Democracia y tecnología digital

Ponentes del Metadecidim LAB en el Canòdrom de Barcelona, junio 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

La democracia participativa: debate, diálogo y deliberación

La tecnología digital no solo ha puesto a nuestro alcance un conglomerado de plataformas que usamos tanto en nuestras comunicaciones como en la información que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades como consumidores, usuarios, gamers, estudiantes o empresarios. Hoy existe también una comunidad transnacional de personas comprometidas con los ideales democráticos, que desarrollan y emplean estas tecnologías en código abierto con el fin de ampliar los derechos y la gobernanza de nuestras sociedades bajo la premisa del poder y el empoderamiento ciudadanos.

Nuestra “sociedad del conocimiento”, modelada por los gigantes tecnológicos de la información y la comunicación (GAFAM), requiere la ampliación e innovación de nuestras democracias mediante el uso de un software libre que tenga aplicaciones cívicas en código abierto; la ciudadanía no puede ser solo considerada como una masa de votantes que es convocada para elegir a sus representantes políticos según lo establecido en el calendario electoral; la ciudadanía del siglo XXI debe ser también participante activa en los procesos realizados mediante la tecnología cívica, que involucra a personas, organizaciones sociales e instituciones públicas.

Haciendo converger disciplinas como la ingeniería informática, la ciencia de datos, la física y la ciencia política, diversos proyectos en código abierto han creado programas de software libre desarrollados por ciudadanos e instituciones partidarias de la tecnopolítica. Estos promueven el desarrollo de plataformas de participación, organización y toma de decisiones ciudadanas que amplíen la democracia de manera inclusiva, igualitaria y transparente; funcionan en ambientes de participación y deliberación online y presencial, en eventos que pueden celebrarse de manera sincrónica (todos juntos) o asíncrona (cada persona elige el momento en que quiere o puede participar). Su fin último es conseguir que las propuestas y decisiones de los colectivos, personas e instituciones, participantes o impulsores, sean reflejados en las políticas públicas y en las leyes de su respectiva jurisdicción.

El ideal democrático de alcanzar el bien común en sociedades cohesionadas recurre cada vez más a la tecnología cívica a medida que esta es adoptada por los grupos sociales y aplicada por su economía política. Sin embargo, vemos que esta tecnología es acaparada por empresas que privilegian el software propietario y su modelo de negocio extractivista postindustrial. En cambio, las plataformas que emplean código abierto permiten recoger propuestas o celebrar debates haciendo uso de protocolos de toma de decisiones cuyos datos son incorporados en proyectos sociales y políticos transformadores que privilegian la soberanía del demos. En resumen, la tecnología cívica puede proporcionarnos inteligencia sobre las prioridades de los diversos grupos sociales que conforman un determinado colectivo o nación, o incluso una comunidad internacional, pero a su vez sirve para velar por los bienes comunes que, por supuesto, deben incluir la soberanía sobre los datos que generamos digitalmente.

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Decidim es una plataforma digital de participación ciudadana nacida y desarrollada en la ciudad de Barcelona, que hoy conforma una comunidad internacional de personas, organizaciones e instituciones públicas que han empleado su código digital y han contribuido a éste creando una serie de instancias para organizar procesos y presupuestos participativos así como iniciativas y consultas ciudadanas, hoy desplegadas a nivel mundial.

El 3 de junio pasado, se celebró un encuentro sobre democracia deliberativa en el LAB metadecidim, un espacio para la creación y la acción participativa en el ámbito de la comunidad del software Decidim. El encuentro tuvo lugar en Canòdrom, el ateneo de innovación digital y democrática que investiga y aplica tecnologías abiertas de democracia participativa y cultura digital, impulsado desde la ciudad de Barcelona.

La jornada contó con la participación de tres investigadores. Oliver Escobar, politólogo de la Universidad de Edimburgo, Rosa Borge, investigadora en administración y democracia electrónica de la UOC, y Yago Bermejo, fundador del centro de diseño y formación en procesos participativos Deliberativa.

En la presentación de la jornada, Juan Linares-Lanzman, investigador del centro de estudios Tecnopolítica de la Universitat Oberta de Catalunya, destacó la importancia de generar conocimientos científicos y técnicos, y muy especialmente, estrategias de empoderamiento en las diversas instancias de metadecidim.

En Decidim, una instancia se refiere a la organización democrática de cualquier proceso que haga uso de la plataforma Decidim para “desarrollar conjuntamente la planificación estratégica, ejecutar presupuestos participativos, construir procesos de deliberación multitudinarios y tomar decisiones de manera conjunta”.

La deliberación democrática

La deliberación y la toma decisiones comportan una gobernanza democrática que entronca con la teoría de la democracia deliberativa de Gutmann y Thompson (2004): un proceso en el que las personas libres e iguales (y sus representantes, si los hubiese) justifican sus posiciones mediante un diálogo que presenta razones generalmente aceptables y accesibles con el fin de llegar a decisiones que pueden ser vinculantes (con validez jurídica) para todos, pero abiertas a enmiendas en un futuro.

La deliberación democrática hace posible que nos gobernemos de manera libre y entre iguales, y que tomemos decisiones abiertas, no cerradas. Ejemplos de ello son las propuestas, debates y decisiones recogidas en el Plan de Acción Municipal de la ciudad de Barcelona y por la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Linares-Lanzman señaló que en Github, el servicio de hosting y repositorio para el desarrollo de software empleado por Decidim, el número de propuestas triplica el número de los componentes de debate. Para él, quizá sea el momento propicio para estudiar y aprender de las plataformas que incluyen la deliberación y las denominadas asambleas ciudadanas de justicia climática.

Durante el encuentro se reflexionó sobre las siguientes preguntas: ¿Qué entendemos por deliberación en la plataforma decidim y cómo podemos estudiarla? y  ¿Qué funcionalidades relacionadas con la deliberación existen en decidim y cuáles se pueden añadir como nuevas? Por último, se hizo un análisis de las Asambleas ciudadanas.

Ofrecemos aquí un resumen de la primera de las tres ponencias del encuentro, que continuaremos en dos entradas sucesivas publicadas bajo el mismo título.

Diferencias entre el Debate, el Diálogo y la Deliberación: ¿Por qué importan en el diseño de espacios participativos digitales?

En su exposición, Oliver Escobar abordó las cuestiones básicas sobre la teoría de la comuncación, basándose en la experiencia de las asambleas y manifestaciones en torno a la ley de universidades (LOU) que tuvieron lugar en España en 2001. Tras las jornadas de protesta contra la ley propuesta, las asambleas presentaron una serie de enmiendas y diseñaron una serie de propuestas alternativas.

“Fue entonces cuando despertó mi interés en la facilitación y en otras formas de comunicación. En España, el debate es la forma más conocida de comunicación pública, con sus virtudes y sus vicios.”

Escobar sitúa su marco de investigación y el ámbito de su experiencia en la democracia participativa, pero reconoce su interés en la democracia deliberativa, surgido ante la constatación de que existía un poder arbitrario en la política española. En su opinión, la teoría d ela legitimidad, que tiene en cuenta la manera en que la gente se ve afectada por las decisiones y las políticas, también debe considerar la importancia de poder ejercer influencia a través de la deliberación: “se trata de discutir de manera transparente en la esfera pública, no en secreto, por detrás o por presión de los grupos de poder”, lo cual pone en evidencia la existencia de una “caja negra” para la toma de decisiones desde el poder.

El politólogo explica la razón que hay detrás de las decisiones, es decir, que éstas no solo se basan en la opinión sino en la razón. No basta la opinión pública sino que debe haber razón pública.

Pero la mayor parte de los seres humanos no sabemos lo que queremos (o pensamos) hasta que nos ponemos a conversar con otros. “Somos profundamente relacionales. Es por ello que “deberíamos tomar decisiones basándonos en la fuerza del mejor argumento, no en la fuerza del dinero, las presiones o la autoridad ciega”. Y ello da prioridad a alcanzar un nivel de acuerdo sobre el bien común, y no solamente sobre el interés privado. “En la deliberación como forma de comunicación no es aceptable que la gente justifique sus posiciones en base al interés privado”.  

En el nivel de la esfera pública, se espera que la deliberación sea transformativa, es decir, que nos ayude a corregir cualquier desinformación, distorsiones, argumentos manipulativos, etcétera. Así, Oliver reflexiona en este punto sobre la importancia de seguir la tradición dialógica de la comunicación: “la sociedad es una maraña de pautas de comunicación. Diferentes pautas comunicativas [Pearce: 2007] generan diferentes mundos interpersonales que desarrollan sus respectivas funciones. Pero la comunicación no es solo instrumental sino constructiva; importa tanto “lo que se consigue” como “lo que se construye”: qué tipo de contextos, qué tipo de relaciones y en qué términos materiales (las pautas comunicativas).

Ejemplos de pautas comunicativas que pueden ser contraproducentes:

•       Intercambio de monólogos y argumentos preempaquetados
•       Voces dominantes
•        Postureos (figuretismo)
•        Uso y abuso de jerga
•        Espiral de silencio (ante una mayoría)
•        Exceso de generalizaciones (sin matices)
•        Simplificaciones
•        Polarización
•        Confrontación ritualizada

 

Diálogo y deliberación en el diseño de las pautas y dinámicas comunicativas: D + D

Escobar explica que las fases o etapas dialógicas ayudan a la etapa deliberativa. El diálogo comporta una dinámica de indagación o consulta mediante la cual se explora y se aprende acerca de un asunto; asimismo, con el diálogo se producen sentidos o significados compartidos  que crean tanto el entendimiento y como las relaciones.

La deliberación, por su parte, comporta una dinámica de promoción y defensa de una política o un derecho determinado, en la que se intercambian razones públicas; a lo largo de todo el proceso de deliberación, se consideran una serie de alternativas y se toman decisiones.

En otras palabras, el diálogo se produce en una fase de exploración que es de carácter divergente en tanto que recoge testimonios y experiencias de índole diversa. La deliberación, en cambio, ocurre en una fase en que se busca llegar a una conclusión o resolución que se caracteriza por ser convergente (diferentes opiniones son sometidas a consideración por el grupo).  

El diálogo y la deliberación tienen estilos diferentes de facilitación. Mientras que en el dialogo no existe presión por llegar a una conclusión o decisión, en la deliberación sí hay apremio por llegar a una decisión. 

 

Otro Perú se despierta

Plaza San Martín de Lima, 9-10 de noviembre de 2020

El colectivo Latin America is Moving organizó el pasado 3 de diciembre el encuentro on-line «Perú se despertó», para conocer la perspectiva de activistas de diversos sectores de las luchas sociales e informar sobre la crisis de gobierno generada en noviembre pasado.

Dos jóvenes perdieron la vida durante la represión policial
 

#FueraMerino #NoAlGolpeDeEstado #PeruDespertó #NiVizcarraNiMerino #AsambleaConstituyente #RefundarElPeru. Los hashtag difundidos durante las movilizaciones tuvieron una función política. Reclamaban una renovación integral de la política peruana.

Después de tres renuncias presidenciales en el marco de una crisis política que se prolonga por más de cuatro años, la protesta de los peruanos en las calles es hoy día criminalizada por el poder político y reprimida con violencia por la policía, con la excusa de la cuarentena sanitaria y argumentando el engañoso «principio de ley y orden» para justificar la impunidad en el uso de la fuerza.

Latin America is Moving, una iniciativa de académicos e investigadores de ciencias sociales que trabajan en red desde los programas de sus universidades (Goldsmiths University London, Universidad de La Plata y CLACSO), organizó el evento para dar a conocer las nuevas formas de organización y lucha que hoy se desarrollan en las sociedades de Latinoamérica.

Akemii Noriega, dirigente del movimiento Nuevo Perú en Alemania y ex presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima, destacó la importancia del activismo en red que, en el caso de los últimas protestas de Perú, ha conseguido expandirse y coordinar en tiempo real las manifestaciones convocadas en todas las regiones del país mediante el uso de las tecnologías cívicas y las redes sociales.

 

   En el evento también participó Isabel Cortez, trabajadora de limpieza de la ciudad de Lima que ha destacado por su trabajo en el sindicato SITOBUR. Explicando su activismo contra la precariedad laboral de los trabajadores municipales de limpieza, Isabel señaló que el fallo de la Corte Suprema de Lima, que en 2018 declaró ilegal el concurso público para el servicio de limpieza, es una victoria de las trabajadoras y su lucha por sus derechos laborales. Con la decisión de la corte se consiguió restituir a los trabajadores su derecho a estar en la planilla del consistorio limeño, poniendo fin a la externalización del servicio de limpieza de la ciudad a través de empresas de trabajo temporal (services). Actualmente la dirigente participa en conversaciones con la presidencia del Congreso con el objetivo de presentar propuestas legislativas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos laborales de su colectivo.

Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.

Las protestas del 9 de noviembre constityen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a su actuación.

José Saldaña Cuba, investigador en derecho en la Universidad Católica del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es asesor de la presidencia del actual Congreso peruano. Su veredicto sobre el Poder Legislativo en el Perú es abrumador: «El Congreso es actualmente un nido de corrupción desbordada, que sigue la misma tendencia que se reproduce en muchos países del mundo; desde el poder legislativo se observa un sistema de impunidad que funciona perfectamente».

En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.

El abuso de poder y la ambición han corrompido el sistema de partidos, con operadores que aprueban leyes de manera fraudulenta, y obstruyen la actuación de la Justicia o los organismos de vigilancia de los procesos electorales (ONPE).

  ¿Pero qué es lo que ahora ha llevado al Perú a despertar? ¿Por que salen hoy a las calles jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios, madres de familia, jubilados y pequeños empresarios empobrecidos para expresar su hartazgo con la clase política? Lo que les ha llevado a decirle ¡BASTA! al poder político es el abuso de poder y la ambición. Sus políticos (hoy peligrosamente considerados como una casta sin matices), y no pocos funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado, han dejado que un país que se esforzaba por ver cumplido el «milagro andino» de su economía se convierta en un país a la deriva, una paradoja desoladora. De ello resulta el abandono absoluto de sus habitantes por la administración del Estado, impotente para hacer frente a la triple crisis sanitaria, climática y económica. En el año 2020, el Perú ha registrado 191 conflictos de carácter socioambiental y laboral, según informa la Defensoría del pueblo; se trata de conflictos latentes o activos en el país, sin ningún horizonte de resolución dialogada a la vista.

Por otra parte, los partidos políticos muestran falta de madurez e incumplen con requisitos básicos como las elecciones primarias abiertas dentro de sus formaciones; y cuando son elegidos al Congreso, no canalizan las prioridades sociales ni legislan sobre las políticas para el bienestar y el progreso del país. En realidad, los partidos políticos peruanos llevan dos décadas vendiéndose como marcas o «vientres de alquiler», dando preferencia a los intereses particulares de los lobby y tomando el control de las estructuras del Estado para su propio beneficio y el de sus allegados. De este modo solo representan una pantomima hueca de la democracia. ¿Es posible reconstruir una sociedad justa y democrática con semejantes desigualdades y debilidades a la hora de repartir la riqueza, o aspirar siquiera a dar alivio a su población durante las emergencias climáticas, o distribuir y aplicar la vacuna contra la Covid19 con equidad? 

Para José Saldaña, las protestas iniciadas el 9 de noviembre a lo largo y ancho del país constituyen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a la conformación de un gobierno golpista a cargo del presidente Rafael Merino. El gabinete del ministro Ántero Flores Aráoz perdió de inmediato toda legitimidad al ser considerado como una agrupación de viejos dinosaurios de la política que no respetan la separación de poderes en democracia ni admiten su propia responsabilidad en los sucesos de noviembre. Como resultado de todo esto, ha recaído en dos partidos políticos pequeños y de reciente formación (Partido Morado y Frente Amplio) la responsabilidad de velar por una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2021, el año del Bicentenario de la nación.

 Ciudadanas y ciudadanos del Perú esperan vigilantes en la plaza del Congreso y en las plazas de todo el país, con el reclamo de una nueva constitución.

Mientras tanto, Saldaña advierte que el Perú sigue registrando bajísimos índices de respeto al derecho a la protesta que debe ser garantizado por un Estado de derecho. En los últimos 15 años se han producido 180 muertes durante las protestas sociales y ningún fallo o sentencia de la Justicia ha determinado las responsabilidades por esas muertes. Sin embargo, «la movilización social permanente tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con el momento constituyente», señala.

Ha tenido que ocurrir el despertar de la juventud activista peruana, y de una ciudadanía globalmente conectada que ya es conocida como la «generación del Bicentenario» dentro y fuera del país; son estas personas quienes han convocado mediante una organización horizontal, viral y espontánea que utiliza las redes y las tecnologías cívicas, a ocupar las calles y no cesar en el reclamo de su derecho a expresarse y su deber en la defensa de derechos fundamentales para todos los peruanos.

Retrato de la activista trans Gahela Cari

El procomún como estrategia de supervivencia

Construir el procomún como estrategia de supervivencia durante una pandemia

Por David Bollier

David Bollier en el Aspen Institute, 2009. Foto: Joi Ito from Inbamura, Japan / CC BY

David Bollier es fundador del Commons Strategies Group. Ha escrito numerosas obras sobre el nuevo paradigma económico, político y cultural de nuestro siglo: el procomún. Publicamos aquí una versión traducida y compendiada de un artículo suyo en el que reflexiona sobre los efectos económicos, políticos y sociales de la pandemia del SARS-CoV-2 y sobre la necesidad de actuar colectivamente.

2/4/2020
La pandemia que hoy se extiende por nuestro planeta es un evento histórico destinado a cambiar muchas de las premisas de la vida moderna. Debemos actuar con rapidez para hacer frente a las emergencias, pero también aprovechar la oportunidad de reflexionar sobre un cambio de sistema a largo plazo. Si hay algo que la pandemia permite constatar (en tándem con el cambio climático) es que se deben producir profundas transformaciones en nuestros actuales sistemas políticos y económicos. Ya hemos visto que lo único que nuestras autoridades tienen previsto es el rescate de este sistema disfuncional y que, entre sus prioridades, no contemplan ningún cambio genuino.

Sin embargo, las pandemias son difíciles de ignorar, y algunas de las ideas que alguna vez fueron apartadas o descartadas por la «gente seria» —como las políticas de transición ecológica, la construcción del procomún, la acción climática, la relocalización, la soberanía alimentaria, el decrecimiento, las finanzas postcapitalistas, el ingreso básico universal, y muchas cosas más—, se nos revelan hoy como propuestas muy convincentes y de sentido común.

Aun cuando la pandemia ha sido espantosa, seamos sinceros: también ha servido para trastocar el quehacer político habitual y dar validez a nuevas e imaginativas posibilidades.

Hay muchas cosas que han dejado de ser discutibles. Para empezar, que nuestro actual sistema para el desarrollo de nuevas medicinas debería ser reformado para que los monopolios de las grandes corporaciones no puedan abusar de nosotros con precios exorbitantes y dando preferencia a los fármacos que tienen valor de mercado en vez de a la innovación. Semejante desprecio por las necesidades en salud pública es inaceptable. Y si hablamos de nuestros sistemas de atención sanitaria, es evidente que estos deben ser accesibles a todos, pues la pandemia está demostrando que el bienestar de cada persona está íntimamente relacionado con la salud colectiva. Por último, se hace patente que debemos poner coto a la destrucción de los ecosistemas si no queremos desencadenar una mayor destestabilización del planeta con la aparición de virus, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y otras cosas parecidas.

En este sentido, el Covid-19 está volviendo a familiarizarnos, en tanto que ciudadanos modernos, con algunas realidades humanas básicas que habíamos negado por largo tiempo:

• Los seres humanos dependemos de sistemas vitales y biológicos a pesar de que tenemos la pretensión de haber triunfado sobre la naturaleza y sus límites materiales.

• Somos profundamente interdependientes unos de otros, aún cuando presumimos, según la doctrina central de le economía moderna y la democracia liberal, de haber alcanzado la soberanía individual y dejado de lado las necesidades colectivas. Tal como lo expresó la premier británica Margaret Thatcher: «La sociedad no existe; solo existen los individuos».

Por más que hayamos adoptado estos supuestos generales de la vida moderna, los seres humanos estamos descubriendo que en realidad estamos programados para ayudarnos cuando nos enfrentamos a un desastre. La escritora Rebeca Solnit lo relató en su libro A Paradise Built in Hell (Un paraíso en el infierno): los terremotos, los huracanes y las explosiones de gas empujan a los seres humanos a la auto organización y a la ayuda mutua, a menudo de maneras absolutamente asombrosas y hermosas.

Este impulso humano ha sido confirmado en las historias contadas por el periodismo desde los inicios del Covid-19. Al igual que el movimiento Occupy se movilizó para prestar asistencia básica tras el paso del huracán Sandy por la ciudad de Nueva York, las redes de ayuda mutua están nuevamente surgiendo en numerosos barrios en todo el mundo, según informa el New York Times.

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Cartel sobre la gripe española, EE.UU., 1918 - Wikimedia Commons

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La cultura dominante prefiere referirse a la ayuda que entre sí se prestan las personas como «voluntariado» o «altruismo». Para ser más exactos, la ayuda entre iguales consiste en un acto de construcción del procomún porque en él se registra un mayor compromiso, el cual subyace en su carácter colectivo y no es lo mismo que «hacer el bien», un término más bien paternalista. Y no debe sorprendernos que esta ayuda entre iguales pueda a veces producir desacuerdos que deben ser resueltos, pero que pueden terminar por fortalecer al procomún.

Un reflexivo artículo sobre el papel que juega el anarquismo como forma de supervivencia en la pandemia señala que la ayuda mutua consiste en la «práctica descentralizada del cuidado recíproco mediante la cual las personas que participan de una red se aseguran de que todos obtengan lo que necesitan; de este modo, todos tienen una buen razón para invertir en el bienestar de los demás. No se trata de un intercambio como compensación sino más bien de un intercambio de cuidados y recursos que crea una suerte de blindaje y resistencia frente a las adversidades que podría tener que enfrentar una comunidad». 

Cuando el estado, el mercado o la monarquía no alcanzan a asegurar las necesidades básicas, es la gente común la que da un paso adelante para idear sus propios sistemas de ayuda mutua.

 
La cuestión, por el momento problemática, es saber si el poder del estado estará en disposición de apoyar en el largo plazo las iniciativas de ayuda mutua, pues ésta podría ser vista como una amenaza para su autoridad y para los mercados. O si otros políticos, inspirados en la figura de Trump, utilizarán este momento de miedo para consolidar el control del estado, incrementar la vigilancia y anular las instancias de la gobernanza distribuida entre iguales [surgida en las últimas décadas con el advenimiento de las redes de Internet P2P].

Otra cuestión importante en el corto plazo es saber si podremos ganar el suficiente apoyo institucional para construir el procomún de manera que este movimiento no se diluya en el tiempo a medida que se disipe la consciencia de que estamos en alerta roja. Para esto, recomiendo el libro que escribí con Silke Heferich, Free, Fair and Alive (Libre, justo y de todos). Y también se puede dar una hojeada a la caja de herramientas para la gobernanza de Community Rule, o visitar Sociocracy for All [N. del T.: sobre el mismo tema, en el ámbito de España, se han creado diversas plataformas de participación ciudadana que emplean el software libre Decidim].

A lo largo de la historia, la construción del procomún ha sido una estrategia de supervivencia esencial que no tendría por qué dejar de serlo en esta ocasión. Cuando el estado, el mercado o la monarquía no alcanzan a asegurar las necesidades básicas, es la gente común la que da un paso adelante para idear sus propios sistemas de ayuda mutua.
 
Al hacerlo, están arrojando luz sobre las deficiencias estructurales de los mercados convencionales y del poder estatal. Vemos cómo las agendas políticas y la especulación a menudo han estado por delante de otras prioridades como la salud pública o las políticas de igualdad. Y ello se hace evidente en el proyecto de ley aprobado en el Congreso estadounidense para financiar el rescate de la economía con 2,2 billones de dólares. No hay más que pensar cuántas de las corporaciones tienen hoy como prioridad recoger los beneficios de su eficiencia económica al encargar la fabricación de mascarrillas quirúrgicas en el extranjero, o cerrar cualquier posibilidad de acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles.

Son muchos los observadores de esta pandemia que señalan que esto es solo el principio de otras crisis que ocurrirán en el futuro. No se ha dicho lo suficiente que la Covid-19 es, en parte, el resultado de una excesiva invasión demográfica en los sistemas naturales del planeta. Según Inger Andersen, directora del programa para el medio ambiente de la ONU, si los patógenos de origen animal están saltando con más facilidad a los seres humanos, ello es así por la pérdida de la biodiversidad y el hábitat en nuestro planeta.

También el ecologista Stephen Harding ha escrito un fantástico artículo sobre cómo Gaia (el planeta Tierra) pareciera estar tratando de enseñarnos sobre los peligros del comercio global sin límites: «Hoy vemos cómo una red sobreconectada puede verse alterada por la aparición local de un virus mortal que después se extiende y amplifica con rapidez por todo el sistema planetario, poniendo en jaque su resiliencia y aumentando la posibilidad de un colapso».

United Nations / CC BY-SA

Son muchos y cruciales los dilemas que enfrentamos en esta coyuntura. Debemos decidirnos por reconstruir nuestros sistemas de abastecimiento bajo criterios ecológicos y de resiliencia, desechando todas las fantasias neoliberales que pregonaban un crecimiento ilimitado de la economía y unos mercados globales estrechamente coordinados. Es el momento de desarrollar nuevos (y también viejos) modelos de agricultura, comercio y comunidades que sean sostenibles.

Todo esto requiere que consideremos honestamente la manera en que volveremos a conceptualizar y representar el poder del estado. Tal como Yuval Harari, el autor de Sapiens, lo ha expresado en el New York Times: «Nuestra primera elección será decidir entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano; la segunda, entre el aislamiento entre fronteras nacionales y la solidaridad global», advierte.

La humanidad tiene que tomar una decisión. ¿Tomamos la senda de la desunión o adoptamos el camino de la solidaridad global? Si eligimos le desunión, no sólo prolongaremos la crisis, sino que probablemente veamos catástrofes aún peores en el futuro. Si optamos por la solidaridad global, saldremos victoriosos de la lucha contra el coronavirus y también de futuras pandemias y crisis que podrían cernirse sobre la humanidad en el siglo veintiuno.

Resulta obvio que yo pienso que el procomún puede contribuir en mucho al empoderamiento de la gente y la solidaridad global. La esperanza reside en la capacidad de construir, de abajo hacia arriba, nuevos sistemas de abastecimiento y cuidados que sean sostenibles, con gobernanza distribuida y participativa, equidad e inclusividad. Podemos depositar nuestras esperanzas en la posibilidad de federar los distintos procomunes de manera que estos puedan coordinarse y llegar a más personas, y hacerlo con responsabilidad, flexibilidad, efectividad y resiliencia.

Quizá las instituciones del estado podrían tener un papel positivo, principalmente ofreciendo normas de carácter general, así como su experiencia y la infraestructura. Pero además deberían centrarse en el empoderamiento de la gente y en la gobernanza a pequeña escala con el fin de generar confianza en la acción colectiva.

Todavía no sabemos cómo se desarrollará y resolverá esta pandemia. Hay demasiadas variables complejas que nos impiden predecir sus muchos efectos. Sin embargo, lo que sí ha quedado bastante claro es que la pandemia pone en cuestión MUCHOS de los elementos que el orden neoliberal asigna al estado y el mercado. Sus instituciones y liderazgo político están demostrando ser o bien disfuncionales o bien carentes de todo compromiso con la atención a las necesidades públicas. Y no es sólo cuestión de los políticos como individuos sino de un sistema que resulta problemático. No obstante, aún no han cristalizado los rudimentos de un sistema nuevo y coherente que ofrezca mejores posibilidades.

Esta puede ser nuestra ambiciosa tarea de avance. Las personas que se identifican como la gente del común y sus movimientos aliados, liberales y socialdemócratas desilusionados, y personas de buena voluntad, están llamadas a desactivar los peligros que amenazan con surgir bajo la apariencia del miedo. Pero al mismo tiempo, debemos también ser capaces de demostrar que existen nuevas formas de construir el procomún, las infraestructuras, las finanzas y las asociaciones público-comunes. Son raras las ocasiones como esta, en que vemos la perfecta alineación de necesidades y oportunidades.

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Cómo se expande el virus en nuestro mundo globalizado e hiperconectado.  Conferencia en Youtube: Virus,de Adelaida Sakhadian (ISG)

Retransmisión on-line del Institut Europeu d'Humanitats, 14/03/2020

Cómo están preparándose las economías emergentes para la recesión económica: CELAG: La economía está desnuda - Pablo Wahren

Perú: Gran Marcha Nacional '¡Que se Vayan Todos'!

En apoyo a la Gran Marcha Nacional

Por el adelanto de elecciones y la reforma política en el Perú

5 de setiembre a las 5 pm, en las plazas de todo el país

#¡QueSeVayanTodos! #PoderConstituyente

A casi doce meses de la celebración del referéndum de consulta que dio inicio a un proceso de reforma política y judicial en el Perú, los intentos del presidente Martín Vizcarra por convocar a elecciones anticipadas en 2020 están siendo sistemáticamente bloqueados en el Congreso. Una mayoría opositora, algunos de cuyos miembros son investigados en casos de corrupción o por vulneración de la Constitución y fraudes de ley, están impidiendo o retrasando la adopción por parte del Poder Ejecutivo de enmiendas legales y las recomendaciones expuestas por comisiones de expertos juristas en el Parlamento y avaladas por el Tribunal Constitucional para hacer posible unas elecciones anticipadas en el 2020.

El Perú tiene a cuatro de sus expresidentes y otras prominentes figuras políticas y judiciales siendo investigadas por diversos delitos de corrupción o prevaricación en casos revelados por reportajes periodísticos como #LavaJato y #LavaJuez y muchos otros hallazgos del periodismo basados en datos públicos dados a conocer por OjoPúblico y Convoca.pe. Tres de estas figuras están en prisión preventiva y para otras dos, el vocal de la Corte Suprema César Hinostroza y el ex presidente Alejandro Toledo, los jueces han solicitado su extradición para responder por graves acusaciones de corrupción cometidas en el ejercicio de su función. A todo esto se añade que el ex presidente Alan García haya preferido suicidarse antes de verse obligado a declarar ante el juez que lo investigaba por las comisiones ilegales pagadas en la contratación de obra pública durante su mandato.

Tras la renuncia del presidente Pedro Kuczynski en marzo de 2018 y su posterior detención, por presunta implicación en negocios con Odebrecht, los dos poderes del Estado mantienen un pulso que está obstaculizando la acción del Gobierno conformado cuando Vizcarra asumió la presidencia.

Para una efectiva y eficaz lucha contra la corrupción, el país requiere una reforma política y no el bloqueo o el secuestro de sus instituciones democráticas; sin embargo, el Gobierno actual sigue sufriendo los embates de la mayoría de oposición en el Congreso, mientras ve seriamente recortadas sus capacidades para atender eficazmente las prioridades de gobierno. Esto ocurre así, mientras que la líder del partido de oposición Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se encuentra detenida por la presunta financiación ilegal de su partido, vinculada al narcotráfico y a Odebrecht. A ello se suman los intentos de sabotaje del trabajo de los jueces y fiscales anticorrupción por parte del propio Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, supuestamente implicado en la red clientelar que ha operado por décadas en la Justicia peruana.

Así es como la política corrupta sigue poniendo obstáculos a los cambios normativos que se requieren para que las instituciones del país puedan adoptar la agenda anticorrupción que hoy reclama la ciudadanía. Las leyes a tal efecto, que debían ser debatidas y aprobadas por el Poder Legislativo, han sido postergadas en las comisiones parlamentarias o diluídas y desvirtuadas para que con su voto quede garantizada la inmunidad para las tropelías de una irresponsable mayoría de Fuerza Popular y Apra, hermanadas en el Congreso.

Ocurrió con el fraude de ley cometido en la aprobación de la Ley 'antitránsfugas', que les ha permitido disciplinar a aquellos diputados que no voten obedeciendo en la Cámara a la 'ley del silencio' típica de las mafias; o con la reciente Ley orgánica de elecciones que ha sido promulgada con graves omisiones como la de eliminar el derecho al sufragio para los peruanos que viven en el extranjero, sin que hasta la fecha haya propósito de enmendar la norma.

El país entero asiste al desprestigio de sus instituciones tras décadas de una corrupción política practicada por sistema. Numerosos empresarios que integran el llamado 'Club de la construcción' también han resultado implicados en estos casos y se han visto obligados a acogerse a la delación premiada para evitar la cárcel y el derrumbe de sus emporios financieros y de instituciones empresariales como la CONFIEP, también involucrada en el escándalo Odebrecht.

Nos encontramos en una situación de bloqueo en la que es desatendido el clamor de una ciudadanía que exige que sus representantes recojan las demandas de un saneamiento de la República peruana, a dos años de conmemorarse el bicentenario de su fundación. Bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, el país se muestra expectante e impaciente. Somos mayoría quienes deseamos ver cumplido el mandato de desactivar este ciclo de corrupción política que mina a la nación en su conjunto y cualquier proyecto de país a pesar de nuestro enorme potencial. No podemos aceptar que nuestros representantes políticos sigan asociados al poder criminal para valerse y ofrecer las prerrogativas y beneficios derivados de sus cargos al mejor postor; en estos momentos, poner trabas al progreso social, económico y cultural del país en el marco del Estado de derecho, es faltar al juramento y compromiso que hicieron como representantes de todos lo peruanos.

Es por eso que la calle y sus gentes reclaman: ¡Que se vayan todos! Y están en todo su derecho.