Libertades y esclavitudes del libre comercio

Alternativas para el libre comercio entre la Unión Europea y América Latina

De izq. a der.: Joan Botella, Gaby Küppers, Raül Romeva y Núria Tuset 

Un coloquio sobre alternativas a los tratados de libre comercio entre la UE y América Latina, organizado por Iniciativa per Catalunya (ICV) /Els Verds se celebró en Barcelona el pasado 1 de marzo, con el fin de dar a conocer los mecanismos y reglamentos que rigen dichos acuerdos comerciales. El acto contó con la asistencia de un nutrido público y en él participaron Joan Botella,  catedrático de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB, Núria Tuset, presidenta de Dones amb Iniciativa de ICV y, como invitados desde Bruselas, Gaby Küppers, asesora alemana en comercio y relaciones internacionales del grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, y el eurodiputado catalán por ICV Raül Romeva, quien es también presidente de Los Verdes/ALE en la Eurocámara.

Los expertos opinan que los mecanismos de regulación con que hoy cuenta el comercio internacional constituyen una potente herramienta al servicio de la globalización; sin embargo, se muestran preocupados por las consecuencias indeseables del régimen regulatorio por el cual se está optando en unos acuerdos de carácter bilateral que no compensan las condiciones de asimetría en que negocian las partes.

Aun cuando, desde una perspectiva histórica, las llamadas “Guerras comerciales” del capitalismo parecen cosa de siglos pasados, tampoco es posible afirmar que exista en un horizonte inmediato una lógica de facilitación de los procesos de intercambio comercial en condiciones de igualdad entre las partes. Para Joan Botella, un ejemplo de esto es el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio de la OMC, y posteriormente, la adopción del acuerdo para actividades de muy distinta naturaleza bajo el denominador común de “comercio de servicios”; dicha regulación ha tenido efectos muy negativos sobre el empleo y la protección social en el ámbito de la Unión Europea.

Las decisiones políticas tomadas en el ámbito del comercio tienen un carácter no enmendable y sientan unos precedentes de muy distinto signo, con repercusiones económicas, sociales y medioambientales de largo alcance. Por eso, Joan Botella enfatizó que las decisiones de los políticos deben ser tomadas en el marco de trabajo de las instituciones, lo que debe incluir a los agentes sociales y a la sociedad civil. Sin embargo, los poderosos lobbys empresariales representados por equipos de abogados en Bruselas ejercen una mayor y decisiva influencia sobre quienes toman las decisiones técnicas y políticas en las negociaciones de la Comunidad Europea sobre los acuerdos y tratados comerciales.

Núria Tuset ofreció un análisis de los tratados de libre comercio (TLC) con perspectiva de género; ello permite evitar la confusión existente entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico. En el desarrollo económico se incorpora siempre el enfoque de derechos humanos, de donde proviene la nueva conceptualización de “Economía del cuidado”, que introduce un tercer vector en la clásica dicotomía Estado-mercado. Mediante la economía del cuidado se incorpora la unidad doméstica en las consideraciones y formulaciones políticas relativas al comercio.  Los estudios realizados por la Red Internacional de Género y Comercio propugnan un cambio progresista en este sentido, y constatan que la apertura económica y la liberalización comercial de las últimas décadas han reforzado la inequidad en la distribución del ingreso en las economías y sociedades de América Latina.

La cocina de los acuerdos de libre comercio

Los acuerdos de libre comercio son armonizados en Bruselas por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, el organismo ejecutivo que perfila los Tratados de la UE; en realidad el peso político del Parlamento Europeo se limita únicamente a la aprobación o no aprobación de los reglamentos de los tratados a ser firmados entre los países tras pronunciarse el Consejo de ministros de la UE.

Los aspectos típicos de todo acuerdo de asociación o tratado de libre comercio con la UE incluyen: la cláusula standstill para el mantenimiento o desmantelamiento de normas y regulaciones comerciales; las compras públicas en régimen de mercado abierto; los aspectos de la Propiedad Intelectual (que para los ecologistas suele traducirse en defensa de la biodiversidad, mientras que para las corporaciones transnacionales significa la defensa y ejercicio de sus derechos de patentes comerciales). Los alcances de la propiedad intelectual van desde el blindaje o perpetuación de las patentes de productos originales frente a la producción o importación de medicamentos genéricos, hasta la exportación de semillas genéticamente manipuladas (OMG) para conseguir bajos costes de producción en la agroindustria y mayores beneficios en perjuicio de la producción o el consumo local.

Otro aspecto fundamental es el de servicios públicos en torno al agua, la energía y la gestión de infraestructuras portuarias y servicios bancarios. Los TLC que se están firmando son de carácter bilateral, lo que está socavando el sistema de comercio multilateral que desde hace décadas propugna la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ser más justo con los países menos desarrollados y respetuoso con el medioambiente. Una prueba de ello es el estancamiento que registra desde el año 2002 la Doha Development Agenda de la OMC. Para Gaby Küpper, el actual statu quo “beneficia especialmente a las transnacionales, a los empresarios y a sus accionistas”. Así, el Acuerdo de Asociación UE-Centro América ponía el énfasis en una supuesta cooperación para el desarrollo, pero también en el diálogo político con toda la región con el fin de incidir en cuestiones de derechos humanos y democracia.   Sin embargo, la UE nunca ha aplicado la llamadas “cláusulas democráticas” en la negociación de los tratados. Según señalan expertos de Intermón-Oxfam, los TLC con Centro América, México o Chile ponen en evidencia que la UE juega con “una estrategia multiforme para la promoción de sus intereses comerciales, con el objetivo de competir con el poder económico y político de EEUU en la región”. [Fuente: CIFCA (2006)]

En el caso de los TLC con países de la región andina, los gobiernos de Uribe en Colombia y de Alan García en Perú estuvieron prestos a dar todas las garantías de la conversión de sus economías desreguladas para garantizar el modelo de economía de mercado con base extractivista que caracteriza a ambos países. Ante la negativa de los gobiernos de Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia a firmar los tratados, la UE ha renunciado a la política regional en la negociación de acuerdos, como ya ocurrió en Centro América cuando se produjo la crisis política con el golpe militar en Honduras, resuelta con un cambio de actores políticos que Europa aceptó de buen grado a pesar del flagrante atropello a la legalidad democrática en la región.

¿Qué hacer como ciudadanos?

Desde el Tratado de Lisboa, los TLC con la UE deben ser aprobados por el Parlamento Europeo. Para los tratados con Perú y Colombia, el 10 de septiembre se pedirá el voto de aprobación por mayoría en la Eurocámara. Con su voto de no aprobación, Los Verdes/ALE señalan que harán manifiesta su oposición a la agenda neoliberal de la UE, con una Comisión Europea que se muestra indiferente ante las “consecuencias catastróficas para los derechos humanos, el medioambiente y el desarrollo sostenible” en los países en desarrollo. Para Los Verdes, estos TLC contribuirán a empeorar la conflictividad social en Perú y Colombia, con enormes proyectos mineros y agroindustriales que llevan al despojo de las comunidades campesinas e indígenas y que pasan por alto el principio de la integración regional que debe recoger cualquier acuerdo comercial con la UE.

Como ciudadanos, podemos exigir a nuestros representantes políticos que la Comisión Europea realice todas las consultas que prescriben los procedimientos de negociación a lo largo de todo el proceso, y que se vele por el cumplimiento de las cláusulas democráticas de los tratados, realizando para ello consultas con los actores sociales de cada país. Hoy sabemos que es muy habitual que éstos no sean consultados ni sean incluidos en el proceso de negociación por sus autoridades políticas. Igualmente, se debe insistir en que se realicen y difundan los estudios de impacto que tendrían los TLC a nivel social, laboral y ambiental para las partes firmantes, y en última instancia, para su ciudadanía.

 ¿Qué efectos puede tener la inversión extranjera directa en América Latina en un contexto de desregulación?

1. La transnacional eléctrica Unión Fenosa en Centro América, investigada por el Tribunal de los Pueblos en 2007, es solo un ejemplo de los muchos casos que existen en la región, donde las corporaciones transnacionales se han aprovechado de los vacíos dejados por la desregulación para conformar estructuras anticompetitivas con una clara tendencia hacia la integración de monopolios u oligopolios privados, violando la soberanía de los  países al no respetar los marcos normativos e institucionales.
2.  El Caso Doe Run en La Oroya, Perú, ejemplifica los abusos de la inversión extranjera directa por parte de transnacionales a las que se beneficia con un marco de privilegios legales. 
3. La UE y las transnacionales en América Latina, documento de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid (2010). Lima (2008) y Viena (2006), especialmente el capítulo Las políticas económicas de la UE: "España apoya la internacionalización de sus empresas españolas con fondos públicos a través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) que en parte se contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo, cuando en realidad son generadores de deuda externa en los países receptores. En el caso de Proactiva-Interagua en Ecuador y Unión Fenosa en Nicaragua, España utilizó dicho instrumento para financiar la construcción de infraestructuras, luego transferidas de una u otra forma al operador privado español".

Cartel de la convocatoria a la Marcha en defensa del agua, febrero 2012, Cajamarca , Perú