¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen, en muchos países, unos déficits alarmantes de representación democrática. Lo mismo ocurre con las formaciones políticas, que en democracias prostituídas son conformados por individuos que solo representan y gestionan intereses particulares y muchas veces fuera de la ley. Todo ello conduce al hartazgo y la desconfianza de los ciudadanos, muchos de los cuales estarían dispuestos a echar por la borda el Estado de derecho.
Cuando pensamos en la política, estamos acostumbrados a visualizar sus actores agrupados en torno a partidos políticos y como personas elegidas para ocupar las cámaras del Poder Legislativo en representación de su pueblo; también solemos identificar como políticos a quienes nos gobiernan desde el Poder Ejecutivo o en los diversos niveles de la administración del Estado. Sin embargo, para los ciudadanos del siglo XXI, la política ya no se limita a cumplir con el deber cívico de participar en los comicios cada cierto tiempo, lo que equivale a una consulta sobre quién debe estar al frente del Gobierno y los órganos del Estado nacional. Hasta el siglo pasado, podíamos esperar, a lo sumo, que se nos pidiera nuestra opinión en las encuestas o en las consultas elaboradas por los institutos nacionales de estadística; sus resultados suelen publicarse en sesudos informes que contienen las tendencias de opinión e ilustran las prioridades de los grupos sociales, clasificados según la demografía o el nivel socioeconómico de las entrevistadas. Nada más lejano del ideal de la democracia deliberativa, a no ser que consideremos las desaforadas discusiones parlamentarias como un ejemplo de ésta.
Hoy vivimos en tiempos en que los estados nacionales y sus democracias representativas se han visto debilitados —vaciados de contenido, incluso— por la aplanadora de la segunda globalización económica, y supeditados al inmenso poder de las corporaciones, que ha dado paso, a finales del siglo veinte, a la llamada sociedad tecnológica, considerada como nuestra cuarta revolución industrial. En este contexto, surgen preguntas y discusiones acerca de cómo deberían ser nuestras instituciones democráticas, dado el descontento que los ciudadanos sienten al verse excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre las prioridades que atañen a su vida diaria y sus comunidades, y muy especialmente, en tiempos de crisis climática.
¿Es posible —o deseable— una democracia participativa que prescinda de los mecanismos de la democracia representativa o incluso de los partidos políticos? Lo cierto es que hoy existen, en muchos países del mundo, unos déficits alarmantes de representación democrática, cosa que con toda probabilidad, puede ser terreno abonado para la emergencia de gobiernos autoritarios y corruptos que actúan bajo el velo de instituciones supuestamente democráticas (por ejemplo, Bolsonaro, Trump, Maduro, Orban, Putin, Modi o el PCCh) pero debiltadas, y por ello, necesitadas de reformas; muchos de los caudillos «democráticamente elegidos» que hoy operan lo hacen favoreciendo cleptocracias ávidas que no se detienen ante ningún peso o contrapeso ni a las advertencias de los órganos de control democrático, sino que más bien son capaces de cooptarlos para sus propios designios, sembrando el odio y la división en la sociedad.
Enter Civic Tech
Tras casi cuatro décadas de desarrollo de la sociedad en red, y con el cambio de paradigma operado por la economía política de internet, hoy somos también testigos de la emergencia de las denominadas tecnologías cívicas. Estas comprenden el conjunto de herramientas o procedimientos validados y protocolos propios de las tecnologías digitales que posibilitan la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía con el fin último de mejorar la gobernanza y procurar el bienestar al interior de sus comunidades. Las tecnologías cívicas incluyen el software de aplicaciones cívicas (entre las que se cuentan las redes sociales), las plataformas digitales de las administraciones públicas y las instituciones, así como cualquier otro software destinado a tales fines.
Por otro lado, el movimiento de las Civic Tech busca revitalizar y transformar nuestras instituciones sociales básicas, recuperando la plaza pública (tanto virtual como presencialmente), y procurando el acceso a las tecnologías digitales para poder ejercer una democracia deliberativa y participativa, bajo el ideal de incluir a toda la ciudadanía sin distinciones.
¿Cómo participamos?
En política, los mecanismos de participación ciudadana pueden agruparse en tres: 1. La democracia directa (referendos e iniciativas al voto); 2. los mecanismos de participación propiamente dichos (consejos vecinales, presupuestos participativos) y 3. las asambleas sorteadas (Welp, 2020). La participación y sus mecanismos deben alimentar la opinión pública, y posteriormente, ello debe ser articulado en un sistema de participación que sea real y no instrumentalizada por el poder político encarnado en el gobernante de turno.
En un reciente
trabajo, la politóloga Yanina Welpi propone «una hoja de ruta para el análisis
de los mecanismos de participación ciudadana, su relación con la formación de
la opinión pública y su combinación con otras instituciones de la democracia
representativa, en particular el gobierno, el poder legislativo y los partidos
políticos. El objetivo es desarrollar una noción de ecologías de la
participación que, en lugar de poner en competencia distintas instituciones
participativas, explore cómo podrían articularse y qué condiciones deberían
cumplir para contribuir fortalecer la democracia».
Un ejemplo de participación digital
Para conocer los avances en las diferentes modalidades de asambleas ciudadanas que se han convocado recientemente en Europa, el Decidim Fest invitó a Eloïse Gabadou de Open Source Politics, quien explicó el proceso de la Asamblea ciudadana por el clima que tuvo lugar en Francia en 2019-2020. El componente de participación digital de esta asamblea fue diseñado por Open Source Politics en el entorno de la plataforma Decidim y haciendo uso de Iramuteq, una herramienta de lingüística computacional que permite analizar textos y cuestionarios.
Las Civic Tech pueden ampliar los mecanismos de participación ciudadana y validar los protocolos de toma decisiones, empleando criterios de inclusión y transparencia.
El contexto en que se convocó esta Asamblea por el clima en 2019, tras la aparición del movimiento social de los chalecos amarillos, es uno de creciente preocupación ciudadana por la emergencia climática, y de protesta por el impuesto a las emisiones de carbono, que formó parte de las medidas de transición ecológica adoptadas por Francia en 2018, lo cual generó el rechazo de amplios sectores sociales. Como respuesta del gobierno a esta situación se celebró el Grand Débat nacional, el primer ejercicio de democracia participativa a nivel nacional liderado por el Estado francés, y que fue criticado por su falta de transparencia en el algoritmo empleado y en la gobernanza del proceso. Al mismo tiempo, el presidente Macron se vio obligado a demostrar que daba respuesta a la emergencia climática, tal como lo había adelantado en su programa de gobierno como candidato presidencial en las elecciones de 2017. De esta manera, la Asamblea ciudadana por el clima se presentaba como una respuesta del gobierno, acorde con la promesa presidencial de abordar la acción climática.
La pregunta que se planteó en 2019 a la Asamblea ciudadana por el clima fue:
¿Cómo podría Francia reducir, para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% (con respecto a las emisiones de la década de 1990)?
Para responder a ello, se seleccionó de manera aleatoria a 150 personas con ciudadanía francesa, según unos criterios de género, edad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, territorio y zona geográfica. Se encargó a estas personas que definieran un conjunto de medidas que no serían sometidas a ningún tipo de depuración; posteriormente serían sometidas a un referéndum o al voto en el Parlamento, o serían directamente aplicables en calidad de reglamentos.
La organización de la asamblea, celebrada en siete sesiones presenciales a lo largo de nueve meses y en torno a seis temas, tuvo un presupuesto de 5,4 millones de euros. El resultado final fue un documento de 400 páginas que incluye 149 medidas sobre el clima propuestas por la ciudadanía.
Durante las sesiones presenciales se organizó la deliberación y la entrega de información a la ciudadanía. Se puso a disposición de la Asamblea a expertos de los ámbitos de la economía y el derecho con el fin de facilitar durante el proceso de redacción de unas medidas que no tuvieran que ser depuradas una vez que éstas fueran presentadas, y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos.
Se facilitó la redacción de medidas que no tuvieran que ser depuradas y que pudieran tener un recorrido efectivo en forma de reglamentos.
La capa de participación digital
La participación digital posibilitó una inclusión ciudadana más amplia durante el proceso. Asimismo, las ONG compartieron sus informes y ofrecieron datos que sirvieron para enriquecer la información relativa a cada uno de los seis temas. Por último, además del trabajo de los 150 miembros de la Asamblea, se publicaron una serie de informes intermedios en forma de síntesis, que incluían las contribuciones ciudadanas on-line y las de las ONG.
Se optó por desactivar los comentarios on-line de la herramienta digital y limitar a una sola contribución por participante en cada tema. Además, se aseguró la verificación de las ONG y los grupos participantes. La participación de estos tuvo un peso igual al de cada participante individual. Así primaba el criterio de la calidad de las contribuciones que recibieron los miembros, por delante de lo que habitualmente ocurre en la participación on-line, que suele dar más importancia a la cantidad de propuestas. De este modo, las sesiones presenciales de la Asamblea reflejaron un trabajo de gran calidad.
Es importante señalar que, a lo largo de todo el proceso de la asamblea, se dio prioridad a la participación presencial y no se enfocó exclusivamente en la participación digital. La secuenciación fue de gran importancia a la hora de diseñar el proceso de la asamblea, en donde se combinó el elemento participativo con la deliberación presencial de los 150 representantes. Para ello se consideró la herramienta digital como un medio enfocado hacia un fin en lugar de ser ella misma un fin.
El debate en la asamblea abordó cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas
Como punto esencial, la transparencia fue considerada como un principio y una norma básica en el proceso digital. La transparencia debía ser el criterio rector de las reglas (razones por las que se adoptan la plataforma digital, los métodos de selección aleatoria, los pasos del proceso y los resultados esperados). Asimismo, las herramientas empleadas con los dos programas de software libre y de código abierto (Decidim e Iramuteq) debían ser transparentes si se quería producir finalmente una Convención como resultado de la asamblea. Todo ello era una condición necesaria para estructurar el debate on-line y para analizar las contribuciones.
Gabadou señala que no corresponde al equipo desarrollador de las herramientas evaluar los resultados de la Asamblea ciudadana. Por esta razón, prefirió centrarse en analizar los aspectos de su diseño y las decisiones que condujeron a su adopción. Sin embargo, recordó que durante el debate de la asamblea se abordaron cuestiones interesantes como la respuesta política ambigua del Gobierno al adoptar medidas rebajadas en algunas cuestiones; este fue el caso de la restricción de vuelos comerciales de menos 2 horas, que pasó a asignarse para los vuelos de menos de 4 horas; o la aceptación de solo 146 (o incluso menos) medidas de las 149 que fueron finalmente presentadas por la asamblea.
Durante todo el proceso de la asamblea, los expertos encargados de la participación digital constataron la necesidad de hallar un nuevo equilibrio entre el poder ciudadano, por una parte, y el poder del Gobierno, por otra. Finalizada la Asamblea, sus 150 miembros se han constituido en una ONG y hoy cuentan con una plataforma especialmente diseñada para ellos con el fin de hacer seguimiento de las acciones de Gobierno en la materia. También se puso en circulación una petición de firmas para que se garantizara la implementación de las medidas resultantes de la asamblea (o de la Convención, como se denomina en francés), la cual es hoy reconocida como un buen ejemplo de deliberación a nivel nacional. Al mismo tiempo, se inició un debate sobre la posibilidad de reproducir con éxito la misma dinámica a nivel local, y sobre cuáles serían los requisitos para ello.
En conclusión, cabe destacar el alto grado de sistematización de la información alcanzado por esta asamblea, así como la calidad de las propuestas producidas y debatidas a lo largo de nueve meses; además, su apuesta por la transparencia y el uso del código abierto en el diseño, así como el procesamiento de los datos y la inteligencia colectiva resultante, abre caminos para la innovación democrática.
Como experimento de participación digital y democracia deliberativa, con uno resultados que sus instituciones políticas no podrán ignorar, la Asamblea ciudadana por el clima será sin duda un referente e inspiración para futuras iniciativas dirigidas a revitalizar nuestras democracias y hacerlas más participativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario