27 junio 2013

17 junio 2013

En la era de la información electrónica, vuelven los topos


           Las últimas filtraciones sobre seguridad en la Red publicadas por el Washington Post y The Guardian, han confirmado lo que era vox populi entre la comunidad de usuarios de Internet: que operadores secretos (en este caso, la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU) utilizan programas de vigilancia para realizar un gigantesco barrido de los metadatos de las empresas de comunicación electrónica. Esto quiere decir que nuestros datos de navegación y comunicación recogidos a través de nuestra dirección IP, desde una simple búsqueda en Google o en los correos de Gmail y Yahoo hasta las llamadas desde operadores telefónicos o de Skype, están siendo cribados por el Gran Hermano que nos "protege" de los incontables terrorismos mundiales que en el mundo existen. Y así reemerge en nuestro panorama cotidiano la figura del topo o espía desertor que se pasa al otro bando, como en los mejores tiempos de la Guerra Fría.
La nómina de topos del siglo XXI incluye al ya célebre soldado Bradley Manning (caso WikiLeaks), actualmente procesado por colaboración con el enemigo en un tribunal militar de EE UU, Hervé Falciani, el informático ítalo-francés que filtró la identidad de las cuentas secretas que 130.000 evasores fiscales mantienen en el HSBC Private Bank de Suiza, y ahora, Edward Snowden, un joven técnico de información, ex miembro de la CIA que trabajó para la NSA en Ginebra y en Hawai hasta que decidió filtrar a la prensa la existencia del programa de vigilancia Prism, en lo que él califica de acto de patriotismo y justicia.
Pero aunque  todo esto tenga reminiscencias de las novelas de espionaje de John Le Carré, algo ha cambiado desde la época de los espías de la Guerra Fría (1948-1989), cuando los servicios secretos eran dependientes de sus gobiernos nacionales (CIA, MI5 o KGB) y debían responder, al menos en teoría, ante sus parlamentos y sus ciudadanos. Ahora estos servicios son ofrecidos por empresas subcontratistas, es decir, que nunca estaremos seguros de dónde irán a parar estos archivos y si la información que contengan podrá utilizarse en contra del ciudadano común y corriente, activando todos los mecanismos de un perverso Gran Hermano llamado Estado. Tampoco el poder que confieren el dinero o la política parece que vaya a dejar a buen recaudo los "dirty little secrets" de los poderosos. Así, gracias a los datos de las cuentas suizas filtradas por Hervé Falciani nos vamos enterando de lo que ya se perfila como el más escandaloso procedimiento de financiación de un partido político en España, el Partido Popular. Y la práctica es probablemente extensiva a todo el arco de las fuerzas del desprestigiado sistema de partidos español, que hace sonrojar a los demócratas de España por la incapacidad de sus políticos de asumir responsabilidades y de rendir cuentas ante sus ciudadanos. Después de todo, son los ciudadanos españoles quienes vienen sufriendo un lustro los estragos económicos de lo que los propios políticos y expertos técnicos ya anuncian como un caso de "década perdida", por la crisis del euro y el crédito, con las administraciones bordeando la suspensión de pagos.
 En la trilogía literaria de Javier Marías Tu rostro mañana (2002-2007), su personaje principal, Jacobo Deza, es un ex estudiante de Oxford y colaborador de la BBC al que uno de los catedráticos de tan honorable claustro pone en contacto con el agente de un oscuro servicio de vigilancia y seguimiento. El protagonista  es reclutado en calidad de asesor por sus amplios conocimientos en lenguas extranjeras (por su roce internacional, se diría en lengua pedestre), pero muy especialmente, por tener el don de la presciencia, que le permite saber cómo se van a producir los acontecimientos antes de que las personas involucradas actúen.¿Sería posible que la figura del whistle-blower, —el que denuncia los abusos de un Gobierno (o de cualquier otra organización, pública o privada) sobre el individuo y sus libertades— vaya a cobrar protagonismo como elemento de contrapeso frente el poder ilimitado del Estado sobre la vida de los ciudadanos de cualquier país? 
En 1971 fue Daniel Ellsberg, un analista político de la Rand Corporation, quien dio a conocer al Washington Post toda la información relativa a la Guerra de Vietnam que el Gobierno de EE UU ocultaba a sus ciudadanos. Con semejante trayectoria, es comprensible que sea ahora Ellsberg un defensor de la libertad de prensa y de sus informadores a través de la Press Freedom Foundation. Su llamado a la microfinanciación pública por Internet, por ejemplo, ha hecho posible que el público tenga acceso a las actas transcritas tras cada una de las audiencias del juicio al soldado Manning.
Según Yochai Benkler, catedrático de Derecho de la Universidad de Harvard, el soldado Manning y Daniel Ellsberg jugaron un papel público similar. En relación con las filtraciones de Manning en 2011, Benkler opina que WikiLeaks se comportó de manera razonable dadas las circunstancias. Las revelaciones acerca de la complicidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses con los abusos cometidos por las fuerzas aliadas de Irak, la poca información disponible sobre las muertes de civiles o las irregularidades en que incurrieron los contratistas militares deberían ser objeto de reconocimiento y no de crítica, según el profesor.
En un artículo firmado por Yochai Benkler y Floyd Edwards aparecido en el NYT el 13 de marzo ("Death to Whistle-Blowers?"), se señala que cuando la Corte Suprema tuvo que decidir sobre el caso de los Papeles del Pentágono en 1971, era muy consciente de que "la confidencialidad y el secreto constituyen requisitos básicos para el éxito de toda actuación diplomática internacional o de una defensa nacional que sea eficaz. A pesar de que comprendían los riesgos inherentes a toda filtración, lo que la Corte resolvió entonces está contenido en la sencilla declaración del juez Hugo L. Black: “La custodia de secretos militares y diplomáticos a expensas de un Gobierno representativo e informado no ofrece una seguridad real a nuestra República”. Lo que les lleva a preguntarse: "¿Puede haber algo más destructivo para una ciudadanía informada que la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional para las personas que adoptan el papel de avisadores?" ( la acusación fiscal pide lo segundo para el soldado Manning).
En su artículo, Benkler y Edwards no se ponen de acuerdo sobre lo que se debería hacer con WikiLeaks y el soldado Manning. En lo que sí coinciden, en cierta medida, es en su análisis sobre la evolución del llamado Cuarto Poder que ostentan los medios de prensa, y a quienes las filtraciones permitieron revelar secretos importantes cuya publicación está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU.
El caso de las revelaciones hechas por Edward Snowden sobre el programa Prism utilizado por la NSA, quizás marque un antes y un después, pues ya no sería necesario dar a conocer estos secretos a través de una gran organización noticiosa, en especial cuando estas ya forman parte de grandes conglomerados mediáticos con agenda propia (según lo revela el caso de las escuchas telefónicas de News of the World, propiedad de Rupert Murdoch, con su injerencia sobre la política del Reino Unido, o el caso Mediaset, con la sombra omnímoda de Silvio Berlusconi en la política italiana). Hoy bastaría con que el topo disponga de un programa de encriptado que le permita dirigir confidencialmente su información a unas cuantas firmas solventes en el periodismo de Internet para que dichas revelaciones alcanzaran la condición de primicia en cuestión de horas, y, por qué no, permitiera desenmascarar a cualquier gobierno que engañara a sus ciudadanos. Tal vez esta sea la razón por la que Julian Assange es reclamado insistentemente por las autoridades judiciales de Suecia. Después de todo, fue gracias a los WikiLeaks del 2011 que los ciudadanos suecos supieron que sus parlamentarios les mintieron en cuanto a la participación del ejército de su país en Afganistán. ¿Pero es esta creciente exigencia de transparencia demasiado buena para no ser verdad? ¿No sería posible que el topo fuera un troll intoxicador que difunde falsedades a sueldo o que impide a los gobiernos a actuar por razones de Estado plausibles? Está claro que la figura del editor de noticias y su prestigio profesional, su rigor e independencia volverán a estar al alza en una profesión que hoy aparece como demasiado dependiente del poder económico de las corporaciones de la comunicación.



            El suplemento cultural del diario La Vanguardia de Barcelona, hace un repaso a posibles Recetas para el periodismo en crisis, una profesión aquejada del mal de la inmediatez y el amarillismo. Entre otras cosas, su autor se pregunta, ¿Cuál es la dimensión real de la crisis de los medios, del periodismo y los periodistas? ¿Qué ciudadanía, qué democracia se formará con las nuevas formas de comunicarse? Las amenazas a la privacidad personal en la Red pueden poner formidables obstáculos a la labor de denuncia de los informantes y periodistas independientes en la Red. En sociedades que empiezan su apertura, donde la libertad de expresión sufre serios recortes, los ciudadanos podrían verse impedidos  de informar y denunciar abusos. Lo han demostrado países donde el Estado ejerce un férreo control de las instituciones, como China y Rusia, o las monarquías árabes de Oriente Próximo. Si los medios de prensa tradicional deben evolucionar o extinguirse ¿Cómo deben los periodistas adaptarse a los nuevos tiempos? Sin duda cuentan con un valioso caudal de información ciudadana, que dispone de las nuevas tecnologías para hacer llegar sus informes. Por esta razón, cualquier recorte, limitación o injerencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es inaceptable para la democracia y la acción ciudadana en el siglo XXI. 
En su editorial del 11 de junio sobre el caso Snowden, el New York Times señala que la vigilancia de las comunicaciones representa una amenaza para la democracia: "En una democracia la gente tiene derecho a conocer qué técnicas están siendo empleadas por su gobierno para espiarlos, cómo se están custodiando estos archivos y por cuánto tiempo. Solo así podrán decidir si efectivamente existe un equilibrio entre las medidas de lucha contra el terrorismo y la preservación de la libertad individual". Las personas que están al frente de las operaciones de inteligencia cambian con los gobiernos, recuerda el editorial, y desde los tiempos del FBI de J. Edgar Hoover, muchos líderes políticos y activistas se han visto amenazados y amordazados por los secretos que se guardaban en sus archivos.