Economías transformadoras de Barcelona

Fuente: www.opcions.org

Presentación del libro Economies transformadores de Barcelona

Transcurrida una década de la última crisis financiera que ha afectado la organización política, social y económica de las democracias social-liberales, y con un Estado de bienestar en franco retroceso, empiezan a perfilarse caminos alternativos para el recorrido hacia una economía centrada en las personas. Estos cambios están siendo documentados y analizados en el marco de la efervescencia política surgida en España a raíz de los movimientos 15-M y las candidaturas populares que desde el año 2015 han accedido al gobierno municipal en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. A partir de estos cambios políticos, se están planteando nuevas maneras de tomar decisiones de gobierno, contando con la consulta y la participación política de la ciudadanía, e impulsando una batería de políticas públicas en el ámbito de la economía que no se habían visto en décadas.

Actualmente existen en nuestro entorno múltiples manifestaciones del movimiento de la economía social y solidaria, a partir de las cuales podemos analizar su forma jurídica, y también su funcionamiento, empleando herramientas de medición ya consolidadas. Entre estas, destacan los indicadores proporcionados por los balances y las auditorías sociales, cuya implantación y aceptación es mucho mayor que las de las auditorías de la deuda; en estas últimas, los Estados, las corporaciones y las instituciones financieras se resisten a prestar oídos o extraer conclusiones tras analizar sus decisiones sobre el rescate de los grandes bancos o la adjudicación de contratos públicos que han sido lesivos para el interés público (léase el contrato con AGBAR para el  proveimiento y gestión del saneamiento de aguas en Barcelona).

El libro que nos ocupa describe las nuevas economías como transformadoras y plurales porque, además de referirse a la economía productiva tradicional (la que ocurre en el marco de la triada conformada por un Estado redistributivo, el mercado de naturaleza competitiva y el capital financiero especulativo), también se ocupa de la denominada economía reproductiva que nos permite entender la actividad económica como un metabolismo social, alcanzado gracias a una cadena de sostenimiento de las necesidades humanas, y que comprende: las actividades social-solidarias de las cooperativas, la infraestructura que permite la cooperación social y los cuidados para la reproducción de la vida, y los ecosistemas (siempre teniendo en cuenta la histórica división social del trabajo entre hombres y mujeres).

Sostenibilidad y poder

Economies transformadores de Barcelona  tiene su origen en la “sedimentación de la experiencia” del autor como miembro de la cooperativa  Opcions y activista de los movimientos por el decrecimiento y la resolución de conflictos socioambientales, sin olvidar su compromiso con la promoción del pensamiento estratégico y feminista en el seno de la XES (red de economía solidaria de Cataluña). La publicación de este estudio ha sido posible por un encargo del Ayuntamiento de Barcelona de realizar un diagnóstico de la economía social y solidaria con el fin de formular políticas públicas dirigidas a ese ámbito.

No es casual que muchos de los conceptos presentados en el libro, de carácter político e identidad no del todo definidos, se conviertan (según su autor) en “terrenos de disputa entre diferentes visiones que sí tienen un proyecto político definido, con visiones más profundas sobre la sostenibilidad y el poder”.

Suriñach sostiene que “las batallas por los significados son especialmente relevantes cuando las distintas administraciones públicas desarrollan marcos legislativos y reguladores de estos conceptos”, tal y como se observa al traducirse estos en una mayor asignación de recursos públicos a proyectos relacionados con el ‘emprendimiento’  y la ‘innovación social’ en el ámbito municipal de Barcelona.

Algunas etiquetas y conceptos

El estudio tiene cuidado en distinguir entre los movimientos y los fenómenos de la economía alternativa. Los primeros son aquellas iniciativas que cuentan con una base social organizada y un proyecto político, mientras que los segundos son conceptos que sirven para identificar unas determinadas prácticas, en las que se observa una mayor ambigüedad, o cuya definición es menos homogénea.

En el capítulo 3, el libro se detiene muy especialmente en el movimiento de la economía colaborativa, cuyas manifestaciones son descritas como “una gradación que va desde las formas más mercantiles hasta aquellas propuestas de organización y gestión comunitaria que tienen una marcada preocupación por el común” que en último caso pasan a denominarse economía colaborativa procomún.

La economía colaborativa es un fenómeno nuevo que se ha extendido gracias al uso generalizado de las plataformas tecnológicas abiertas, descentralizadas y no jerárquicas empleadas en la sociedad en red. Sin embargo, hacen falta más estudios para averiguar hasta qué grado esta nueva economía puede en efecto considerarse transformadora, o si se trata solo de una nueva manera de realizar transacciones mercantiles desde la economía digital.

Airbnb, Deliveroo o Uber son claros ejemplos de cómo, en sus prácticas y su financiación (a menudo con fondos de inversión de capital-riesgo), algunas de estas plataformas que empezaron siendo un planteamiento de relación entre iguales o P2P[i], han terminado por convertirse en “intermediarias u orquestadoras de estas relaciones”, como apunta Suriñach. Son plataformas que, en algunos casos, definen los precios y las condiciones de las transacciones, y obtienen con ello un beneficio económico añadido mediante la extracción de datos. Por esta razón, algunos analistas las han clasificado bajo la etiqueta de capitalismo de plataforma.

“Buena parte de los esfuerzos de la economía colaborativa van dirigidos a no convertirse en un mercado absolutamente desregulado y sujeto a niveles de acumulación de poder y riqueza desproporcionados por parte de las grandes plataformas, sino en unos ámbitos de trabajo y consumo que sean co-gobernados por el conjunto de personas usuarias, trabajadoras y 'prosumidoras', desde un enfoque que busca privilegiar la aportación al común y no tanto una perspectiva eminentemente utilitarista”. (Economies transformadores de Barcelona, pág. 131. Traducción propia)

Economía plural

Al analizar el papel que juega cada movimiento de la economía social, Economies transformadores da a conocer las caras ocultas (y plurales) de la economía y sus múltiples expresiones, las cuales se ubican más o menos cerca del marco de referencia de la economía productiva, o se enmarcan en la economía reproductiva transformadora, y en el ámbito del procomún (conformado por los bienes, recursos comunes y las maneras o culturas en que estos se comparten y gestionan).

El tema del poder emerge a lo largo de la investigación: ¿qué estilo o modalidad de gestión es adoptada en cada iniciativa? ¿Cuál es la postura respecto al lucro en relación con el objeto social de la entidad? ¿Y cómo queda recogido este en el Balanç social de l'economia alternativa de Catalunya, que ha sido el punto de partida para este libro. “¿Dónde se pone la línea roja, como lo definimos? ¿Cuál es el sesgo excusable por la “construcción del mercado social?” reflexionó su autor durante la presentación del libro en el Espai Contrabandos de Barcelona.

Para Álvaro Porro (Comisionado de Economía social, desarrollo local y consumo del Ayuntamiento de Barcelona), este trabajo permite operativizar unas políticas públicas en la medida que define unas taxonomías mediante el análisis de las organizaciones que han incorporado innovaciones de gobernanza en su seno.

Ana Muñoz  la describe como una obra explicativa y descriptiva de referencia, que ilustra lo que pasa en el ámbito de la transformación social. Desde una perspectiva feminista de la economía, la experta matizó: “¿hay diferencia entre ‘asumir’ un trabajo voluntariamente y resignarse a hacer algunas clases de trabajos?”; sin olvidar que en España, hasta 1981, las mujeres necesitaban un permiso del marido para trabajar. Así, podemos decir que las líneas rojas de la economía feminista existen; sin perder de vista que es necesario romper con los espacios de opresión en el ámbito laboral.

¿Emprendimiento o inserción?

Por último, es evidente que los actores grandes dentro del ámbito de la economía social y solidaria son necesarios y deben ser visibles como actores económicos en conjunto; lo cual debe tenerse siempre en consideración si se busca generalizar una cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Para los expertos, este libro marca un cambio de etapa, pues ahora es necesario generar conversaciones transversales e identificar los retos surgidos de estas.

Ruben Suriñach apunta tres retos frente a los cuales debemos estar atentos al diálogo de los significados en los nuevos conceptos surgidos de la economía plural: en primer lugar está la escalabilidad de los proyectos (¿hasta qué punto estos son replicables y en qué dimensiones?); en segundo lugar, hay que prestar atención a la competencia que se puede generar entre distintos movimientos similares y a los obstáculos y oportunidades que esta representa; y por último, es preciso estar atentos a la tarea de conseguir una mayor participación en la propuesta de estas acciones de empoderamiento económico, para que su acceso no se limite solo a las clases medias y profesionales, y siempre procurando fomentar la hibridación de estas nuevas prácticas socioeconómicas.
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Economies transformadores de Barcelona
Ruben Suriñach Padilla
Editorial Montaber
Barcelona 2017
187 páginas

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[i]Método de intercambio de datos en red que permite el flujo de conocimientos de un modo abierto, descentralizado o no jerárquico.

Joseph Stiglitz habla de macroeconomía en Lima

Foto: Ana Cabrera para La Mula

En el marco de los eventos de la junta de gobernadores del Banco Mundial y el FMI celebrados en Lima del 5 al 11 de octubre, fue invitado a participar el profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía por su contribución a sentar las bases de la “teoría de los mercados y su información asimétrica”, según lo definió el comité que le otorgó el premio en 2001.

Stiglitz habló sobre reformas estructurales, deuda y crecimiento, en un encuentro que reunió a economistas, autoridades bancarias y de gobierno, así como a representantes de las ONG y los medios de comunicación. También participó en una sesión dedicada a la implementación (o el “despegue”) del programa del FMI a partir del año 2016, una vez que se haya hecho un balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados por las Naciones Unidas para ser cumplidos en el año 2015 en todos los países del mundo.

El ex economista jefe del Banco Mundial y profesor emérito de la Universidad de Columbia es conocido por su postura crítica del manejo de la globalización, de los postulados de la economía de libre mercado y de instituciones financieras como el FMI. Por eso también aceptó la invitación al encuentro Desmintiendo el milagro peruano, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos, que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en deuda como Maria Lucia Fattorelli de Brasil y Eric Toussaint del Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo.

Manifestación de la sociedad civil ante la Junta de gobernadores del Banco Mundial, Lima 

En su discurso del clausura del evento alternativo, Stiglitz dio algunas claves sobre las estrategias de desarrollo para América Latina, las cuales deben asegurarse de cumplir con tres condiciones esenciales: primero, la  coherencia en el nivel macroeconómico y de los mercados exteriores; segundo, la innovación en todo el espectro de la actividad económica; y por último la garantía de la inclusión también en el ámbito del mercado laboral.

Stiglitz puntualizó que en nuestra región no sería posible replicar la estrategia de los países del sudeste asiático, pues el Consenso de Washington y los postulados de la Escuela de Chicago han modelado nuestras economías de un modo muy distinto al de los países asiáticos. Las tres condiciones, para ser satisfechas por una economía, requieren de una estructura de producción diversificada que, además, contemple múltiples estrategias para los diversos sectores.

Por su parte, los gobiernos deben perseguir una serie de objetivos más amplia y hacer uso de una mayor variedad de instrumentos, siendo la política monetaria la encargada de prestar atención a la inflación, el empleo y la política industrial, el crecimiento y la estabilidad financiera. Para Stiglitz es el momento de ampliar el análisis económico más allá de la dicotomía entre el papel que deben cumplir el Estado y el mercado, pues se están produciendo articulaciones sociales más complejas,  y están tomando parte un mayor número de actores de la sociedad civil, lo cual requiere nuevos acuerdos institucionales.

Sobre el período de auge de la economía peruana entre 2004 y 2013, Stiglitz señaló como fracasos la informalidad del mercado laboral y el hecho que el Perú, al igual que toda la región de América Latina, registra la peor distribución de riqueza en el mundo. Y recordó de manera concluyente a nuestros gobernantes y a las clases dirigentes: “por la desigualdad se opta”.

En cuanto al escenario actual en Perú, explicó que el ingreso per cápita se mantiene estancado después de la caída del crecimiento registrada en 2014, y es posible que se mantenga igual en los resultados de 2015. Por eso hizo un llamado a hacer uso de capacidades para establecer políticas macroeconómicas: “cuando es el momento de adoptar políticas fiscales expansivas, vemos que existe un déficit y no un superávit”.

El efecto multiplicador de un presupuesto nacional equilibrado

La fórmula a seguir es: subir los impuestos y elevar el gasto para estimular la economía. Como manera de prevenir los efectos negativos de la presión tributaria sobre el capital, el profesor Stiglitz propone una mayor inversión por parte del Gobierno, haciendo uso de una parte de los ingresos fiscales para reinvertirlos en el propio capital, lo cual permite aumentar el poder de mercado (la capacidad de un vendedor o de un comprador de influir en el precio de un bien).

Por otro lado, es necesaria una coordinación de las tasas de cambio de moneda. “Las políticas de tasas de cambio reales, competitivas y estables, constituyen un instrumento macroeconómico de primer orden”, señaló. Y estas deben ir acompañadas de una inversión pública y políticas industriales adecuadas.

Finalmente, recordó que el sector financiero nacional no debe solo existir para servirse a sí mismo sino para proporcionar un servicio a toda la sociedad en su conjunto. “Reescribir las reglas de la economía de mercado es fundamental; solo así se podrá alcanzar la integración regional”.

Lea la entrevista de Alberto Niquen a Joseph Stiglitz

Descargue el informe Rewriting the Rules (en inglés) del profesor Stiglitz sobre la economía de EE UU

La propuesta de Thomas Piketty: un impuesto global al capital

En 2013 el economista francés Thomas Piketty publicó El capital en el siglo XXI, cuya edición en español acaba de ser presentada por RBA ediciones. La extensa obra (970 páginas) es un análisis histórico-económico en el que su autor postula el principio de desigualdad valiéndose de una ecuación comprobada, la de que las rentas del capital siempre superan el crecimiento económico. Entrevistado por Ignacio Xavier Vidal-Folch en El País, Piketty señala que “los patrimonios inmobiliarios, bursátiles, y financieros aumentan mucho más rápido (y los más altos, mucho más de prisa) que otras rentas”, como las del trabajo, por ejemplo. Sin embargo, el diagnóstico de Piketty sobre la desigualdad en los ingresos ha sido rebatido por el Nobel de economía Joseph Stiglitz. 

En su primera propuesta contra el retorno de la desigualdad, Piketty propone establecer un impuesto global y progresivo sobre el patrimonio a nivel mundial; a ello debe añadirse la difusión de la educación y la inversión en el conocimiento, dos de los mecanismos más decisivos para la reducción de las desigualdades.

El economista plantea un property tax a la inglesa, que permita modernizar el esquema impositivo y transformar estos impuestos en un impuesto progresivo y global que grave todos los distintos activos patrimoniales netos, puesto que estos se han ido diversificando a medida que el capitalismo financiero diversificaba sus productos. Piketty estima que con un impuesto así, la Unión Europea podría recaudar un 2 % de su PIB, lo cual equivale a dos ejercicios presupuestarios, y se acerca al paquete de 300.000 millones de euros de inversión propuesto por el presidente Jean-Claude Juncker para relanzar la economía europea. Los patrimonios podrían afrontar fácilmente esa cuantía. Si las grandes fortunas crecen anualmente entre un 6 % y un 8 %, “un impuesto de un 1 % no sería confiscatorio, ni mucho menos”, señala el autor.

El impuesto mundial sobre el patrimonio es técnicamente menos complicado que la Tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras. Además introduciría más transparencia financiera y se sabría el origen de cada elemento del capital.

Los tratados como el TTIP (acuerdo transatlántico EE.UU. – Unión Europea  para el comercio y la inversión) constituyen una oportunidad para introducir una mayor justicia fiscal y más transparencia financiera (algo que ya están incorporando en sus discusiones y análisis estratégicos las nuevas agrupaciones políticas como Podemos en España, que emergen tras la ruina del bipartidismo político en ese país). Según Piketty, en estos tratados de liberalización comercial es importante incorporar también el capítulo impositivo.

Sus ideas han sido fuertemente contestadas desde las filas del neoliberalismo económico, en momentos en que se han dado a conocer investigaciones sobre los acuerdos que suscriben las grandes empresas multinacionales con países que ofrecen grandes atractivos fiscales para evadir el pago de impuestos. 

Siguiendo el tema de este debate, la semana pasada se supo que Luxemburgo, un país miembro de la Unión Europea, ha ofrecido a corporaciones como IKEA, Pepsi y FedEx este tipo de acuerdos fiscales privados conocidos como tax rulings o confort letters. El problema no sería tal si no fuera porque, además, dichos acuerdos fueron fraguados durante el gobierno del entonces primer ministro Jean-Claude Juncker, quien actualmente preside la Comisión Europea y es quien debe liderar la financiación de los presupuestos de la Comunidad Europea en el ámbito de la más estricta disciplina fiscal. El Gobierno de Luxemburgo se ha apresurado en descalificar las revelaciones por ser ilegales; además, justifica los acuerdos como una práctica habitual para dotar de seguridad jurídica y empresarial a las corporaciones y atraer sus inversiones en el país.

La noticia publicada por el New York Times señala que durante los mandatos del señor Juncker y de su sucesor  en el cargo de primer ministro se aprobaron planes para permitir la evasión fiscal que favoreciera a las grandes corporaciones, quienes contabilizan en ese país la mayor parte de sus ingresos desde pequeñas oficinas en las que trabajan equipos de contables y abogados a pesar de tener un volumen de negocios poco significativo en Luxemburgo.

Capitalismo del siglo XXI y base tributaria

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer a mediados de octubre pasado las primeras recomendaciones emanadas del proyecto BEPS 2014, que estudia la erosión de la base tributaria, los desplazamientos de los beneficios empresariales y sus repercusiones en las haciendas públicas nacionales.

Se trata de las primeras recomendaciones, de una serie de quince, que buscan un enfoque global coordinado en la lucha contra la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales. El proyecto, a cargo de la Comisión para asuntos fiscales de la OCDE, tiene por objetivo ofrecer a los gobiernos soluciones internacionales sobre fiscalidad. Sus análisis se centran en las estrategias que las corporaciones diseñan, aprovechando los vacíos legales o las brechas en el sistema tributario, con el fin de desplazar sus beneficios a plazas en las que reciben un trato fiscal más favorable.

El trabajo de BEPS responde a un Plan de Acción que fue respaldado por los países del G20 en julio de 2013, en el que se identificaron quince áreas claves que debían ser abordadas para el año 2015, y siete acciones a ser entregadas en setiembre de 2014. Los primeros siete informes del Proyecto BEPS fueron consensuados por 44 países que trabajaron en igualdad de condiciones (incluyendo a todos los países miembros de la OCDE, los países candidatos y los países del G20) en un período intenso de consultas con los países en desarrollo, las empresas, las oenegés y otras partes interesadas.

¿Qué es la OCDE?

La OCDE empieza a ser un horizonte ineludible para las democracias con economías emergentes que buscan poner de relieve sus logros a través del liderazgo y la cooperación multilateral en el escenario de la nueva globalización. Hace poco lo comentaba la ministra de la Presidencia de Gobierno de Colombia María Lorena Gutiérrez. Mucho más que el simbólico gesto de hacer sonar la campana en una sesión de la bolsa de Wall Street (una deseada oportunidad de figurar en los medios para más de un jefe corporativo acunado por el poder político emergente), la OCDE cuenta con el prestigio de haber promovido las políticas que fueron la punta de lanza de la reconstrucción europea tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado.

Al introducir las políticas de desarrollo y gobernabilidad regional, las democracias de Europa superaron las penurias de la posguerra, en tiempos del Plan Marshall americano, y el milagro alemán plasmó la imagen de una región del mundo que reemergía como potencia tecnológica y cultural, y era un ejemplo del Estado del bienestar que se forjó –y funcionó-- durante casi cuatro décadas. Entonces los vientos cambiaron, con los políticas promovidas por los economistas de la Escuela de Chicago y su neoliberal ataque al Estado como protagonista innecesario del buen gobierno; ello trajo las consecuencias conocidas hoy de sobras, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Continente: disciplina fiscal sin contemplaciones que destruye el empleo y afecta a los sectores más débiles de la sociedad, mano libre para los oligopolios y sometimiento de los gobiernos nacionales a los dogmas de las leyes del mercado y al dictado de las recomendaciones técnicas de instituciones ya caducas como el FMI y las agencias de calificación de la deuda estratosférica originada en el propio sistema bancario y sus jugadas financieras; todo ello desembocó en la crisis del crédito de 2008-2010 que hoy amenaza con sumir a Europa en la tercera recesión en una década.

A pesar de todo ello, sigue adelante el proyecto de incorporar a más democracias en el grupo de países que gozan de paz, seguridad, bienestar y justicia conforme a los lineamientos de la economía de mercado y el Estado de derecho que propugna la OCDE. Tras Japón en 1962, se incorporaron otros países del ámbito extraeuropeo: Australia en 1971, México en 1994 y Chile en 2003. Más recientemente, han presentado su candidatura Lituania, Rusia (que se cayó del G8 por sus veleidades imperiales en Ucrania) y Colombia, que camina esperanzada hacia unos acuerdos de paz que pongan fin a las cuatro décadas de violencia y guerrilla que atenazaron al país andino; asimismo, el mandato bajo el cual opera la OCDE (el de los países miembros del G-8/7) se ha visto ampliado desde la última crisis en que recibieron el encargo de los países del G-20 reunidos en Londres en 2010, de actuar frente a los desafíos de la globalización tras estallar la crisis del crédito en 2008.

Por esta razón, hoy más que nunca, ha llegado el momento de revisar multilateralmente las cuestiones sobre fiscalidad, y de dotar a los gobiernos de medidas consensuadas internacionalmente para combatir las prácticas de evasión fiscal de las grandes corporaciones gracias a sus ilimitados recursos legales, que erosionan las bases tributarias de los estados, dañan la capacidad de hacer frente a los desafíos de toda sociedad cohesionada, y mantienen en la impunidad al 1 % más rico del planeta.

Los siete informes de la OCDE

El Centro para la política fiscal de la OCDE presentó siete informes, que proponen las siguientes acciones:

• 1.    Abordar los desafíos de la economía digital (Acción primera)
• 2.    Asegurar la coherencia entre la tributación de los ingresos de las corporaciones a nivel internacional, mediante nuevos modelos de fiscalidad y tratados comerciales que pongan fin a los llamados hybrid mismatch arrangements. (Acción segunda).  Estos arreglos permiten que, mediante unos instrumentos híbridos de préstamo, un grupo de empresas pueda crear artificialmente créditos fiscales para una empresa subsidiaria. Esta práctica compromete miles de millones de dólares cada año;
• 3.    Revertir las prácticas tributarias dañinas (Acción quinta);
• 4.    Realinear la fiscalidad en lo sustantivo y relevante con el fin de restaurar los beneficios deseados a partir de unos estándares internacionales, y prevenir el abuso de los tratados sobre fiscalidad (Acción sexta). El abuso de los tratados constituye un juego para los abogados de las grandes corporaciones; en lugar de usar la vía bilateral, que puede resultar más costosa, se recurre a un tercer país, gracias al cual desaparecen las obligaciones tributarias.
• 5.    Asegurar que los resultados de los precios de transferencia se corresponden con la creación de valor mediante acciones que aborden problemas de transferencia de precios en el ámbito clave de los bienes intangibles (Acción octava);
• 6.    Mejorar la transparencia de las administraciones tributarias e incrementar la certeza y la predictibilidad de los contribuyentes a través de una documentación sobre transferencia de precios y una plantilla para la elaboración de informes por país (Acción 13); y
• 7.    Facilitar la implementación de las acciones de BEPS mediante un informe de viabilidad para desarrollar un instrumento multilateral que enmiende los tratados bilaterales de fiscalidad (Acción 15). 

30 años de conferencias sobre el cambio climático

Las Conferencias de la ONU sobre el Medioambiente y el Desarrollo
(Cumbres UNCED)

Tras la Conferencia de las Partes celebrada en Varsovia el pasado 25 de noviembre, el encargo de organizar la próxima edición de esta importante reunión ha recaído en el gobierno del Perú. La cita es en diciembre de 2014. Con este motivo presentamos una cronología de las reuniones más destacadas celebradas hasta la fecha y de los instrumentos y acuerdos alcanzados en ellas.

1984: la Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo es constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1987: Conferencia de Oslo. Se da a conocer el informe de la Comisión,  Nuestro futuro común, sobre cuestiones de Medioambiente y Desarrollo (Informe Brundtland); en él se contrasta por primera vez el concepto de desarrollo económico frente al de sostenibilidad ambiental.

1992: Conferencia UNCED de Rio de Janeiro (Cumbre de la Tierra), donde se alcanzan una serie de acuerdos recogidos en la Agenda 21 sobre el desarrollo sostenible y en la Declaración de Rio. Se formularon las siguientes convenciones que deben suscribir los Estados miembros:

1.    Convención de la Biodiversidad (CBD)

2.    Convención contra la Desertificación (UNCCD)

3.    Convención Marco del Cambio Climático (UNFCCC / CMNUCC).

1997: Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York (Cumbre de la Tierra +5 o Rio + 5), donde se establece el programa de trabajo para la Agenda 21. Ese mismo año se dio a conocer el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero y poner en práctica los acuerdos de la Convención Marco del Cambio Climático. Los primeros compromisos para las metas de carácter vinculante de este tratado debieron alcanzarse en el año 2012. Sin embargo, el entrampamiento político como consecuencia del colapso financiero mundial que estalló en 2007 hizo que potencias industriales como EE.UU. no ratificasen el tratado y que Canadá decidiese abandonarlo.

Cisma científico y compromisos desdibujados

En 2009 se produjo el Climagate, cuando se filtraron a la prensa las controversias de la comunidad científica sobre el calentamiento global. El episodio dejó en entredicho la credibilidad de la teoría del calentamiento global de origen humano defendida por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático, organismo asesor de la UNCED), como única explicación del aumento histórico de la temperatura planetaria.

La Cumbre del Clima de Copenhague de 2009 (COP 15, Conferencia de las Partes de la Convención Marco) dio carpetazo al compromiso de cumplir con unas metas cuantitativas para la reducción de gases en los plazos establecidos. Se instituyó, en cambio, la posibilidad de que los países puedan reducir sus emisiones de manera voluntaria y se reforzó la creación de un mercado de emisiones de carbono, que comprende una serie de instrumentos financieros destinados a promover la reducción de gases o la captura del carbono y los combustibles fósiles.

2012: Cumbre de Rio de Janeiro (Rio + 20). Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra, los jefes de estado y de gobierno alcanzaron magros compromisos para hacer realidad una política del clima que responda a la necesidad de cambios urgentes frente el avance del calentamiento global. Se estableció que los progresos en cuestiones medioambientales y de sostenibilidad no requieran de acuerdos internacionales, y que sean de preferencia una responsabilidad de los gobiernos locales, favoreciéndose las iniciativas ambientales que tengan la participación del sector privado. En Rio + 20 se hizo patente la ausencia de impulso y liderazgo político para alcanzar unas metas de desarrollo sostenible vinculantes, con plazos y objetivos medibles por parte de los gobiernos.

2013: Cumbre de Varsovia (Conferencia de las Partes - COP 19). La cita fue anunciada como un escalón más para alcanzar un acuerdo mundial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se acordó la creación de un mecanismo para pérdidas y daños derivados del cambio climático. Su adopción representa de por sí un reconocimiento de que los llamados "episodios climáticos extremos" ya tienen un efecto catastrófico en varias regiones del planeta.

Según los expertos, las pérdidas y daños representan el tercer aspecto de la Convención Marco del Cambio Climático. El primero sería el de la mitigación (cuando los países reducen emisiones y se comprometen a unas metas), y el segundo el de la adaptación, cuando se toman medidas en anticipación de los efectos del cambio climático que ya son inevitables.

El camino hacia París pasa por Lima

Tras la COP de Varsovia, casi 200 Estados partes de la Convención Marco se han comprometido a iniciar o intensificar los preparativos para definir su "contribución" (ya no compromiso) a la reducción de las emisiones a nivel nacional" para cualquier acuerdo que pueda ser negociado en París en el año 2015, según informa Graham Readfearn para The Guardian.

Estas contribuciones deberán ser presentadas a partir de abril de 2015, bien en forma de objetivos, o bien como esfuerzos por mantener las emisiones en niveles bajos, aunque para curarse en salud, el texto precisa que ello ocurrirá "sin perjuicio de los aspectos legales de dichas contribuciones".

El documento que establezca los nuevos términos de actuación frente al cambio climático a partir de 2020 puede ser un nuevo Protocolo, un instrumento legal o un acuerdo final de carácter vinculante. Para Readfearn esto parece dar la sensación de estar nuevamente en la casilla de partida frente a la cuestión de los compromisos de los gobiernos tras 30 años de Conferencias sobre el cambio climático.

¿Será la COP 21 de París en 2015 el marco para negociar con éxito una hoja de ruta para las nuevas metas de reducción de emisiones? Todo depende de que los países muestren que han hecho sus deberes en la COP 20 de Lima en diciembre de 2014.

Libertades y esclavitudes del libre comercio

Alternativas para el libre comercio entre la Unión Europea y América Latina

De izq. a der.: Joan Botella, Gaby Küppers, Raül Romeva y Núria Tuset 

Un coloquio sobre alternativas a los tratados de libre comercio entre la UE y América Latina, organizado por Iniciativa per Catalunya (ICV) /Els Verds se celebró en Barcelona el pasado 1 de marzo, con el fin de dar a conocer los mecanismos y reglamentos que rigen dichos acuerdos comerciales. El acto contó con la asistencia de un nutrido público y en él participaron Joan Botella,  catedrático de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB, Núria Tuset, presidenta de Dones amb Iniciativa de ICV y, como invitados desde Bruselas, Gaby Küppers, asesora alemana en comercio y relaciones internacionales del grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, y el eurodiputado catalán por ICV Raül Romeva, quien es también presidente de Los Verdes/ALE en la Eurocámara.

Los expertos opinan que los mecanismos de regulación con que hoy cuenta el comercio internacional constituyen una potente herramienta al servicio de la globalización; sin embargo, se muestran preocupados por las consecuencias indeseables del régimen regulatorio por el cual se está optando en unos acuerdos de carácter bilateral que no compensan las condiciones de asimetría en que negocian las partes.

Aun cuando, desde una perspectiva histórica, las llamadas “Guerras comerciales” del capitalismo parecen cosa de siglos pasados, tampoco es posible afirmar que exista en un horizonte inmediato una lógica de facilitación de los procesos de intercambio comercial en condiciones de igualdad entre las partes. Para Joan Botella, un ejemplo de esto es el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio de la OMC, y posteriormente, la adopción del acuerdo para actividades de muy distinta naturaleza bajo el denominador común de “comercio de servicios”; dicha regulación ha tenido efectos muy negativos sobre el empleo y la protección social en el ámbito de la Unión Europea.

Las decisiones políticas tomadas en el ámbito del comercio tienen un carácter no enmendable y sientan unos precedentes de muy distinto signo, con repercusiones económicas, sociales y medioambientales de largo alcance. Por eso, Joan Botella enfatizó que las decisiones de los políticos deben ser tomadas en el marco de trabajo de las instituciones, lo que debe incluir a los agentes sociales y a la sociedad civil. Sin embargo, los poderosos lobbys empresariales representados por equipos de abogados en Bruselas ejercen una mayor y decisiva influencia sobre quienes toman las decisiones técnicas y políticas en las negociaciones de la Comunidad Europea sobre los acuerdos y tratados comerciales.

Núria Tuset ofreció un análisis de los tratados de libre comercio (TLC) con perspectiva de género; ello permite evitar la confusión existente entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico. En el desarrollo económico se incorpora siempre el enfoque de derechos humanos, de donde proviene la nueva conceptualización de “Economía del cuidado”, que introduce un tercer vector en la clásica dicotomía Estado-mercado. Mediante la economía del cuidado se incorpora la unidad doméstica en las consideraciones y formulaciones políticas relativas al comercio.  Los estudios realizados por la Red Internacional de Género y Comercio propugnan un cambio progresista en este sentido, y constatan que la apertura económica y la liberalización comercial de las últimas décadas han reforzado la inequidad en la distribución del ingreso en las economías y sociedades de América Latina.

La cocina de los acuerdos de libre comercio

Los acuerdos de libre comercio son armonizados en Bruselas por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, el organismo ejecutivo que perfila los Tratados de la UE; en realidad el peso político del Parlamento Europeo se limita únicamente a la aprobación o no aprobación de los reglamentos de los tratados a ser firmados entre los países tras pronunciarse el Consejo de ministros de la UE.

Los aspectos típicos de todo acuerdo de asociación o tratado de libre comercio con la UE incluyen: la cláusula standstill para el mantenimiento o desmantelamiento de normas y regulaciones comerciales; las compras públicas en régimen de mercado abierto; los aspectos de la Propiedad Intelectual (que para los ecologistas suele traducirse en defensa de la biodiversidad, mientras que para las corporaciones transnacionales significa la defensa y ejercicio de sus derechos de patentes comerciales). Los alcances de la propiedad intelectual van desde el blindaje o perpetuación de las patentes de productos originales frente a la producción o importación de medicamentos genéricos, hasta la exportación de semillas genéticamente manipuladas (OMG) para conseguir bajos costes de producción en la agroindustria y mayores beneficios en perjuicio de la producción o el consumo local.

Otro aspecto fundamental es el de servicios públicos en torno al agua, la energía y la gestión de infraestructuras portuarias y servicios bancarios. Los TLC que se están firmando son de carácter bilateral, lo que está socavando el sistema de comercio multilateral que desde hace décadas propugna la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ser más justo con los países menos desarrollados y respetuoso con el medioambiente. Una prueba de ello es el estancamiento que registra desde el año 2002 la Doha Development Agenda de la OMC. Para Gaby Küpper, el actual statu quo “beneficia especialmente a las transnacionales, a los empresarios y a sus accionistas”. Así, el Acuerdo de Asociación UE-Centro América ponía el énfasis en una supuesta cooperación para el desarrollo, pero también en el diálogo político con toda la región con el fin de incidir en cuestiones de derechos humanos y democracia.   Sin embargo, la UE nunca ha aplicado la llamadas “cláusulas democráticas” en la negociación de los tratados. Según señalan expertos de Intermón-Oxfam, los TLC con Centro América, México o Chile ponen en evidencia que la UE juega con “una estrategia multiforme para la promoción de sus intereses comerciales, con el objetivo de competir con el poder económico y político de EEUU en la región”. [Fuente: CIFCA (2006)]

En el caso de los TLC con países de la región andina, los gobiernos de Uribe en Colombia y de Alan García en Perú estuvieron prestos a dar todas las garantías de la conversión de sus economías desreguladas para garantizar el modelo de economía de mercado con base extractivista que caracteriza a ambos países. Ante la negativa de los gobiernos de Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia a firmar los tratados, la UE ha renunciado a la política regional en la negociación de acuerdos, como ya ocurrió en Centro América cuando se produjo la crisis política con el golpe militar en Honduras, resuelta con un cambio de actores políticos que Europa aceptó de buen grado a pesar del flagrante atropello a la legalidad democrática en la región.

¿Qué hacer como ciudadanos?

Desde el Tratado de Lisboa, los TLC con la UE deben ser aprobados por el Parlamento Europeo. Para los tratados con Perú y Colombia, el 10 de septiembre se pedirá el voto de aprobación por mayoría en la Eurocámara. Con su voto de no aprobación, Los Verdes/ALE señalan que harán manifiesta su oposición a la agenda neoliberal de la UE, con una Comisión Europea que se muestra indiferente ante las “consecuencias catastróficas para los derechos humanos, el medioambiente y el desarrollo sostenible” en los países en desarrollo. Para Los Verdes, estos TLC contribuirán a empeorar la conflictividad social en Perú y Colombia, con enormes proyectos mineros y agroindustriales que llevan al despojo de las comunidades campesinas e indígenas y que pasan por alto el principio de la integración regional que debe recoger cualquier acuerdo comercial con la UE.

Como ciudadanos, podemos exigir a nuestros representantes políticos que la Comisión Europea realice todas las consultas que prescriben los procedimientos de negociación a lo largo de todo el proceso, y que se vele por el cumplimiento de las cláusulas democráticas de los tratados, realizando para ello consultas con los actores sociales de cada país. Hoy sabemos que es muy habitual que éstos no sean consultados ni sean incluidos en el proceso de negociación por sus autoridades políticas. Igualmente, se debe insistir en que se realicen y difundan los estudios de impacto que tendrían los TLC a nivel social, laboral y ambiental para las partes firmantes, y en última instancia, para su ciudadanía.

 ¿Qué efectos puede tener la inversión extranjera directa en América Latina en un contexto de desregulación?

1. La transnacional eléctrica Unión Fenosa en Centro América, investigada por el Tribunal de los Pueblos en 2007, es solo un ejemplo de los muchos casos que existen en la región, donde las corporaciones transnacionales se han aprovechado de los vacíos dejados por la desregulación para conformar estructuras anticompetitivas con una clara tendencia hacia la integración de monopolios u oligopolios privados, violando la soberanía de los  países al no respetar los marcos normativos e institucionales.
2.  El Caso Doe Run en La Oroya, Perú, ejemplifica los abusos de la inversión extranjera directa por parte de transnacionales a las que se beneficia con un marco de privilegios legales. 
3. La UE y las transnacionales en América Latina, documento de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid (2010). Lima (2008) y Viena (2006), especialmente el capítulo Las políticas económicas de la UE: "España apoya la internacionalización de sus empresas españolas con fondos públicos a través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) que en parte se contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo, cuando en realidad son generadores de deuda externa en los países receptores. En el caso de Proactiva-Interagua en Ecuador y Unión Fenosa en Nicaragua, España utilizó dicho instrumento para financiar la construcción de infraestructuras, luego transferidas de una u otra forma al operador privado español".

Cartel de la convocatoria a la Marcha en defensa del agua, febrero 2012, Cajamarca , Perú