13 junio 2009

Opiniones sobre la crisis de Bagua


Somos la rabia de la Amazonía

por: Elina Malamud, lingüista, pedagoga y viajera. Autora de Selva y Los pueblos del ámbar

¿Quiénes son esos señores que se arrogan el derecho de decidir sobre su propia vida, su propia tierra y el futuro de su habitat?¿Y cómo se atreven a instalarse en medio de la carretera transoceánica para atraer las miradas del mundo, para hacerse visibles, para enterar a los que no saben que su universo peligra, que sus culturas se extinguen, que su forma de vida se resquebraja al solo efecto de permitir que el tratado de libre comercio entre Perú y el G1 abra el paso a las grandes empresas que se traerán a sí mismas desarrollo y progreso? Pues son los indios aguaruna en pie de lucha.

En el Perú hay una ley – la 26.505 – que determina las condiciones de la inversión privada en el territorio nacional y en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Esta ley ha sido recientemente modificada por decretos legislativos cuya esencia choca en tres puntos básicos con la delicada armonía que integra las relaciones étnicas en el Perú: los decretos ponen en pie de igualdad a las comunidades de la costa, la sierra y la selva, desconociendo sus diferencias geográficas, culturales y económicas; los decretos reducen el porcentaje de votos necesarios para comprar, vender, alquilar, gravar, enajenar o tomar cualquier decisión sobre la tierra en el seno de las comunidades – se pasa de necesitar dos tercios de voto a favor, de toda la comunidad, a un cincuenta por ciento de los asistentes a la Asamblea General - y, colmo del ninguneo, los decretos no fueron consensuados con los miembros de los grupos étnicos a los que afectan tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú.

Hasta aquí el problema legal, que quizá no justifique, a nuestros ojos ciudadanos, tanto indio soliviantado, tanta obstinación, tanta tenacidad, tanta represión, tanta muerte.

Pero América sufre el mal de las legislaciones superpuestas o, dicho de una manera más pragmática, la disociación política y moral entre una ley impuesta por los blancos y el derecho consuetudinario preexistente que ha sido desconocido durante la Colonia y continúa siéndolo por las clases dirigentes de las nuevas repúblicas. Tal como lo recuerda Ernesto Ráez Luna, ambientalista investigador en la Universidad Cayetano Heredia de Perú, “los decretos olvidan que las Naciones Unidas declararon que ‘los pueblos y las personas indígenas tienen el derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura’ y el Estado está obligado a prevenir ‘todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos’; ‘toda forma de asimilación e integración forzosa a otras culturas o modos de vida que les sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo’; y ‘toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos”. “Los indígenas, en ejercicio de derechos garantizados por la sociedad global contemporánea – agrega Ráez Luna -y por las instituciones democráticas, ven en esos decretos legislativos, amenazadas su identidad (por asimilación) y su supervivencia (por debilitamiento de salvaguardas territoriales). Y por eso es que los indígenas han dicho estar en pie de guerra, horrorizando a los capitalinos, que no entienden que se trata de pueblos a punto de desaparecer, acosados, violentados y ninguneados cada segundo de los últimos quinientos años. Quien está al borde de caer en la nada, no puede ser muy educado cuando recibe un empujón”.


Nadie niega la posibilidad de que el soplo de nacionalismo acérrimo de Ollanta Humala se filtre en el pensamiento de Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana que lleva adelante la lucha de los indígenas por la defensa de sus territorios. Y bueno, tal adscripción ideológica del mundo aborigen de la Amazonía será el paradójico triunfo de la codicia genocida del presidente Alan García, en su alianza con las internacionales del petróleo que, en su gesta tecnológicamente modernizadora, económicamente pujante e irracionalmente arrasadora demolerán la selva, envenenarán las aguas de los ríos, intoxicarán a los peces, introducirán gripes y sarampiones, invadirán la vida de las comunidades que vivieron en intercambio holista con la naturaleza preservando la Amazonía por tantos siglos, pisotearán plantas de propiedades aún desconocidas, aniquilarán sabidurías que ya no nos llegarán y condenarán a los primigenios habitantes a una vida marginal que no recibirá ni pizca de las fabulosas ganancias que la selva provee.


10 de junio de 2009

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