02 agosto 2011

Activistas homosexuales de México piden presión internacional para hacer frente a escalada de asesinatos homofóbicos en su país




El pasado 30 de julio el Col·lectiu Gai de Barcelona celebró la segunda sesión de videoconferencias internacionales, “Una mirada arco iris”, que contó con la participación de tres activistas de la Red Orgullo de México.
Paulina Martínez, de la asociación Musas del Metal, Myriam Brito, coordinadora de Opción Bi y Alonso Hernández, de la Red Orgullo dieron a conocer el marco político y social en el que se mueve el activismo LGTBIQ, así como las cifras sobre los crímenes de odio que afectan a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans e intersex de México.
Según Alonso Hernández, el actual marco político LGTBIQ de México debe analizarse en base a la reciente modificación del Artículo Primero de la Constitución mexicana, que garantiza los derechos de ciudadanía sin discriminación “por preferencia sexual”. La reforma de la carta magna es la continuación de las iniciativas legislativas tomadas por 17 estados de la Federación Mexicana, entre las que se incluye la enmienda al Código Civil del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa de la capital mexicana en diciembre de 2009, y que dio paso al matrimonio civil para personas del mismo sexo en su jurisdicción.
Además, la actual ley de matrimonio civil del Distrito Federal (la capital de México) y la ley civil de Coahuila constituyen un avance respecto de la ley de Sociedad de convivencia, vigente en el DF desde el año 2006, pues reconocen por primera vez los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Sin embargo, desde que fue promulgada, los opositores a dicha ley introdujeron el tema de la adopción para revertir la aprobación pública con que se contaba. Por esta razón, la ley vigente ha excluido el reconocimiento del derecho a la adopción para las parejas del mismo sexo.
Hernández señaló que aun cuando la enmienda constitucional aprobada este año debería llevar a un proceso de transposición de las garantías de no discriminación en las constituciones estatales, existe oposición pública de los políticos del propio partido gobernante, el PAN. Hasta la fecha, sólo los estados de México y Jalisco han cumplido con este proceso. Por su parte, el Gobierno federal prefiere crear nuevos organismos como el CONAPRED (consejo para la prevención de la discriminación), que dan seguimiento a la implementación de leyes y sanciones antidiscriminatorias, pero respondiendo a los intereses del propio Gobierno con una política de conciliación que se aleja de la implementación de auténticas políticas y programas de educación y protección.
Myriam Brito recordó que hace cuatro años, al aprobarse la ley del aborto en el DF, se registró una reacción virulenta de la derecha, muy parecida a la que está ocurriendo ahora con la reforma de los códigos civiles locales. Los gobiernos estatales y municipales de derechas se apresuran a cambiar el redactado de sus leyes de matrimonio, especificando que éste es posible exclusivamente entre “hombre y mujer” para evitar tener que cumplir la ley federal. Otra táctica empleada es la de introducir la “perspectiva de familia” en las leyes municipales para contestar a la perspectiva de género, o la de mantener la bisexualidad como causal de pérdida de la patria potestad de los hijos. Para Brito, estas tácticas responden a las directivas de un movimiento internacional, de derecha conservadora y pro familia, que busca secuestrar el concepto de ciudadanía de la vida pública.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha iniciado una guerra contra el narcotráfico y se han elevado los índices de criminalidad y violencia armada en todo el país; en este contexto, los asesinatos de personas LGTBIQ son ignorados por las autoridades y por lo general quedan impunes. Los asesinatos homofóbicos se concentran cada vez más en personas visibles por su activismo LGTBIQ.
Los activistas mexicanos denunciaron las amenazas a la seguridad de los activistas LGTBIQ y solicitaron acciones de solidaridad internacional para cambiar esta situación de impunidad. Los casos más graves se producen en los estados de la periferia, donde los defensores de derechos humanos son objeto de mayor violencia que en el centro del país. En lo que va del año, han sido asesinados los activistas: Cristian Sánchez, del PRD, comisionado de diversidad sexual del Distrito Federal; Beatriz Lezama, activista trans de Puebla; en el estado de Guerrero, los activistas Javier Suárez y Quetzalcóatl Leija Herrera, este último con una larga trayectoria como defensor de los derechos humanos y por la igualdad LGBTIQ, quien denunció 20 crímenes homofóbicos ocurridos en su estado; Javier Suárez, también activista de Guerrero; y la activista trans Talía en el estado de Chihuahua.
El activista Quetzalcóatl Leija Herrera, quien fue asesinado en mayo en Guerrero


Según el informe de crímenes de odio por homofobia de la asociación Letra S, entre 1995 y 2009 se produjeron 705 crímenes de este tipo. 605 de estos delitos han sido cometidos en contra de hombres, 22 en contra de mujeres, y 78 contra personas transgénero o transexuales. Una proyección nacional de los datos obtenidos en los once estados de la República donde más crímenes se han cometido indica que en el ámbito nacional se han asesinado a 2.051 personas por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Los estados que registran un mayor número de crímenes son: Distrito Federal con 196, estado de México con 91, Michoacán con 77, Nuevo León con 53, y Jalisco con 37.

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