No a la violencia racista

Racismo en los medios de comunicación

La discriminación por motivos de raza o etnia es una realidad compleja en el Perú. De un orden colonial obsesionado con el mestizaje y sus implicaciones económicas y sociales, se pasó a un estado republicano en el que el indígena era su objeto de protección susceptible de ser modernizado o “civilizado” en sus costumbres mediante un programa verticalmente impuesto. Hoy en día  muchos peruanos de las diversas regiones del Perú siguen siendo objeto de discriminación cuando intentan ejercer sus derechos ciudadanos básicos, los derechos civiles y políticos, en un país que adolece de un centralismo exacerbado y unas instancias de gobierno que no terminan de acertar en su necesaria reorganización tras la gran crisis económica de las últimas décadas del siglo XX en América Latina. La cambiante sociedad peruana tiene todavía un largo camino por recorrer para conseguir la igualdad de derechos para todos sin distinción de raza, etnia, religión, género u orientación sexual o capacidad. Y los medios de comunicación son a veces cómplices de esta discriminación o intolerancia, tanto por las actitudes racistas reflejadas en sus líneas editoriales o estrategias comerciales como por el hecho de no dar cobertura o seguimiento a los casos flagrantes de discriminación que ocurren con frecuencia en la vida social o se practican en las instituciones del Estado. Hay diversos sectores ciudadanos que viven en carne propia esta discriminación: mujeres trabajadoras, gays, lesbianas y transexuales, indígenas indocumentados o personas discapacitadas, por ejemplo. Y muchos de éstos quisieran hacer oír su voz y dar a conocer su problemática y sus denuncias. ¿Se ve la nueva sociedad peruana de siglo XXI reflejada en los medios de un modo plural y diverso? ¿Es posible denunciar los casos de exclusión o discriminación en sus programas o contenidos? ¿Sería bien vista la creación de un observatorio de temas de inclusión social en los medios de comunicación?

En los recientes conflictos sociales protagonizados por las comunidades indígenas peruanas de Amazonas, no faltaron periodistas que adoptaron un tono y un lenguaje abiertamente racista y violento, sugiriendo que el Gobierno debía ordenar que helicópteros del ejército incendiasen la pradera que habitan los salvajes. Estas actitudes son más graves aun cuando quienes profieren el insulto y llaman a la violencia racista representan gremialmente a la prensa peruana y de esta manera institucionalizan el racismo. Así lo recuerda Mirko Lauer en su editorial de
La República, donde explica que en el país se dan “casos de racismo duro, que existen enquistados en formas más blandas (menos sinceras) de racismo cotidiano, cuyo balance final está en los diversos promedios de acceso a recursos (ingresos, servicios) ordenados por etnia, color de la piel o fenotipo. Es en ese contexto que se dan las excepciones. Algunas formas de exclusión racista están expresamente prohibidas en el país, y por cierto en estos años Indecopi ha cerrado más de un establecimiento por practicarlas. Pero el país no es una discoteca, y la libertad de opinión ampara también el insulto racial periodístico abierto, el oblicuo, o el más o menos velado”.

Añadiría a esto que la libertad de expresión no parece estar garantizada en la democracia peruana actual, al menos no para sectores de la ciudadanía que no suelen estar representados en los medios de referencia nacional o no disponen de los recursos para contar con el poder de difusión y creación de opinión que dan los grupos mediáticos. Son prueba de ello el cierre y hostigamiento a radios comunitarias que informaron sobre los sucesos de Bagua y otros conflictos; estos medios de comunicación alternativos impidieron el cerco informativo que impuso el Gobierno para eludir su responsabilidad en el trágico desenlace del conflicto en Amazonas. Lo es también la ley mordaza que prepara actualmente el Congreso peruano, que además de regular el derecho de rectificación en los medios también podrá demandar por difamación a cualquier editor de Blogs digitales que cite un enlace en donde se viertan opiniones contrarias a personas poderosas e influyentes.
Esta actitud de acoso a los medios que cumplen una labor social importante en sus comunidades contrasta con la inmunidad de la que gozan algunas plumas ilustradas de los grandes medios limeños y sus actitudes profesionalmente irresponsables. Bajo ninguna circunstancia debería justificarse que los medios promuevan la crispación y el enfrentamiento entre peruanos. El ejercicio responsable del periodismo es uno de los pilares de la democracia, tanto como lo es la libertad de expresión.

Racismo en los medios:
La organización de defensa de los pueblos indígenas Survival International ha organizado la campaña
Plántale cara al racismo, que busca cuestionar las descripciones racistas que se hacen de los pueblos indígenas en los medios de comunicación.
En la web norteamericana de Survival, el diario Correo ha obtenido el “galardón al artículo más racista” publicado durante el año 2009. Un honor que no muchos periodistas peruanos quieren recibir.

Cierre de la radio La Voz de Bagua:
La trayectoria y los antecedentes en que se produjo el cierre de esta radio comunitaria han sido recogidos en una presentación con archivos digitales por el diario La República
La voz de Bagua

Vivre sa vie

El director de cine Jean-Luc Godard consiguió plasmar la filosofía de la calle y el café en esta deliciosa secuencia de Vivre sa vie - film en douze tableaux (1960) con Anna Karina y un actor espontáneo(?). A ne pas perdre!

¿Es la hora del panindigenismo en las américas?

En un artículo difundido por ALAI, la politóloga peruana Mónica Bruckmann sostiene que el movimiento político indígena latinoamericano “ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur”. Según Bruckmann, los pueblos y culturas indígenas que conforman la región andina se encaminan hacia una “unidad geográfica e histórica” gracias a que sus movimientos sociales han sabido crear espacios de coordinación y articulación. Su participación en diversos foros de debate y movilización política ha fortalecido la creación de redes de pueblos originarios en el Foro Social Mundial celebrado en Belem do Parà en enero de 2009, o con la fundación en 2006 de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAIOI) en la ciudad de Cusco.

El elemento indígena se ha convertido en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo que recoge los valores y actitudes de los pueblos originarios de América del sur. Los movimientos indígenas quechuas, ichwas, aymaras, mapuches, cymbis, saraguros, gumbinos, koris, lafquenches, urus, entre otros tantos, no se reconocen en los Estados nacionales ni en las repúblicas creadas tras las guerras de independencia americana en el siglo XIX, pues señalan la existencia de prácticas excluyentes y discriminatorias que no garantizan ni protegen sus derechos civiles y políticos.

Por esta razón plantean un sujeto político y un proyecto colectivo y emancipatorio que tiene como una de sus principales banderas la construcción en la región de “Estados plurinacionales” que defiendan los recursos naturales, energéticos y medioambientales, así como la protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Su proyecto político se basa en la “unidad histórica y civilizatoria” del Tawantinsuyo incaico y en una democracia plebiscitaria que aborde las importantes reformas constitucionales que reclaman para sus países, como las que ya se están llevando a cabo en Bolivia o Ecuador. Ello debería permitir un proceso de “descolonización del poder” que acoja nuevas “formas de autoridad colectiva y autogobierno comunitario” como las planteadas en la década de 1990 por el Movimiento Zapatista en México.

Históricamente, la defensa de la soberanía de los estados nacionales ha llevado a justificar el no reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas e incluso a ignorar los casos de violación sistemática de sus derechos por parte de los estados. Por esta razón, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas,promulgada en julio de 2006 y aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007, constituye un hito en la consecución del derecho de los pueblos. Aunque la Declaración no es jurídicamente vinculante, representa un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayuda a proteger a los pueblos y comunidades indígenas contra la discriminación y la marginación de la que han sido objeto en muchos países del mundo.

Para el filósofo mexicano Luis Villoro, el reconocimiento del derecho de los pueblos debe hacerse en el marco de los derechos humanos básicos y sin que éstos entren en contradicción con los derechos individuales. La articulación de estos dos niveles de derechos requiere de una acomodación en el ordenamiento constitucional de los estados; ello presupone que se reconozca que cada pueblo conforma una “comunidad cultural consciente de sí misma”, cosa a la que aspiran las propuestas de autonomía incluyente planteadas en la actualidad desde diversos movimientos indígenas.

Según Villoro, “los pueblos indígenas, en Indoamérica, plantean una doble exigencia: autonomía para decidir respecto de sus formas de vida y participación en la unidad del Estado. La solución deberá hacer justicia a ambas pretensiones. No consistirá, por lo tanto, en la diferenciación de la ciudadanía, sino en la separación entre ciudadanía y nacionalidad dominante. Una ciudadanía común a todos los miembros de un Estado multicultural garantiza su unidad y no tiene por qué ser incompatible con el establecimiento de autonomías, con tal de no incluir en la ciudadanía ninguna característica inaceptable para cualquiera de los pueblos que deciden convivir en el mismo Estado.”[Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidos, 1998, p. 103]

Las propuestas políticas autonomistas se plantean en medio de una crítica y una ruptura respecto a la visión eurocéntrica que ha desembocado en la actual “crisis civilizatoria del capitalismo mundial” en el contexto de la globalización. Bruckmann opina que ello también coincide con la histórica lucha por la tierra de los pueblos indígenas americanos, basada en una relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida, en contraposición a la vieja visión colonial de explotación económica de la tierra y sus recursos. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismos de exterminio de la poblaciones indígenas en el continente americano en la época colonial. Ello también legitimó el régimen extractivo primario-exportador en el que se basan las economías de países como Perú, en donde cien años de minería moderna en los Andes centrales (La Oroya) han dejado un legado de esclavitud de la tierra con un balance negativo para el medioambiente y la salud de sus habitantes.