Elecciones peruanas de 2021: La democracia en suspenso

 

Han transcurrido apenas 10 días desde que se conocieran con suficiente certeza los nombres de los dos candidatos ahora proclamados para competir en una segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú prevista para el seis de junio próximo. Pedro Castillo, de Perú Libre, obtuvo los votos del 10,9 por ciento, mientras que por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, votó el 7,6 por ciento del electorado peruano. Estas cifras revelan que ambos candidatos han obtenido una proporción ínfima de los votos  de los electores hábiles, cuyo número total este año la oficina de procesos electorales (ONPE) cifra en 24.520.719 electores.

 

Un análisis comparativo de Gustavo Gorriti sobre los resultados de las cinco últimas elecciones generales (desde el año 2001) señala que: «En patente contraste con todas las elecciones anteriores, el ganador y el segundo puesto de la primera vuelta de 2021 sumaron apenas el 18,5% de todos los electores hábiles en el país. En cualquier otra elección, esos porcentajes no les hubieran dado más allá del tercer o cuarto puesto de la contienda electoral, dependiendo del número de candidatos».

¿Cómo se eligen los dirigentes políticos en el Perú? ¿Por qué salen tantos candidatos postizos»?

El dilema al que los electores peruanos se enfrentan en la segunda vuelta tiene que ver con la representación, que desde el año 2001, es dudosa y sufriente. Dos de cada tres personas no se sienten representadas por las personas que conforman el Congreso, el cual es hoy un parlamento unicameral, producto de la interrupción de la democracia con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Ahora, esa crisis de representación se extiende y afecta a la propia contienda por la presidencia de la república, en circunstancias agravadas por la crisis sanitaria y humanitaria del SARS-CoV-2 que se ha cebado en el Perú y en muchas ciudades de América Latina.

El analista político Percy Medina explica cómo, cuando se le pregunta a las personas por la satisfacción en relación con su voto, muchas señalan no sentirse satisfechas con lo que votaron. Al final, «solo uno de cada tres votantes elige el Congreso. [...] La gente no tiene opciones relevantes entre las cuales elegir. La oferta que dan los partidos no es adecuada (según estudios cualitativos sobre temas de representación política). Nuestros partidos colapsaron en los años 90 y no nos hemos querido dar cuenta», sostiene el experto. «En 40 años no han surgido organizaciones políticas relevantes que tengan vida interna, relación con la ciudadanía o con las organizaciones sociales, que seleccionen las candidaturas en elecciones internas, no en unas elecciones de lista única porque allí no hay competencia ni democracia interna. ¿Cómo se eligen los dirigentes políticos en el Perú? ¿Por qué salen tantos candidatos postizos»?

Llegados a este punto crítico, Gorriti opina que el proceso de las elecciones generales del 11 de abril ha sido irregular, pues ninguno de los dos candidatos ha llegado a sacar una mayoría de votos aceptable respecto al resto del pelotón de candidatos presidenciales (19); tal como se nos plantea la segunda vuelta electoral, en realidad ésta puede ser una trampa. «Estamos en una nación enferma, infectada y debilitada por el ataque de la peste y la incompetencia de sus gobernantes para enfrentarla, donde [...] dos políticos minoritarios, enfrentados entre sí pueden llevar, por la izquierda o la derecha, a la democracia al despeñadero».

¿Veremos una movilización intensa? ¿Tenemos una sociedad civil organizada y vigilante? 

 

 

En una reciente conferencia organizada por la Universidad de Harvard, el historiador Alberto Vergara describió el Perú como un país que se encuentra en bancarrota social, política y moral. A ello debe sumarse el concepto de electorado precario, acuñado por él, y que sirve para darle nombre a lo que nos revelan los estudios electorales. Sin embargo, Vergara también hace un llamado a «ponerle el voto caro» a Castillo y Fujimori y a ser cautos con el falso dilema que se presenta a los electores en la segunda vuelta. ¿Es posible esperar la acción de una ciudadanía organizada en estas circunstancias de emergencia y con no pocas garantías suspendidas? Para Gorriti, la respuesta está en el voto:

«Nuestro voto, el voto en defensa de la democracia, es un arma no solo poderosa sino decisiva, y no debemos usarla antes de tiempo. Si lo hacemos, convertimos el arma en un regalo, quedamos inermes y sometemos nuestro destino».

En la misma conferencia, la ex ministra de economía y finanzas, Mª Antonieta Alva Luperdi, se refirió a la urgente necesidad de atender los dos pilares de la economía y el Estado peruanos: por una parte, la mejora del propio Estado para garantizar servicios públicos de calidad, y por otra, analizar las reglas de funcionamiento del sector privado. Luperdi señaló que, en el Perú, cada uno de los agentes económicos persigue sus propias agendas y «no se tiene una visión compartida del país que queremos [...] falta una visión programática, no hay voluntad de cambiar el statu quo» (el estado de las relaciones entre sector público y sector privado).

Tuvo que ocurrir una crisis sanitaria como el Sars-CoV-2 para que se viera lo endeble de los pilares sobre los que se asienta nuestra economía y el Estado, creando una situación de desamparo muy grande para los peruanos. Luperdi enumera los carencias observadas: una regresión absoluta de la política, dificultad para hacer reformas desde el Congreso (como ocurrió con la interrumpida reforma política) y retroceso en la descentralización del Estado. No existe la noción del interés público; la lacra del privilegio entre quienes acceden a un órgano del Estado es patente (siendo el caso de las vacunas de Sinopharm el último ejemplo vergonzoso); y cómo olvidarlo, la maquinaria de las empresas privadas, que recurre a sus estudios de abogados para no pagar impuestos.

Este es el terrible panorama que nuestros candidatos deberían considerar hoy con carácter de urgencia. No podemos entregarle a ninguno de ellos la máxima magistratura del Estado, sin saber de antemano las lineas básicas sobre las que sustentará su acción de  Gobierno. Debemos conocer sus opiniones y posturas respecto a la profunda crisis del país y los compromisos que están dispuestos a alcanzar para enfrentarla y resolverla. Ojalá la prensa peruana libre se aplique a la tarea de hacernos partícipes de este necesario escrutinio público. Dejando de lado el espectáculo y la propaganda, actuando como el poder que se le supone a los medios en una democracia saludable.

Gorriti, por su parte, confía en que exista una sociedad civil democrática que no permitirá la toma del poder bajo la apariencia de unas elecciones libres, pero cuyos candidatos son, hasta ahora, una peligrosa incógnita para la continuidad del Estado de derecho. Es crucial «una movilización intensa, en izquierda, centro y derecha, para lograrlo»; para defender la democracia en una coyuntura en la que ambos candidatos encienden todas las alarmas. Hay suficientes indicios para sospechar que ellos pondrían en peligro nuestra frágil democracia si no se pusieran controles y contrapesos a sus actos: por la carencia o el incumplimiento de sus programas electorales, porque no hacen reconocimiento de la grave crisis sanitaria ni de la importancia de la lucha contra la corrupción iniciada desde el caso Lava Jato y el Club de la construcción. ¿Cómo estar seguros de que, una vez que alcanzaran el poder, no se valdrían de todas las artimañas a su alcance para evadir el curso de los procesos judiciales o para interrumpir el orden constitucional?

Gobernabilidad, continuidad... ¿o suspender el proceso y prolongar la transición?

Podemos exigir a los candidatos, AHORA, que firmen un Pacto de Gobernabilidad que sea evaluado a los dos años (dentro del marco del Pacto ético electoral suscrito por los partidos políticos): comprometerlos a que no apreten los botones rojos para disolver el Congreso ni para presentar cuestión de confianza como arma arrojadiza; ¿Avanzar en las reformas del sistema político? Sí. Desentrañar las endemoniadas trampas del sistema electoral, de la inscripción de partidos y la conformación de sus listas y bancadas partidarias; acordar mecanismos de consulta y participación ciudadana para la reforma de la Constitución y del régimen político dentro del marco admitido por la ley; y por imperativo humanitario, definir una Hoja de ruta para dar respuesta a la crisis sanitaria por la COVID-19, con el compromiso de dar continuidad e impulso al despliegue de los programas iniciados por el Gobierno de Transición en cuanto a compras de vacunas, calendarios de vacunación, investigación en vigilancia genómica para detectar las variantes o cepas del Sars-CoV-2, pruebas diagnósticas y rastreo de personas infectadas; y por supuesto seguir aplicando las medidas económicas para hacer frente a las cuarentenas sanitarias mientras dure la pandemia.

De todas estas tareas pendientes, deberán salir las preguntas con las que emplazaremos a ambos candidatos desde ahora para conocer su compromiso. Si incumplieran el sagrado deber y las promesas arrancadas, entonces la ciudadanía tendría mayores motivos para ahondar en su malestar. Y si así fuera, es de esperar que prevalezca el espíritu de la #GeneracióndelBicentenario.

Lea el artículo completo de Gustavo Gorriti publicado en id-l Reporteros

Otro Perú se despierta

Plaza San Martín de Lima, 9-10 de noviembre de 2020

El colectivo Latin America is Moving organizó el pasado 3 de diciembre el encuentro on-line «Perú se despertó», para conocer la perspectiva de activistas de diversos sectores de las luchas sociales e informar sobre la crisis de gobierno generada en noviembre pasado.

Dos jóvenes perdieron la vida durante la represión policial
 

#FueraMerino #NoAlGolpeDeEstado #PeruDespertó #NiVizcarraNiMerino #AsambleaConstituyente #RefundarElPeru. Los hashtag difundidos durante las movilizaciones tuvieron una función política. Reclamaban una renovación integral de la política peruana.

Después de tres renuncias presidenciales en el marco de una crisis política que se prolonga por más de cuatro años, la protesta de los peruanos en las calles es hoy día criminalizada por el poder político y reprimida con violencia por la policía, con la excusa de la cuarentena sanitaria y argumentando el engañoso «principio de ley y orden» para justificar la impunidad en el uso de la fuerza.

Latin America is Moving, una iniciativa de académicos e investigadores de ciencias sociales que trabajan en red desde los programas de sus universidades (Goldsmiths University London, Universidad de La Plata y CLACSO), organizó el evento para dar a conocer las nuevas formas de organización y lucha que hoy se desarrollan en las sociedades de Latinoamérica.

Akemii Noriega, dirigente del movimiento Nuevo Perú en Alemania y ex presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima, destacó la importancia del activismo en red que, en el caso de los últimas protestas de Perú, ha conseguido expandirse y coordinar en tiempo real las manifestaciones convocadas en todas las regiones del país mediante el uso de las tecnologías cívicas y las redes sociales.

 

   En el evento también participó Isabel Cortez, trabajadora de limpieza de la ciudad de Lima que ha destacado por su trabajo en el sindicato SITOBUR. Explicando su activismo contra la precariedad laboral de los trabajadores municipales de limpieza, Isabel señaló que el fallo de la Corte Suprema de Lima, que en 2018 declaró ilegal el concurso público para el servicio de limpieza, es una victoria de las trabajadoras y su lucha por sus derechos laborales. Con la decisión de la corte se consiguió restituir a los trabajadores su derecho a estar en la planilla del consistorio limeño, poniendo fin a la externalización del servicio de limpieza de la ciudad a través de empresas de trabajo temporal (services). Actualmente la dirigente participa en conversaciones con la presidencia del Congreso con el objetivo de presentar propuestas legislativas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos laborales de su colectivo.

Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.

Las protestas del 9 de noviembre constityen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a su actuación.

José Saldaña Cuba, investigador en derecho en la Universidad Católica del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es asesor de la presidencia del actual Congreso peruano. Su veredicto sobre el Poder Legislativo en el Perú es abrumador: «El Congreso es actualmente un nido de corrupción desbordada, que sigue la misma tendencia que se reproduce en muchos países del mundo; desde el poder legislativo se observa un sistema de impunidad que funciona perfectamente».

En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.

El abuso de poder y la ambición han corrompido el sistema de partidos, con operadores que aprueban leyes de manera fraudulenta, y obstruyen la actuación de la Justicia o los organismos de vigilancia de los procesos electorales (ONPE).

  ¿Pero qué es lo que ahora ha llevado al Perú a despertar? ¿Por que salen hoy a las calles jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios, madres de familia, jubilados y pequeños empresarios empobrecidos para expresar su hartazgo con la clase política? Lo que les ha llevado a decirle ¡BASTA! al poder político es el abuso de poder y la ambición. Sus políticos (hoy peligrosamente considerados como una casta sin matices), y no pocos funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado, han dejado que un país que se esforzaba por ver cumplido el «milagro andino» de su economía se convierta en un país a la deriva, una paradoja desoladora. De ello resulta el abandono absoluto de sus habitantes por la administración del Estado, impotente para hacer frente a la triple crisis sanitaria, climática y económica. En el año 2020, el Perú ha registrado 191 conflictos de carácter socioambiental y laboral, según informa la Defensoría del pueblo; se trata de conflictos latentes o activos en el país, sin ningún horizonte de resolución dialogada a la vista.

Por otra parte, los partidos políticos muestran falta de madurez e incumplen con requisitos básicos como las elecciones primarias abiertas dentro de sus formaciones; y cuando son elegidos al Congreso, no canalizan las prioridades sociales ni legislan sobre las políticas para el bienestar y el progreso del país. En realidad, los partidos políticos peruanos llevan dos décadas vendiéndose como marcas o «vientres de alquiler», dando preferencia a los intereses particulares de los lobby y tomando el control de las estructuras del Estado para su propio beneficio y el de sus allegados. De este modo solo representan una pantomima hueca de la democracia. ¿Es posible reconstruir una sociedad justa y democrática con semejantes desigualdades y debilidades a la hora de repartir la riqueza, o aspirar siquiera a dar alivio a su población durante las emergencias climáticas, o distribuir y aplicar la vacuna contra la Covid19 con equidad? 

Para José Saldaña, las protestas iniciadas el 9 de noviembre a lo largo y ancho del país constituyen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a la conformación de un gobierno golpista a cargo del presidente Rafael Merino. El gabinete del ministro Ántero Flores Aráoz perdió de inmediato toda legitimidad al ser considerado como una agrupación de viejos dinosaurios de la política que no respetan la separación de poderes en democracia ni admiten su propia responsabilidad en los sucesos de noviembre. Como resultado de todo esto, ha recaído en dos partidos políticos pequeños y de reciente formación (Partido Morado y Frente Amplio) la responsabilidad de velar por una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2021, el año del Bicentenario de la nación.

 Ciudadanas y ciudadanos del Perú esperan vigilantes en la plaza del Congreso y en las plazas de todo el país, con el reclamo de una nueva constitución.

Mientras tanto, Saldaña advierte que el Perú sigue registrando bajísimos índices de respeto al derecho a la protesta que debe ser garantizado por un Estado de derecho. En los últimos 15 años se han producido 180 muertes durante las protestas sociales y ningún fallo o sentencia de la Justicia ha determinado las responsabilidades por esas muertes. Sin embargo, «la movilización social permanente tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con el momento constituyente», señala.

Ha tenido que ocurrir el despertar de la juventud activista peruana, y de una ciudadanía globalmente conectada que ya es conocida como la «generación del Bicentenario» dentro y fuera del país; son estas personas quienes han convocado mediante una organización horizontal, viral y espontánea que utiliza las redes y las tecnologías cívicas, a ocupar las calles y no cesar en el reclamo de su derecho a expresarse y su deber en la defensa de derechos fundamentales para todos los peruanos.

Retrato de la activista trans Gahela Cari