Réquiem por la biblioteca pública

En el año 2013 se publicó Génesis, un hermoso libro de fotografías de la editorial Taschen que recoge los trabajos del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Como ya ocurrió en pasadas entregas (por ejemplo, tras la publicación de Éxodos en el año 2000), de modo simultáneo a la aparición del libro, Salgado ha programado exposiciones de sus trabajos en diversas capitales del mundo, y en esta ocasión se estrena además la película que el director Wim Wenders dedica a la figura del fotógrafo y su trabajo, que fue premiada en el Festival de Cannes de este año.

En una década en que la industria editorial está migrando hacia el eBook, --un cambio sin precedentes en la industria del libro y en los hábitos de consumo de las obras culturales impresas--, Salgado aún apuesta por el libro de arte. Por supuesto, éste solo sería accesible a unos cuantos privilegiados (el precio de la edición de artista de este libro en el mercado alcanza los 8 500 euros, con una selección de tres de sus fotos en impresión de gelatina de plata) si no existieran bibliotecas públicas como la Tecla Sala en mi barrio de l’Hospitalet, ciudad vecina a Barcelona que forma parte de la red de bibliotecas municipales de la Diputación Provincial de Barcelona.

Esto me lleva hacer un apunte sobre la biblioteca pública en España, y que en Cataluña es una institución civil que nos ha dejado un fabuloso legado cultural; sus profesionales de la biblioteconomía no cesan de revalorizarla en su incansable labor de defensa, custodia y conservación de dicho patrimonio. Con la introducción de su catálogo digital Aladino, los fondos bibliográficos y de películas y grabaciones se han hecho más accesibles, mejor clasificados y disponibles a un extenso número y variedad de usuarios, además de añadir una serie de recursos digitales muy bien organizados y consultables online. 

La antigua fábrica de hilados de Tecla Sala en l'Hospitalet, reconvertida en biblioteca y centro de arte.

¿Derechos de autor a costa de recortar un servicio público?

El sistema de bibliotecas populares en España se enfrenta ahora al cambio de paradigma en el uso y disfrute de las obras como consecuencia de la aplicación de la Ley del libro y de la Ley de Propiedad Intelectual (que a su vez responden a una transposición de la normativa europea). El Real decreto recientemente promulgado que regula la remuneración para autores por el préstamo público de libros físicos establece que las bibliotecas se verán obligadas a pagar un canon anual en concepto de derechos de autor que reducirá dramáticamente los ya de por sí magros presupuestos para la adquisición de nuevos libros y la renovación de sus fondos. Dicho canon no goza de la aprobación de los bibliotecarios y las administraciones que gestionan las bibliotecas públicas, pues estas dudan que dicha remuneración sea únicamente en beneficio de los autores sino que se compensará por decreto a las empresas editoriales que se encuentran en plena reestructuración de su industria por el proceso de cambio en los hábitos de consumo de libros al introducirse el libro digital en el mercado.

No hay duda de que la remuneración por derechos de propiedad intelectual, cuando se aplica correctamente, contribuye a la difusión y la creación del conocimiento y la cultura. El problema en España reside en el recelo que inspiran las entidades gestoras de dichos derechos y en lo oneroso que puede resultar el cálculo de la remuneración para las administraciones a cargo de las bibliotecas. Por ejemplo, desde el año 2011 la justicia española y la Agencia tributaria vienen investigando a la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (artistas y profesionales de la industria musical y del audiovisual) por haber montado un entramado societario que desvío más de 30 millones de euros de los fondos de la entidad. Cuando se destapó el caso, ya eran de conocimiento público --y tema de chistes-- los excesos por el cobro de derechos de autor que llegaban a encarecer incluso los permisos para poner música grabada en fiestas de boda y otros eventos privados.

La Ley de Propiedad Intelectual fue fuertemente contestada por la opinión pública en España y constituyó un quebradero de cabeza para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual finalmente condujo a dar carpetazo al canon digital. En un país con el segundo coste más alto de Europa para el acceso a la banda ancha de Internet, los usuarios no perciben que sea un delito o conducta reprobable hacerse con películas, series o música desde las Webs de descargas gratuitas. Pero volviendo al tema de los libros y las bibliotecas públicas, las mencionadas entidades de gestión han decidido oponerse a la LPI que ahora se tramita en el Senado y pedir su retirada, entre otras razones, por la insistencia de la Ley en exigir la compensación por copia privada y porque no se tuvo en cuenta a sus recomendaciones.

Para curarme de tanto espanto por el desaguisado jurídico-legal, me encaminé a la biblioteca de Tecla Sala y allí me instalé en una de sus confortables butacas, donde pude disfrutar del magnífico libro de Salgado que saqué de la sección de Fotografía y Arte. En otro apunte les contaré mis experiencias de viaje con el maravilloso libro.