12 marzo 2021

La democracia en su encrucijada

Tres semanas después del asalto al Capitolio en Washington, mientras las cámaras parlamentarias se reunían para confirmar a Joseph Biden como presidente electo de los Estados Unidos, Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia (2019), publicaba un artículo en la edición dominical del New York Times, titulado «El golpe del que nadie habla».

 

Wikimedia Commons - Public Domain, 2011


Como profesora emérita e investigadora en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, Shoshana Zuboff ha estudiado la evolución y el crecimiento de las tecnologías digitales como la fuerza económica que ha impulsado nuestra vertiginosa transformación en una «civilización de la información». En su exhaustiva investigación del poder y la riqueza acumulados a lo largo de tres décadas, Zuboff, se refiere a los emporios de la tecnología digital nacidos en Silicon Valley, y a sus afinidades con la administración pública de los EE.UU. tras los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001. Su obra analiza las prioridades extractivas y predictivas del capitalismo de la vigilancia —y de los «mercados de futuros conductuales» resultantes—, diseccionando y anticipando las profundas consecuencias que este modelo de conexión digital totalizadora puede tener para las sociedades de nuestro siglo. 

En su artículo del Times, Zuboff menciona el programa Total Information Awareness de la agencia estadounidense de seguridad nacional (NSA), que en 2002 sentó las bases de lo que poco después conformaría el mecanismo de captura y análisis de datos sobre el cual se basa el «excedente conductual» que hizo posible el surgimiento del capitalismo de la vigilancia. 

«Los nuevos emporios han diseñado un golpe epistémico, fundamentalmente antidemocrático, que se caracteriza por una concentración de conocimientos sobre las personas nunca antes vista, lo cual les confiere un poder sobre el que no tienen que rendir cuentas a nadie», denuncia Zuboff. 

La gobernanza de los datos es hoy un tema recurrente en el debate público, a medida que se producen volúmenes cada vez mayores de información derivada de la vida digital de la población. ¿Cuál es el criterio que debería regir el uso, la custodia o el almacenamiento de estos datos?; cuestiones como la soberanía de datos deben atenderse en el ámbito de infraestructuras e instituciones públicas tan medulares como el National Health Service del Reino Unido, donde actualmente el gobierno está en conversaciones con empresas como Palantir (proveedora del servicio de inteligencia estadounidense) para hacerse con los datos de los usuarios de los servicios de sanidad sin que el público conozca el alcance que estos contratos pueden tener para sus derechos fundamentales. 

Zuboff insiste en la importancia de una gobernanza dentro de los márgenes de las instituciones democráticas. «En una civilización de la información, las sociedades quedan definidas por cuestiones relacionadas con el conocimiento: ¿cómo se distribuye ese conocimiento, qué autoridad debe gobernar su distribución y de qué poder está investida? ¿Quién tiene conocimiento? ¿Quién decide sobre quienes tienen conocimiento? ¿Quién decide sobre las personas que deben decidir acerca de quiénes tienen ese conocimiento? Los capitalistas de la vigilancia tienen ahora las respuestas a cada una de esas preguntas, aunque nunca fueron elegidos para gobernarnos. Esto es lo que, en esencia, es un golpe epistémico. Al afirmar que tienen derechos de propiedad sobre nuestros datos personales, se están atribuyendo la autoridad para decidir quién es el poseedor del conocimiento; y defienden esa autoridad a través del poder que tienen para ejercer control sobre sistemas e infraestructuras esenciales». Este poder se extiende hoy sobre los propios medios de comunicación, que han sido históricamente uno de los pilares sobre los cuales se asienta la democracia liberal.

 

Una verdad insoportable

Zuboff constata que, al igual que la postura adoptada por los EE.UU., la mayoría de las democracias liberales del mundo han cedido la titularidad del ámbito digital —y la capacidad de operar en él— a la economía política del capitalismo de la vigilancia privado; éste rivaliza hoy con la democracia sobre cuáles son los derechos y principios fundamentales que habrán de definir nuestro orden social en el presente siglo. 
 
Este golpe representa una amenaza para cualquier sociedad democrática. Se puede optar por tener o bien una democracia, o bien una sociedad de la vigilancia, pero ambas a la vez no son posibles. «Una sociedad de la vigilancia que sea democrática es un imposible existencial y político», advierte Zuboff. Estamos en una batalla por la esencia misma de nuestra civilización de la información, y en esta circunstancia estamos entrando en la tercera década de despliegue de esta versión más reciente del capitalismo.

Shoshana Zuboff habla de:

La seguridad global y sus patrocinadores

[…] «Tras la tragedia del 11-S, se produjo un cambio dramático en el enfoque de Washington: los debates sobre las leyes federales de privacidad fueron sustituidos por la obsesión de tener acceso ilimitado a la información [de las personas].  


[…] «El carácter revolucionario del capitalismo de la vigilancia tiene sus raíces en una doctrina política que ha sido informalmente establecida mediante el excepcionalismo otorgado a la vigilancia. El excepcionalismo permite pasar por alto los controles democráticos y, fundamentalmente, da licencia a las nuevas empresas de internet para que éstas sustraigan la experiencia humana y la transformen en datos de su propiedad».

Los lobbies

[…] «Esta licencia para robar [los datos de experiencia humana] ha tenido un precio. Por una parte, los ejecutivos de las empresas recibieron el patrocinio continuado de los reguladores y los funcionarios electos; por otra, la ignorancia sostenida, o cuando menos, la resignación aprendida por parte del público usuario. A fin de cuentas, se trataba de una doctrina política que, para ser defendida, requería la posibilidad de maniobrar políticamente en un ambiente conciliador, participativo, donde prevaleciera el espíritu inversor».

La auto regulación de la vigilancia extractiva

[…] «Pedir a una empresa de la vigilancia extractiva que descarte los contenidos [de sus plataformas digitales y sus redes sociales] es como exigir a la actividad minera que rechace sus contenedores llenos de mineral por ser demasiado sucios. Es por esta razón que la moderación de contenidos constituye un último recurso, una operación de relaciones públicas parecida a la que puso en marcha Exxon-Mobil con sus mensajes de responsabilidad social. El caso del triaje de datos de Facebook es un ejemplo de cómo se busca o bien reducir el riesgo de bajas entre los usuarios, o bien evitar las sanciones políticas. Ambas actuaciones están dirigidas a incrementar los flujos de datos, no a disminuirlos. Este imperativo extractivo actúa en combinación con la indiferencia radical observada en la carrera por crear sistemas que aumentan sin cesar el nivel de participación de los usuarios, sin importar qué tipo de contenidos sea el que atraiga su atención». 

Analizando los efectos destructivos de las operaciones comerciales de las redes [anti]sociales, su efecto en la democracia estadounidense y el «caos epistémico» creado durante la plaga del Sars-CoV-2 en ese país, Zuboff se muestra muy crítica con quienes los describen como el precio a pagar por la defensa de la libertad de expresión. 


El artículo de Zuboff, publicado en el Times, es un llamado a la acción; en él propone la adopción de tres principios con los que se debería iniciar la tercera década de la civilización de la información:

Tres principios para la tercera década

«En nuestra era digital, los EE.UU. y el resto de democracias liberales están quedando huérfanas de una visión política coherente que promueva los valores, los principios y los gobiernos democráticos.  


  «El lugar que debería ocupar la democracia ha quedado vacío. Llevamos dos décadas navegando con unos sistemas de vigilancia y control conductual que escapan a las obligaciones establecidas por la gobernanza democrática. Nos encontramos en la etapa final del camino que conduce a un golpe epistémico, el cual ha despojado a nuestras democracias de las cartas de derechos, de los marcos jurídicos y las formas institucionales que son necesarias para asegurarnos un futuro digital en consonancia con las aspiraciones de una sociedad democrática.
  

«Cómo hacer frente a los daños del golpe epistémico

«Primero, debemos ir al origen del flujo [o suministro] de datos para poner fin a las operaciones de recogida de datos destinadas a la vigilancia comercial.
  

«Segundo, necesitamos leyes en las que la recogida de datos esté vinculada a los derechos fundamentales, y el uso de los datos esté al servicio del público; todo ello con el fin de atender las necesidades reales de las personas y las comunidades.
 

«Por último, deben desarticularse los incentivos financieros que premian la economía de la vigilancia».


Los principios que propone Zuboff están siendo recogidos por las instituciones democráticas. La Comisión Federal de Comercio de los EE.UU. (FTC, en inglés) ha solicitado recientemente un estudio sobre las empresas de redes sociales y streaming de video, casi al mismo tiempo en que se abría un expediente judicial a Facebook en relación con sus operaciones internas. Según los funcionarios de la FTC que están investigando a las compañías de tecnología digital, las actividades de vigilancia y monetización a partir de las vidas de las personas se están realizando de manera peligrosamente opaca.
  

Por último, Zuboff señala que ya se han presentado propuestas de ley innovadoras en la Unión Europea y en el Reino Unido que podrían incorporar los tres principios referidos. Con el marco legislativo de la UE para los servicios digitales se podría establecer una gobernanza democrática de las operaciones internas de las empresas digitales; éstas deberían ser sometidas a una auditoría integral según como lo ordenen las autoridades responsables. De este modo, «a medida que los legisladores insistan en un entorno online que sea seguro, predecible y fiable, se evitará que los derechos fundamentales y el Estado de derecho se evaporen en las ciberfronteras».

07 diciembre 2020

Otro Perú se despierta



Plaza San Martín de Lima, 9-10 de noviembre de 2020

El colectivo Latin America is Moving organizó el pasado 3 de diciembre el encuentro on-line «Perú se despertó», para conocer la perspectiva de activistas de diversos sectores de las luchas sociales e informar sobre la crisis de gobierno generada en noviembre pasado.




Dos jóvenes perdieron la vida durante la represión policial
 

#FueraMerino #NoAlGolpeDeEstado #PeruDespertó #NiVizcarraNiMerino #AsambleaConstituyente #RefundarElPeru. Los hashtag difundidos durante las movilizaciones tuvieron una función política. Reclamaban una renovación integral de la política peruana.

Después de tres renuncias presidenciales en el marco de una crisis política que se prolonga por más de cuatro años, la protesta de los peruanos en las calles es hoy día criminalizada por el poder político y reprimida con violencia por la policía, con la excusa de la cuarentena sanitaria y argumentando el engañoso «principio de ley y orden» para justificar la impunidad en el uso de la fuerza.

Latin America is Moving, una iniciativa de académicos e investigadores de ciencias sociales que trabajan en red desde los programas de sus universidades (Goldsmiths University London, Universidad de La Plata y CLACSO), organizó el evento para dar a conocer las nuevas formas de organización y lucha que hoy se desarrollan en las sociedades de Latinoamérica.

Akemii Noriega, dirigente del movimiento Nuevo Perú en Alemania y ex presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima, destacó la importancia del activismo en red que, en el caso de los últimas protestas de Perú, ha conseguido expandirse y coordinar en tiempo real las manifestaciones convocadas en todas las regiones del país mediante el uso de las tecnologías cívicas y las redes sociales.
 

   En el evento también participó Isabel Cortez, trabajadora de limpieza de la ciudad de Lima que ha destacado por su trabajo en el sindicato SITOBUR. Explicando su activismo contra la precariedad laboral de los trabajadores municipales de limpieza, Isabel señaló que el fallo de la Corte Suprema de Lima, que en 2018 declaró ilegal el concurso público para el servicio de limpieza, es una victoria de las trabajadoras y su lucha por sus derechos laborales. Con la decisión de la corte se consiguió restituir a los trabajadores su derecho a estar en la planilla del consistorio limeño, poniendo fin a la externalización del servicio de limpieza de la ciudad a través de empresas de trabajo temporal (services). Actualmente la dirigente participa en conversaciones con la presidencia del Congreso con el objetivo de presentar propuestas legislativas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos laborales de su colectivo.

Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.

Las protestas del 9 de noviembre constityen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a su actuación.

José Saldaña Cuba, investigador en derecho en la Universidad Católica del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es asesor de la presidencia del actual Congreso peruano. Su veredicto sobre el Poder Legislativo en el Perú es abrumador: «El Congreso es actualmente un nido de corrupción desbordada, que sigue la misma tendencia que se reproduce en muchos países del mundo; desde el poder legislativo se observa un sistema de impunidad que funciona perfectamente».

En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.

El abuso de poder y la ambición han corrompido el sistema de partidos, con operadores que aprueban leyes de manera fraudulenta, y obstruyen la actuación de la Justicia o los organismos de vigilancia de los procesos electorales (ONPE).

¿Pero qué es lo que ahora ha llevado al Perú a despertar? ¿Por que salen hoy a las calles jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios, madres de familia, jubilados y pequeños empresarios empobrecidos para expresar su hartazgo con la clase política? Lo que les ha llevado a decirle ¡BASTA! al poder político es el abuso de poder y la ambición. Sus políticos (hoy peligrosamente considerados como una casta sin matices), y no pocos funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado, han dejado que un país que se esforzaba por ver cumplido el «milagro andino» de su economía se convierta en un país a la deriva, una paradoja desoladora. De ello resulta el abandono absoluto de sus habitantes por la administración del Estado, impotente para hacer frente a la triple crisis sanitaria, climática y económica. En el año 2020, el Perú ha registrado 191 conflictos de carácter socioambiental y laboral, según informa la Defensoría del pueblo; se trata de conflictos latentes o activos en el país, sin ningún horizonte de resolución dialogada a la vista.

Por otra parte, los partidos políticos muestran falta de madurez e incumplen con requisitos básicos como las elecciones primarias abiertas dentro de sus formaciones; y cuando son elegidos al Congreso, no canalizan las prioridades sociales ni legislan sobre las políticas para el bienestar y el progreso del país. En realidad, los partidos políticos peruanos llevan dos décadas vendiéndose como marcas o «vientres de alquiler», dando preferencia a los intereses particulares de los lobby y tomando el control de las estructuras del Estado para su propio beneficio y el de sus allegados. De este modo solo representan una pantomima hueca de la democracia. ¿Es posible reconstruir una sociedad justa y democrática con semejantes desigualdades y debilidades a la hora de repartir la riqueza, o aspirar siquiera a dar alivio a su población durante las emergencias climáticas, o distribuir y aplicar la vacuna contra la Covid19 con equidad? 


Para José Saldaña, las protestas iniciadas el 9 de noviembre a lo largo y ancho del país constituyen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a la conformación de un gobierno golpista a cargo del presidente Rafael Merino. El gabinete del ministro Ántero Flores Aráoz perdió de inmediato toda legitimidad al ser considerado como una agrupación de viejos dinosaurios de la política que no respetan la separación de poderes en democracia ni admiten su propia responsabilidad en los sucesos de noviembre. Como resultado de todo esto, ha recaído en dos partidos políticos pequeños y de reciente formación (Partido Morado y Frente Amplio) la responsabilidad de velar por una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2021, el año del Bicentenario de la nación.

 Ciudadanas y ciudadanos del Perú esperan vigilantes en la plaza del Congreso y en las plazas de todo el país, con el reclamo de una nueva constitución.

Mientras tanto, Saldaña advierte que el Perú sigue registrando bajísimos índices de respeto al derecho a la protesta que debe ser garantizado por un Estado de derecho. En los últimos 15 años se han producido 180 muertes durante las protestas sociales y ningún fallo o sentencia de la Justicia ha determinado las responsabilidades por esas muertes. Sin embargo, «la movilización social permanente tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con el momento constituyente», señala.

Ha tenido que ocurrir el despertar de la juventud activista peruana, y de una ciudadanía globalmente conectada que ya es conocida como la «generación del Bicentenario» dentro y fuera del país; son estas personas quienes han convocado mediante una organización horizontal, viral y espontánea que utiliza las redes y las tecnologías cívicas, a ocupar las calles y no cesar en el reclamo de su derecho a expresarse y su deber en la defensa de derechos fundamentales para todos los peruanos.


Retrato de la activista trans Gahela Cari



01 diciembre 2020

Asambleas ciudadanas y participación digital

 

 

¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen, en muchos países, unos déficits alarmantes de representación democrática. Lo mismo ocurre con las formaciones políticas, que en democracias prostituídas son conformados por individuos que solo representan y gestionan intereses particulares y muchas veces fuera de la ley. Todo ello conduce al hartazgo y la desconfianza de los ciudadanos, muchos de los cuales estarían dispuestos a echar por la borda el Estado de derecho.


 

Cuando pensamos en la política, estamos acostumbrados a visualizar sus actores agrupados en torno a partidos políticos y como personas elegidas para ocupar las cámaras del Poder Legislativo en representación de su pueblo; también solemos identificar como políticos a quienes nos gobiernan desde el Poder Ejecutivo o en los diversos niveles de la administración del Estado. Sin embargo, para los ciudadanos del siglo XXI, la política ya no se limita a cumplir con el deber cívico de participar en los comicios cada cierto tiempo, lo que equivale a una consulta sobre quién debe estar al frente del Gobierno y los órganos del Estado nacional. Hasta el siglo pasado, podíamos esperar, a lo sumo, que se nos pidiera nuestra opinión en las encuestas o en las consultas elaboradas por los institutos nacionales de estadística; sus resultados suelen publicarse en sesudos informes que contienen las tendencias de opinión e ilustran las prioridades de los grupos sociales, clasificados según la demografía o el nivel socioeconómico de las entrevistadas. Nada más lejano del ideal de la democracia deliberativa, a no ser que consideremos las desaforadas discusiones parlamentarias como un ejemplo de ésta.

Hoy vivimos en tiempos en que los estados nacionales y sus democracias representativas se han visto debilitados vaciados de contenido, incluso por la aplanadora de la segunda globalización económica, y supeditados al inmenso poder de las corporaciones, que ha dado paso, a finales del siglo veinte, a la llamada sociedad tecnológica, considerada como nuestra cuarta revolución industrial. En este contexto, surgen preguntas y discusiones acerca de cómo deberían ser nuestras instituciones democráticas, dado el descontento que los ciudadanos sienten al verse excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre las prioridades que atañen a su vida diaria y sus comunidades, y muy especialmente, en tiempos de crisis climática.

¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen,  en muchos países del mundo, unos déficits alarmantes de representación democrática, cosa que con toda probabilidad, puede ser terreno abonado para la emergencia de gobiernos autoritarios y corruptos que actúan bajo el velo de instituciones supuestamente democráticas (por ejemplo, Bolsonaro, Trump, Maduro, Orban, Putin, Modi o el PCCh) pero debiltadas, y por ello, necesitadas de reformas; muchos de los caudillos «democráticamente elegidos» que hoy operan lo hacen favoreciendo cleptocracias ávidas que no se detienen ante ningún peso o contrapeso ni a las advertencias de los órganos de control democrático, sino que más bien son capaces de cooptarlos para sus propios designios, sembrando el odio y la división en la sociedad.

 

 Enter Civic Tech

Tras casi cuatro décadas de desarrollo de la sociedad en red, y con el cambio de paradigma operado por la  economía política de internet, hoy somos también testigos de la emergencia de las denominadas tecnologías cívicas. Estas comprenden el conjunto de herramientas o procedimientos validados y protocolos propios de las tecnologías digitales que posibilitan la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía con el fin último de mejorar la gobernanza y procurar el bienestar al interior de sus comunidades. Las tecnologías cívicas incluyen el software de aplicaciones cívicas (entre las que se cuentan las redes sociales), las plataformas digitales de las administraciones públicas y las instituciones, así como cualquier otro software destinado a tales fines.

Por otro lado, el movimiento de las Civic Tech busca revitalizar y transformar nuestras instituciones sociales básicas, recuperando la plaza pública (tanto virtual como presencialmente), y procurando el acceso a las tecnologías digitales para poder ejercer una democracia deliberativa y participativa, bajo el ideal de incluir a toda la ciudadanía sin distinciones.

 

¿Cómo participamos?

En política, los mecanismos de participación ciudadana pueden agruparse en tres: 1. La democracia directa (referendos e iniciativas al voto); 2. los mecanismos de participación propiamente dichos (consejos vecinales, presupuestos participativos) y 3. las asambleas sorteadas (Welp, 2020). La participación y sus mecanismos deben alimentar la opinión pública, y posteriormente, ello debe ser articulado en un sistema de participación que sea real y no instrumentalizada por el poder político encarnado en el gobernante de turno.

En un reciente trabajo, la politóloga Yanina Welpi propone «una hoja de ruta para el análisis de los mecanismos de participación ciudadana, su relación con la formación de la opinión pública y su combinación con otras instituciones de la democracia representativa, en particular el gobierno, el poder legislativo y los partidos políticos. El objetivo es desarrollar una noción de ecologías de la participación que, en lugar de poner en competencia distintas instituciones participativas, explore cómo podrían articularse y qué condiciones deberían cumplir para contribuir fortalecer la democracia».


Un ejemplo de participación digital

Para conocer los avances en las diferentes modalidades de asambleas ciudadanas que se han convocado recientemente en Europa, el Decidim Fest invitó a Eloïse Gabadou de Open Source Politics, quien explicó el proceso de la AHYPERLINK "https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/"samblea ciudadana por el clima que tuvo lugar en Francia en 2019-2020. El componente de participación digital de esta asamblea fue diseñado por OHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"pen HYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"SHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"ource PHYPERLINK "https://opensourcepolitics.eu/"olitics en el entorno de la plataforma HYPERLINK "https://decidim.org/es/"DHYPERLINK "https://decidim.org/es/"ecidim y haciendo uso de Iramuteq, una herramienta de lingüística computacional que permite analizar textos y cuestionarios. 

Las Civic Tech pueden ampliar los mecanismos de participación ciudadana y validar los protocolos de toma decisiones, empleando criterios de inclusión y transparencia.

El contexto en que se convocó esta Asamblea por el clima en 2019, tras la aparición del movimiento social de los chalecos amarillos, es uno de creciente preocupación ciudadana por la emergencia climática, y de protesta por el impuesto a las emisiones de carbono, que formó parte de las medidas de transición ecológica adoptadas por Francia en 2018, lo cual generó el rechazo de amplios sectores sociales. Como respuesta del gobierno a esta situación se celebró el Grand Débat nacional, el primer ejercicio de democracia participativa a nivel nacional liderado por el Estado francés, y que fue criticado por su falta de transparencia en el algoritmo empleado y en la gobernanza del proceso. Al mismo tiempo, el presidente Macron se vio obligado a demostrar que daba respuesta a la emergencia climática, tal como lo había adelantado en su programa de gobierno como candidato presidencial en las elecciones de 2017. De esta manera, la Asamblea ciudadana por el clima se presentaba como una respuesta del gobierno, acorde con la promesa presidencial de abordar la acción climática.

 

Rotondas ocupadas por Chalecos amarillos, 2018 de
Concentraciones de protesta de los Chalecos amarillos

La pregunta que se planteó en 2019 a la Asamblea ciudadana por el clima fue:

¿Cómo podría Francia reducir, para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% (con respecto a las emisiones de la década de 1990)?

Para responder a ello, se seleccionó de manera aleatoria a 150 personas con ciudadanía francesa, según unos criterios de género, edad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, territorio y zona geográfica. Se encargó a estas personas que definieran un conjunto de medidas que no  serían sometidas a ningún tipo de depuración; posteriormente serían sometidas a un referéndum o al voto en el Parlamento, o serían directamente aplicables en calidad de reglamentos.

La organización de la asamblea, celebrada en siete sesiones presenciales a lo largo de nueve meses y en torno a seis temas, tuvo un presupuesto de 5,4 millones de euros. El resultado final fue un documento de 400 páginas que incluye 149 medidas sobre el clima propuestas por la ciudadanía.

Durante las sesiones presenciales se organizó la deliberación y la entrega de información a la ciudadanía. Se puso a disposición de la Asamblea a expertos de los ámbitos de la economía y el derecho con el fin de facilitar durante el proceso de redacción de unas medidas que no tuvieran que ser depuradas una vez que éstas fueran presentadas, y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos. 

 Se facilitó la redacción de medidas que no tuvieran que ser depuradas y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos.

 

La capa de participación digital

La participación digital posibilitó una inclusión ciudadana más amplia durante el proceso. Asimismo, las ONG compartieron sus informes y ofrecieron datos que sirvieron para enriquecer la información relativa a cada uno de los seis temas. Por último, además del trabajo de los 150 miembros de la Asamblea, se publicaron una serie de informes intermedios en forma de síntesis, que incluían las contribuciones ciudadanas on-line y las de las ONG.

Se optó por desactivar los comentarios on-line de la herramienta digital y limitar a una sola contribución por participante en cada tema. Además, se aseguró la verificación de las ONG y los grupos participantes. La participación de estos tuvo un peso igual al de cada participante individual. Así primaba el criterio de la calidad de las contribuciones que recibieron los miembros, por delante de lo que habitualmente ocurre en la participación on-line, que suele dar más importancia a la cantidad de propuestas. De este modo, las sesiones presenciales de la Asamblea reflejaron un trabajo de gran calidad.

Es importante señalar que, a lo largo de todo el proceso de la asamblea, se dio prioridad a la participación presencial y no se enfocó exclusivamente en la participación digital. La secuenciación fue de gran importancia a la hora de diseñar el proceso de la asamblea, en donde se combinó el elemento participativo con la deliberación presencial de los 150 representantes. Para ello se consideró la herramienta digital como un medio enfocado hacia un fin en lugar de ser ella misma un fin. 

 El debate en la asamblea abordó cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas

 

Como punto esencial, la transparencia fue considerada como un principio y una norma básica en el proceso digital. La transparencia debía ser el criterio rector de las reglas (razones por las que se adoptan la plataforma digital, los métodos de selección aleatoria, los pasos del proceso y los resultados esperados). Asimismo, las herramientas empleadas con los dos programas de software libre y de código abierto (Decidim e Iramuteq) debían ser transparentes si se quería producir finalmente una Convención como resultado de la asamblea. Todo ello era una condición necesaria para estructurar el debate on-line y para analizar las contribuciones.

Gabadou señala que no corresponde al equipo desarrollador de las herramientas evaluar los resultados de la Asamblea ciudadana. Por esta razón, prefirió centrarse en analizar los aspectos de su diseño y las decisiones que condujeron a su adopción. Sin embargo, recordó que durante el debate de la asamblea se abordaron cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas en algunas cuestiones; este fue el caso  de la restricción de vuelos comerciales de menos 2 horas, que pasó a asignarse para los vuelos de menos de 4 horas; o la aceptación de solo 146 (o incluso menos) medidas de las 149 que fueron finalmente presentadas por la asamblea.

Durante todo el proceso de la asamblea, los expertos encargados de la participación digital constataron la necesidad de hallar un nuevo equilibrio entre el poder ciudadano, por una parte, y el poder del Gobierno, por otra. Finalizada la Asamblea, sus 150 miembros se han constituido en una ONG y hoy cuentan con una plataforma especialmente diseñada para ellos con el fin de hacer seguimiento de las acciones de Gobierno en la materia. También se puso en circulación una petición de firmas para que se garantizara la implementación de las medidas resultantes de la asamblea (o de la Convención, como se denomina en francés), la cual es hoy reconocida como un buen ejemplo de deliberación a nivel nacional. Al mismo tiempo, se inició un debate sobre la posibilidad de reproducir con éxito la misma dinámica a nivel local, y sobre cuáles serían los requisitos para ello.

En conclusión, cabe destacar el alto grado de sistematización de la información alcanzado por esta asamblea, así como la calidad de las propuestas producidas y debatidas a lo largo de nueve meses; además, su apuesta por la transparencia y el uso del código abierto en el diseño, así como el procesamiento de los datos y la inteligencia colectiva resultante, abre caminos para la innovación democrática. 

Como experimento de participación digital y democracia deliberativa, con uno resultados que sus instituciones políticas no podrán ignorar, la Asamblea ciudadana por el clima será sin duda un referente e inspiración para futuras iniciativas dirigidas a revitalizar nuestras democracias y hacerlas más participativas.

06 noviembre 2020

DECIDIM Fest

 


Democracia y tecnología en tiempos de emergencia


Del 18 al 20 de noviembre de 2020

Un encuentro on-line producido desde la ciudad de Barcelona por la plataforma digital de participación ciudadana decidim

  • 11 exposiciones temáticas
  • 3 diálogos
  • 5 Paneles con presentaciones
  Y un espacio digital para conocer a personas expertas en tecnologías cívicas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil

¿Qué es decidim?

Decidim es una plataforma de participación ciudadana de código libre y abierto para ciudades y organizaciones. Pero Decidim es también más que una plataforma digital: es un proyecto y una infraestructura abierta que incluye código, documentación, diseño, formación, un marco legal, interfaces colaborativas, una comunidad de usuarios y facilitadores y una visión global.

Preguntas frequentes decidim

Decidim web

5w intro:

Del 18 al 20 de noviembre tendrá lugar el Decidim Festival, un encuentro online de la plataforma digital decidim (que hoy cuenta con organizaciones y ciudades participantes en el mundo dedicadas a la innovación democrática mediante las tecnologías cívicas, las redes digitales y el empoderamiento ciudadano.

Desde su implantación por diversos gobiernos locales y regionales (la ciudad de Barcelona, los gobiernos municipales de Ciudad de México y Helsinki o la regiones del Loira y Nueva Aquitania en Francia y Quebec en Canadá, entre otras), esta herramienta de participación ciudadana que funciona como una plataforma de software libre y de código abierto, ha sido adoptada por diversas organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos ciudadanos. A través de asambleas, consultas, iniciativas y procesos realizados on-line entre sus integrantes, buscan introducir la tecnopolítica en el ADN de las democracias del siglo XXI, las cuales requieren hoy cambios urgentes que pasan por tener una infraestructura digital democratizada.

A lo largo de tres días, el programa de Decidim Fest ofrecerá la transmisión digital en directo de 20 diálogos, paneles y talleres con un elenco internacional de personas expertas, instituciones y activistas en temas como la democracia participativa, la justicia de datos, el internet feminista o los derechos humanos en tiempos de pandemia. Además, el encuentro facilitará un espacio digital para hacer contactos o networking a lo largo de los tres días que dura el evento.

¡Únete y participa en el Decidim Fest!

Inscripciones

 

Sesión del Decidim Fest 2019 sobre la economía política de los datos: Antonio Calleja (investigador IN3/UOC), Liliana Arroyo (ESADE), Mara Balestrini (Ideas for Change)