El conocimiento biomédico como bien global de la humanidad

La emergencia del coronavirus actualiza el debate sobre la vigencia de un sistema de innovación que choca con las prioridades y la sostenibilidad de la salud pública 

 

Aplicación de la vacuna de la meningitis A (Foto: Rodrigue Barry OMS)

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia del coronavirus SARS_CoV-2. Para entonces, el virus ya se había propagado desde su origen, en China, seguido de los brotes epidémicos en Europa tras su paso por Irán. Asimismo, empezaron a llegar noticias de los primeros casos de contagio en América del norte y del sur. 

Pocos días después, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, envió una carta a la OMS, en la que proponía la creación de una «reserva de patentes a nivel mundial para la covid-19», señalando la importancia de disponer de «un repositorio del conocimiento existente en relación con las pruebas de diagnóstico, los dispositivos, medicamentos o vacunas» para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

La propuesta del presidente Quesada se inspira en la reserva de patentes Medicine Patents Pool (MPP), formada en 2010 con el respaldo de la ONU. La MPP tiene como objetivo facilitar el desarrollo de medicamentos para la TB, el VIH y la hepatitis C e incrementar su disponibilidad a precios asequibles para los países de ingresos medios o bajos. También han expresado su respaldo a la carta de Costa Rica: DIME, el mecanismo regional de datos para tomar decisiones informadas en el abastecimiento de medicamentos en América Latina, y las ONG de gestión del conocimiento y datos digitales Knowledge Ecology International (Canadá y EE.UU.) y Commons Network (Unión Europea).

Las claves económicas y políticas del alto coste de los medicamentos:1. Las presiones financieras para incrementar los precios; 2. El poder de monopolio, que los fija por encima del precio que pueden asumir los sistemas de salud

Un artículo publicado por Commons Network después de conocerse la propuesta de Costa Rica a la OMS explica cómo la pandemia ha hecho visible el conflicto existente entre el negocio biomédico y la salud pública:

«Son muchos los países occidentales en los que la respuesta al [corona]virus ha puesto en evidencia lo vulnerables que son nuestros sistemas de salud pública y otros sectores esenciales de la sociedad. Pero sobre todo, ha quedado expuesto el pésimo estado del sistema de la ciencia biomédica y el papel que en él juegan las compañías farmacéuticas:

• En los Países Bajos, por ejemplo, los hospitales no disponían de suficientes kits de diagnóstico porque la compañía ROCHE, la mayor fabricante de productos de biotecnología, se negó al principio [de la epidemia] a compartir la fórmula que permite realizar estas pruebas.
• En los EE.UU., el secretario de salud de la administración Trump en la respuesta al coronavirus, Alex Azar, advertía en un comunicado que el Gobierno no podía garantizar que una posible cura para la covid-19 fuese asequible para todos, pues lo único que impulsa esa clase de innovación es la expectativa de obtener grandes beneficios.
• La carrera por conseguir la vacuna se ha retrasado entre dos y tres años debido a que, en muchos países, las compañías farmacéuticas han puesto a la venta sus instalaciones para la investigación. Y las empresas que aún tenían la capacidad, redujeron sus equipos de investigación porque consideraban que el proyecto no era un buen negocio .
• Hace unos años, los científicos estuvieron muy cerca de conseguir la vacuna, hasta que se agotaron las fuentes de financiación.
• Para los analistas financieros AB Bernstein de Wall Street, el mercado de las vacunas es considerado como un oligopolio. Pero al quedar interrumpidos los programas nacionales de investigación en enfermedades infecciosas, la mayoría de las empresas dejaron de invertir en este campo, según explica Bernard Pecoul de la Iniciativa por los medicamentos de enfermedades olvidadas 
• En Francia hubo un debate sobre por qué el precio del kit de diagnóstico del coronavirus debía ser de 135 euros cuando su coste de producción es de solo 10 euros. Son muchas las personas que se han preguntado si detrás de la poca disponibilidad de pruebas diagnósticas y la decisión de no realizar más pruebas durante la epidemia en muchos países de Europa, existen razones económicas. 

Hospital universitario La Charité de Berlín, donde se desarrollaron los primeros tests de diagnóstico PCR con protocolos compartidos en código abierto. Foto: Jean-Pierre Dalbéra / CC BY

Haciéndose eco de la propuesta de Costa Rica, la OMS anunció la creación de un Acelerador para el acceso a las herramientas contra la Covid-19. Estas deberán ponerse a disposición en calidad de «bienes públicos mundiales», según señaló el secretario general de la ONU António Guterres. 

El 4 de mayo se hizo pública la formación de una alianza internacional de países comprometidos a reunir los fondos que se requieren para el desarrollo de tecnologías diagnósticas, tratamientos y vacunas de la Covid-19. Se consiguieron 7 700  millones de euros como fondo inicial para esta respuesta mundial, ofrecidos por Noruega, Italia, Alemania, Francia y la UE. Posteriormente se añadieron Japón, Canadá, Reino Unido, España, Jordania y Arabia Saudí (como país encargado de la secretaría del G-20).

Tal como señalaba el artículo de Commons Network: «Cada vez más personas están tomando conciencia de que la carrera por encontrar una cura y una vacuna para la covid-19 se ha retrasado mucho debido a que tenemos un sistema que opera en base a los incentivos de mercado y los monopolios creados alrededor de las patentes. En vez de blindar el conocimiento esencial, las empresas podrían trabajar conjuntamente, compartiendo los resultados de sus investigaciones y los nuevos conocimientos.

 
«La industria farmacéutica se guía por los beneficios y las exigencias de sus accionistas. La investigación y el desarrollo (I+D) que se necesitan para crear las vacunas y los tratamientos está organizada en régimen de monopolio. El sistema de patentes y licencias [de fabricación] está ajustado de manera que genere el máximo de riqueza para unas pocas corporaciones que facturan miles de millones de euros por sus productos. El sistema de abastecimiento de los medicamentos no se guía por las prioridades de salud pública sino por los beneficios que éste genera en una lógica puramente capitalista», señalan los expertos de Commons Network. 

La actual crisis del coronavirus nos revela un modelo de investigación biomédica averiado que requiere un cambio de paradigma
 

Según el equipo de expertos de Commons Network, «la idea de crear un repositorio de conocimiento de datos, patentes y licencias de la covid-19 permitiría acelerar las tecnologías sanitarias, tan necesarias en estos momentos, y estimular su acceso público».

 ¿Un modelo de innovación fallido?

Un informe sobre políticas del Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública publicado en 20181 por el University College de Londres, dio a conocer su diagnóstico sobre el actual sistema de innovación en salud bajo el régimen de patentes y derechos de propiedad intelectual.

El grupo de investigadores en política pública, economía e I + D y expertos de organizaciones de salud global encontraron «un sector farmacéutico que se orienta hacia las ganancias antes que a las prioridades de la salud pública, y que tiende a establecer unos precios altos con el fin asegurar el rendimiento a corto plazo para sus accionistas». En su informe revelan que el alto precio de los medicamentos está ocasionando graves problemas de acceso para los pacientes a nivel mundial, lo cual tiene consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas.

Pero su diagnóstico va más allá todavía, pues advierten que existen «síntomas» que indican que estamos ante «un modelo de innovación averiado». Por esta razón, el estudio propone una serie de principios que dé lugar a un nuevo modelo de innovación en salud, incluyendo algunos arreglos que podrían hacerse sobre la marcha, pero también aspirando a ofrecer medidas de política pública para ser implementadas en el largo plazo; unas medidas cuyo objeto sería la creación conjunta en la formación de un sistema de salud que cumpla con el cometido de crear valor público.

Al analizar las prioridades de la Investigación y el Desarrollo (I+D), los expertos encontraron que éstas no se rigen por las necesidades en salud pública; se favorece más bien el desarrollo y la comercialización de medicamentos de imitación, lo cual reduce la investigación de tratamientos pioneros que son los más requeridos por las enfermedades que prevalecen en los países en desarrollo.

El informe señala, asimismo, la falta de transparencia y las dificultades para la colaboración en el ecosistema de la innovación biomédica. Aún cuando los derechos de propiedad intelectual (DPI) deberían ser considerados como un incentivo para la innovación, lo cierto es que cada vez se hace más difícil obtener licencias sobre las patentes; éstas ya no se limitan al sector de aplicación de las innovaciones y actualmente se otorgan extensiones a los DPI con demasiada facilidad. Actualmente, las reivindicaciones amplias de patentes representan un obstáculo para el aprendizaje, la difusión y la colaboración dinámica.


Por otro lado, si los precios de los medicamentos se fijan sin límite por lo alto, esto se debe a que no hay ninguna protección en el actual sistema de I+D para que estos sean asequibles a todos los pacientes que los requieran. Existe un monopolio de las patentes que anula la competencia comercial y a libertad a las compañías para regirse por el precio fijado por el mercado.


Por último, está la cuestión de la política cortoplacista y la financiarización de la industria farmacéutica. Al centrarse en obtener el máximo rendimiento financiero a corto plazo, las compañías recurren a la recompra de su propias acciones en el mercado financiero, logrando así un incremento en el valor de su participación accionarial. De este modo se consigue la captura de valor para el accionista, lo cual está ocurriendo a expensas de los avances en la salud y del interés público.

La reserva de patentes de medicamentos de MPP

La pandemia del coronavirus constituye una oportunidad para que la humanidad actúe de manera solidaria, haciendo que esta crisis sirva para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Desde el 3 de abril de 2020, la MPP ha extendido temporalmente su mandato con el fin de  incluir cualquier tecnología sanitaria que pueda contribuir a dar respuesta a la Covid-19 a nivel mundial.

La MPP tiene experiencia en facilitar el acceso a medicamentos y tecnologías médicas a través del mecanismo de licencias voluntarias; sus conocimientos en propiedad intelectual y licencias podrán ser aplicados en la identificación de productos y tecnologías con patentes que sirvan en la lucha contra la Covid-19, y asimismo, ponerlos a disposición de quienes más los necesiten.

1UCL Institute for Innovation and Public Purpose (2018) ‘The people’s prescription: Re-imagining health innovation to deliver public value’ [La receta del pueblo: repensar la innovación en salud desde el valor público], IIPP Policy Report, 2018-10. London: IIPP, Global Justice Now, Just Treatment, STOPAIDS. Disponible en: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2018/oct/peoples-prescription

Una comunidad de código abierto para las democracias del siglo 21

Las tecnologías cívicas van más allá de la experienia del usuario como simple consumidor

¿Es posible fundar una comunidad a partir de la creación colectiva de un código digital para la participación ciudadana? La plataforma Decidim es un ejemplo vital y dinámico de que "sí se puede". Este proyecto de democracia participativa de código libre para ciudades y organizaciones nació en España al calor de los gobiernos del cambio surgidos en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia tras las elecciones locales de 2015.

Conviene aclarar que una 'comunidad' no hace aquí referencia a ninguna identidad grupal en particular, sino a la modalidad de trabajo que es propia de la comunidad científica. Su método requiere compartir los hallazgos de los experimentos, debatir sus resultados y mejorar desarrollos posteriores con el fin de adquirir un mayor conocimiento de aquello que se estudia; todo ello con el fin de encontrar posibles aplicaciones destinadas a solucionar una problemática determinada, preferentemente desde la perspectiva del bien común y de las disciplinas múltiples.

Un orden neoliberal está socavando los cimientos de las instituciones democráticas basadas en los derechos humanos que habíamos acordado en el siglo pasado.

En el caso que nos ocupa, se busca mejorar, y cambiar si es preciso, las herramientas o mecanismos democráticos de gobierno, control y decisión, que van desde los procesos y presupuestos participativos y las iniciativas ciudadanas hasta la posibilidad el darnos nuevas leyes de forma abierta, segura y democrática mediante el uso de la tecnología digital. 

Transcurridas casi dos décadas del siglo 21, la democracia representativa está perdiendo la capacidad de cumplir su cometido en un tiempo en el que se impone un orden neoliberal que socava los cimientos de las instituciones democráticas basadas en los derechos humanos acordadas en el siglo pasado. Así, vemos que surgen, desde la voluntad popular, propuestas que pugnan por la creación de mecanismos de democracia directa en las cuales se cuenta con la participación de la ciudadanía, en un marco deliberativo que permita llegar a la toma de decisiones conjuntas, facilitada esta vez por las llamadas tecnologías cívicas.

Entendemos por tecnologías cívicas al conjunto de herramientas o procedimientos (validados) y protocolos propios de las tecnologías digitales aplicadas a la información y la comunicación, que posibilitan la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía con el fin último de mejorar la gobernanza y procurar el bienestar al interior de sus comunidades.

Tras la adopción de la plataforma Decidim Barcelona por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017, activistas sociales y profesionales entre los que se incluye a personas que provienen de las ciencias sociales o políticas y la ingeniería para el desarrollo de software, han debatido el futuro de Decidim, utilizando el propio mecanismo de participación digital creado por ellas y proponiendo la "gobernanza democrática" de una comunidad abierta con la finalidad de seguir innovando en las instituciones de gobierno. Para ello se creó la plataforma Metadecidim y se abrió el proceso decidim.GOV, gracias al cual quedó definida la misión y visión de la comunidad así como sus valores como organización. 

En su asamblea fundacional de febrero de 2019, Decidim quedó conformada como una asociación que cuenta con una "estructura democrática de participación ciudadana". Decidim ha sido registrada como entidad jurídica en Barcelona bajo el título de "Asociación de software libre Decidim", según anunció su coordinador, Guillem Marpons, a finales de octubre. La entidad tiene por objetivo asegurar la diversidad de sus vías de financiación (hasta la fecha ha sido financiada con el encargo recibido del Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar su plataforma ciudadana haciendo uso del software libre), velar por la calidad del código en el que se basa su software (especialmente en las actuaciones de reingeniería o refactoring), y promover un diseño y desarrollo democráticos en la creación de todos sus módulos.

Decidim ha adoptado un Contrato Social que recoge los principios del uso del software libre y de contenido abierto: transparencia, trazabilidad e integridad

En el convenio recién firmado con el Ayuntamiento de Barcelona y el consorcio LOCALRET (entidad impulsora de la sociedad de la información en el ámbito municipal de Cataluña), se reconoce a la asociación Decidim como la "legítima responsable de la gestión del patrimonio ciudadano y digital, resultado del proyecto Decidim". 

El Contrato social recientemente aprobado por su asamblea contiene un conjunto de principios a los que sus integrantes se adhieren al utilizar, desarrollar o participar del código de Decidim:

• Uso del software libre y de contenido abierto con licencia de Affero GPLv3 o versiones posteriores, asegurando y maximizando la transparencia, la trazabilidad y la integridad.

• Esto va unido al compromiso de la propia plataforma digital de garantizar la igualdad de oportunidades, el uso de indicadores de calidad y la confidencialidad de los datos.

Por su parte, Virgile Deville de Open Source Politics presentó los resultados del Decidim Day celebrado en Francia el pasado mes de setiembre, y al que asistieron 150 participantes de cuatro países para conocer de cerca el desarrollo del software libre Decidim y sus aplicaciones como tecnologías cívicas para la democracia participativa así como el marco conceptual de la Tecnopolítica.

Con 100 administraciones locales o regionales y otras entidades actualmente utilizando Decidim en Europa y América Latina, los próximos pasos de la asociación se dirigen a la creación de un comité de garantías democráticas que elabore un Código ético y un Reglamento interno para finales de 2020.

Ciudades y soberanía digital

Foro EUROCITIES

Del 23 al 25 de enero tuvo lugar en Barcelona el Foro de la Sociedad del Conocimiento*, que reunió a personas expertas en tecnología digital y responsables de la administración pública para debatir en torno al tema “Dinero Público - Código Público”. 
 

Atendiendo al crecimiento demográfico y la incesante urbanización, el siglo veintiuno es considerado como el siglo de las ciudades. En su conjunto, estas representan apenas el 2% de la superficie terrestre, pero albergan a más de la mitad de la población del planeta (3.600 millones de personas) y consumen el 75% de los recursos producidos por la economía mundialⁱ.

En el marco global de la sociedad del conocimiento y de la sostenibilidad planetaria, ¿cómo se están replanteando su papel los gobiernos municipales y las administraciones públicas? ¿Y de qué manera están contribuyendo o reclamando los ciudadanos su participación en un ecosistema y una economía política en rápida transformación? De ello se ocupan instituciones como la red EUROCITIES, cuyos miembros forman parte de los gobiernos de las 140 ciudades de Europa que la integran, y son responsables del bienestar de 130 millones de habitantes.

A partir de este marco institucional, se han puesto en marcha proyectos como DECODE, que tiene por objetivo asegurar el control de los datos digitales por parte de la ciudadanía. DECODE responde a problemas derivados de los riesgos que presenta Internet para la identidad digital, el monopolio de los datos en manos de un puñado de empresas tecnológicas o un ecosistema digital fragmentado; problemas que impiden al usuario final tener control sobre sus datos en Internet o decidir cómo crear soluciones y servicios beneficiosos para la comunidad a partir de los datos públicos.

Los proyectos piloto de DECODE, previstos entre 2018 y 2019, están siendo simultáneamente desarrollados en las ciudades de Ámsterdam y Barcelona. [el acrónimo DECODE significa Ecosistemas de datos digitales de titularidad ciudadana y descentralizada]

Por otro lado, están las actividades de fundaciones y comunidades académicas, profesionales y ciudadanas que promueven el software libre y el uso del código abierto tal como este ha sido tradicionalmente empleado en los proyectos científicos desde finales del siglo pasado. En el encuentro de Barcelona participaron Fundación del Software Libre de Europa (FSFE) y la Fundación por el Código Público (FFPC), dos instituciones vinculadas a centros de investigación académica y de I+D.

El panel internacional de expertos abrió el debate apuntando a la inversión en código abierto (OS, open source) emprendida por el Gobierno municipal de Barcelona, según lo previsto en su Plan de transformación digital. El objetivo del Plan es conseguir lo que genéricamente se denomina (como la) soberanía digital de la ciudad, algo que persiguen en su conjunto los 80.000 ayuntamientos que hoy se cuentan en los países de la Unión Europea, según refirió Esteve Almirall, director del Máster en Business Analytics de ESADE. 

En nuestro siglo, las ciudades buscan cooperar antes que competir; y también compartir el conocimiento e integrarse en una Europa de las regiones más allá de los estados nacionales, con el fin de estar mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos políticos, económicos y sociales de la globalización.

Infraestructura como código

Como responsable del desarrollo de programas digitales en el Instituto Municipal de Informática de Barcelona, Xavier Roca presentó el concepto de Infraestructura como código (IaC), un tipo de abstracción de la tecnología informática gracias a la cual los paquetes tecnológicos son proporcionados y gestionados por profesionales mediante software en lugar de instalar sistemas de hardware. La IaC puede emplearse en el suministro de sistemas de nube y también para virtualizar diferentes entornos del software (es decir, sin necesidad de instalarlos en los discos duros de nuestras computadoras).

Esto ha permitido, por ejemplo, la adopción de Linux (sistema operativo de código abierto) en las estaciones de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual ha comportado un importante cambio de cultura. Con ello se ha conseguido romper los llamados ‘vendor lock-ins’ (monopolios comerciales) y también ahorrar en licencias de software. Asimismo, se ha hecho público el código abierto del software creado y se ha participado en proyectos como DECODE y FLOSSBCN; esta última es una plataforma abierta para debatir, compartir experiencias y fomentar eventos en torno al software libre.

Como prioridades, Roca apuntó a la necesidad de exigir interfaces y protocolos de comunicación en código abierto que permitan una mejor gobernanza de estas comunidades. Esto les ayudaría a estar mejor preparadas para incorporarse en uno de los objetivos de proyecto DECODE: facilitar las bases y criterios para que las PyMES puedan participar en las ofertas para la contratación pública de los servicios digitales a nivel municipal.

Campañas por el software libre y el código abierto

Alexander Sander, responsable de políticas públicas de la FSFE, explicó las razones de Public Money – Public Code, una campaña que reclama leyes para que el software financiado públicamente –desarrollado para el sector público– sea también de acceso público mediante una licencia de Software Libre o de código abierto. Gracias a ello habría un mayor ahorro en tecnología (incluyendo la recaudación fiscal) y existiría más colaboración entre las administraciones y la ciudadanía; todo ello contribuiría a generar servicios públicos innovadores y ágiles en la infraestrucutura digital.

La fundación también ha lanzado la Campaña para defender la posibilidad de compartir código. Este cuestión es mencionada en el artículo 13 de la Directiva para la reforma de los derechos de autor de la Unión Europea. A la campaña también se han adherido gigantes de las techs digitales como Google, aunque es difícil saber si lo hacen por las mismas razones y propósitos que la comunidad del software libre; lo cierto es que el control y bloqueo de los contenidos protegidos por el artículo 13 afectaría a los repositorios de código abierto como GitHub y WikiData y, por ende, el trabajo de desarrolladores y empresas que dependen del ecosistema del software libre y el código abierto.

Boris van Hoytema, director de la FFPC, señaló la necesidad de tener más personas programadoras en código abierto y de avanzar en la creación de un ecosistema a nivel de los gobiernos. Por esta razón, la Fundación se ha abocado a la tarea de ofrecer herramientas prácticas en diversos aspectos como los de la fiabilidad, el aseguramiento de la calidad y la seguridad, así como en los ensayos, la gobernanza del modelo financiero, la organización y el apoyo comunitario. La Fundación busca, asimismo, convertirse en el referente histórico que permita a las instituciones públicas mantener el control de su infraestructura digital.

Eduardo Romero presentó un resumen del plan del Ayuntamiento de Zaragoza y su hoja de ruta en tres fases para migrar su plataforma ofimática corporativa hacia el software libre:

1. Adopción del código abierto en las Apps
2. Uso del Libre Office como software de ofimática
3. Código abierto en todo el sistema operativo

El administrador describió las ventajas de los llamados ‘formatos abiertos’, que permiten conservar y recuperar los archivos a lo largo de muchos años, una cuestión indispensable cuando se trata con el histórico de documentos de las administraciones públicas. La administración local constituye un entorno en el que es preciso considerar los condicionantes provocados por el temor, la incertidumbre y la duda; en la administración, nunca se sanciona a un funcionario por su inacción, pero sí cuando este actúa y toma las decisiones equivocadas.

Algunas ideas surgidas durante el panel

Si los últimos proyectos en los ámbitos de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático han sido desarrollados con código abierto, ¿por qué no ocurre lo mismo con los proyectos digitales de las administraciones públicas? Esto podría estar relacionado con la estructura jerárquica que caracteriza a las administraciones, a diferencia de la horizontalidad que es propia de la cultura de los equipos científicos. Además, los funcionarios suelen ser reacios a situarse fuera de territorio conocido y adoptar algo distinto a lo que ya ha sido previamente ensayado y usado. Por otro lado, el bajo índice de adopción del código abierto podría deberse al alto coste en recursos humanos que implicaría la formación de todo un cuerpo de funcionarios, sin garantías de que estos no se vean abrumados por las novedades relacionadas con la plataforma ofimática y la interfaz de atención al ciudadano(burocracia lenta vs. tecnología rápida).

¿Es posible plantear un modelo federativo para las plataformas digitales de las administraciones públicas municipales? Quizá en Europa estemos más preparados a dar ese salto que nos lleve de los Centros de datos al uso a las nuevas plataformas digitales en la nube en que se pudiera crear “un ecosistema de los procesos de poder para que estos funcionen en beneficio de todos” (Boris van Hoyten).

En un contexto político-administrativo en el que los niveles de gobierno no suelen coincidir, quizá haya que prestar atención a los proyectos que proponen Digital Europe (la principal asociación comercial europea que representa a las industrias transformadoras en el ámbito digital), el proyecto FLOSSBCN, la plataforma de participación ciudadana Barcelona Decidim y la comunidad Metadecidim; quizás sus propuestas nos estén dando las claves para la creación de un mercado que adopte las soluciones de software libre y el código abierto en la gobernanza democrática de nuestras ciudades; un mercado abierto que relacione sus iniciativas más allá de las fronteras nacionales y los territorios, de un modo distinto al de los grandes monopolios corporativos.

*El encuentro también acogió la presentación de la recientemente creada Coalición por los derechos digitales.

i Lamas, A. (2015), Blog de ciudades sostenibles, Banco Interamericano de Desarrollo

Economías transformadoras de Barcelona

Fuente: www.opcions.org

Presentación del libro Economies transformadores de Barcelona

Transcurrida una década de la última crisis financiera que ha afectado la organización política, social y económica de las democracias social-liberales, y con un Estado de bienestar en franco retroceso, empiezan a perfilarse caminos alternativos para el recorrido hacia una economía centrada en las personas. Estos cambios están siendo documentados y analizados en el marco de la efervescencia política surgida en España a raíz de los movimientos 15-M y las candidaturas populares que desde el año 2015 han accedido al gobierno municipal en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. A partir de estos cambios políticos, se están planteando nuevas maneras de tomar decisiones de gobierno, contando con la consulta y la participación política de la ciudadanía, e impulsando una batería de políticas públicas en el ámbito de la economía que no se habían visto en décadas.

Actualmente existen en nuestro entorno múltiples manifestaciones del movimiento de la economía social y solidaria, a partir de las cuales podemos analizar su forma jurídica, y también su funcionamiento, empleando herramientas de medición ya consolidadas. Entre estas, destacan los indicadores proporcionados por los balances y las auditorías sociales, cuya implantación y aceptación es mucho mayor que las de las auditorías de la deuda; en estas últimas, los Estados, las corporaciones y las instituciones financieras se resisten a prestar oídos o extraer conclusiones tras analizar sus decisiones sobre el rescate de los grandes bancos o la adjudicación de contratos públicos que han sido lesivos para el interés público (léase el contrato con AGBAR para el  proveimiento y gestión del saneamiento de aguas en Barcelona).

El libro que nos ocupa describe las nuevas economías como transformadoras y plurales porque, además de referirse a la economía productiva tradicional (la que ocurre en el marco de la triada conformada por un Estado redistributivo, el mercado de naturaleza competitiva y el capital financiero especulativo), también se ocupa de la denominada economía reproductiva que nos permite entender la actividad económica como un metabolismo social, alcanzado gracias a una cadena de sostenimiento de las necesidades humanas, y que comprende: las actividades social-solidarias de las cooperativas, la infraestructura que permite la cooperación social y los cuidados para la reproducción de la vida, y los ecosistemas (siempre teniendo en cuenta la histórica división social del trabajo entre hombres y mujeres).

Sostenibilidad y poder

Economies transformadores de Barcelona  tiene su origen en la “sedimentación de la experiencia” del autor como miembro de la cooperativa  Opcions y activista de los movimientos por el decrecimiento y la resolución de conflictos socioambientales, sin olvidar su compromiso con la promoción del pensamiento estratégico y feminista en el seno de la XES (red de economía solidaria de Cataluña). La publicación de este estudio ha sido posible por un encargo del Ayuntamiento de Barcelona de realizar un diagnóstico de la economía social y solidaria con el fin de formular políticas públicas dirigidas a ese ámbito.

No es casual que muchos de los conceptos presentados en el libro, de carácter político e identidad no del todo definidos, se conviertan (según su autor) en “terrenos de disputa entre diferentes visiones que sí tienen un proyecto político definido, con visiones más profundas sobre la sostenibilidad y el poder”.

Suriñach sostiene que “las batallas por los significados son especialmente relevantes cuando las distintas administraciones públicas desarrollan marcos legislativos y reguladores de estos conceptos”, tal y como se observa al traducirse estos en una mayor asignación de recursos públicos a proyectos relacionados con el ‘emprendimiento’  y la ‘innovación social’ en el ámbito municipal de Barcelona.

Algunas etiquetas y conceptos

El estudio tiene cuidado en distinguir entre los movimientos y los fenómenos de la economía alternativa. Los primeros son aquellas iniciativas que cuentan con una base social organizada y un proyecto político, mientras que los segundos son conceptos que sirven para identificar unas determinadas prácticas, en las que se observa una mayor ambigüedad, o cuya definición es menos homogénea.

En el capítulo 3, el libro se detiene muy especialmente en el movimiento de la economía colaborativa, cuyas manifestaciones son descritas como “una gradación que va desde las formas más mercantiles hasta aquellas propuestas de organización y gestión comunitaria que tienen una marcada preocupación por el común” que en último caso pasan a denominarse economía colaborativa procomún.

La economía colaborativa es un fenómeno nuevo que se ha extendido gracias al uso generalizado de las plataformas tecnológicas abiertas, descentralizadas y no jerárquicas empleadas en la sociedad en red. Sin embargo, hacen falta más estudios para averiguar hasta qué grado esta nueva economía puede en efecto considerarse transformadora, o si se trata solo de una nueva manera de realizar transacciones mercantiles desde la economía digital.

Airbnb, Deliveroo o Uber son claros ejemplos de cómo, en sus prácticas y su financiación (a menudo con fondos de inversión de capital-riesgo), algunas de estas plataformas que empezaron siendo un planteamiento de relación entre iguales o P2P[i], han terminado por convertirse en “intermediarias u orquestadoras de estas relaciones”, como apunta Suriñach. Son plataformas que, en algunos casos, definen los precios y las condiciones de las transacciones, y obtienen con ello un beneficio económico añadido mediante la extracción de datos. Por esta razón, algunos analistas las han clasificado bajo la etiqueta de capitalismo de plataforma.

“Buena parte de los esfuerzos de la economía colaborativa van dirigidos a no convertirse en un mercado absolutamente desregulado y sujeto a niveles de acumulación de poder y riqueza desproporcionados por parte de las grandes plataformas, sino en unos ámbitos de trabajo y consumo que sean co-gobernados por el conjunto de personas usuarias, trabajadoras y 'prosumidoras', desde un enfoque que busca privilegiar la aportación al común y no tanto una perspectiva eminentemente utilitarista”. (Economies transformadores de Barcelona, pág. 131. Traducción propia)

Economía plural

Al analizar el papel que juega cada movimiento de la economía social, Economies transformadores da a conocer las caras ocultas (y plurales) de la economía y sus múltiples expresiones, las cuales se ubican más o menos cerca del marco de referencia de la economía productiva, o se enmarcan en la economía reproductiva transformadora, y en el ámbito del procomún (conformado por los bienes, recursos comunes y las maneras o culturas en que estos se comparten y gestionan).

El tema del poder emerge a lo largo de la investigación: ¿qué estilo o modalidad de gestión es adoptada en cada iniciativa? ¿Cuál es la postura respecto al lucro en relación con el objeto social de la entidad? ¿Y cómo queda recogido este en el Balanç social de l'economia alternativa de Catalunya, que ha sido el punto de partida para este libro. “¿Dónde se pone la línea roja, como lo definimos? ¿Cuál es el sesgo excusable por la “construcción del mercado social?” reflexionó su autor durante la presentación del libro en el Espai Contrabandos de Barcelona.

Para Álvaro Porro (Comisionado de Economía social, desarrollo local y consumo del Ayuntamiento de Barcelona), este trabajo permite operativizar unas políticas públicas en la medida que define unas taxonomías mediante el análisis de las organizaciones que han incorporado innovaciones de gobernanza en su seno.

Ana Muñoz  la describe como una obra explicativa y descriptiva de referencia, que ilustra lo que pasa en el ámbito de la transformación social. Desde una perspectiva feminista de la economía, la experta matizó: “¿hay diferencia entre ‘asumir’ un trabajo voluntariamente y resignarse a hacer algunas clases de trabajos?”; sin olvidar que en España, hasta 1981, las mujeres necesitaban un permiso del marido para trabajar. Así, podemos decir que las líneas rojas de la economía feminista existen; sin perder de vista que es necesario romper con los espacios de opresión en el ámbito laboral.

¿Emprendimiento o inserción?

Por último, es evidente que los actores grandes dentro del ámbito de la economía social y solidaria son necesarios y deben ser visibles como actores económicos en conjunto; lo cual debe tenerse siempre en consideración si se busca generalizar una cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Para los expertos, este libro marca un cambio de etapa, pues ahora es necesario generar conversaciones transversales e identificar los retos surgidos de estas.

Ruben Suriñach apunta tres retos frente a los cuales debemos estar atentos al diálogo de los significados en los nuevos conceptos surgidos de la economía plural: en primer lugar está la escalabilidad de los proyectos (¿hasta qué punto estos son replicables y en qué dimensiones?); en segundo lugar, hay que prestar atención a la competencia que se puede generar entre distintos movimientos similares y a los obstáculos y oportunidades que esta representa; y por último, es preciso estar atentos a la tarea de conseguir una mayor participación en la propuesta de estas acciones de empoderamiento económico, para que su acceso no se limite solo a las clases medias y profesionales, y siempre procurando fomentar la hibridación de estas nuevas prácticas socioeconómicas.
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Economies transformadores de Barcelona
Ruben Suriñach Padilla
Editorial Montaber
Barcelona 2017
187 páginas

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[i]Método de intercambio de datos en red que permite el flujo de conocimientos de un modo abierto, descentralizado o no jerárquico.