Capitalismo del siglo XXI y base tributaria

[reedición del reportaje sobre la OCDE publicado en nov. de 2014]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer a mediados de octubre pasado las primeras recomendaciones emanadas del proyecto BEPS 2014, que estudia la erosión de la base tributaria, los desplazamientos de los beneficios empresariales y sus repercusiones en las haciendas públicas nacionales.

Se trata de las primeras recomendaciones, de una serie de quince, que buscan un enfoque global coordinado en la lucha contra la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales. El proyecto, a cargo de la Comisión para asuntos fiscales de la OCDE, tiene por objetivo ofrecer a los gobiernos soluciones internacionales sobre fiscalidad. Sus análisis se centran en las estrategias que las corporaciones diseñan, aprovechando los vacíos legales o las brechas en el sistema tributario, con el fin de desplazar sus beneficios a plazas en las que reciben un trato fiscal más favorable.
El trabajo de BEPS responde a un Plan de Acción que fue respaldado por los países del G20 en julio de 2013, en el que se identificaron quince áreas claves que debían ser abordadas para el año 2015, y siete acciones a ser entregadas en setiembre de 2014. Los primeros siete informes del Proyecto BEPS fueron consensuados por 44 países que trabajaron en igualdad de condiciones (incluyendo a todos los países miembros de la OCDE, los países candidatos y los países del G20) en un período intenso de consultas con los países en desarrollo, las empresas, las oenegés y otras partes interesadas.

¿Qué es la OCDE?

La OCDE empieza a ser un horizonte ineludible para las democracias con economías emergentes que buscan poner de relieve sus logros a través del liderazgo y la cooperación multilateral en el escenario de la nueva globalización. Hace poco lo comentaba la ministra de la Presidencia de Gobierno de Colombia María Lorena Gutiérrez. Mucho más que el simbólico gesto de hacer sonar la campana en una sesión de la bolsa de Wall Street (una deseada oportunidad de figurar en los medios para más de un jefe corporativo acunado por el poder político emergente), la OCDE cuenta con el prestigio de haber promovido las políticas que fueron la punta de lanza de la reconstrucción europea tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado.

Al introducir las políticas de desarrollo y gobernabilidad regional, las democracias de Europa superaron las penurias de la posguerra, en tiempos del Plan Marshall americano, y el milagro alemán plasmó la imagen de una región del mundo que reemergía como potencia tecnológica y cultural, y era un ejemplo del Estado del bienestar que se forjó –y funcionó-- durante casi cuatro décadas. Entonces los vientos cambiaron, con los políticas promovidas por los economistas de la Escuela de Chicago y su neoliberal ataque al Estado como protagonista innecesario del buen gobierno; ello trajo las consecuencias conocidas hoy de sobras, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Continente: disciplina fiscal sin contemplaciones que destruye el empleo y afecta a los sectores más débiles de la sociedad, mano libre para los oligopolios y sometimiento de los gobiernos nacionales a los dogmas de las leyes del mercado y al dictado de las recomendaciones técnicas de instituciones ya caducas como el FMI y las agencias de calificación de la deuda estratosférica originada en el propio sistema bancario y sus jugadas financieras; todo ello desembocó en la crisis del crédito de 2008-2010 que hoy amenaza con sumir a Europa en la tercera recesión en una década.

A pesar de todo ello, sigue adelante el proyecto de incorporar a más democracias en el grupo de países que gozan de paz, seguridad, bienestar y justicia conforme a los lineamientos de la economía de mercado y el Estado de derecho que propugna la OCDE. Tras Japón en 1962, se incorporaron otros países del ámbito extraeuropeo: Australia en 1971, México en 1994 y Chile en 2003. Más recientemente, han presentado su candidatura Lituania, Rusia (que se cayó del G8 por sus veleidades imperiales en Ucrania) y Colombia, que camina esperanzada hacia unos acuerdos de paz que pongan fin a las cuatro décadas de violencia y guerrilla que atenazaron al país andino; asimismo, el mandato bajo el cual opera la OCDE (el de los países miembros del G-8/7) se ha visto ampliado desde la última crisis en que recibieron el encargo de los países del G-20 reunidos en Londres en 2010, de actuar frente a los desafíos de la globalización tras estallar la crisis del crédito en 2008. Por esta razón, hoy más que nunca, ha llegado el momento de revisar multilateralmente las cuestiones sobre fiscalidad, y de dotar a los gobiernos de medidas consensuadas internacionalmente para combatir las prácticas de evasión fiscal de las grandes corporaciones gracias a sus ilimitados recursos legales, que erosionan las bases tributarias de los estados, dañan la capacidad de hacer frente a los desafíos de toda sociedad cohesionada, y mantienen en la impunidad al 1 % más rico del planeta.

Los siete informes de la OCDE

El Centro para la política fiscal de la OCDE presentó siete informes, que proponen las siguientes acciones:

• 1.    Abordar los desafíos de la economía digital (Acción primera)
• 2.    Asegurar la coherencia entre la tributación de los ingresos de las corporaciones a nivel internacional, mediante nuevos modelos de fiscalidad y tratados comerciales que pongan fin a los llamados hybrid mismatch arrangements. (Acción segunda).  Estos arreglos permiten que, mediante unos instrumentos híbridos de préstamo, un grupo de empresas pueda crear artificialmente créditos fiscales para una empresa subsidiaria. Esta práctica compromete miles de millones de dólares cada año;
• 3.    Revertir las prácticas tributarias dañinas (Acción quinta);
• 4.    Realinear la fiscalidad en lo sustantivo y relevante con el fin de restaurar los beneficios deseados a partir de unos estándares internacionales, y prevenir el abuso de los tratados sobre fiscalidad (Acción sexta). El abuso de los tratados constituye un juego para los abogados de las grandes corporaciones; en lugar de usar la vía bilateral, que puede resultar más costosa, se recurre a un tercer país, gracias al cual desaparecen las obligaciones tributarias.
• 5.    Asegurar que los resultados de los precios de transferencia se corresponden con la creación de valor mediante acciones que aborden problemas de transferencia de precios en el ámbito clave de los bienes intangibles (Acción octava);
• 6.    Mejorar la transparencia de las administraciones tributarias e incrementar la certeza y la predictibilidad de los contribuyentes a través de una documentación sobre transferencia de precios y una plantilla para la elaboración de informes por país (Acción 13); y
• 7.    Facilitar la implementación de las acciones de BEPS mediante un informe de viabilidad para desarrollar un instrumento multilateral que enmiende los tratados bilaterales de fiscalidad (Acción 15).