El economista plantea un property tax a la inglesa, que permita modernizar el esquema impositivo
y transformar estos impuestos en un impuesto
progresivo y global que grave todos los distintos activos patrimoniales netos,
puesto que estos se han ido diversificando a medida que el capitalismo financiero
diversificaba sus productos. Piketty estima que con un impuesto así, la Unión Europea
podría recaudar un 2 % de su PIB, lo cual equivale a dos ejercicios
presupuestarios, y se acerca al paquete de 300.000 millones de euros de
inversión propuesto por el presidente Jean-Claude Juncker para relanzar la
economía europea. Los patrimonios podrían afrontar fácilmente esa cuantía. Si
las grandes fortunas crecen anualmente entre un 6 % y un 8 %, “un impuesto de
un 1 % no sería confiscatorio, ni mucho menos”, señala el autor.
El impuesto mundial sobre el patrimonio es técnicamente
menos complicado que la Tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones
financieras. Además introduciría más transparencia financiera y se sabría el
origen de cada elemento del capital.
Los tratados como el TTIP (acuerdo transatlántico EE.UU. –
Unión Europea para el comercio y la
inversión) constituyen una oportunidad para introducir una mayor justicia fiscal y más transparencia financiera (algo que ya
están incorporando en sus discusiones y análisis estratégicos las nuevas
agrupaciones políticas como Podemos en España, que emergen tras la ruina del bipartidismo
político en ese país). Según Piketty, en estos tratados de liberalización
comercial es importante incorporar también el capítulo impositivo.
Sus ideas han sido fuertemente contestadas desde las
filas del neoliberalismo económico, en momentos en que se han dado a conocer investigaciones
sobre los acuerdos que suscriben las grandes empresas multinacionales con países
que ofrecen grandes atractivos fiscales para evadir el pago de impuestos.
Siguiendo el tema de este debate, la semana pasada se supo que Luxemburgo, un país miembro de
la Unión Europea, ha ofrecido a corporaciones como IKEA, Pepsi y FedEx este
tipo de acuerdos fiscales privados conocidos como tax rulings o confort letters. El
problema no sería tal si no fuera porque, además, dichos acuerdos fueron
fraguados durante el gobierno del entonces primer ministro Jean-Claude Juncker,
quien actualmente preside la Comisión Europea y es quien debe liderar la
financiación de los presupuestos de la Comunidad Europea en el ámbito de la más
estricta disciplina fiscal. El Gobierno de Luxemburgo se ha apresurado en descalificar
las revelaciones por ser ilegales; además, justifica los acuerdos como una práctica
habitual para dotar de seguridad jurídica y empresarial a las corporaciones y
atraer sus inversiones en el país.
La noticia publicada por el New York Times señala que durante los mandatos del señor
Juncker y de su sucesor en el cargo de
primer ministro se aprobaron planes para permitir la evasión fiscal que favoreciera
a las grandes corporaciones, quienes contabilizan en ese país la mayor parte de
sus ingresos desde pequeñas oficinas en las que trabajan equipos de contables y
abogados a pesar de tener un volumen de negocios poco significativo en Luxemburgo.
Capitalismo del siglo XXI
y base tributaria
Por su parte, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer a mediados
de octubre pasado las primeras recomendaciones emanadas del proyecto BEPS 2014,
que estudia la erosión de la base tributaria, los desplazamientos de los beneficios
empresariales y sus repercusiones en las haciendas públicas nacionales.
Se trata de las
primeras recomendaciones, de una serie de quince, que buscan un enfoque global
coordinado en la lucha contra la evasión fiscal por parte de las empresas
multinacionales. El proyecto, a cargo de la Comisión para asuntos fiscales de
la OCDE, tiene por objetivo ofrecer a los gobiernos soluciones internacionales
sobre fiscalidad. Sus análisis se centran en las estrategias que las corporaciones
diseñan, aprovechando los vacíos legales o las brechas en el sistema tributario,
con el fin de desplazar sus beneficios a plazas en las que reciben un trato
fiscal más favorable.
El
trabajo de BEPS responde a un Plan de Acción que fue respaldado por los países
del G20 en julio de 2013, en el que se identificaron quince áreas claves que
debían ser abordadas para el año 2015, y siete acciones a ser entregadas en
setiembre de 2014. Los primeros siete informes del Proyecto BEPS fueron
consensuados por 44 países que trabajaron en igualdad de condiciones (incluyendo
a todos los países miembros de la OCDE, los países candidatos y los países del
G20) en un período intenso de consultas con los países en desarrollo, las
empresas, las oenegés y otras partes interesadas.
¿Qué es la OCDE?
La OCDE empieza a ser
un horizonte ineludible para las democracias con economías emergentes que
buscan poner de relieve sus logros a través del liderazgo y la cooperación
multilateral en el escenario de la nueva globalización. Hace poco lo comentaba
la ministra de la Presidencia de Gobierno de Colombia María Lorena Gutiérrez. Mucho más que el simbólico gesto de hacer sonar
la campana en una sesión de la bolsa de Wall Street (una deseada oportunidad de
figurar en los medios para más de un jefe corporativo acunado por el poder
político emergente), la OCDE cuenta con el prestigio de haber promovido las
políticas que fueron la punta de lanza de la reconstrucción europea tras el
final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado.
Al
introducir las políticas de desarrollo y gobernabilidad regional, las
democracias de Europa superaron las penurias de la posguerra, en tiempos del
Plan Marshall americano, y el milagro alemán plasmó la imagen de una región del
mundo que reemergía como potencia tecnológica y cultural, y era un ejemplo del
Estado del bienestar que se forjó –y funcionó-- durante casi cuatro décadas.
Entonces los vientos cambiaron, con los políticas promovidas por los
economistas de la Escuela de Chicago y su neoliberal ataque al Estado como
protagonista innecesario del buen gobierno; ello trajo las consecuencias
conocidas hoy de sobras, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Continente:
disciplina fiscal sin contemplaciones que destruye el empleo y afecta a los
sectores más débiles de la sociedad, mano libre para los oligopolios y
sometimiento de los gobiernos nacionales a los dogmas de las leyes del mercado
y al dictado de las recomendaciones técnicas de instituciones ya caducas como
el FMI y las agencias de calificación de la deuda estratosférica originada en
el propio sistema bancario y sus jugadas financieras; todo ello desembocó en la
crisis del crédito de 2008-2010 que hoy amenaza con sumir a Europa en la
tercera recesión en una década.
A pesar de todo ello,
sigue adelante el proyecto de incorporar a más democracias en el grupo de
países que gozan de paz, seguridad, bienestar y justicia conforme a los
lineamientos de la economía de mercado y el Estado de derecho que propugna la
OCDE. Tras Japón en 1962, se incorporaron otros países del ámbito extraeuropeo:
Australia en 1971, México en 1994 y Chile en 2003. Más recientemente, han
presentado su candidatura Lituania, Rusia (que se cayó del G8 por sus
veleidades imperiales en Ucrania) y Colombia, que camina esperanzada hacia unos
acuerdos de paz que pongan fin a las cuatro décadas de violencia y guerrilla
que atenazaron al país andino; asimismo, el mandato bajo el cual opera la OCDE
(el de los países miembros del G-8/7) se ha visto ampliado desde la última
crisis en que recibieron el encargo de los países del G-20 reunidos en Londres
en 2010, de actuar frente a los desafíos de la globalización tras estallar la
crisis del crédito en 2008.
Por esta razón, hoy
más que nunca, ha llegado el momento de revisar multilateralmente las
cuestiones sobre fiscalidad, y de dotar a los gobiernos de medidas consensuadas
internacionalmente para combatir las prácticas de evasión fiscal de las grandes
corporaciones gracias a sus ilimitados recursos legales, que erosionan las
bases tributarias de los estados, dañan la capacidad de hacer frente a los
desafíos de toda sociedad cohesionada, y mantienen en la impunidad al 1 % más
rico del planeta.
Los siete informes de la OCDE
El Centro para la política fiscal de la OCDE presentó siete informes, que proponen las siguientes acciones:
- 1. Abordar
los desafíos de la economía digital (Acción primera)
- 2. Asegurar
la coherencia entre la tributación de los ingresos de las corporaciones a nivel
internacional, mediante nuevos modelos de fiscalidad y tratados comerciales que
pongan fin a los llamados hybrid mismatch
arrangements. (Acción segunda). Estos arreglos permiten que, mediante
unos instrumentos híbridos de préstamo, un grupo de empresas pueda crear
artificialmente créditos fiscales para una empresa subsidiaria. Esta práctica
compromete miles de millones de dólares cada año;
- 3. Revertir
las prácticas tributarias dañinas (Acción quinta);
- 4. Realinear
la fiscalidad en lo sustantivo y relevante con el fin de restaurar los
beneficios deseados a partir de unos estándares internacionales, y prevenir el
abuso de los tratados sobre fiscalidad (Acción sexta). El abuso de los tratados
constituye un juego para los abogados de las grandes corporaciones; en lugar de
usar la vía bilateral, que puede resultar más costosa, se recurre a un
tercer país, gracias al cual desaparecen las obligaciones tributarias.
- 5. Asegurar
que los resultados de los precios de transferencia se corresponden con la
creación de valor mediante acciones que aborden problemas de transferencia de
precios en el ámbito clave de los bienes intangibles (Acción octava);
- 6. Mejorar
la transparencia de las administraciones tributarias e incrementar la certeza y
la predictibilidad de los contribuyentes a través de una documentación sobre
transferencia de precios y una plantilla para la elaboración de informes por
país (Acción 13); y
- 7. Facilitar
la implementación de las acciones de BEPS mediante un informe de viabilidad
para desarrollar un instrumento multilateral que enmiende los tratados
bilaterales de fiscalidad (Acción 15).
