06 mayo 2020

El conocimiento biomédico como bien global de la humanidad

La emergencia del coronavirus actualiza el debate sobre la vigencia de un sistema de innovación que choca con las prioridades y la sostenibilidad de la salud pública 

 


Aplicación de la vacuna de la meningitis A (Foto: Rodrigue Barry OMS)

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia del coronavirus SARS_CoV-2. Para entonces, el virus ya se había propagado desde su origen, en China, seguido de los brotes epidémicos en Europa tras su paso por Irán. Asimismo, empezaron a llegar noticias de los primeros casos de contagio en América del norte y del sur. 

Pocos días después, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, envió una carta a la OMS, en la que proponía la creación de una «reserva de patentes a nivel mundial para la covid-19», señalando la importancia de disponer de «un repositorio del conocimiento existente en relación con las pruebas de diagnóstico, los dispositivos, medicamentos o vacunas» para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

La propuesta del presidente Quesada se inspira en la reserva de patentes Medicine Patents Pool (MPP), formada en 2010 con el respaldo de la ONU. La MPP tiene como objetivo facilitar el desarrollo de medicamentos para la TB, el VIH y la hepatitis C e incrementar su disponibilidad a precios asequibles para los países de ingresos medios o bajos. También han expresado su respaldo a la carta de Costa Rica: DIME, el mecanismo regional de datos para tomar decisiones informadas en el abastecimiento de medicamentos en América Latina, y las ONG de gestión del conocimiento y datos digitales Knowledge Ecology International (Canadá y EE.UU.) y Commons Network (Unión Europea).



Las claves económicas y políticas del alto coste de los medicamentos:1. Las presiones financieras para incrementar los precios; 2. El poder de monopolio, que los fija por encima del precio que pueden asumir los sistemas de salud


Un artículo publicado por Commons Network después de conocerse la propuesta de Costa Rica a la OMS explica cómo la pandemia ha hecho visible el conflicto existente entre el negocio biomédico y la salud pública:

«Son muchos los países occidentales en los que la respuesta al [corona]virus ha puesto en evidencia lo vulnerables que son nuestros sistemas de salud pública y otros sectores esenciales de la sociedad. Pero sobre todo, ha quedado expuesto el pésimo estado del sistema de la ciencia biomédica y el papel que en él juegan las compañías farmacéuticas:

  • En los Países Bajos, por ejemplo, los hospitales no disponían de suficientes kits de diagnóstico porque la compañía ROCHE, la mayor fabricante de productos de biotecnología, se negó al principio [de la epidemia] a compartir la fórmula que permite realizar estas pruebas.
  • En los EE.UU., el secretario de salud de la administración Trump en la respuesta al coronavirus, Alex Azar, advertía en un comunicado que el Gobierno no podía garantizar que una posible cura para la covid-19 fuese asequible para todos, pues lo único que impulsa esa clase de innovación es la expectativa de obtener grandes beneficios.
  • La carrera por conseguir la vacuna se ha retrasado entre dos y tres años debido a que, en muchos países, las compañías farmacéuticas han puesto a la venta sus instalaciones para la investigación. Y las empresas que aún tenían la capacidad, redujeron sus equipos de investigación porque consideraban que el proyecto no era un buen negocio .
  • Hace unos años, los científicos estuvieron muy cerca de conseguir la vacuna, hasta que se agotaron las fuentes de financiación.
  • Para los analistas financieros AB Bernstein de Wall Street, el mercado de las vacunas es considerado como un oligopolio. Pero al quedar interrumpidos los programas nacionales de investigación en enfermedades infecciosas, la mayoría de las empresas dejaron de invertir en este campo, según explica Bernard Pecoul de la Iniciativa por los medicamentos de enfermedades olvidadas 
  • En Francia hubo un debate sobre por qué el precio del kit de diagnóstico del coronavirus debía ser de 135 euros cuando su coste de producción es de solo 10 euros. Son muchas las personas que se han preguntado si detrás de la poca disponibilidad de pruebas diagnósticas y la decisión de no realizar más pruebas durante la epidemia en muchos países de Europa, existen razones económicas. 

Hospital universitario La Charité de Berlín, donde se desarrollaron los primeros tests de diagnóstico PCR con protocolos compartidos en código abierto. Foto: Jean-Pierre Dalbéra / CC BY



Haciéndose eco de la propuesta de Costa Rica, la OMS anunció la creación de un Acelerador para el acceso a las herramientas contra la Covid-19. Estas deberán ponerse a disposición en calidad de «bienes públicos mundiales», según señaló el secretario general de la ONU António Guterres. 

El 4 de mayo se hizo pública la formación de una alianza internacional de países comprometidos a reunir los fondos que se requieren para el desarrollo de tecnologías diagnósticas, tratamientos y vacunas de la Covid-19. Se consiguieron 7 700  millones de euros como fondo inicial para esta respuesta mundial, ofrecidos por Noruega, Italia, Alemania, Francia y la UE. Posteriormente se añadieron Japón, Canadá, Reino Unido, España, Jordania y Arabia Saudí (como país encargado de la secretaría del G-20).

Tal como señalaba el artículo de Commons Network: «Cada vez más personas están tomando conciencia de que la carrera por encontrar una cura y una vacuna para la covid-19 se ha retrasado mucho debido a que tenemos un sistema que opera en base a los incentivos de mercado y los monopolios creados alrededor de las patentes. En vez de blindar el conocimiento esencial, las empresas podrían trabajar conjuntamente, compartiendo los resultados de sus investigaciones y los nuevos conocimientos.

 
«La industria farmacéutica se guía por los beneficios y las exigencias de sus accionistas. La investigación y el desarrollo (I+D) que se necesitan para crear las vacunas y los tratamientos está organizada en régimen de monopolio. El sistema de patentes y licencias [de fabricación] está ajustado de manera que genere el máximo de riqueza para unas pocas corporaciones que facturan miles de millones de euros por sus productos. El sistema de abastecimiento de los medicamentos no se guía por las prioridades de salud pública sino por los beneficios que éste genera en una lógica puramente capitalista», señalan los expertos de Commons Network. 


La actual crisis del coronavirus nos revela un modelo de investigación biomédica averiado que requiere un cambio de paradigma
 
Según el equipo de expertos de Commons Network, «la idea de crear un repositorio de conocimiento de datos, patentes y licencias de la covid-19 permitiría acelerar las tecnologías sanitarias, tan necesarias en estos momentos, y estimular su acceso público».


 ¿Un modelo de innovación fallido?


Un informe sobre políticas del Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública publicado en 20181 por el University College de Londres, dio a conocer su diagnóstico sobre el actual sistema de innovación en salud bajo el régimen de patentes y derechos de propiedad intelectual.

El grupo de investigadores en política pública, economía e I + D y expertos de organizaciones de salud global encontraron «un sector farmacéutico que se orienta hacia las ganancias antes que a las prioridades de la salud pública, y que tiende a establecer unos precios altos con el fin asegurar el rendimiento a corto plazo para sus accionistas». En su informe revelan que el alto precio de los medicamentos está ocasionando graves problemas de acceso para los pacientes a nivel mundial, lo cual tiene consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas.

Pero su diagnóstico va más allá todavía, pues advierten que existen «síntomas» que indican que estamos ante «un modelo de innovación averiado». Por esta razón, el estudio propone una serie de principios que dé lugar a un nuevo modelo de innovación en salud, incluyendo algunos arreglos que podrían hacerse sobre la marcha, pero también aspirando a ofrecer medidas de política pública para ser implementadas en el largo plazo; unas medidas cuyo objeto sería la creación conjunta en la formación de un sistema de salud que cumpla con el cometido de crear valor público.

Al analizar las prioridades de la Investigación y el Desarrollo (I+D), los expertos encontraron que éstas no se rigen por las necesidades en salud pública; se favorece más bien el desarrollo y la comercialización de medicamentos de imitación, lo cual reduce la investigación de tratamientos pioneros que son los más requeridos por las enfermedades que prevalecen en los países en desarrollo.

El informe señala, asimismo, la falta de transparencia y las dificultades para la colaboración en el ecosistema de la innovación biomédica. Aún cuando los derechos de propiedad intelectual (DPI) deberían ser considerados como un incentivo para la innovación, lo cierto es que cada vez se hace más difícil obtener licencias sobre las patentes; éstas ya no se limitan al sector de aplicación de las innovaciones y actualmente se otorgan extensiones a los DPI con demasiada facilidad. Actualmente, las reivindicaciones amplias de patentes representan un obstáculo para el aprendizaje, la difusión y la colaboración dinámica.


Por otro lado, si los precios de los medicamentos se fijan sin límite por lo alto, esto se debe a que no hay ninguna protección en el actual sistema de I+D para que estos sean asequibles a todos los pacientes que los requieran. Existe un monopolio de las patentes que anula la competencia comercial y a libertad a las compañías para regirse por el precio fijado por el mercado.


Por último, está la cuestión de la política cortoplacista y la financiarización de la industria farmacéutica. Al centrarse en obtener el máximo rendimiento financiero a corto plazo, las compañías recurren a la recompra de su propias acciones en el mercado financiero, logrando así un incremento en el valor de su participación accionarial. De este modo se consigue la captura de valor para el accionista, lo cual está ocurriendo a expensas de los avances en la salud y del interés público.


La reserva de patentes de medicamentos de MPP

La pandemia del coronavirus constituye una oportunidad para que la humanidad actúe de manera solidaria, haciendo que esta crisis sirva para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Desde el 3 de abril de 2020, la MPP ha extendido temporalmente su mandato con el fin de  incluir cualquier tecnología sanitaria que pueda contribuir a dar respuesta a la Covid-19 a nivel mundial.

La MPP tiene experiencia en facilitar el acceso a medicamentos y tecnologías médicas a través del mecanismo de licencias voluntarias; sus conocimientos en propiedad intelectual y licencias podrán ser aplicados en la identificación de productos y tecnologías con patentes que sirvan en la lucha contra la Covid-19, y asimismo, ponerlos a disposición de quienes más los necesiten.



1UCL Institute for Innovation and Public Purpose (2018) ‘The people’s prescription: Re-imagining health innovation to deliver public value’ [La receta del pueblo: repensar la innovación en salud desde el valor público], IIPP Policy Report, 2018-10. London: IIPP, Global Justice Now, Just Treatment, STOPAIDS. Disponible en: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2018/oct/peoples-prescription




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