30 años de conferencias sobre el cambio climático

Las Conferencias de la ONU sobre el Medioambiente y el Desarrollo
(Cumbres UNCED)

Tras la Conferencia de las Partes celebrada en Varsovia el pasado 25 de noviembre, el encargo de organizar la próxima edición de esta importante reunión ha recaído en el gobierno del Perú. La cita es en diciembre de 2014. Con este motivo presentamos una cronología de las reuniones más destacadas celebradas hasta la fecha y de los instrumentos y acuerdos alcanzados en ellas.

1984: la Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo es constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1987: Conferencia de Oslo. Se da a conocer el informe de la Comisión,  Nuestro futuro común, sobre cuestiones de Medioambiente y Desarrollo (Informe Brundtland); en él se contrasta por primera vez el concepto de desarrollo económico frente al de sostenibilidad ambiental.

1992: Conferencia UNCED de Rio de Janeiro (Cumbre de la Tierra), donde se alcanzan una serie de acuerdos recogidos en la Agenda 21 sobre el desarrollo sostenible y en la Declaración de Rio. Se formularon las siguientes convenciones que deben suscribir los Estados miembros:

1.    Convención de la Biodiversidad (CBD)

2.    Convención contra la Desertificación (UNCCD)

3.    Convención Marco del Cambio Climático (UNFCCC / CMNUCC).

1997: Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York (Cumbre de la Tierra +5 o Rio + 5), donde se establece el programa de trabajo para la Agenda 21. Ese mismo año se dio a conocer el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero y poner en práctica los acuerdos de la Convención Marco del Cambio Climático. Los primeros compromisos para las metas de carácter vinculante de este tratado debieron alcanzarse en el año 2012. Sin embargo, el entrampamiento político como consecuencia del colapso financiero mundial que estalló en 2007 hizo que potencias industriales como EE.UU. no ratificasen el tratado y que Canadá decidiese abandonarlo.

Cisma científico y compromisos desdibujados

En 2009 se produjo el Climagate, cuando se filtraron a la prensa las controversias de la comunidad científica sobre el calentamiento global. El episodio dejó en entredicho la credibilidad de la teoría del calentamiento global de origen humano defendida por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático, organismo asesor de la UNCED), como única explicación del aumento histórico de la temperatura planetaria.

La Cumbre del Clima de Copenhague de 2009 (COP 15, Conferencia de las Partes de la Convención Marco) dio carpetazo al compromiso de cumplir con unas metas cuantitativas para la reducción de gases en los plazos establecidos. Se instituyó, en cambio, la posibilidad de que los países puedan reducir sus emisiones de manera voluntaria y se reforzó la creación de un mercado de emisiones de carbono, que comprende una serie de instrumentos financieros destinados a promover la reducción de gases o la captura del carbono y los combustibles fósiles.

2012: Cumbre de Rio de Janeiro (Rio + 20). Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra, los jefes de estado y de gobierno alcanzaron magros compromisos para hacer realidad una política del clima que responda a la necesidad de cambios urgentes frente el avance del calentamiento global. Se estableció que los progresos en cuestiones medioambientales y de sostenibilidad no requieran de acuerdos internacionales, y que sean de preferencia una responsabilidad de los gobiernos locales, favoreciéndose las iniciativas ambientales que tengan la participación del sector privado. En Rio + 20 se hizo patente la ausencia de impulso y liderazgo político para alcanzar unas metas de desarrollo sostenible vinculantes, con plazos y objetivos medibles por parte de los gobiernos.

2013: Cumbre de Varsovia (Conferencia de las Partes - COP 19). La cita fue anunciada como un escalón más para alcanzar un acuerdo mundial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se acordó la creación de un mecanismo para pérdidas y daños derivados del cambio climático. Su adopción representa de por sí un reconocimiento de que los llamados "episodios climáticos extremos" ya tienen un efecto catastrófico en varias regiones del planeta.

Según los expertos, las pérdidas y daños representan el tercer aspecto de la Convención Marco del Cambio Climático. El primero sería el de la mitigación (cuando los países reducen emisiones y se comprometen a unas metas), y el segundo el de la adaptación, cuando se toman medidas en anticipación de los efectos del cambio climático que ya son inevitables.

El camino hacia París pasa por Lima

Tras la COP de Varsovia, casi 200 Estados partes de la Convención Marco se han comprometido a iniciar o intensificar los preparativos para definir su "contribución" (ya no compromiso) a la reducción de las emisiones a nivel nacional" para cualquier acuerdo que pueda ser negociado en París en el año 2015, según informa Graham Readfearn para The Guardian.

Estas contribuciones deberán ser presentadas a partir de abril de 2015, bien en forma de objetivos, o bien como esfuerzos por mantener las emisiones en niveles bajos, aunque para curarse en salud, el texto precisa que ello ocurrirá "sin perjuicio de los aspectos legales de dichas contribuciones".

El documento que establezca los nuevos términos de actuación frente al cambio climático a partir de 2020 puede ser un nuevo Protocolo, un instrumento legal o un acuerdo final de carácter vinculante. Para Readfearn esto parece dar la sensación de estar nuevamente en la casilla de partida frente a la cuestión de los compromisos de los gobiernos tras 30 años de Conferencias sobre el cambio climático.

¿Será la COP 21 de París en 2015 el marco para negociar con éxito una hoja de ruta para las nuevas metas de reducción de emisiones? Todo depende de que los países muestren que han hecho sus deberes en la COP 20 de Lima en diciembre de 2014.

Tàpies, el calígrafo de Occidente

Las sedes de la Fundación Antoni Tàpies y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de Barcelona albergaron desde el 21 de junio hasta el pasado 3 de noviembre la exposición Tàpies. Desde el interior, coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición del artista catalán.

La muestra ha reunido una selección de cerca de 140 obras del autor, a cargo del curador Vicente Todolí, en la que se pone de relieve la experimentación infatigable que caracterizó el trabajo de Tàpies y el desarrollo de su iconografía y su vocabulario de signos, materias, colores y objetos cotidianos.

El conjunto de rasgos por los cuales fue reconocido como un artista situado en las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX se analiza a lo largo de las dos líneas de su producción artística: por una parte, las pinturas matéricas o murales (presentes en su mayor parte en las salas del MNAC), y por otra, los objetos materiales pobres, que se encuentran en las obras exhibidas en la Fundación Tàpies. Esta segunda línea de trabajo fue introducida a finales de la década de 1950, como una necesidad de insistir y profundizar todo aquel mensaje de lo que es insignificante, gastado o dramatizado por el tiempo, según explica en su Memoria personal (1977). Entre sus materiales favoritos, el cartón, una "materia gris, anónima, que difícilmente se presta a ser manipulada y justamente por eso la más pequeña huella de la mano lo atormenta y lo destroza". Los objetos seleccionados (cajas, tapas, mallas metálicas, paja o ropa sucia) adquieren corporeidad en sus cuadros mientras que, al mismo tiempo, en ellos se presentan muros, puertas o ventanas con toda su carga arquetípica o simbólica.

Todo esto que hoy se nos podría antojar como algo ya muy visto en el arte moderno actual, e incluso se encuentra en las campañas de publicidad, en el grafismo digital y en el concept art, era considerado entonces como un arte de protesta; aún eran recientes los hallazgos de los ejercicios del objet trouvé surrealista y duchampiano en las artes. Pero en el intento, Tàpies descubrió, asimismo, que las imágenes de los muros, ventanas y puertas contenidas en sus cuadros se abrían "como un trampolín" o eran "un medio para alcanzar metas más lejanas".

La función ascética del arte y su sabiduría

Tàpies confiesa que en su extenuante experimentación artística con los objetos y materiales llegó un punto en que se produjo un salto cualitativo:

"El ojo ya no percibía las diferencias. Todo se unía en una masa informe. Lo que fue ebullición ardiente se transformaba en silencio estático. Fue una gran lección de humildad recibida por la soberbia del desenfreno".

Así descubrió un día que sus cuadros se habían convertido en muros. A partir de esta constatación, exploró las posibilidades de incursionar en terrenos aún más primordiales y en los elementos más extremadamente puros o esenciales de la pintura. Su sorpresa fue enorme al descubrir un día que la obra de Bodidarma, fundador del budismo Zen, se llamó Contemplación del muro en Mahayana.

Tras el descubrimiento de las formas y ceremonias de la filosofía oriental, Tápies se apartó del cliché del artista dotado de un bagaje de originalidad, personalidad y estilo y empezó a reconocer la existencia de un núcleo de pensamiento anónimo y colectivo del cual "el autor es solo un modesto servidor". El artista intuyó que ésta era la zona en que se hallaba depositada la sabiduría de la humanidad, más allá de las ideologías y las fatales contingencias del mundo, como una celebración de la vida, el amor y la libertad.

Dinamismo inacabable

 "A fuerza de arañazos, de golpes, de cicatrices, de divisiones y subdivisiones que infligía a cada milímetro, a cada centésima de milímetro de la materia…" Tàpies elaboró una caligrafía del arte que incorporo el grafiti de la calle y las meditaciones sobre la superficie de un jardín de arena del budismo Zen. En 1969, por encargo de la fundación Maeght, Clovis Prévost filmó el proceso de realización de la obra Pintura con grafismos, la cual constituye un ejemplo de esta búsqueda que incorpora el signo de la escritura en sus cuadros.

Barcelona, el Garraf

Caminando desde Sant Pere de Ribes hacia Sitges en esta primavera de lluvias generosas

En la era de la información electrónica, vuelven los topos

           Las últimas filtraciones sobre seguridad en la Red publicadas por el Washington Post y The Guardian, han confirmado lo que era vox populi entre la comunidad de usuarios de Internet: que operadores secretos (en este caso, la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU) utilizan programas de vigilancia para realizar un gigantesco barrido de los metadatos de las empresas de comunicación electrónica. Esto quiere decir que nuestros datos de navegación y comunicación recogidos a través de nuestra dirección IP, desde una simple búsqueda en Google o en los correos de Gmail y Yahoo hasta las llamadas desde operadores telefónicos o de Skype, están siendo cribados por el Gran Hermano que nos "protege" de los incontables terrorismos mundiales que en el mundo existen. Y así reemerge en nuestro panorama cotidiano la figura del topo o espía desertor que se pasa al otro bando, como en los mejores tiempos de la Guerra Fría.

La nómina de topos del siglo XXI incluye al ya célebre soldado Bradley Manning (caso WikiLeaks), actualmente procesado por colaboración con el enemigo en un tribunal militar de EE UU, Hervé Falciani, el informático ítalo-francés que filtró la identidad de las cuentas secretas que 130.000 evasores fiscales mantienen en el HSBC Private Bank de Suiza, y ahora, Edward Snowden, un joven técnico de información, ex miembro de la CIA que trabajó para la NSA en Ginebra y en Hawai hasta que decidió filtrar a la prensa la existencia del programa de vigilancia Prism, en lo que él califica de acto de patriotismo y justicia.

Pero aunque  todo esto tenga reminiscencias de las novelas de espionaje de John Le Carré, algo ha cambiado desde la época de los espías de la Guerra Fría (1948-1989), cuando los servicios secretos eran dependientes de sus gobiernos nacionales (CIA, MI5 o KGB) y debían responder, al menos en teoría, ante sus parlamentos y sus ciudadanos. Ahora estos servicios son ofrecidos por empresas subcontratistas, es decir, que nunca estaremos seguros de dónde irán a parar estos archivos y si la información que contengan podrá utilizarse en contra del ciudadano común y corriente, activando todos los mecanismos de un perverso Gran Hermano llamado Estado. Tampoco el poder que confieren el dinero o la política parece que vaya a dejar a buen recaudo los "dirty little secrets" de los poderosos. Así, gracias a los datos de las cuentas suizas filtradas por Hervé Falciani nos vamos enterando de lo que ya se perfila como el más escandaloso procedimiento de financiación de un partido político en España, el Partido Popular. Y la práctica es probablemente extensiva a todo el arco de las fuerzas del desprestigiado sistema de partidos español, que hace sonrojar a los demócratas de España por la incapacidad de sus políticos de asumir responsabilidades y de rendir cuentas ante sus ciudadanos. Después de todo, son los ciudadanos españoles quienes vienen sufriendo un lustro los estragos económicos de lo que los propios políticos y expertos técnicos ya anuncian como un caso de "década perdida", por la crisis del euro y el crédito, con las administraciones bordeando la suspensión de pagos.

 En la trilogía literaria de Javier Marías Tu rostro mañana (2002-2007), su personaje principal, Jacobo Deza, es un ex estudiante de Oxford y colaborador de la BBC al que uno de los catedráticos de tan honorable claustro pone en contacto con el agente de un oscuro servicio de vigilancia y seguimiento. El protagonista  es reclutado en calidad de asesor por sus amplios conocimientos en lenguas extranjeras (por su roce internacional, se diría en lengua pedestre), pero muy especialmente, por tener el don de la presciencia, que le permite saber cómo se van a producir los acontecimientos antes de que las personas involucradas actúen.¿Sería posible que la figura del whistle-blower, —el que denuncia los abusos de un Gobierno (o de cualquier otra organización, pública o privada) sobre el individuo y sus libertades— vaya a cobrar protagonismo como elemento de contrapeso frente el poder ilimitado del Estado sobre la vida de los ciudadanos de cualquier país? 
En 1971 fue Daniel Ellsberg, un analista político de la Rand Corporation, quien dio a conocer al Washington Post toda la información relativa a la Guerra de Vietnam que el Gobierno de EE UU ocultaba a sus ciudadanos. Con semejante trayectoria, es comprensible que sea ahora Ellsberg un defensor de la libertad de prensa y de sus informadores a través de la Press Freedom Foundation. Su llamado a la microfinanciación pública por Internet, por ejemplo, ha hecho posible que el público tenga acceso a las actas transcritas tras cada una de las audiencias del juicio al soldado Manning.

Según Yochai Benkler, catedrático de Derecho de la Universidad de Harvard, el soldado Manning y Daniel Ellsberg jugaron un papel público similar. En relación con las filtraciones de Manning en 2011, Benkler opina que WikiLeaks se comportó de manera razonable dadas las circunstancias. Las revelaciones acerca de la complicidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses con los abusos cometidos por las fuerzas aliadas de Irak, la poca información disponible sobre las muertes de civiles o las irregularidades en que incurrieron los contratistas militares deberían ser objeto de reconocimiento y no de crítica, según el profesor.

En un artículo firmado por Yochai Benkler y Floyd Edwards aparecido en el NYT el 13 de marzo ("Death to Whistle-Blowers?"), se señala que cuando la Corte Suprema tuvo que decidir sobre el caso de los Papeles del Pentágono en 1971, era muy consciente de que "la confidencialidad y el secreto constituyen requisitos básicos para el éxito de toda actuación diplomática internacional o de una defensa nacional que sea eficaz. A pesar de que comprendían los riesgos inherentes a toda filtración, lo que la Corte resolvió entonces está contenido en la sencilla declaración del juez Hugo L. Black: “La custodia de secretos militares y diplomáticos a expensas de un Gobierno representativo e informado no ofrece una seguridad real a nuestra República”. Lo que les lleva a preguntarse: "¿Puede haber algo más destructivo para una ciudadanía informada que la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional para las personas que adoptan el papel de avisadores?" ( la acusación fiscal pide lo segundo para el soldado Manning).

En su artículo, Benkler y Edwards no se ponen de acuerdo sobre lo que se debería hacer con WikiLeaks y el soldado Manning. En lo que sí coinciden, en cierta medida, es en su análisis sobre la evolución del llamado Cuarto Poder que ostentan los medios de prensa, y a quienes las filtraciones permitieron revelar secretos importantes cuya publicación está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU.

El caso de las revelaciones hechas por Edward Snowden sobre el programa Prism utilizado por la NSA, quizás marque un antes y un después, pues ya no sería necesario dar a conocer estos secretos a través de una gran organización noticiosa, en especial cuando estas ya forman parte de grandes conglomerados mediáticos con agenda propia (según lo revela el caso de las escuchas telefónicas de News of the World, propiedad de Rupert Murdoch, con su injerencia sobre la política del Reino Unido, o el caso Mediaset, con la sombra omnímoda de Silvio Berlusconi en la política italiana). Hoy bastaría con que el topo disponga de un programa de encriptado que le permita dirigir confidencialmente su información a unas cuantas firmas solventes en el periodismo de Internet para que dichas revelaciones alcanzaran la condición de primicia en cuestión de horas, y, por qué no, permitiera desenmascarar a cualquier gobierno que engañara a sus ciudadanos. Tal vez esta sea la razón por la que Julian Assange es reclamado insistentemente por las autoridades judiciales de Suecia. Después de todo, fue gracias a los WikiLeaks del 2011 que los ciudadanos suecos supieron que sus parlamentarios les mintieron en cuanto a la participación del ejército de su país en Afganistán. ¿Pero es esta creciente exigencia de transparencia demasiado buena para no ser verdad? ¿No sería posible que el topo fuera un troll intoxicador que difunde falsedades a sueldo o que impide a los gobiernos a actuar por razones de Estado plausibles? Está claro que la figura del editor de noticias y su prestigio profesional, su rigor e independencia volverán a estar al alza en una profesión que hoy aparece como demasiado dependiente del poder económico de las corporaciones de la comunicación.

            El suplemento cultural del diario La Vanguardia de Barcelona, hace un repaso a posibles Recetas para el periodismo en crisis, una profesión aquejada del mal de la inmediatez y el amarillismo. Entre otras cosas, su autor se pregunta, ¿Cuál es la dimensión real de la crisis de los medios, del periodismo y los periodistas? ¿Qué ciudadanía, qué democracia se formará con las nuevas formas de comunicarse? Las amenazas a la privacidad personal en la Red pueden poner formidables obstáculos a la labor de denuncia de los informantes y periodistas independientes en la Red. En sociedades que empiezan su apertura, donde la libertad de expresión sufre serios recortes, los ciudadanos podrían verse impedidos  de informar y denunciar abusos. Lo han demostrado países donde el Estado ejerce un férreo control de las instituciones, como China y Rusia, o las monarquías árabes de Oriente Próximo. Si los medios de prensa tradicional deben evolucionar o extinguirse ¿Cómo deben los periodistas adaptarse a los nuevos tiempos? Sin duda cuentan con un valioso caudal de información ciudadana, que dispone de las nuevas tecnologías para hacer llegar sus informes. Por esta razón, cualquier recorte, limitación o injerencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es inaceptable para la democracia y la acción ciudadana en el siglo XXI. 
En su editorial del 11 de junio sobre el caso Snowden, el New York Times señala que la vigilancia de las comunicaciones representa una amenaza para la democracia: "En una democracia la gente tiene derecho a conocer qué técnicas están siendo empleadas por su gobierno para espiarlos, cómo se están custodiando estos archivos y por cuánto tiempo. Solo así podrán decidir si efectivamente existe un equilibrio entre las medidas de lucha contra el terrorismo y la preservación de la libertad individual". Las personas que están al frente de las operaciones de inteligencia cambian con los gobiernos, recuerda el editorial, y desde los tiempos del FBI de J. Edgar Hoover, muchos líderes políticos y activistas se han visto amenazados y amordazados por los secretos que se guardaban en sus archivos.

El costo de la corrupción en el Perú: una historia política y económica

Alfonso W. Quiroz

Historia de la corrupción en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2013

Esta reseña constituye un pequeño homenaje a un amigo del que no llegué a despedirme, pero a quien me sentí vinculado humana e intelectualmente en todas las charlas y encuentros que tuvimos a lo largo de nuestra amistad.

Hasta su temprana y sensible desaparición en enero de 2013 en Nueva York (ciudad donde residió desde la década de 1980, primero como estudiante en la Universidad de Columbia y después como docente e investigador en la City University (CUNY), Alfonso Quiroz había publicado una serie de importantes trabajos en revistas de historia y cuatro libros sobre historia económica, finanzas públicas y corrupción. En 1987 apareció La deuda defraudada, un estudio sobre la nefasta consolidación de la deuda pública peruana de 1850; le siguieron Deudas olvidadas (1993), un trabajo sobre la economía colonial peruana, aún no traducido, Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950 (1993), y el trabajo que aquí reseñamos con motivo de su primera edición en español por el Instituto de Estudios Peruanos. Su trabajo como investigador le llevó a mantener fructíferos intercambios académicos con historiadores especializados en la historia de la corrupción y los delitos económicos en España y en los períodos de administración colonial de Cuba, México y Perú.

Además del diálogo que establece en su obra con el historiador peruano Jorge Basadre, en Círculos de corrupción Quiroz rinde homenaje a las figuras públicas que se abocaron a la denuncia de las prácticas corruptas durante la administración colonial peruana (el capitán y funcionario colonial Antonio de Ulloa y el cronista ayacuchano Guamán Poma de Ayala) y en la esfera política republicana (Francisco García Calderón, Manuel González Prada y Víctor Vargas Haya, entre otros). Quiroz definió su último trabajo como "un estudio de múltiples facetas y de largo alcance que fundamentalmente se propone determinar los nexos más prominentes que existen entre los principales ciclos de corrupción (en el Perú) y su frustrado desarrollo" nacional, con un enfoque en las dimensiones políticas y económicas de la corrupción, entendida ésta como "el mal uso del poder político-burocrático en que incurren los círculos de funcionarios públicos —en colusión con otros intereses privados— para obtener beneficios económicos o políticos mediante la apropiación indebida de los recursos públicos y la deformación de las políticas e instituciones, de un modo adverso a cualquier objetivo de desarrollo social". 

Este trabajo abarca 250 años de historia peruana y toma como antecedente las reformas de la administración colonial española impulsadas durante el período borbónico a raíz del informe Noticias secretas de América del capitán Antonio de Ulloa y el científico Jorge Juan, publicado en 1749. Pero también se remonta a la historia del contrabando derivado de la producción de plata a inicios del siglo XVIII, y describe las redes de patronazgo y clientelismo establecidas en el entorno de los sucesivos virreyes del Perú desde finales del siglo XVI. En el capítulo dedicado al fracaso de estas reformas coloniales, el autor señala que "diversos intereses corruptos constituían la base de las redes coloniales de patronazgo, que eran controladas desde la cúspide por unas autoridades políticas que buscaban su beneficio particular a expensas del bien público." Pertrechado con un extenso acervo documental (cartas, denuncias y autos procedentes de los archivos coloniales, periodísticos y diplomáticos), se analizan detalladamente las corruptas administraciones virreinales del Marqués de Castelldosrius (1707-1710) y de Manuel Amat y Junyent (1761-1776), así como todas las que les sucedieron hasta la independencia de España, para proseguir con los gobiernos de las cinco primeras décadas de la República peruana, la "modernización" de las prácticas corruptas por parte de los agentes del Estado durante y después de la guerra con Chile (1879-1883), y los sucesivos gobiernos civiles y militares a lo largo del siglo XX, que finaliza con la "década infame " del gobierno del presidente Alberto Fujimori y la caída de su régimen en el año 2000. 

Cada capítulo ofrece una evaluación de las pérdidas ocasionadas por la corrupción en términos financieros e institucionales. Por último, un apéndice ofrece las estimaciones sobre los costes históricos de la corrupción en el Perú, acompañado de tablas que corresponden a cada uno de los ciclos estudiados (como porcentaje del gasto público y como porcentaje del nivel del PIB). 

En la introducción a su estudio, Quiroz se refiere el relativismo histórico que algunos investigadores manifiestan en su reserva al tratar —y juzgar— el tema de la corrupción. Estos asumen que el fenómeno exhibe unas constantes culturales que son propias de los países en vías de desarrollo (el conocido argumento de la corrupción como "lubricante" que facilita su crecimiento) y advierten que el propio término tiene diferentes definiciones y connotaciones a lo largo de la historia. A este determinismo cultural Quiroz responde que basta remitirse a las fuentes históricas para asegurar un productivo análisis de la corrupción que permita un juicio ponderado sobre su legado. El autor realiza una lectura atenta de documentos provenientes de los archivos nacionales, públicos y privados de Perú, Francia, España y EE. UU. Su investigación se centra en la consideración del conjunto de elementos culturales y legados históricos (path dependence) que conforman los ejes de la continuidad y el cambio en las prácticas políticas y económicas de la sociedad peruana. Ello permite a su trabajo una comprensión de la continuidad histórica de la corrupción basada en "defectos institucionales y reformas fallidas que facilitan un legado de corrupción sistémica". El juicio de la historia no precisa de la cosa juzgada para validar un análisis y unas conclusiones en este apasionante campo de los estudios comparativos. Por eso, citando a Carlo Ginzburg (El juez y el historiador), el autor se refiere a la distinta naturaleza de las "pruebas judiciales de culpabilidad" y las "pruebas históricas", y establece que la falta de sentencias condenatorias no implica que la corrupción no haya ocurrido o no haya dejado su impronta.

Hoy sabemos que las prácticas de gobierno propias del Estado absolutista del siglo XVIII se derivaban de un régimen patrimonialista en el que el príncipe regía a la nación como si fuese su patrimonio o su casa. El patrimonialismo fue extirpado de las prácticas de gobierno en países del norte de Europa al consolidarse la filosofía del Liberalismo y ejercer éste su influencia en la legislación de los sistemas de gobierno de la Europa del siglo XIX y de unos EE.UU. que ya eran una potencia económica indiscutible. En cambio, en la mayor parte de las antiguas colonias de España (pero también en la India o en Nigeria, por poner ejemplos de estados postcoloniales del imperio británico), la corrupción sistémica ha persistido como herencia de sus gobiernos coloniales (del Virrey al caudillo, el cacique y el amiguismo de los llamados Crony Capitalism y Crony Socialism). Como advirtió Octavio Paz en El ogro filantrópico (1979), el régimen patrimonialista se ha mantenido como herencia en las repúblicas democráticas de toda América Latina. Mientras tanto, la modernización de España se ve hoy cuestionada en estudios recientes que diagnostican el mismo mal tras la crisis de la burbuja inmobiliaria, el euro y el colapso financiero de sus bancos iniciada en 2007: una economía dominada por el mercantilismo plutocrático público/privado (Ortega y Pascual Ramsey, 2012). Gracias a este régimen, un grupo reducido de grandes corporaciones  españolas se ha beneficiado de un mercado con grandes barreras a la competencia que les permite capturar la riqueza creada por el país, con la ayuda no siempre legítima de los resortes del Estado actuando secretamente en favor de intereses ocultos destinados a esquilmar impunemente el ámbito de lo público.

Quiroz documenta y evalúa también el poder corruptor de las empresas e inversores extranjeros en los negocios del guano y la contratación de obras públicas en el Perú, que actuaban en connivencia con sagas familiares de gobernantes y funcionarios corruptos que hasta hoy cuentan con figuras prominentes en la vida pública peruana. En este aspecto, resulta clarificadora la distinción que hace el autor entre los ciclos de "corrupción sistémica" y los de "percepción de la corrupción", pues cada período histórico tiene su propio "marco institucional" y sus modalidades características. Asimismo, el trabajo de Quiroz aspira a una mejor comprensión histórica de los vínculos locales e internacionales de la corrupción y a una  reinterpretación de la historia peruana con base en las evidencias. Por ello,  su trabajo de investigación le hizo en ocasiones objeto de querellas personales. Junto al detallado análisis de los célebres negocios ilegales auspiciados por compañías como la Société Générale y la Casa Dreyfus de Francia, o las fortunas amasadas con el ferrocarril y la compra de armas por los empresarios americanos Henry Meiggs y William R. Grace, su libro estudia detenidamente episodios más recientes de la historia de la corrupción en el Perú como los casos de los dólares MUC en el primer gobierno de Alan García (1985-1990), la fraudulenta operación de compra de aviones Mirage para el ejército y el caso del depósito irregular de las reservas en divisas del BCR en cuentas secretas destinadas al lavado de activos en el Bank of Credit and Commerce (BCCI). García pudo evitar ser imputado por estos cargos gracias al pago de las costosas minutas de la firma de abogados Arnold & Porter de Washington DC, beneficiándose de su exilio en Colombia y Francia tras el cierre, por órdenes de Alberto Fujimori, del Congreso que lo investigaba. Por la galería de destacados gobernantes corruptos desfila casi completa la lista de apellidos de  los mayorazgos criollos afincados en el Perú desde tiempos de la colonia (Paz Soldán, Barreda, De Osma, Echenique, Ortiz de Zevallos, Balta, Leguía y Prado) y de no pocos aventureros de la estirpe de los caudillos militares y sus respectivos entornos de gobierno (Gamarra, Torrico, Morales Bermúdez, Cáceres, Piérola, Sánchez Cerro, Odría y Salazar Monroe).

Este libro es sin duda una importante contribución al conocimiento informado y exacto de la historia del Perú, lo cual permitirá a los ciudadanos peruanos comprender la naturaleza y el alcance del poder conferido a sus gobernantes. Y recordarles siempre que la corrupción que se registra en un contexto de liberalización económica y democratización no es de carácter transitorio, sino un ejemplo de las capacidades adaptativas de un "fenómeno estructural persistente", que se repite una y otra vez en cada nueva "infracción institucional". Esto ha permitido que muchos de los presidentes o jefes supremos de la nación se aventuren a alterar los equilibrios y se hagan con un poder ilimitado, algo que supo identificar y valorar en todas sus consecuencias Alfonso, a lo largo de su brillante labor investigativa. 

Rapiña patriótica (1820-1821): A falta de unos recursos financieros, los líderes y caudillos militares independentistas se implicaron en negocios ilegales, expropiaciones y operaciones fraudulentas de deuda exterior y nacional en nombre de la causa. La élite económica limeña fue objeto de expropiaciones sin ninguna garantía de independencia real, por los designios de San Martín y su ministro Bernardo Monteagudo, cuyo objetivo principal era destruir el poder colonial para asegurar la independencia de La Plata y Chile.