Han transcurrido apenas 10 días desde que se conocieran con suficiente certeza los nombres de los dos candidatos ahora proclamados para competir en una segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú prevista para el seis de junio próximo. Pedro Castillo, de Perú Libre, obtuvo los votos del 10,9 por ciento, mientras que por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, votó el 7,6 por ciento del electorado peruano. Estas cifras revelan que ambos candidatos han obtenido una proporción ínfima de los votos de los electores hábiles, cuyo número total este año la oficina de procesos electorales (ONPE) cifra en 24.520.719 electores.
Un análisis comparativo de Gustavo Gorriti sobre los resultados de las cinco últimas elecciones generales (desde el año 2001) señala que: «En patente contraste con todas las elecciones anteriores, el ganador y el segundo puesto de la primera vuelta de 2021 sumaron apenas el 18,5% de todos los electores hábiles en el país. En cualquier otra elección, esos porcentajes no les hubieran dado más allá del tercer o cuarto puesto de la contienda electoral, dependiendo del número de candidatos».
¿Cómo se eligen los dirigentes políticos en el Perú? ¿Por qué salen tantos candidatos postizos»?
El dilema al que los electores peruanos se enfrentan en la segunda vuelta tiene que ver con la representación, que desde el año 2001, es dudosa y sufriente. Dos de cada tres personas no se sienten representadas por las personas que conforman el Congreso, el cual es hoy un parlamento unicameral, producto de la interrupción de la democracia con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Ahora, esa crisis de representación se extiende y afecta a la propia contienda por la presidencia de la república, en circunstancias agravadas por la crisis sanitaria y humanitaria del SARS-CoV-2 que se ha cebado en el Perú y en muchas ciudades de América Latina.
El analista político Percy Medina explica cómo, cuando se le pregunta a las personas por la satisfacción en relación con su voto, muchas señalan no sentirse satisfechas con lo que votaron. Al final, «solo uno de cada tres votantes elige el Congreso. [...] La gente no tiene opciones relevantes entre las cuales elegir. La oferta que dan los partidos no es adecuada (según estudios cualitativos sobre temas de representación política). Nuestros partidos colapsaron en los años 90 y no nos hemos querido dar cuenta», sostiene el experto. «En 40 años no han surgido organizaciones políticas relevantes que tengan vida interna, relación con la ciudadanía o con las organizaciones sociales, que seleccionen las candidaturas en elecciones internas, no en unas elecciones de lista única porque allí no hay competencia ni democracia interna. ¿Cómo se eligen los dirigentes políticos en el Perú? ¿Por qué salen tantos candidatos postizos»?
Llegados a este punto crítico, Gorriti opina que el proceso de las elecciones generales del 11 de abril ha sido irregular, pues ninguno de los dos candidatos ha llegado a sacar una mayoría de votos aceptable respecto al resto del pelotón de candidatos presidenciales (19); tal como se nos plantea la segunda vuelta electoral, en realidad ésta puede ser una trampa. «Estamos en una nación enferma, infectada y debilitada por el ataque de la peste y la incompetencia de sus gobernantes para enfrentarla, donde [...] dos políticos minoritarios, enfrentados entre sí pueden llevar, por la izquierda o la derecha, a la democracia al despeñadero».
¿Veremos una movilización intensa? ¿Tenemos una sociedad civil organizada y vigilante?
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En una reciente conferencia organizada por la Universidad de Harvard, el historiador Alberto Vergara describió el Perú como un país que se encuentra en bancarrota social, política y moral. A ello debe sumarse el concepto de electorado precario, acuñado por él, y que sirve para darle nombre a lo que nos revelan los estudios electorales. Sin embargo, Vergara también hace un llamado a «ponerle el voto caro» a Castillo y Fujimori y a ser cautos con el falso dilema que se presenta a los electores en la segunda vuelta. ¿Es posible esperar la acción de una ciudadanía organizada en estas circunstancias de emergencia y con no pocas garantías suspendidas? Para Gorriti, la respuesta está en el voto:
«Nuestro voto, el voto en defensa de la democracia, es un arma no solo poderosa sino decisiva, y no debemos usarla antes de tiempo. Si lo hacemos, convertimos el arma en un regalo, quedamos inermes y sometemos nuestro destino».
En la misma conferencia, la ex ministra de economía y finanzas, Mª Antonieta Alva Luperdi, se refirió a la urgente necesidad de atender los dos pilares de la economía y el Estado peruanos: por una parte, la mejora del propio Estado para garantizar servicios públicos de calidad, y por otra, analizar las reglas de funcionamiento del sector privado. Luperdi señaló que, en el Perú, cada uno de los agentes económicos persigue sus propias agendas y «no se tiene una visión compartida del país que queremos [...] falta una visión programática, no hay voluntad de cambiar el statu quo» (el estado de las relaciones entre sector público y sector privado).
Tuvo que ocurrir una crisis sanitaria como el Sars-CoV-2 para que se viera lo endeble de los pilares sobre los que se asienta nuestra economía y el Estado, creando una situación de desamparo muy grande para los peruanos. Luperdi enumera los carencias observadas: una regresión absoluta de la política, dificultad para hacer reformas desde el Congreso (como ocurrió con la interrumpida reforma política) y retroceso en la descentralización del Estado. No existe la noción del interés público; la lacra del privilegio entre quienes acceden a un órgano del Estado es patente (siendo el caso de las vacunas de Sinopharm el último ejemplo vergonzoso); y cómo olvidarlo, la maquinaria de las empresas privadas, que recurre a sus estudios de abogados para no pagar impuestos.
Este es el terrible panorama que nuestros candidatos deberían considerar hoy con carácter de urgencia. No podemos entregarle a ninguno de ellos la máxima magistratura del Estado, sin saber de antemano las lineas básicas sobre las que sustentará su acción de Gobierno. Debemos conocer sus opiniones y posturas respecto a la profunda crisis del país y los compromisos que están dispuestos a alcanzar para enfrentarla y resolverla. Ojalá la prensa peruana libre se aplique a la tarea de hacernos partícipes de este necesario escrutinio público. Dejando de lado el espectáculo y la propaganda, actuando como el poder que se le supone a los medios en una democracia saludable.
Gorriti, por su parte, confía en que exista una sociedad civil democrática que no permitirá la toma del poder bajo la apariencia de unas elecciones libres, pero cuyos candidatos son, hasta ahora, una peligrosa incógnita para la continuidad del Estado de derecho. Es crucial «una movilización intensa, en izquierda, centro y derecha, para lograrlo»; para defender la democracia en una coyuntura en la que ambos candidatos encienden todas las alarmas. Hay suficientes indicios para sospechar que ellos pondrían en peligro nuestra frágil democracia si no se pusieran controles y contrapesos a sus actos: por la carencia o el incumplimiento de sus programas electorales, porque no hacen reconocimiento de la grave crisis sanitaria ni de la importancia de la lucha contra la corrupción iniciada desde el caso Lava Jato y el Club de la construcción. ¿Cómo estar seguros de que, una vez que alcanzaran el poder, no se valdrían de todas las artimañas a su alcance para evadir el curso de los procesos judiciales o para interrumpir el orden constitucional?
Tuvo que ocurrir una crisis sanitaria como el Sars-CoV-2 para que se viera lo endeble de los pilares sobre los que se asienta nuestra economía y el Estado, creando una situación de desamparo muy grande para los peruanos. Luperdi enumera los carencias observadas: una regresión absoluta de la política, dificultad para hacer reformas desde el Congreso (como ocurrió con la interrumpida reforma política) y retroceso en la descentralización del Estado. No existe la noción del interés público; la lacra del privilegio entre quienes acceden a un órgano del Estado es patente (siendo el caso de las vacunas de Sinopharm el último ejemplo vergonzoso); y cómo olvidarlo, la maquinaria de las empresas privadas, que recurre a sus estudios de abogados para no pagar impuestos.
Este es el terrible panorama que nuestros candidatos deberían considerar hoy con carácter de urgencia. No podemos entregarle a ninguno de ellos la máxima magistratura del Estado, sin saber de antemano las lineas básicas sobre las que sustentará su acción de Gobierno. Debemos conocer sus opiniones y posturas respecto a la profunda crisis del país y los compromisos que están dispuestos a alcanzar para enfrentarla y resolverla. Ojalá la prensa peruana libre se aplique a la tarea de hacernos partícipes de este necesario escrutinio público. Dejando de lado el espectáculo y la propaganda, actuando como el poder que se le supone a los medios en una democracia saludable.
Gorriti, por su parte, confía en que exista una sociedad civil democrática que no permitirá la toma del poder bajo la apariencia de unas elecciones libres, pero cuyos candidatos son, hasta ahora, una peligrosa incógnita para la continuidad del Estado de derecho. Es crucial «una movilización intensa, en izquierda, centro y derecha, para lograrlo»; para defender la democracia en una coyuntura en la que ambos candidatos encienden todas las alarmas. Hay suficientes indicios para sospechar que ellos pondrían en peligro nuestra frágil democracia si no se pusieran controles y contrapesos a sus actos: por la carencia o el incumplimiento de sus programas electorales, porque no hacen reconocimiento de la grave crisis sanitaria ni de la importancia de la lucha contra la corrupción iniciada desde el caso Lava Jato y el Club de la construcción. ¿Cómo estar seguros de que, una vez que alcanzaran el poder, no se valdrían de todas las artimañas a su alcance para evadir el curso de los procesos judiciales o para interrumpir el orden constitucional?
Gobernabilidad, continuidad... ¿o suspender el proceso y prolongar la transición?
Podemos exigir a los candidatos, AHORA, que firmen un Pacto de Gobernabilidad que sea evaluado a los dos años (dentro del marco del Pacto ético electoral suscrito por los partidos políticos): comprometerlos a que no apreten los botones rojos para disolver el Congreso ni para presentar cuestión de confianza como arma arrojadiza; ¿Avanzar en las reformas del sistema político? Sí. Desentrañar las endemoniadas trampas del sistema electoral, de la inscripción de partidos y la conformación de sus listas y bancadas partidarias; acordar mecanismos de consulta y participación ciudadana para la reforma de la Constitución y del régimen político dentro del marco admitido por la ley; y por imperativo humanitario, definir una Hoja de ruta para dar respuesta a la crisis sanitaria por la COVID-19, con el compromiso de dar continuidad e impulso al despliegue de los programas iniciados por el Gobierno de Transición en cuanto a compras de vacunas, calendarios de vacunación, investigación en vigilancia genómica para detectar las variantes o cepas del Sars-CoV-2, pruebas diagnósticas y rastreo de personas infectadas; y por supuesto seguir aplicando las medidas económicas para hacer frente a las cuarentenas sanitarias mientras dure la pandemia.
De todas estas tareas pendientes, deberán salir las preguntas con las que emplazaremos a ambos candidatos desde ahora para conocer su compromiso. Si incumplieran el sagrado deber y las promesas arrancadas, entonces la ciudadanía tendría mayores motivos para ahondar en su malestar. Y si así fuera, es de esperar que prevalezca el espíritu de la #GeneracióndelBicentenario.
Lea el artículo completo de Gustavo Gorriti publicado en id-l Reporteros
