Plaza San Martín de Lima, 9-10 de noviembre de 2020
El colectivo Latin America is Moving organizó el pasado 3 de diciembre el encuentro on-line «Perú se despertó», para conocer la perspectiva de activistas de diversos sectores de las luchas sociales e informar sobre la crisis de gobierno generada en noviembre pasado.
Dos jóvenes perdieron la vida durante la represión policial
#FueraMerino #NoAlGolpeDeEstado #PeruDespertó #NiVizcarraNiMerino #AsambleaConstituyente #RefundarElPeru. Los hashtag difundidos durante las movilizaciones tuvieron una función política. Reclamaban una renovación integral de la política peruana.
Después de tres renuncias presidenciales en el marco de una crisis política que se prolonga por más de cuatro años, la protesta de los peruanos en las calles es hoy día criminalizada por el poder político y reprimida con violencia por la policía, con la excusa de la cuarentena sanitaria y argumentando el engañoso «principio de ley y orden» para justificar la impunidad en el uso de la fuerza.
Latin America is Moving, una iniciativa de académicos e investigadores de ciencias sociales que trabajan en red desde los programas de sus universidades (Goldsmiths University London, Universidad de La Plata y CLACSO), organizó el evento para dar a conocer las nuevas formas de organización y lucha que hoy se desarrollan en las sociedades de Latinoamérica.
Akemii Noriega, dirigente del movimiento Nuevo Perú en Alemania y ex presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima, destacó la importancia del activismo en red que, en el caso de los últimas protestas de Perú, ha conseguido expandirse y coordinar en tiempo real las manifestaciones convocadas en todas las regiones del país mediante el uso de las tecnologías cívicas y las redes sociales.
En el evento también participó Isabel Cortez, trabajadora de limpieza de la ciudad de Lima que ha destacado por su trabajo en el sindicato SITOBUR. Explicando su activismo contra la precariedad laboral de los trabajadores municipales de limpieza, Isabel señaló que el fallo de la Corte Suprema de Lima, que en 2018 declaró ilegal el concurso público para el servicio de limpieza, es una victoria de las trabajadoras y su lucha por sus derechos laborales. Con la decisión de la corte se consiguió restituir a los trabajadores su derecho a estar en la planilla del consistorio limeño, poniendo fin a la externalización del servicio de limpieza de la ciudad a través de empresas de trabajo temporal (services). Actualmente la dirigente participa en conversaciones con la presidencia del Congreso con el objetivo de presentar propuestas legislativas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos laborales de su colectivo.
Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.
Cortez opina que la destitución del presidente Vizcarra el pasado noviembre fue un golpe al Estado de derecho similar a un golpe militar pero que, esta vez, provocó un despertar ciudadano debido al momento crítico en que se producía. Por eso la consigna ciudadana ha sido salir a las calles para dar respuesta al golpe y expresar su rechazo a la política actual. «La violencia registrada no procede de los jóvenes ni de las trabajadoras», que más de una vez han sido objeto de ataques de la policía con mangueras de dispersión que arrojan aguas servidas, afirmó. Tras los sucesos, que se cobraron dos víctimas mortales y centenares de heridos y personas ilegalmente detenidas durante las protestas, el «sentimiento de desamparo» ha dado paso a la movilización ciudadana y al reclamo de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y huelga.
Las protestas del 9 de noviembre constityen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a su actuación.
José Saldaña Cuba, investigador en derecho en la Universidad Católica del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es asesor de la presidencia del actual Congreso peruano. Su veredicto sobre el Poder Legislativo en el Perú es abrumador: «El Congreso es actualmente un nido de corrupción desbordada, que sigue la misma tendencia que se reproduce en muchos países del mundo; desde el poder legislativo se observa un sistema de impunidad que funciona perfectamente».
En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.
En este marco, los diputados peruanos son meros gestores de intereses privados que practican el comercio carnal con las élites del poder económico y protegen los negocios de las sociedades criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía anticorrupción. Para ello, muchas de las formaciones políticas representadas se esfuerzan en obstruir de manera sistemática y descarada la acción de gobierno y la del Ministerio Público en sus investigaciones sobre las redes de corrupción enquistada dentro de las instituciones del Estado y la Justicia. Este escenario se agrava aún más durante el estado de emergencia por la pandemia del Sars-CoV-2. En el Perú, el Parlamento incumple su labor legislativa y deliberativa, así como el mandato popular, recibido en 2018, para emprender la reforma política que debería estar concluida para las elecciones generales de abril de 2021. Bajo la excusa de fiscalizar al Gobierno, el actual Congreso ha obligado a renunciar a dos presidentes en un año y forzó, el pasado 9 de noviembre, la instauración de un gobierno golpista que a su vez fue obligado a renunciar después de seis días ante el clamor internacional por la violenta represión de la protesta ciudadana.
El abuso de poder y la ambición han corrompido el sistema de partidos, con operadores que aprueban leyes de manera fraudulenta, y obstruyen la actuación de la Justicia o los organismos de vigilancia de los procesos electorales (ONPE).
¿Pero qué es lo que ahora ha llevado al Perú a despertar? ¿Por que salen hoy a las calles jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios, madres de familia, jubilados y pequeños empresarios empobrecidos para expresar su hartazgo con la clase política? Lo que les ha llevado a decirle ¡BASTA! al poder político es el abuso de poder y la ambición. Sus políticos (hoy peligrosamente considerados como una casta sin matices), y no pocos funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado, han dejado que un país que se esforzaba por ver cumplido el «milagro andino» de su economía se convierta en un país a la deriva, una paradoja desoladora. De ello resulta el abandono absoluto de sus habitantes por la administración del Estado, impotente para hacer frente a la triple crisis sanitaria, climática y económica. En el año 2020, el Perú ha registrado 191 conflictos de carácter socioambiental y laboral, según informa la Defensoría del pueblo; se trata de conflictos latentes o activos en el país, sin ningún horizonte de resolución dialogada a la vista.
Por otra parte, los partidos políticos muestran falta de madurez e incumplen con requisitos básicos como las elecciones primarias abiertas dentro de sus formaciones; y cuando son elegidos al Congreso, no canalizan las prioridades sociales ni legislan sobre las políticas para el bienestar y el progreso del país. En realidad, los partidos políticos peruanos llevan dos décadas vendiéndose como marcas o «vientres de alquiler», dando preferencia a los intereses particulares de los lobby y tomando el control de las estructuras del Estado para su propio beneficio y el de sus allegados. De este modo solo representan una pantomima hueca de la democracia. ¿Es posible reconstruir una sociedad justa y democrática con semejantes desigualdades y debilidades a la hora de repartir la riqueza, o aspirar siquiera a dar alivio a su población durante las emergencias climáticas, o distribuir y aplicar la vacuna contra la Covid19 con equidad?
Para José Saldaña, las protestas iniciadas el 9 de noviembre a lo largo y ancho del país constituyen un acto popular de fiscalización del Congreso, un rechazo unánime a la conformación de un gobierno golpista a cargo del presidente Rafael Merino. El gabinete del ministro Ántero Flores Aráoz perdió de inmediato toda legitimidad al ser considerado como una agrupación de viejos dinosaurios de la política que no respetan la separación de poderes en democracia ni admiten su propia responsabilidad en los sucesos de noviembre. Como resultado de todo esto, ha recaído en dos partidos políticos pequeños y de reciente formación (Partido Morado y Frente Amplio) la responsabilidad de velar por una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2021, el año del Bicentenario de la nación.
Ciudadanas y ciudadanos del Perú esperan vigilantes en la plaza del Congreso y en las plazas de todo el país, con el reclamo de una nueva constitución.
Mientras tanto, Saldaña advierte que el Perú sigue registrando bajísimos índices de respeto al derecho a la protesta que debe ser garantizado por un Estado de derecho. En los últimos 15 años se han producido 180 muertes durante las protestas sociales y ningún fallo o sentencia de la Justicia ha determinado las responsabilidades por esas muertes. Sin embargo, «la movilización social permanente tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con el momento constituyente», señala.
Ha tenido que ocurrir el despertar de la juventud activista peruana, y de una ciudadanía globalmente conectada que ya es conocida como la «generación del Bicentenario» dentro y fuera del país; son estas personas quienes han convocado mediante una organización horizontal, viral y espontánea que utiliza las redes y las tecnologías cívicas, a ocupar las calles y no cesar en el reclamo de su derecho a expresarse y su deber en la defensa de derechos fundamentales para todos los peruanos.
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| Retrato de la activista trans Gahela Cari |
