Ciencia de datos y agendas feministas en Barcelona

 

 

El pasado seis de marzo tuvo lugar en Barcelona la Jornada de Datos Abiertos 2025 organizada por la Iniciativa Barcelona Open Data (IOD), que forma parte de estos encuentros desde 2017 y cuenta con el apoyo de las instituciones de gobierno catalan (Generalitat, gobiernos locales y diputaciones) así como centros de estudios y universidades.

El Big Data (metadatos) se dio a conocer hace veinte años como el resultado de la digitalización y el almacenamiento de datos en los ámbitos de la economía y finanzas, las administraciones de los estados y las instituciones científicas, muchos de los cuales son datos de carácter público. 

En 2017 los gobiernos municipales de Barcelona y Madrid eran  las capitales que entendieron el potencial de los datos en marcos de código abierto y el avance que ello significaba para la acción de la sociedad organizada, la economía política y las reivindicaciones ciudadanas desde los diversos sectores y clases del tejido social.

Con el crecimiento exponencial del manejo y recopilación de datos en la sociedad global de la información, se hizo evidente que estos no debían ser entregados únicamente a los cinco gigantes mundiales de la tecnología (GAFAM); somos también los usuarios del internet quienes estamos contribuyendo con nuestros datos como material que las corporaciones tecno digitales extraen para seguir generando productos y bases de datos que hagan posible un consumo y un control infinito, según lo requieran sus clientes.

La iniciativa de Barcelona Open Data tiene como misión «transformar datos abiertos en información de valor social, económico y ciudadano que sirva a los retos sociales e institucionales». Entre sus objetivos figura el de «incorporar el valor de los datos abiertos a proyectos de transformación social, específicamente en el ámbito de la igualdad de oportunidades de las mujeres».

La jornada de este año tuvo por título «Mujeres que lideran en datos abiertos para la igualdad». Su principal interés es el de compartir los conocimientos y la creación de herramientas de tecnología de datos  abiertos, con el fin de abordar los retos en los derechos de las mujeres y mejorar la participación y los proyectos que promueven la igualdad.

 

Mujeres en el ecosistema de los datos abiertos

Las jornadas Open Data buscan «promover la creación de redes colaborativas y soluciones digitales con impacto social y perspectiva de género». En un ambiente de diálogo, diversos grupos exponen los usos que se da a los datos abiertos, con el objetivo de «crear aplicaciones, visualizaciones, publicar análisis y promover datos» de interés para sus comunidades. 

 

La séptima edición de la jornada presentó una mirada feminista a la construcción de las tecnologías de datos abiertos orientada a los derechos de la mujer. Lourdes Muñoz, directora de IOD, señaló la importancia de abordar las brechas de igualdad, digitales y salariales que afectan a las mujeres.

 

Los datos y la agenda feminista

La primera mesa de diálogo de la jornada fue dedicada a las instituciones públicas y la estrategia de datos para la agenda feminista. Centrándose en un repaso de las instituciones públicas y la disponibilidad de sus portales de datos, Ester Manzano, directora de servicios digitales y experiencia del uso ciudadano de la Generalitat de Catalunya, señaló que los conjuntos de datos más demandados son aquellos relacionados con la atención a la mujer, el reto de la garantías ciudadanas con perspectiva de género y la población LGBTI+.

Desde la dirección de servicios de apoyo de la Diputación de Barcelona, Sara Aguilar, explicó que los datos abiertos de mayor utilidad son los del buscador oficial de información y documentación CIDO desarrollado desde su institución; a éste acude el público durante su búsqueda de información para el empleo. Asimismo, existe una visión corporativa que apuesta por el desarrollo de más proyectos que tengan acceso a los datos públicos; para ello se están firmando más acuerdos entre las diversas instancias de gobierno y la Generalitat de Catalunya como gobierno autonómico.

 

En un diálogo centrado en los laboratorios de datos y la construcción de una práctica feminista para los tecno datos, Maribel Cárdenas y Lourdes Muñoz conversaron desde la perspectiva de las políticas de igualdad a nivel municipal. Estas políticas se vienen aplicando desde La Ciba, el espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista que dirige Cárdenas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona metropolitana), y que es considerado como un observatorio de género y datos abiertos desde el cual se ejecutan proyectos de innovación social. 

Ambas directoras coincidieron en que «no hay políticas públicas sin datos» y que, dentro de aquellas, todavía hay carencias en las políticas feministas y de igualdad que incorporen la construcción de herramientas comunicativas. Por último, señalaron que para «crear comunidad» es indispensable animarse a construir también más herramientas de datos que tengan una visión local y sean de fácil acceso. 

En la segunda mesa se abordó el tema de las iniciativas de reutilización en los proyectos basados en el uso de datos abiertos para la agenda feminista. Se presentaron proyectos digitales que hacen uso de datos abiertos para aportar soluciones en el ámbito de los derechos de las mujeres:

Eli Vivas es la cofundadora y actual directora de Storydata, una agencia especialista en la producción del periodismo de datos. Su intervención se centró en la investigación y análisis de los datos abiertos y su uso en el servicio de comunicación global; asimismo, presentó los datos de Wiki Women, un grupo de trabajo que tiene por objetivo cerrar la brecha de género en los proyectos de Wikipedia. 

Anna Higueras (Ideas for Change) se centró en el análisis de la diversidad, la equidad y la inclusión en los proyectos de Next Generation Internet, financiados por la Comisión Europea. Higueras señaló la importancia de tener datos que aumenten la diversidad y representen a las minorías, no sólo en términos de apertura, sino también en la conceptualización y diseño de herramientas tecnológicas que utilizan estos datos.

 

Finalmente, Martha Aymerich, directora del eHealth Center (Centro de salud electrónica) de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), dio a conocer los resultados de un estudio sobre las «tijeras de género», que arrojan un resultado de menor participación de las mujeres en los investigaciones científicas, un efecto que perjudica a las mujeres para avanzar en su carrera científica.

Para las organizadoras de la Jornada de Datos Abiertos 2025, el encuentro ha puesto sobre la mesa la necesidad de un «enfoque digital y feminista en la creación y aplicación de datos abiertos. La jornada dejó claro que los datos abiertos no sólo son una herramienta técnica, sino también una herramienta clave para transformar la sociedad hacia la igualdad de género y en defensa de los derechos de las mujeres.

Ciudades y soberanía digital

Foro EUROCITIES

Del 23 al 25 de enero tuvo lugar en Barcelona el Foro de la Sociedad del Conocimiento*, que reunió a personas expertas en tecnología digital y responsables de la administración pública para debatir en torno al tema “Dinero Público - Código Público”. 
 

Atendiendo al crecimiento demográfico y la incesante urbanización, el siglo veintiuno es considerado como el siglo de las ciudades. En su conjunto, estas representan apenas el 2% de la superficie terrestre, pero albergan a más de la mitad de la población del planeta (3.600 millones de personas) y consumen el 75% de los recursos producidos por la economía mundialⁱ.

En el marco global de la sociedad del conocimiento y de la sostenibilidad planetaria, ¿cómo se están replanteando su papel los gobiernos municipales y las administraciones públicas? ¿Y de qué manera están contribuyendo o reclamando los ciudadanos su participación en un ecosistema y una economía política en rápida transformación? De ello se ocupan instituciones como la red EUROCITIES, cuyos miembros forman parte de los gobiernos de las 140 ciudades de Europa que la integran, y son responsables del bienestar de 130 millones de habitantes.

A partir de este marco institucional, se han puesto en marcha proyectos como DECODE, que tiene por objetivo asegurar el control de los datos digitales por parte de la ciudadanía. DECODE responde a problemas derivados de los riesgos que presenta Internet para la identidad digital, el monopolio de los datos en manos de un puñado de empresas tecnológicas o un ecosistema digital fragmentado; problemas que impiden al usuario final tener control sobre sus datos en Internet o decidir cómo crear soluciones y servicios beneficiosos para la comunidad a partir de los datos públicos.

Los proyectos piloto de DECODE, previstos entre 2018 y 2019, están siendo simultáneamente desarrollados en las ciudades de Ámsterdam y Barcelona. [el acrónimo DECODE significa Ecosistemas de datos digitales de titularidad ciudadana y descentralizada]

Por otro lado, están las actividades de fundaciones y comunidades académicas, profesionales y ciudadanas que promueven el software libre y el uso del código abierto tal como este ha sido tradicionalmente empleado en los proyectos científicos desde finales del siglo pasado. En el encuentro de Barcelona participaron Fundación del Software Libre de Europa (FSFE) y la Fundación por el Código Público (FFPC), dos instituciones vinculadas a centros de investigación académica y de I+D.

El panel internacional de expertos abrió el debate apuntando a la inversión en código abierto (OS, open source) emprendida por el Gobierno municipal de Barcelona, según lo previsto en su Plan de transformación digital. El objetivo del Plan es conseguir lo que genéricamente se denomina (como la) soberanía digital de la ciudad, algo que persiguen en su conjunto los 80.000 ayuntamientos que hoy se cuentan en los países de la Unión Europea, según refirió Esteve Almirall, director del Máster en Business Analytics de ESADE. 

En nuestro siglo, las ciudades buscan cooperar antes que competir; y también compartir el conocimiento e integrarse en una Europa de las regiones más allá de los estados nacionales, con el fin de estar mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos políticos, económicos y sociales de la globalización.

Infraestructura como código

Como responsable del desarrollo de programas digitales en el Instituto Municipal de Informática de Barcelona, Xavier Roca presentó el concepto de Infraestructura como código (IaC), un tipo de abstracción de la tecnología informática gracias a la cual los paquetes tecnológicos son proporcionados y gestionados por profesionales mediante software en lugar de instalar sistemas de hardware. La IaC puede emplearse en el suministro de sistemas de nube y también para virtualizar diferentes entornos del software (es decir, sin necesidad de instalarlos en los discos duros de nuestras computadoras).

Esto ha permitido, por ejemplo, la adopción de Linux (sistema operativo de código abierto) en las estaciones de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual ha comportado un importante cambio de cultura. Con ello se ha conseguido romper los llamados ‘vendor lock-ins’ (monopolios comerciales) y también ahorrar en licencias de software. Asimismo, se ha hecho público el código abierto del software creado y se ha participado en proyectos como DECODE y FLOSSBCN; esta última es una plataforma abierta para debatir, compartir experiencias y fomentar eventos en torno al software libre.

Como prioridades, Roca apuntó a la necesidad de exigir interfaces y protocolos de comunicación en código abierto que permitan una mejor gobernanza de estas comunidades. Esto les ayudaría a estar mejor preparadas para incorporarse en uno de los objetivos de proyecto DECODE: facilitar las bases y criterios para que las PyMES puedan participar en las ofertas para la contratación pública de los servicios digitales a nivel municipal.

Campañas por el software libre y el código abierto

Alexander Sander, responsable de políticas públicas de la FSFE, explicó las razones de Public Money – Public Code, una campaña que reclama leyes para que el software financiado públicamente –desarrollado para el sector público– sea también de acceso público mediante una licencia de Software Libre o de código abierto. Gracias a ello habría un mayor ahorro en tecnología (incluyendo la recaudación fiscal) y existiría más colaboración entre las administraciones y la ciudadanía; todo ello contribuiría a generar servicios públicos innovadores y ágiles en la infraestrucutura digital.

La fundación también ha lanzado la Campaña para defender la posibilidad de compartir código. Este cuestión es mencionada en el artículo 13 de la Directiva para la reforma de los derechos de autor de la Unión Europea. A la campaña también se han adherido gigantes de las techs digitales como Google, aunque es difícil saber si lo hacen por las mismas razones y propósitos que la comunidad del software libre; lo cierto es que el control y bloqueo de los contenidos protegidos por el artículo 13 afectaría a los repositorios de código abierto como GitHub y WikiData y, por ende, el trabajo de desarrolladores y empresas que dependen del ecosistema del software libre y el código abierto.

Boris van Hoytema, director de la FFPC, señaló la necesidad de tener más personas programadoras en código abierto y de avanzar en la creación de un ecosistema a nivel de los gobiernos. Por esta razón, la Fundación se ha abocado a la tarea de ofrecer herramientas prácticas en diversos aspectos como los de la fiabilidad, el aseguramiento de la calidad y la seguridad, así como en los ensayos, la gobernanza del modelo financiero, la organización y el apoyo comunitario. La Fundación busca, asimismo, convertirse en el referente histórico que permita a las instituciones públicas mantener el control de su infraestructura digital.

Eduardo Romero presentó un resumen del plan del Ayuntamiento de Zaragoza y su hoja de ruta en tres fases para migrar su plataforma ofimática corporativa hacia el software libre:

1. Adopción del código abierto en las Apps
2. Uso del Libre Office como software de ofimática
3. Código abierto en todo el sistema operativo

El administrador describió las ventajas de los llamados ‘formatos abiertos’, que permiten conservar y recuperar los archivos a lo largo de muchos años, una cuestión indispensable cuando se trata con el histórico de documentos de las administraciones públicas. La administración local constituye un entorno en el que es preciso considerar los condicionantes provocados por el temor, la incertidumbre y la duda; en la administración, nunca se sanciona a un funcionario por su inacción, pero sí cuando este actúa y toma las decisiones equivocadas.

Algunas ideas surgidas durante el panel

Si los últimos proyectos en los ámbitos de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático han sido desarrollados con código abierto, ¿por qué no ocurre lo mismo con los proyectos digitales de las administraciones públicas? Esto podría estar relacionado con la estructura jerárquica que caracteriza a las administraciones, a diferencia de la horizontalidad que es propia de la cultura de los equipos científicos. Además, los funcionarios suelen ser reacios a situarse fuera de territorio conocido y adoptar algo distinto a lo que ya ha sido previamente ensayado y usado. Por otro lado, el bajo índice de adopción del código abierto podría deberse al alto coste en recursos humanos que implicaría la formación de todo un cuerpo de funcionarios, sin garantías de que estos no se vean abrumados por las novedades relacionadas con la plataforma ofimática y la interfaz de atención al ciudadano(burocracia lenta vs. tecnología rápida).

¿Es posible plantear un modelo federativo para las plataformas digitales de las administraciones públicas municipales? Quizá en Europa estemos más preparados a dar ese salto que nos lleve de los Centros de datos al uso a las nuevas plataformas digitales en la nube en que se pudiera crear “un ecosistema de los procesos de poder para que estos funcionen en beneficio de todos” (Boris van Hoyten).

En un contexto político-administrativo en el que los niveles de gobierno no suelen coincidir, quizá haya que prestar atención a los proyectos que proponen Digital Europe (la principal asociación comercial europea que representa a las industrias transformadoras en el ámbito digital), el proyecto FLOSSBCN, la plataforma de participación ciudadana Barcelona Decidim y la comunidad Metadecidim; quizás sus propuestas nos estén dando las claves para la creación de un mercado que adopte las soluciones de software libre y el código abierto en la gobernanza democrática de nuestras ciudades; un mercado abierto que relacione sus iniciativas más allá de las fronteras nacionales y los territorios, de un modo distinto al de los grandes monopolios corporativos.

*El encuentro también acogió la presentación de la recientemente creada Coalición por los derechos digitales.

i Lamas, A. (2015), Blog de ciudades sostenibles, Banco Interamericano de Desarrollo

Validez de la participación ciudadana en el ámbito de las instituciones de gobierno

Apuntes sobre el seminario de participación digital de la plataforma decidim.barcelona y sus posibilidades de integración en el marco de la Ley española de procedimiento administrativo de las administraciones públicas (LPACAP) 

 

La comunidad METADECIDIM celebró el pasado 3 mayo en Barcelona la sesión #11 de sus ya esperados encuentros LAB, en los que da a conocer el estado y los avances de sus investigaciones sobre innovación democrática y plataformas tecnológicas.

El seminario reunió a profesionales de las ciencias sociales, el derecho y la ingeniería informática, entre otros ámbitos, en una jornada de análisis y reflexión que contó con la presencia de personal técnico y político de la administración local de Barcelona.

En una sesión abierta al público en general, celebrada en la fábrica de creación Fabra i Coats, intervinieron como ponentes Mercè Mestre, del Instituto Municipal d’Informática, el jurista Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya y Anton Queralt, director de CONNEX, una agencia consultora en revitalización administrativa para las instituciones públicas.

Para los creadores de Decidim, la plataforma de participación ciudadana de la ciudad de Barcelona, puesta en funcionamiento en enero de 2017, no solo busca ofrecer una herramienta versátil que dé respuesta a la diversidad de dinámicas de participación ciudadana creadas en tiempos de democracia líquida, sino también garantizar la validez administrativo-jurídica de los procesos que esta aloja.

Con el fin de responder a este reto, LAB Metadecidim convocó a un seminario para analizar tres diferentes escenarios de integración entre el ámbito participativo y el administrativo, así como las implicaciones técnicas y políticas de cada uno de ellos:

• Integrar Decidim con el procedimiento electrónico de creación de una iniciativa ciudadana con un enlace front end a la Sede electrónica del Ayuntamiento de Barcelona y una integración back end, donde los datos presentados por el ciudadano/ciudadana se vuelcan a la plataforma Decidim.
• Integrar Decidim con el procedimiento electrónico de creación de una iniciativa con integración previa (es decir, con la iniciativa creada en Decidim y los datos de ésta volcados en el registro) y una integración back end, donde los datos presentados por el ciudadano se vuelven a volcar a la plataforma Decidim.
• Integrar Decidim en el registro [municipal] de manera más genérica y a través de la utilización del certificado digital y/o firma digital, de tal manera que en el procedimiento no se sale de Decidim; una vez creada la iniciativa, los datos se transfieren al registro.

El seminario se planteaba el reto de “lograr que Decidim consiga validez administrativo-jurídica como vehículo de participación en la apertura de expedientes administrativos, en su procedimiento y en la recogida de firmas digitales de apoyo a iniciativas ciudadanas”. Para ello debía tenerse en cuenta el marco de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, vigente desde el año 2015.

Según Xabier Barandiarán, coordinador del proyecto de la plataforma Decidim de la Concejalía de participación ciudadana de Barcelona, mejorar la plataforma como servicio público requiere enfrentar las barreras del conocimiento y la experiencia del usuario o participante, y encontrar mayor accesibilidad al conocimiento generado. Ello pasa por integrar la cultura hacker en la administración pública, teniendo como objetivo la búsqueda de una validez administrativa y procedimental que al mismo tiempo garantice el derecho a la participación ciudadana.

Por ello es necesario reflexionar en qué medida puede encajar la voluntad política de los ciudadanos dentro de una realidad político-administrativa que a veces presenta barreras, identificadas en forma de obstáculos que pueden evitarse recurriendo a pasarelas que conectan a otras máquinas técnico-administrativas del repertorio de la función pública.

Avances en Decidim

La plataforma Decidim cuenta actualmente con tres tipos de usuariado: 1. visitantes, 2. participación registrada y 3. participación registrada y verificada. Es muy importante que la UX (experiencia de participante) no sea engorrosa y esté contenida en --o sea semejante a-- las experiencias de las personas usuarias de las redes sociales; de este modo estas se sentirán más animadas a ejercer su derecho a la participación, sin que su atención sea monopolizada por las redes sociales privadas como FB oTwitter. Para ello se está trabajando en el desarrollo de una APP de Decidim que fue presentada en la sesión operativa de Metadecidim del 5 de abril que deberá ponerse pronto a disposición de la comunidad.

Otro aspecto destacado por Barandiarán fue el de la proporcionalidad que debería existir para la exigencia de garantías. Por una parte están las garantías para la clásica recogida de firmas para cualquier iniciativa ciudadana que se quiera presentar ante las administraciones, lo cual requiere la designación de fedatarios responsables de la validez de las firmas recogidas; por otra, está el procedimiento de verificación de las identidades en las bases censales. Para los desarrolladores de Decidim es evidente que el procedimiento no puede ser exactamente igual cuando nos movemos en el ámbito de las plataformas tecnológicas de participación digital.

Centrándose en los aspectos de la información y difusión del procedimiento administrativo en el marco de la LPACAP, Agustín Cerrillo ilustró los conceptos jurídicos aplicables a la verificación de la firma electrónica (identidad).

La ley reconoce un conjunto amplio de derechos relativos a la participación, como los de ser asistidos en el uso de medios electrónicos y para obtener o utilizar los medios de identificación y firma electrónica de forma adecuada. Sin embargo, las garantías jurídicas están reñidas con la tecnología empleada para la identificación con medios electrónicos en algunas situaciones. Los mecanismos de identificación deberían ajustarse a los riesgos que haya en cada instancia de entrada a los trámites o procedimientos: a veces basta con identificarse, y otras, es preciso verificar la identidad. Cerrillo se refirió también a la posibilidad de usar un sello electrónico en ciertos casos.

El tema de la seguridad electrónica en las administraciones públicas nos remite necesariamente al Esquema Nacional de Seguridad y al Documento de política de firma electrónica (Cataluña cuenta con un protocolo que clasifica por niveles de seguridad y ofrece un catálogo de productos de verificación para cada caso, aspectos también explicados en detalle por Mercé Mestre que quedan recogidos más adelante).

Existen cuestiones de garantía de los aspectos recogidos en la LPACAP que dan una eficacia jurídica en el marco de las decisiones que se toman en las administraciones públicas. Al respecto, Cerrillo sugiere que la plataforma Decidim debería preguntarse en cada actuación:

¿Puede considerarse [el uso de] la plataforma como un procedimiento administrativo? Esto dependerá de la finalidad para la cual se utiliza. Si las personas usuarias son ‘personas interesadas’, entonces existe el interés legítimo (la existencia de una base legal legítima para el tratamiento de datos), lo cual permite que dicho uso sea considerado como procedimiento administrativo.

Los mecanismos de identificación y firma electrónica deberían usarse cuando así lo requiera el tipo de decisión para la cual se convoca una consulta en Barcelona.decidim. Aquí es importante señalar que la ley es más exigente en la verificación e identificación en medios electrónicos que en la recogida de firmas manuales. Sin embargo, la ley también permite emplear diferentes sistemas que van desde el más sencillo hasta aquellos que ofrecen distintos grados de usabilidad, señaló Cerrillo.

La apuesta por la transparencia

Según el analista Antón Queralt, para hablar de validez jurídico-administrativa en el ámbito de la participación digital debemos recordar que Decidim promueve el uso del código abierto, lo cual es toda una apuesta por la transparencia, la replicación y el mejoramiento del programa como herramienta. En última instancia, se busca alcanzar una legitimidad para el propio sistema y, asimismo, en las áreas de mejora de la legitimidad del proceso participativo propiamente dicho.

“La transformación tecnológica viaja en avión, los procedimientos administrativos y los cambios jurídicos viajan en tren; y los procesos participativos de la ciudadanía van a su propio paso”.

Según Queralt, “no es fácil responder al marco normativo, garantizar todos los derechos y conjugar la cultura socioeconómica con la velocidad de la transformación tecnológica y con la garantía y la velocidad en que se mueve el marco jurídico”, pues nos movemos en un ecosistema variado y muy desequilibrado.

En cuanto al procedimiento administrativo, hoy tenemos un marco normativo incipiente (el Reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Barcelona aprobado en 2017), un sistema facilitado mediante la aplicación Decidim para teléfonos smart (ver la propuesta de valor presentada por los estudiantes de la escuela de Elisava de Barcelona), y además, unos componentes funcionales con un ciclo de vida que consta de un espacio deliberativo previo y que incluyen el retorno y la evaluación. Teniendo en cuenta estos tres elementos, se debe buscar el encaje entre el procedimiento administrativo y el [proceso] participativo, así como también para el espacio digital que resulta de la convergencia de estos.
Queralt opina que es pertinente preguntarse por la finalidad; ¿se trata de resolver una propuesta o de crear una comunidad? Y si son ambas, ¿en qué medida? “Aquí hay que buscar el punto de equilibrio, algo parecido a lo que consigue en sus platos el chef Ferran Adrià”, añadió.

Fases de la participación y ciclos de vida

En las propuestas ¿debe haber un encaje con el espacio del procedimiento administrativo? Esto se debe encontrar mediante el análisis del Reglamento de participación. Y para ello es útil, asimismo, ver el catálogo de procedimientos disponibles en los sistemas del Ayuntamiento. Queralt señala que el procedimiento administrativo no resuelve bien la cotidianidad. Regula cosas y garantiza todos los derechos, pero esta regulación de los procesos actúa cada cuatro o cinco años. El espacio participativo-personal debe manejar estos aspectos de la cotidianidad, pues es en el ciclo deliberativo del proceso participativo donde nos ‘escapamos’ del marco estricto del procedimiento administrativo y sus expedientes.

Queralt también destacó la importancia de hacer marketing público, pues el ciudadano se pregunta por dónde puede entrar para introducir estos procesos o propuestas de manera válida, cuando se encuentra con más de 1 000 páginas web del Ayuntamiento de Barcelona. Por esta razón, se podría plantear un encaje selectivo en el procedimiento administrativo que permita legitimar o asegurar el proceso participativo. "Vemos que el ciclo de vida de este proceso que involucra a la administración pública y la ciudadanía es muy amplio; y quizá no haga falta integrarlo en todas sus fases, sino de forma selectiva, aprovechando la norma al máximo y desde el Reglamento", sugirió.


Además de las leyes, las normas y las comisiones municipales para legitimar lo que se hace desde Barcelona decidim, podríamos usar los llamados ‘terceros de confianza’ para legitimar y marcar rigor en muchos procedimientos. Es lo que se usa en los sistemas de pago entre la administración y la ciudadanía, donde los terceros de confianza son las entidades bancarias
 
¿Podría existir un tercero de confianza que cubriera aspectos de legitimidad de la participación ciudadana? ¿Qué agentes del territorio o el modelo pueden aportar esta legitimidad que falta para completar el ciclo de vida? 
 
Por último, Queralt recomendó evitar una focalización excesiva en las problemáticas que haga perder la visión panorámica. Por eso propone estudiar la evolución de las administraciones públicas en relación con la ciudadanía y establecer una relación entre los puestos y los procesos de trabajo.

Conociendo los módulos

Mercè Mestre, responsable del departamento de calidad y seguridad en el IMI, describió el sistema de identificación y firma del ciudadano y el empleado público en el Ayuntamiento de Barcelona.

El IMI como organismo municipal debe velar por el cumplimiento de la ley y responder a las demandas de la Oficina de Atención al Ciudadano, cuya misión es ofrecer ayuda en materia de registro para encontrar nuevas formas de interactuar con los ciudadanos dentro del marco de la ley.

Los mecanismos para la autenticación y la firma del ciudadano emanan de la Ley 39 de política de identificación y firma del Ayuntamiento. Pero además estos deben alinearse con las medidas de gobierno del Ayuntamiento: la administración cercana, el empoderamiento y la eliminación de barreras para la ciudadanía en su relación con la administración local.

También es necesario adaptar la LPACAP a los portales municipales, a los servicios telemáticos que se ofrecen a la ciudadanía, y para el empleado público que debe atender al ciudadano en sus demandas tanto presenciales como en el back office.

Los módulos de autenticación y firma son funcionales y están al servicio de todos. Se ha construido un módulo común que sirviera para todos y que se pudiera gobernar según el tipo de trámite para definir los niveles de seguridad, con el fin de estandarizar, unificar y economizar.

La administración cercana, el empoderamiento y la eliminación de barreras para la ciudadanía en su relación con la administración local, son objetivos del gobierno municipal.

El módulo común de autenticación es el certificado digital, tanto en tarjeta como en software, que usa el validador del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña AOC.

El Mòbil ID es el mecanismo de identidad de ciudadanos, asociado a una APP de identidad creada en el Ayuntamiento que hacia finales de 2018 estará también bajo el sistema Vàlid del AOC. Tanto el certificado digital como el Mobile ID son mecanismos muy restrictivos y por ello se está buscando maneras de ampliarlos.

Módulo de firma telemática del ciudadano (con centralización del AOC)

El VÀLid del AOC ha creado un mecanismo de firma ordinaria que permite recoger evidencias de identificación (por mecanismo Clave, IDCat mòbil o certificado) y también comprobar la ‘voluntad de firma’.

Hoy existe la posibilidad de conseguir los llamados sellos de integridad para la interacción ciudadana en las instancias o documentos presentados en los portales de la administración local. Con el código seguro de verificación (CSV) también es posible recuperar algunos trámites (pago de multas, solicitud de becas, etc.) realizados anteriormente.