Democracia y tecnología digital

Ponentes del Metadecidim LAB en el Canòdrom de Barcelona, junio 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

La democracia participativa: debate, diálogo y deliberación

La tecnología digital no solo ha puesto a nuestro alcance un conglomerado de plataformas que usamos tanto en nuestras comunicaciones como en la información que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades como consumidores, usuarios, gamers, estudiantes o empresarios. Hoy existe también una comunidad transnacional de personas comprometidas con los ideales democráticos, que desarrollan y emplean estas tecnologías en código abierto con el fin de ampliar los derechos y la gobernanza de nuestras sociedades bajo la premisa del poder y el empoderamiento ciudadanos.

Nuestra “sociedad del conocimiento”, modelada por los gigantes tecnológicos de la información y la comunicación (GAFAM), requiere la ampliación e innovación de nuestras democracias mediante el uso de un software libre que tenga aplicaciones cívicas en código abierto; la ciudadanía no puede ser solo considerada como una masa de votantes que es convocada para elegir a sus representantes políticos según lo establecido en el calendario electoral; la ciudadanía del siglo XXI debe ser también participante activa en los procesos realizados mediante la tecnología cívica, que involucra a personas, organizaciones sociales e instituciones públicas.

Haciendo converger disciplinas como la ingeniería informática, la ciencia de datos, la física y la ciencia política, diversos proyectos en código abierto han creado programas de software libre desarrollados por ciudadanos e instituciones partidarias de la tecnopolítica. Estos promueven el desarrollo de plataformas de participación, organización y toma de decisiones ciudadanas que amplíen la democracia de manera inclusiva, igualitaria y transparente; funcionan en ambientes de participación y deliberación online y presencial, en eventos que pueden celebrarse de manera sincrónica (todos juntos) o asíncrona (cada persona elige el momento en que quiere o puede participar). Su fin último es conseguir que las propuestas y decisiones de los colectivos, personas e instituciones, participantes o impulsores, sean reflejados en las políticas públicas y en las leyes de su respectiva jurisdicción.

El ideal democrático de alcanzar el bien común en sociedades cohesionadas recurre cada vez más a la tecnología cívica a medida que esta es adoptada por los grupos sociales y aplicada por su economía política. Sin embargo, vemos que esta tecnología es acaparada por empresas que privilegian el software propietario y su modelo de negocio extractivista postindustrial. En cambio, las plataformas que emplean código abierto permiten recoger propuestas o celebrar debates haciendo uso de protocolos de toma de decisiones cuyos datos son incorporados en proyectos sociales y políticos transformadores que privilegian la soberanía del demos. En resumen, la tecnología cívica puede proporcionarnos inteligencia sobre las prioridades de los diversos grupos sociales que conforman un determinado colectivo o nación, o incluso una comunidad internacional, pero a su vez sirve para velar por los bienes comunes que, por supuesto, deben incluir la soberanía sobre los datos que generamos digitalmente.

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Decidim es una plataforma digital de participación ciudadana nacida y desarrollada en la ciudad de Barcelona, que hoy conforma una comunidad internacional de personas, organizaciones e instituciones públicas que han empleado su código digital y han contribuido a éste creando una serie de instancias para organizar procesos y presupuestos participativos así como iniciativas y consultas ciudadanas, hoy desplegadas a nivel mundial.

El 3 de junio pasado, se celebró un encuentro sobre democracia deliberativa en el LAB metadecidim, un espacio para la creación y la acción participativa en el ámbito de la comunidad del software Decidim. El encuentro tuvo lugar en Canòdrom, el ateneo de innovación digital y democrática que investiga y aplica tecnologías abiertas de democracia participativa y cultura digital, impulsado desde la ciudad de Barcelona.

La jornada contó con la participación de tres investigadores. Oliver Escobar, politólogo de la Universidad de Edimburgo, Rosa Borge, investigadora en administración y democracia electrónica de la UOC, y Yago Bermejo, fundador del centro de diseño y formación en procesos participativos Deliberativa.

En la presentación de la jornada, Juan Linares-Lanzman, investigador del centro de estudios Tecnopolítica de la Universitat Oberta de Catalunya, destacó la importancia de generar conocimientos científicos y técnicos, y muy especialmente, estrategias de empoderamiento en las diversas instancias de metadecidim.

En Decidim, una instancia se refiere a la organización democrática de cualquier proceso que haga uso de la plataforma Decidim para “desarrollar conjuntamente la planificación estratégica, ejecutar presupuestos participativos, construir procesos de deliberación multitudinarios y tomar decisiones de manera conjunta”.

La deliberación democrática

La deliberación y la toma decisiones comportan una gobernanza democrática que entronca con la teoría de la democracia deliberativa de Gutmann y Thompson (2004): un proceso en el que las personas libres e iguales (y sus representantes, si los hubiese) justifican sus posiciones mediante un diálogo que presenta razones generalmente aceptables y accesibles con el fin de llegar a decisiones que pueden ser vinculantes (con validez jurídica) para todos, pero abiertas a enmiendas en un futuro.

La deliberación democrática hace posible que nos gobernemos de manera libre y entre iguales, y que tomemos decisiones abiertas, no cerradas. Ejemplos de ello son las propuestas, debates y decisiones recogidas en el Plan de Acción Municipal de la ciudad de Barcelona y por la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Linares-Lanzman señaló que en Github, el servicio de hosting y repositorio para el desarrollo de software empleado por Decidim, el número de propuestas triplica el número de los componentes de debate. Para él, quizá sea el momento propicio para estudiar y aprender de las plataformas que incluyen la deliberación y las denominadas asambleas ciudadanas de justicia climática.

Durante el encuentro se reflexionó sobre las siguientes preguntas: ¿Qué entendemos por deliberación en la plataforma decidim y cómo podemos estudiarla? y  ¿Qué funcionalidades relacionadas con la deliberación existen en decidim y cuáles se pueden añadir como nuevas? Por último, se hizo un análisis de las Asambleas ciudadanas.

Ofrecemos aquí un resumen de la primera de las tres ponencias del encuentro, que continuaremos en dos entradas sucesivas publicadas bajo el mismo título.

Diferencias entre el Debate, el Diálogo y la Deliberación: ¿Por qué importan en el diseño de espacios participativos digitales?

En su exposición, Oliver Escobar abordó las cuestiones básicas sobre la teoría de la comuncación, basándose en la experiencia de las asambleas y manifestaciones en torno a la ley de universidades (LOU) que tuvieron lugar en España en 2001. Tras las jornadas de protesta contra la ley propuesta, las asambleas presentaron una serie de enmiendas y diseñaron una serie de propuestas alternativas.

“Fue entonces cuando despertó mi interés en la facilitación y en otras formas de comunicación. En España, el debate es la forma más conocida de comunicación pública, con sus virtudes y sus vicios.”

Escobar sitúa su marco de investigación y el ámbito de su experiencia en la democracia participativa, pero reconoce su interés en la democracia deliberativa, surgido ante la constatación de que existía un poder arbitrario en la política española. En su opinión, la teoría d ela legitimidad, que tiene en cuenta la manera en que la gente se ve afectada por las decisiones y las políticas, también debe considerar la importancia de poder ejercer influencia a través de la deliberación: “se trata de discutir de manera transparente en la esfera pública, no en secreto, por detrás o por presión de los grupos de poder”, lo cual pone en evidencia la existencia de una “caja negra” para la toma de decisiones desde el poder.

El politólogo explica la razón que hay detrás de las decisiones, es decir, que éstas no solo se basan en la opinión sino en la razón. No basta la opinión pública sino que debe haber razón pública.

Pero la mayor parte de los seres humanos no sabemos lo que queremos (o pensamos) hasta que nos ponemos a conversar con otros. “Somos profundamente relacionales. Es por ello que “deberíamos tomar decisiones basándonos en la fuerza del mejor argumento, no en la fuerza del dinero, las presiones o la autoridad ciega”. Y ello da prioridad a alcanzar un nivel de acuerdo sobre el bien común, y no solamente sobre el interés privado. “En la deliberación como forma de comunicación no es aceptable que la gente justifique sus posiciones en base al interés privado”.  

En el nivel de la esfera pública, se espera que la deliberación sea transformativa, es decir, que nos ayude a corregir cualquier desinformación, distorsiones, argumentos manipulativos, etcétera. Así, Oliver reflexiona en este punto sobre la importancia de seguir la tradición dialógica de la comunicación: “la sociedad es una maraña de pautas de comunicación. Diferentes pautas comunicativas [Pearce: 2007] generan diferentes mundos interpersonales que desarrollan sus respectivas funciones. Pero la comunicación no es solo instrumental sino constructiva; importa tanto “lo que se consigue” como “lo que se construye”: qué tipo de contextos, qué tipo de relaciones y en qué términos materiales (las pautas comunicativas).

Ejemplos de pautas comunicativas que pueden ser contraproducentes:

•       Intercambio de monólogos y argumentos preempaquetados
•       Voces dominantes
•        Postureos (figuretismo)
•        Uso y abuso de jerga
•        Espiral de silencio (ante una mayoría)
•        Exceso de generalizaciones (sin matices)
•        Simplificaciones
•        Polarización
•        Confrontación ritualizada

 

Diálogo y deliberación en el diseño de las pautas y dinámicas comunicativas: D + D

Escobar explica que las fases o etapas dialógicas ayudan a la etapa deliberativa. El diálogo comporta una dinámica de indagación o consulta mediante la cual se explora y se aprende acerca de un asunto; asimismo, con el diálogo se producen sentidos o significados compartidos  que crean tanto el entendimiento y como las relaciones.

La deliberación, por su parte, comporta una dinámica de promoción y defensa de una política o un derecho determinado, en la que se intercambian razones públicas; a lo largo de todo el proceso de deliberación, se consideran una serie de alternativas y se toman decisiones.

En otras palabras, el diálogo se produce en una fase de exploración que es de carácter divergente en tanto que recoge testimonios y experiencias de índole diversa. La deliberación, en cambio, ocurre en una fase en que se busca llegar a una conclusión o resolución que se caracteriza por ser convergente (diferentes opiniones son sometidas a consideración por el grupo).  

El diálogo y la deliberación tienen estilos diferentes de facilitación. Mientras que en el dialogo no existe presión por llegar a una conclusión o decisión, en la deliberación sí hay apremio por llegar a una decisión. 

 

El procomún como estrategia de supervivencia

Construir el procomún como estrategia de supervivencia durante una pandemia

Por David Bollier

David Bollier en el Aspen Institute, 2009. Foto: Joi Ito from Inbamura, Japan / CC BY

David Bollier es fundador del Commons Strategies Group. Ha escrito numerosas obras sobre el nuevo paradigma económico, político y cultural de nuestro siglo: el procomún. Publicamos aquí una versión traducida y compendiada de un artículo suyo en el que reflexiona sobre los efectos económicos, políticos y sociales de la pandemia del SARS-CoV-2 y sobre la necesidad de actuar colectivamente.

2/4/2020
La pandemia que hoy se extiende por nuestro planeta es un evento histórico destinado a cambiar muchas de las premisas de la vida moderna. Debemos actuar con rapidez para hacer frente a las emergencias, pero también aprovechar la oportunidad de reflexionar sobre un cambio de sistema a largo plazo. Si hay algo que la pandemia permite constatar (en tándem con el cambio climático) es que se deben producir profundas transformaciones en nuestros actuales sistemas políticos y económicos. Ya hemos visto que lo único que nuestras autoridades tienen previsto es el rescate de este sistema disfuncional y que, entre sus prioridades, no contemplan ningún cambio genuino.

Sin embargo, las pandemias son difíciles de ignorar, y algunas de las ideas que alguna vez fueron apartadas o descartadas por la «gente seria» —como las políticas de transición ecológica, la construcción del procomún, la acción climática, la relocalización, la soberanía alimentaria, el decrecimiento, las finanzas postcapitalistas, el ingreso básico universal, y muchas cosas más—, se nos revelan hoy como propuestas muy convincentes y de sentido común.

Aun cuando la pandemia ha sido espantosa, seamos sinceros: también ha servido para trastocar el quehacer político habitual y dar validez a nuevas e imaginativas posibilidades.

Hay muchas cosas que han dejado de ser discutibles. Para empezar, que nuestro actual sistema para el desarrollo de nuevas medicinas debería ser reformado para que los monopolios de las grandes corporaciones no puedan abusar de nosotros con precios exorbitantes y dando preferencia a los fármacos que tienen valor de mercado en vez de a la innovación. Semejante desprecio por las necesidades en salud pública es inaceptable. Y si hablamos de nuestros sistemas de atención sanitaria, es evidente que estos deben ser accesibles a todos, pues la pandemia está demostrando que el bienestar de cada persona está íntimamente relacionado con la salud colectiva. Por último, se hace patente que debemos poner coto a la destrucción de los ecosistemas si no queremos desencadenar una mayor destestabilización del planeta con la aparición de virus, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y otras cosas parecidas.

En este sentido, el Covid-19 está volviendo a familiarizarnos, en tanto que ciudadanos modernos, con algunas realidades humanas básicas que habíamos negado por largo tiempo:

• Los seres humanos dependemos de sistemas vitales y biológicos a pesar de que tenemos la pretensión de haber triunfado sobre la naturaleza y sus límites materiales.

• Somos profundamente interdependientes unos de otros, aún cuando presumimos, según la doctrina central de le economía moderna y la democracia liberal, de haber alcanzado la soberanía individual y dejado de lado las necesidades colectivas. Tal como lo expresó la premier británica Margaret Thatcher: «La sociedad no existe; solo existen los individuos».

Por más que hayamos adoptado estos supuestos generales de la vida moderna, los seres humanos estamos descubriendo que en realidad estamos programados para ayudarnos cuando nos enfrentamos a un desastre. La escritora Rebeca Solnit lo relató en su libro A Paradise Built in Hell (Un paraíso en el infierno): los terremotos, los huracanes y las explosiones de gas empujan a los seres humanos a la auto organización y a la ayuda mutua, a menudo de maneras absolutamente asombrosas y hermosas.

Este impulso humano ha sido confirmado en las historias contadas por el periodismo desde los inicios del Covid-19. Al igual que el movimiento Occupy se movilizó para prestar asistencia básica tras el paso del huracán Sandy por la ciudad de Nueva York, las redes de ayuda mutua están nuevamente surgiendo en numerosos barrios en todo el mundo, según informa el New York Times.

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Cartel sobre la gripe española, EE.UU., 1918 - Wikimedia Commons

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La cultura dominante prefiere referirse a la ayuda que entre sí se prestan las personas como «voluntariado» o «altruismo». Para ser más exactos, la ayuda entre iguales consiste en un acto de construcción del procomún porque en él se registra un mayor compromiso, el cual subyace en su carácter colectivo y no es lo mismo que «hacer el bien», un término más bien paternalista. Y no debe sorprendernos que esta ayuda entre iguales pueda a veces producir desacuerdos que deben ser resueltos, pero que pueden terminar por fortalecer al procomún.

Un reflexivo artículo sobre el papel que juega el anarquismo como forma de supervivencia en la pandemia señala que la ayuda mutua consiste en la «práctica descentralizada del cuidado recíproco mediante la cual las personas que participan de una red se aseguran de que todos obtengan lo que necesitan; de este modo, todos tienen una buen razón para invertir en el bienestar de los demás. No se trata de un intercambio como compensación sino más bien de un intercambio de cuidados y recursos que crea una suerte de blindaje y resistencia frente a las adversidades que podría tener que enfrentar una comunidad». 

Cuando el estado, el mercado o la monarquía no alcanzan a asegurar las necesidades básicas, es la gente común la que da un paso adelante para idear sus propios sistemas de ayuda mutua.

 
La cuestión, por el momento problemática, es saber si el poder del estado estará en disposición de apoyar en el largo plazo las iniciativas de ayuda mutua, pues ésta podría ser vista como una amenaza para su autoridad y para los mercados. O si otros políticos, inspirados en la figura de Trump, utilizarán este momento de miedo para consolidar el control del estado, incrementar la vigilancia y anular las instancias de la gobernanza distribuida entre iguales [surgida en las últimas décadas con el advenimiento de las redes de Internet P2P].

Otra cuestión importante en el corto plazo es saber si podremos ganar el suficiente apoyo institucional para construir el procomún de manera que este movimiento no se diluya en el tiempo a medida que se disipe la consciencia de que estamos en alerta roja. Para esto, recomiendo el libro que escribí con Silke Heferich, Free, Fair and Alive (Libre, justo y de todos). Y también se puede dar una hojeada a la caja de herramientas para la gobernanza de Community Rule, o visitar Sociocracy for All [N. del T.: sobre el mismo tema, en el ámbito de España, se han creado diversas plataformas de participación ciudadana que emplean el software libre Decidim].

A lo largo de la historia, la construción del procomún ha sido una estrategia de supervivencia esencial que no tendría por qué dejar de serlo en esta ocasión. Cuando el estado, el mercado o la monarquía no alcanzan a asegurar las necesidades básicas, es la gente común la que da un paso adelante para idear sus propios sistemas de ayuda mutua.
 
Al hacerlo, están arrojando luz sobre las deficiencias estructurales de los mercados convencionales y del poder estatal. Vemos cómo las agendas políticas y la especulación a menudo han estado por delante de otras prioridades como la salud pública o las políticas de igualdad. Y ello se hace evidente en el proyecto de ley aprobado en el Congreso estadounidense para financiar el rescate de la economía con 2,2 billones de dólares. No hay más que pensar cuántas de las corporaciones tienen hoy como prioridad recoger los beneficios de su eficiencia económica al encargar la fabricación de mascarrillas quirúrgicas en el extranjero, o cerrar cualquier posibilidad de acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles.

Son muchos los observadores de esta pandemia que señalan que esto es solo el principio de otras crisis que ocurrirán en el futuro. No se ha dicho lo suficiente que la Covid-19 es, en parte, el resultado de una excesiva invasión demográfica en los sistemas naturales del planeta. Según Inger Andersen, directora del programa para el medio ambiente de la ONU, si los patógenos de origen animal están saltando con más facilidad a los seres humanos, ello es así por la pérdida de la biodiversidad y el hábitat en nuestro planeta.

También el ecologista Stephen Harding ha escrito un fantástico artículo sobre cómo Gaia (el planeta Tierra) pareciera estar tratando de enseñarnos sobre los peligros del comercio global sin límites: «Hoy vemos cómo una red sobreconectada puede verse alterada por la aparición local de un virus mortal que después se extiende y amplifica con rapidez por todo el sistema planetario, poniendo en jaque su resiliencia y aumentando la posibilidad de un colapso».

United Nations / CC BY-SA

Son muchos y cruciales los dilemas que enfrentamos en esta coyuntura. Debemos decidirnos por reconstruir nuestros sistemas de abastecimiento bajo criterios ecológicos y de resiliencia, desechando todas las fantasias neoliberales que pregonaban un crecimiento ilimitado de la economía y unos mercados globales estrechamente coordinados. Es el momento de desarrollar nuevos (y también viejos) modelos de agricultura, comercio y comunidades que sean sostenibles.

Todo esto requiere que consideremos honestamente la manera en que volveremos a conceptualizar y representar el poder del estado. Tal como Yuval Harari, el autor de Sapiens, lo ha expresado en el New York Times: «Nuestra primera elección será decidir entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano; la segunda, entre el aislamiento entre fronteras nacionales y la solidaridad global», advierte.

La humanidad tiene que tomar una decisión. ¿Tomamos la senda de la desunión o adoptamos el camino de la solidaridad global? Si eligimos le desunión, no sólo prolongaremos la crisis, sino que probablemente veamos catástrofes aún peores en el futuro. Si optamos por la solidaridad global, saldremos victoriosos de la lucha contra el coronavirus y también de futuras pandemias y crisis que podrían cernirse sobre la humanidad en el siglo veintiuno.

Resulta obvio que yo pienso que el procomún puede contribuir en mucho al empoderamiento de la gente y la solidaridad global. La esperanza reside en la capacidad de construir, de abajo hacia arriba, nuevos sistemas de abastecimiento y cuidados que sean sostenibles, con gobernanza distribuida y participativa, equidad e inclusividad. Podemos depositar nuestras esperanzas en la posibilidad de federar los distintos procomunes de manera que estos puedan coordinarse y llegar a más personas, y hacerlo con responsabilidad, flexibilidad, efectividad y resiliencia.

Quizá las instituciones del estado podrían tener un papel positivo, principalmente ofreciendo normas de carácter general, así como su experiencia y la infraestructura. Pero además deberían centrarse en el empoderamiento de la gente y en la gobernanza a pequeña escala con el fin de generar confianza en la acción colectiva.

Todavía no sabemos cómo se desarrollará y resolverá esta pandemia. Hay demasiadas variables complejas que nos impiden predecir sus muchos efectos. Sin embargo, lo que sí ha quedado bastante claro es que la pandemia pone en cuestión MUCHOS de los elementos que el orden neoliberal asigna al estado y el mercado. Sus instituciones y liderazgo político están demostrando ser o bien disfuncionales o bien carentes de todo compromiso con la atención a las necesidades públicas. Y no es sólo cuestión de los políticos como individuos sino de un sistema que resulta problemático. No obstante, aún no han cristalizado los rudimentos de un sistema nuevo y coherente que ofrezca mejores posibilidades.

Esta puede ser nuestra ambiciosa tarea de avance. Las personas que se identifican como la gente del común y sus movimientos aliados, liberales y socialdemócratas desilusionados, y personas de buena voluntad, están llamadas a desactivar los peligros que amenazan con surgir bajo la apariencia del miedo. Pero al mismo tiempo, debemos también ser capaces de demostrar que existen nuevas formas de construir el procomún, las infraestructuras, las finanzas y las asociaciones público-comunes. Son raras las ocasiones como esta, en que vemos la perfecta alineación de necesidades y oportunidades.

Temas relacionados:

El concepto del procomún explicado por Guerrilla Translation:
El procomún en pocas palabras

Cómo se expande el virus en nuestro mundo globalizado e hiperconectado.  Conferencia en Youtube: Virus,de Adelaida Sakhadian (ISG)

Retransmisión on-line del Institut Europeu d'Humanitats, 14/03/2020

Cómo están preparándose las economías emergentes para la recesión económica: CELAG: La economía está desnuda - Pablo Wahren

Validez de la participación ciudadana en el ámbito de las instituciones de gobierno

Apuntes sobre el seminario de participación digital de la plataforma decidim.barcelona y sus posibilidades de integración en el marco de la Ley española de procedimiento administrativo de las administraciones públicas (LPACAP) 

 

La comunidad METADECIDIM celebró el pasado 3 mayo en Barcelona la sesión #11 de sus ya esperados encuentros LAB, en los que da a conocer el estado y los avances de sus investigaciones sobre innovación democrática y plataformas tecnológicas.

El seminario reunió a profesionales de las ciencias sociales, el derecho y la ingeniería informática, entre otros ámbitos, en una jornada de análisis y reflexión que contó con la presencia de personal técnico y político de la administración local de Barcelona.

En una sesión abierta al público en general, celebrada en la fábrica de creación Fabra i Coats, intervinieron como ponentes Mercè Mestre, del Instituto Municipal d’Informática, el jurista Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya y Anton Queralt, director de CONNEX, una agencia consultora en revitalización administrativa para las instituciones públicas.

Para los creadores de Decidim, la plataforma de participación ciudadana de la ciudad de Barcelona, puesta en funcionamiento en enero de 2017, no solo busca ofrecer una herramienta versátil que dé respuesta a la diversidad de dinámicas de participación ciudadana creadas en tiempos de democracia líquida, sino también garantizar la validez administrativo-jurídica de los procesos que esta aloja.

Con el fin de responder a este reto, LAB Metadecidim convocó a un seminario para analizar tres diferentes escenarios de integración entre el ámbito participativo y el administrativo, así como las implicaciones técnicas y políticas de cada uno de ellos:

• Integrar Decidim con el procedimiento electrónico de creación de una iniciativa ciudadana con un enlace front end a la Sede electrónica del Ayuntamiento de Barcelona y una integración back end, donde los datos presentados por el ciudadano/ciudadana se vuelcan a la plataforma Decidim.
• Integrar Decidim con el procedimiento electrónico de creación de una iniciativa con integración previa (es decir, con la iniciativa creada en Decidim y los datos de ésta volcados en el registro) y una integración back end, donde los datos presentados por el ciudadano se vuelven a volcar a la plataforma Decidim.
• Integrar Decidim en el registro [municipal] de manera más genérica y a través de la utilización del certificado digital y/o firma digital, de tal manera que en el procedimiento no se sale de Decidim; una vez creada la iniciativa, los datos se transfieren al registro.

El seminario se planteaba el reto de “lograr que Decidim consiga validez administrativo-jurídica como vehículo de participación en la apertura de expedientes administrativos, en su procedimiento y en la recogida de firmas digitales de apoyo a iniciativas ciudadanas”. Para ello debía tenerse en cuenta el marco de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, vigente desde el año 2015.

Según Xabier Barandiarán, coordinador del proyecto de la plataforma Decidim de la Concejalía de participación ciudadana de Barcelona, mejorar la plataforma como servicio público requiere enfrentar las barreras del conocimiento y la experiencia del usuario o participante, y encontrar mayor accesibilidad al conocimiento generado. Ello pasa por integrar la cultura hacker en la administración pública, teniendo como objetivo la búsqueda de una validez administrativa y procedimental que al mismo tiempo garantice el derecho a la participación ciudadana.

Por ello es necesario reflexionar en qué medida puede encajar la voluntad política de los ciudadanos dentro de una realidad político-administrativa que a veces presenta barreras, identificadas en forma de obstáculos que pueden evitarse recurriendo a pasarelas que conectan a otras máquinas técnico-administrativas del repertorio de la función pública.

Avances en Decidim

La plataforma Decidim cuenta actualmente con tres tipos de usuariado: 1. visitantes, 2. participación registrada y 3. participación registrada y verificada. Es muy importante que la UX (experiencia de participante) no sea engorrosa y esté contenida en --o sea semejante a-- las experiencias de las personas usuarias de las redes sociales; de este modo estas se sentirán más animadas a ejercer su derecho a la participación, sin que su atención sea monopolizada por las redes sociales privadas como FB oTwitter. Para ello se está trabajando en el desarrollo de una APP de Decidim que fue presentada en la sesión operativa de Metadecidim del 5 de abril que deberá ponerse pronto a disposición de la comunidad.

Otro aspecto destacado por Barandiarán fue el de la proporcionalidad que debería existir para la exigencia de garantías. Por una parte están las garantías para la clásica recogida de firmas para cualquier iniciativa ciudadana que se quiera presentar ante las administraciones, lo cual requiere la designación de fedatarios responsables de la validez de las firmas recogidas; por otra, está el procedimiento de verificación de las identidades en las bases censales. Para los desarrolladores de Decidim es evidente que el procedimiento no puede ser exactamente igual cuando nos movemos en el ámbito de las plataformas tecnológicas de participación digital.

Centrándose en los aspectos de la información y difusión del procedimiento administrativo en el marco de la LPACAP, Agustín Cerrillo ilustró los conceptos jurídicos aplicables a la verificación de la firma electrónica (identidad).

La ley reconoce un conjunto amplio de derechos relativos a la participación, como los de ser asistidos en el uso de medios electrónicos y para obtener o utilizar los medios de identificación y firma electrónica de forma adecuada. Sin embargo, las garantías jurídicas están reñidas con la tecnología empleada para la identificación con medios electrónicos en algunas situaciones. Los mecanismos de identificación deberían ajustarse a los riesgos que haya en cada instancia de entrada a los trámites o procedimientos: a veces basta con identificarse, y otras, es preciso verificar la identidad. Cerrillo se refirió también a la posibilidad de usar un sello electrónico en ciertos casos.

El tema de la seguridad electrónica en las administraciones públicas nos remite necesariamente al Esquema Nacional de Seguridad y al Documento de política de firma electrónica (Cataluña cuenta con un protocolo que clasifica por niveles de seguridad y ofrece un catálogo de productos de verificación para cada caso, aspectos también explicados en detalle por Mercé Mestre que quedan recogidos más adelante).

Existen cuestiones de garantía de los aspectos recogidos en la LPACAP que dan una eficacia jurídica en el marco de las decisiones que se toman en las administraciones públicas. Al respecto, Cerrillo sugiere que la plataforma Decidim debería preguntarse en cada actuación:

¿Puede considerarse [el uso de] la plataforma como un procedimiento administrativo? Esto dependerá de la finalidad para la cual se utiliza. Si las personas usuarias son ‘personas interesadas’, entonces existe el interés legítimo (la existencia de una base legal legítima para el tratamiento de datos), lo cual permite que dicho uso sea considerado como procedimiento administrativo.

Los mecanismos de identificación y firma electrónica deberían usarse cuando así lo requiera el tipo de decisión para la cual se convoca una consulta en Barcelona.decidim. Aquí es importante señalar que la ley es más exigente en la verificación e identificación en medios electrónicos que en la recogida de firmas manuales. Sin embargo, la ley también permite emplear diferentes sistemas que van desde el más sencillo hasta aquellos que ofrecen distintos grados de usabilidad, señaló Cerrillo.

La apuesta por la transparencia

Según el analista Antón Queralt, para hablar de validez jurídico-administrativa en el ámbito de la participación digital debemos recordar que Decidim promueve el uso del código abierto, lo cual es toda una apuesta por la transparencia, la replicación y el mejoramiento del programa como herramienta. En última instancia, se busca alcanzar una legitimidad para el propio sistema y, asimismo, en las áreas de mejora de la legitimidad del proceso participativo propiamente dicho.

“La transformación tecnológica viaja en avión, los procedimientos administrativos y los cambios jurídicos viajan en tren; y los procesos participativos de la ciudadanía van a su propio paso”.

Según Queralt, “no es fácil responder al marco normativo, garantizar todos los derechos y conjugar la cultura socioeconómica con la velocidad de la transformación tecnológica y con la garantía y la velocidad en que se mueve el marco jurídico”, pues nos movemos en un ecosistema variado y muy desequilibrado.

En cuanto al procedimiento administrativo, hoy tenemos un marco normativo incipiente (el Reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Barcelona aprobado en 2017), un sistema facilitado mediante la aplicación Decidim para teléfonos smart (ver la propuesta de valor presentada por los estudiantes de la escuela de Elisava de Barcelona), y además, unos componentes funcionales con un ciclo de vida que consta de un espacio deliberativo previo y que incluyen el retorno y la evaluación. Teniendo en cuenta estos tres elementos, se debe buscar el encaje entre el procedimiento administrativo y el [proceso] participativo, así como también para el espacio digital que resulta de la convergencia de estos.
Queralt opina que es pertinente preguntarse por la finalidad; ¿se trata de resolver una propuesta o de crear una comunidad? Y si son ambas, ¿en qué medida? “Aquí hay que buscar el punto de equilibrio, algo parecido a lo que consigue en sus platos el chef Ferran Adrià”, añadió.

Fases de la participación y ciclos de vida

En las propuestas ¿debe haber un encaje con el espacio del procedimiento administrativo? Esto se debe encontrar mediante el análisis del Reglamento de participación. Y para ello es útil, asimismo, ver el catálogo de procedimientos disponibles en los sistemas del Ayuntamiento. Queralt señala que el procedimiento administrativo no resuelve bien la cotidianidad. Regula cosas y garantiza todos los derechos, pero esta regulación de los procesos actúa cada cuatro o cinco años. El espacio participativo-personal debe manejar estos aspectos de la cotidianidad, pues es en el ciclo deliberativo del proceso participativo donde nos ‘escapamos’ del marco estricto del procedimiento administrativo y sus expedientes.

Queralt también destacó la importancia de hacer marketing público, pues el ciudadano se pregunta por dónde puede entrar para introducir estos procesos o propuestas de manera válida, cuando se encuentra con más de 1 000 páginas web del Ayuntamiento de Barcelona. Por esta razón, se podría plantear un encaje selectivo en el procedimiento administrativo que permita legitimar o asegurar el proceso participativo. "Vemos que el ciclo de vida de este proceso que involucra a la administración pública y la ciudadanía es muy amplio; y quizá no haga falta integrarlo en todas sus fases, sino de forma selectiva, aprovechando la norma al máximo y desde el Reglamento", sugirió.


Además de las leyes, las normas y las comisiones municipales para legitimar lo que se hace desde Barcelona decidim, podríamos usar los llamados ‘terceros de confianza’ para legitimar y marcar rigor en muchos procedimientos. Es lo que se usa en los sistemas de pago entre la administración y la ciudadanía, donde los terceros de confianza son las entidades bancarias
 
¿Podría existir un tercero de confianza que cubriera aspectos de legitimidad de la participación ciudadana? ¿Qué agentes del territorio o el modelo pueden aportar esta legitimidad que falta para completar el ciclo de vida? 
 
Por último, Queralt recomendó evitar una focalización excesiva en las problemáticas que haga perder la visión panorámica. Por eso propone estudiar la evolución de las administraciones públicas en relación con la ciudadanía y establecer una relación entre los puestos y los procesos de trabajo.

Conociendo los módulos

Mercè Mestre, responsable del departamento de calidad y seguridad en el IMI, describió el sistema de identificación y firma del ciudadano y el empleado público en el Ayuntamiento de Barcelona.

El IMI como organismo municipal debe velar por el cumplimiento de la ley y responder a las demandas de la Oficina de Atención al Ciudadano, cuya misión es ofrecer ayuda en materia de registro para encontrar nuevas formas de interactuar con los ciudadanos dentro del marco de la ley.

Los mecanismos para la autenticación y la firma del ciudadano emanan de la Ley 39 de política de identificación y firma del Ayuntamiento. Pero además estos deben alinearse con las medidas de gobierno del Ayuntamiento: la administración cercana, el empoderamiento y la eliminación de barreras para la ciudadanía en su relación con la administración local.

También es necesario adaptar la LPACAP a los portales municipales, a los servicios telemáticos que se ofrecen a la ciudadanía, y para el empleado público que debe atender al ciudadano en sus demandas tanto presenciales como en el back office.

Los módulos de autenticación y firma son funcionales y están al servicio de todos. Se ha construido un módulo común que sirviera para todos y que se pudiera gobernar según el tipo de trámite para definir los niveles de seguridad, con el fin de estandarizar, unificar y economizar.

La administración cercana, el empoderamiento y la eliminación de barreras para la ciudadanía en su relación con la administración local, son objetivos del gobierno municipal.

El módulo común de autenticación es el certificado digital, tanto en tarjeta como en software, que usa el validador del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña AOC.

El Mòbil ID es el mecanismo de identidad de ciudadanos, asociado a una APP de identidad creada en el Ayuntamiento que hacia finales de 2018 estará también bajo el sistema Vàlid del AOC. Tanto el certificado digital como el Mobile ID son mecanismos muy restrictivos y por ello se está buscando maneras de ampliarlos.

Módulo de firma telemática del ciudadano (con centralización del AOC)

El VÀLid del AOC ha creado un mecanismo de firma ordinaria que permite recoger evidencias de identificación (por mecanismo Clave, IDCat mòbil o certificado) y también comprobar la ‘voluntad de firma’.

Hoy existe la posibilidad de conseguir los llamados sellos de integridad para la interacción ciudadana en las instancias o documentos presentados en los portales de la administración local. Con el código seguro de verificación (CSV) también es posible recuperar algunos trámites (pago de multas, solicitud de becas, etc.) realizados anteriormente.