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| Dirigentes de CARE se dieron cita en el LUM para conmemorar las luchas en defensa de su territorio. |
La
organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales celebró en Lima
del 24 al 28 de octubre una Semana
Internacional de la Vigilancia Indígena que reunió a diversos líderes de
pueblos indígenas y profesionales de los programas de vigilancia ambiental y
territorial de África, Asia y las Américas. El evento concluyó con un foro
público, “Vigilar y proteger nuestro futuro”, cuya segunda jornada se celebró
en el Lugar de la Memoria, para conmemorar los 26 años de la lucha del
pueblo asháninka en defensa de sus territorios y libertades frente al
terrorismo de Sendero Luminoso, el narcotráfico y la violencia del conflicto
armado que el país vivió entre 1980 y 2000.
El
representante de la Unión Europea en el Perú recordó el apoyo que su
institución presta a iniciativas de la sociedad civil, pues “la democracia solo
es posible con el concurso de una sociedad civil activa”. Por eso, la UE se ha
fijado en su hoja de ruta potenciar las relaciones con las organizaciones
indígenas y velar por el cumplimiento de los requisitos de consulta previa
establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
suscrito por el Estado peruano, pero que todavía debe ser cumplido en los casos
de extracción forestal, explotación minera e invasiones de territorios.
Para
Diego Saavedra, miembro del programa Amazonía y Buen Gobierno de DAR, la
participación de los indígenas y sus organizaciones es en sí misma un
cuestionamiento de los conceptos sobre los cuales se basan la defensa y la
vigilancia de los territorios y los recursos. Ello ocurre en un escenario
global donde al mismo tiempo se produce una caída de los precios de las
materias primas y la aceleración de los procesos técnicos que permiten su
explotación. Las tensiones generadas por la realización de proyectos de infraestructuras
se agudizan en un escenario de flexibilización de los requisitos de aprobación
de inversiones en este sector. En el Perú esto se tradujo en el ya célebre
“paquetazo ambiental” promulgado por el ministro de economía Alonso Segura , y
que hoy vuelve a enfrentar a las organizaciones indígenas con las grandes
corporaciones extractivas en conflictos emergentes y violentos que siguen
ocasionando muertes.
Como
bien comunitario, la tierra y el control colectivo de los recursos y su
aprovechamiento, no puede entenderse desde una noción de “territorio vacío”,
señala Saavedra, quien hizo mención del Programa de Monitoreo Ambiental
realizado por la Organización regional de Aidesep en Ucayali, y del
reconocimiento de la contribución técnica de la vigilancia indígena, la cual
debe también formar parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, según
opinó.
Para
el líder awajún Edwin Montenegro, presidente de la organización regional de
pueblos indígenas amazónicos del norte del Perú (ORPIAN), Colombia es un ejemplo
a seguir en cuanto a la creación de una ley de vigilancia indígena para el
país. En el marco del evento internacional, los participantes discutieron la
posibilidad de fundar una red internacional de vigilancia indígena.
Ante
la existencia de un organismo supranacional como la Unión Europea, el lider
reflexionó si también cabría aspirar a una unión de los pueblos amazónicos,
parecida a la idea fundacional de una “Europa de los pueblos” que estuvo en el
origen de la unión de 28 naciones europeas en el ámbito de la Comunidad
Europea.
Premios
Goldman reunidos
El
segundo conversatorio contó con la participación de la presidenta de CARE
(Central asháninka del río Ene), Ruth Buendía, en el marco de la sexta edición
del Octubre Asháninka, un evento que acerca la cultura y la problemática de
los territorios del río Ene a los habitantes de la ciudades. Este año la
exposición estuvo dedicada a las comunidades de Satipo, con fotografías de
Diana Lavalle, y la presentación de la Estrategia Política 2021 de CARE,
que tiene por objetivo alcanzar el Kemetsa Asaike (Buen vivir) para todas las
comunidades asháninkas.
Junto
con Ruth Buendía, quien recibió en 2014 el premio Goldman por su defensa del
medioambiente en el Perú al oponerse al complejo hidroenergético de
Paquitzapango, tomaron la palabra María Elena Foronda, representante en el
Congreso del Frente Amplio y presidenta de la comisión de pueblos indígenas y
amazónicos; Andrew Miller de Amazon Watch y Laura Zúñiga, hija de la mártir
ecologista y premio Goldman hondureña Berta Cáceres,
quien fuera asesinada en su país en marzo pasado por su oposición a la construcción
de una hidroeléctrica en la cuenca del río Alcarques.
La
congresista Foronda explicó que la participación ciudadana local y regional es
instrumentalizada en nuestro país, de allí la necesidad de contar con las
comunidades indígenas para asegurar el monitoreo de los territorios. Por esta
razón, destacó la importancia del proyecto de ley de ordenamiento territorial
propuesto recientemente por su agrupación en el Congreso, que debe dotar a
nuestro país de una política para la prevención de conflictos socioambientales,
del mismo modo en que ya se ha conseguido la delegación de funciones
legislativas en torno al tema del petróleo. La parlamentaria señaló que el Perú
no logrará una genuina justicia
ambiental mientras no se incorpore a las comunidades indígenas.
En
videoconferencia desde Brasil, Erica Yamada, asesora especial del mecanismo de
los pueblos indígenas para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU,
destacó la importancia del reconocimiento del derecho de autodeterminación de
los pueblos indígenas por parte de los Estados.
Las
comunidades asháninkas después de Sendero Luminoso
Para
el investigador Oscar Espinoza, “el conflicto en el río Ene no ha terminado”,
pues persisten las secuelas del conflicto armado. Aún cuando el repoblamiento
de las comunidades se inicia en 1994 , la convivencia con los “fuereños”
(colonos, narcotraficantes, taladores y la llegada de las mega inversiones) se
hace cada vez más difícil, lo cual requiere una vigilancia constante de los
territorios. Hoy en día en toda la región amazónica se ha logrado la titulación
de 1 350 comunidades indígenas de un total de las 2 000 que existen en la
región. Sin embargo, “tras la pacificación, los asháninkas dejaron de ser
funcionales dentro de la estategia política del Estado”, señaló el
académico.
Al
promulgarse en 1993 la Ley que permitió la creación de los comités de
autodefensa, las comunidades asháninkas reclamaron constituirse como ronderos (un paso previo a la creación de la central CARE), diferenciándose así de los comités
de autodefensa o de las Fuerzas Armadas. Su primera reivindicación fue publicar
un memorial por el retorno de la educación pública como una manera de reclamar
la presencia del Estado peruano en sus comunidades.
Tras
más de dos décadas transcurridas y 10 000 asháninkas desaparecidos durante el
conflicto en la selva central, las reparaciones del Estado peruano no se han
hecho efectivas. Los atrasos, las muertes y desapariciones de hoy son, según
Pedro Valerio, presidente del Comité de Autodefensa del río Ene, una expresión
del poco reconocimiento que se da a la participación y las bajas del pueblo
asháninka en el frente de guerra contra Sendero Luminoso hasta 1997.
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| Los productos del cacao de la asociación Kemito Ene de CARE |
Algunos ejemplos con experiencias actuales de vigilancia integral en el Perú:
- Programa de Monitoreo ambiental del bajo Ucayali;
- Jaime Borda de la red MUQUI y su experiencia en Sumamarca (región Puno) y en Espinar donde existe un Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario (CVMAC);
- Aportes de la vigilancia indígena en el monitoreo ambiental de Cachiyaco Contamana, realizado por las Comunidades Nativas de Canaan (shipibos);
- Asháninkas del río Ene. Ruth Buendía presidenta de la Central asháninka del río Ene – CARE; Irupé Cañaris (secretaria técnica): importancia de los estatutos comunales a los que se arriba desde un borrador socializado y validado por (y con) todas las comunidades. Un ejemplo de ello es el de las comunidades Indígenas del Alto Camunashari (Satipo) que ha obtenido una titulación de sus territorios a nivel regional con mapas georeferenciados y que ha contado con la ayuda de los comités de autodefensa para gestionar los conflictos con los colonos;
- Vigilancia Territorial Kukama ACODECOSPAT por los derrames en el lote 8x del oleoducto nor-peruano en el que las comunidades reclaman un monitoreo participativo con todas las partes involucradas.
