso significa que estamos llegando a una comunidad que está interesada en informarse. DIME es una iniciativa que involucra tres elementos que yo creo que deberían promocionarse para mejorar el acceso a los medicamentos y las tecnologías de la salud, para que el derecho universal del acceso a la salud se haga realidad.

En primer lugar, DIME es una comunidad de prácticas integrada por personas independientes que trabajan en temas de acceso, políticas farmacéuticas, investigación clínica, evaluación y análisis económico. Participan en esta comunidad personas de más de 8 países de la región latinoamericana que se dedican a la enseñanza universitaria, la academia o la investigación. También hay funcionarios de gobierno, responsables de la toma de decisiones en políticas públicas desde una perspectiva técnica, y personas que trabajan con las ONG en estos temas.

 

Pero ¿DIME es también un repositorio de conocimiento del sector biomédico?

Desde nuestra comunidad de prácticas hemos desarrollado una plataforma digital con información que se pone a disposición para [alimentar] las discusiones y aproximaciones y para informar según la misión de DIME: ofrecer información comparada, validada e independiente, que permita las tomas de decisiones en el sector salud relativas a los precios y otros aspectos de evaluación de las tecnologías sanitarias o los medicamentos.

Por último, DIME se encarga de elaborar piezas o documentos de política pública, recomendaciones, informes analíticos y reseñas sobre normativas (policy briefs) para facilitar la toma decisiones en cada país.

«El tema del acceso al conocimiento se vuelve relevante cuando hablamos de monopolios como las patentes».

Nuestro trabajo se basa en la gestión del conocimiento, y en el caso de Covid, estamos volcados en tratar de hacer disponibles los repositorios de información independientes que no tengan sesgos de financiación o de conflicto de intereses. Tenemos un repositorio de evidencias sobre diferentes temas: medicamentos, pruebas diagnósticas, intervenciones no farmacológicas, para que las personas que toman las decisiones encuentren toda la información sobre esto. Y en particular, sobre los precios, que es un tema muy relevante sobre el cual la gente y los gobiernos pueden tener acceso. Y dentro de los precios, el tema determinante fundamental es evaluar o valorar cuándo hay competencia o cuándo hay monopolio.

El tema del acceso al conocimiento se vuelve relevante cuando hablamos de monopolios como las patentes. Por eso el tema de la propiedad intelectual, las patentes y la declaración del presidente de Costa Rica se volvió un asunto de nuestro más grande interés y lo movilizamos mucho a través de nuestra plataforma de internet.

 Sobre la pandemia en la región ¿cuál es la situación actual en América Latina?

Los brotes y la incorporación del coronavirus en América Latina, tardaron por un tema de fronteras, de traslado, a pesar de lo acelerado de su expansión en un mundo global. Ocurrió con sus tiempos y sus movimientos.

Hay suficientes barreras entre Asia y nuestra región para que los aprendizajes que se dieron tanto en Europa como en Asia los pudiéramos masticar con más tiempo. Pero estamos hablando de unidades de tiempo aceleradísimas y las cosas pueden cambiar radicalmente de una semana a otra. En principio tenemos una llegada de la pandemia que está retrasada con respecto a Asia y otros países. Pero la forma como se ha extendido y la forma como han respondido los países varía muchísimo. Creo que esto tiene un elemento de economía política grande. Los gobiernos de derechas y los negacionistas tuvieron una aproximación completamente diferente a la de los gobiernos que eran un poco más abiertos o que decidieron optar por equipos asesores técnicos para manejar la pandemia, y esa es la diferencia grande entre los países. Y bueno, también están las capacidades de los sistemas de salud, que es un factor que no se tiene que olvidar nunca.

A inicios de mayo se conformó una alianza internacional para la covid-19 impulsada por Noruega, Italia, Alemania, Francia y la UE ¿qué papel pueden y deben jugar los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad científica de América Latina en un momento en también se prevé una fuerte recesión en las economía emergentes?

La noticia del acelerador de herramientas para la Covid-19 impulsado por la OMS es como un solaz, como una tranquilidad de un esfuerzo de coordinación frente a una pandemia que nos está tocando a todos. Es decir, las respuestas individuales y aisladas tal vez no tienen sentido cuando nos estamos enfrentando a la problemática de una pandemia global. Y cuando pareciera que hubiese ausencia de instrumentos y de esfuerzos de coordinación, aparece esto, creo que por esfuerzos del Gobierno de Costa Rica, como el acelerador fundamental, como respuesta a las decisiones de algunos países como EE. UU., de tratar de ponerle un ultimátum a la OMS, que sería el único organismo  —con todas sus críticas o sus fallas—  el único organismo capaz de generar esa coordinación.

Yo creo que sí es un solaz, una luz de aliento sobre la coordinación. Pero creo y me temo que los países de América Latina no están jugando un rol determinante en este espacio, me parece que hay una supremacía, un elemento dominante de los países del Norte y de la UE en general que hace que preocupe la ausencia de países del Sur, tanto de América Latina como de África y algunos países que están con complicaciones muy fuertes con respecto a la pandemia, como India u otros países de Asia.

Entonces esa es la preocupación más grande: no veo al Sur presente, no veo a los organismos de los países del Sur presentes ahí... y creo que América Latina, por la fragmentación de las posturas, y también por la diversidad del desarrollo de las respuestas y de las capacidades de investigación y desarrollo, es difícil que se incorpore. Creo que habría que buscar algún espacio latinoamericano que a su vez haga un lobby en la OMS para que sean más escuchados y sean más consideradas esas capacidades de la región.

Sobre el tema del acceso a pruebas diagnósticas del coronavirus en América Latina. ¿Qué importancia tiene el acceso a la prueba y cuáles son las posibles estrategias que se están considerando para la región?

Las pruebas diagnósticas tal vez están en su momento más crítico a nivel global, no solamente en términos de acceso y disponibilidad. Es un tema de los países de América Latina, de EE.UU. y muchos países del Norte que no han podido acceder rápidamente a las pruebas, pero ya se está supliendo el mercado global un poco. No hay coordinación de América Latina, pero existen por lo menos tres países que están desarrollando capacidades propias en la aplicación de pruebas: es decir, importación, aplicación, desempeño y testeo de los pacientes: Colombia, Chile y Argentina; los países de la CAN también, pero tenemos menos información. Quizás haya otros laboratorios que testeen y que tengan capacidad de importación de pruebas, pero además, Colombia en particular, ha realizado esfuerzos por producir ciertos reactivos diagnósticos que son determinantes para el desarrollo de las pruebas; es decir, no es suficiente con importar el test que se vaya a hacer, sea molecular o sea serológico. También en algunos casos se requiere por un lado la validación de las pruebas serológicas, y por el otro lado, producir ciertos reactivos para poder realizar el análisis final de las muestras. Colombia está desarrollando estas capacidades. Al respecto, DIME ha emitido una nota sobre disponibilidad de precios y de datos sobre la oferta y el resultado de pruebas diagnósticas en América Latina; también publicaron un resumen sobre lo que Colombia está haciendo para la producción de reactivos diagnósticos, que me parece que también es válido porque esto querría decir que las barreras grandes de dependencia tecnológica podrían superarse si se logra rápidamente poner a punto estas capacidades de producción propias.

¿Y estar en condiciones de desplegar las pruebas diagnósticas en los sistemas de salud pública?

Bueno sí, pero esto revela que hay unas capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, que en un momento de pandemia se logran. Digamos que es una muestra de que existen capacidades y que es posible responder a una circunstancia de salud pública priorizando los recursos de la I+D, con menos intereses comerciales y más prioridades de salud pública.

 

    Criba de resultados en laboratorio. Foto: Daniel Soñé Photography / CC BY

 

Existen kits de detección y diagnóstico molecular PCR, como el desarrollado por el hospital universitario de La Charité en Berlín, con protocolos ya disponibles en el repositorio europeo de virus EVAg. ¿Sabe si están siendo desarrolladas estas pruebas en la región?

No conozco sobre ese test en particular. Pero nosotros estamos llamando, desde la nota del DIME sobre pruebas diagnósticas, a que se haga una disponibilidad completa de datos abiertos para garantizar la producción tanto de las enzimas que se requieren para hacer el procesamiento de las muestras en PCR como el acceso a los propios tests; y que se facilite que los países puedan desarrollar sus propias capacidades. En dos boletines de DIME se ha puesto en público conocimiento lo que han logrado los países con las empresas, en especial con [los laboratorios] ROCHE, lo que no ha sido por voluntad específica de ellos, sino por presión de los gobiernos, que advirtieron sobre las posibles sanciones por mantener secretos comerciales sobre una información que es de interés público. Y esto ha dado paso a que algunas otras empresas como 3M pusieran a disposición en un repositorio abierto todos sus diseños de respiradores patentados por ser considerados también insumos esenciales en estos momentos de la pandemia.


En especial los gobiernos de Holanda y Alemania advirtieron a ROCHE, que protegía el secreto industrial de sus productos, sobre posibles sanciones por competencia desleal y daño a la comunidad. Aún así, parece que ROCHE no puso a disposición los últimos modelos, sino los diseños anteriores, lo cual posiblemente no fuera tan útil. Pero esto es un ejemplo de la importancia de hacer pública esta información, que es precisamente lo que pedía Costa Rica desde el principio.

«Las fisuras  y fallas del modelo de innovación basado en patentes: el monopolio que da la patente como un incentivo no fue útil para la pandemia».

 

¿Cree que, a partir de la emergencia del SARS-CoV-2, habrá un cambio en las estrategias para fijar el precio de los medicamentos?

Pues a partir de la pandemia, ya son siete los países que han declarado que todos los medicamentos y todos los insumos y tecnologías médicas son de interés público, y que los gobiernos están dispuestos a emitir licencias obligatorias tanto sobre las patentes conseguidas como sobre las patentes que se vienen. Esto incluye a Alemania, a países del Norte que tenían unas posturas bastante proteccionistas sobre la propiedad intelectual. Es una señal interesante sobre las fisuras, las fallas que tiene el modelo de innovación basado en patentes porque eso significaría que el monopolio que da la patente como un incentivo a la innovación no fue útil para la pandemia; que incluso los países que han establecido esquemas rigurosos están siguiendo esquemas de flexibilidades [bajo los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio], o incluso de excepciones. Yo creo que eso es una señal ya de por sí muy interesante. Ahora bien, que eso sea real y que se traduzca en precios bajos, está por verse.


El pulso que se viene no es por el anuncio de la declaración de flexibilidades o de excepciones a las patentes... el pulso va a estar en cómo se van a subir los precios. Esas decisiones de los países fueron tomadas porque anticipaban el hecho de que varios de los medicamentos y dispositivos que iban a requerirse en la pandemia estaban siendo protegidos por patentes; o sea que fue una salvaguarda rápida de los países para que estos productos no estuvieran sujetos a un monopolio.


Hay indicios sobre posibles registros, de un medicamento de Gilead que se llama remdesivir, que no está registrado en ninguna parte del mundo. El viernes pasado la FDA (agencia estadounidense del medicamento y la alimentación) le dió el registro de emergencia rápida. Una empresa que no se ha destacado por tener precios justos ni por ceder frente a sus patentes... ha sido bastante agresiva en sus estrategias de patente. La primeras estimaciones que se hacen sobre este producto — que todavía no sabemos si sirve o no —, hablan de 4.500 dólares por tratamiento que podría usarse en pacientes graves de Covid-19, un precio inaccesible para el volumen en que se requeriría, a juzgar por el número de pacientes que están ingresando en los hospitales, y que pudieran complicarse.


O sea que estamos en el primer paso para declarar flexible el monopolio y todavía hay un trecho para saber si los precios van a ser justos o no. Y no sabemos qué tanto se va a mover fuerte Gilead para que acepte liberar el producto y hacerlo de acceso disponible sin derechos de exclusividad en todos los países. Estamos en la mitad del camino y en los picos de la pandemia...en la cresta de la ola de la pandemia y en la mitad del camino sobre el acceso. Esto es muy complejo porque estamos retrasados en las decisiones en el avance de la pandemia.